La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, y a falta de testigos, declara contra nosotros. MICHEL DE MONTAIGNE.
Hoy se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista cometido en España. Un día para recordar, sobre todo, a todas las víctimas de aquella tragedia, muertos y supervivientes. También la ejemplar reacción de bomberos, policías, sanitarios, taxistas, psicólogos, forenses y el pueblo de Madrid, en general.
Igualmente necesario recordar hoy a los mayores mentirosos de la política española y los medios de comunicación en las últimas décadas: Aznar, Acebes, Michavila, Losantos, Urdaci, PJ Ramírez… Ninguno de ellos ha pedido perdón, ni se ha disculpado, ni siquiera ha reconocido su error. Y aún hoy, colean gentes que siguen sosteniendo teorías conspirativas, que no han hecho sino añadir dolor a las víctimas del atentado.
Y para recordar y abrazar a una persona imprescindible: Pilar Manjón, cuyo ejemplo de decencia, honestidad, coherencia y lucidez, le granjeó la nauseabunda enemistad de tantos indecentes que la convirtieron en diana de sus miserables invectivas.
En Euskadi, al vergonzoso alivio que sentimos muchos vascos al constatar que aquella monstruosidad no había sido obra de «nuestros» asesinos, se unió la conciencia posterior de que la tragedia contribuyó al desprestigio social del uso de la violencia. Un empujón más hacia el final de ETA.
Este sábado, 13 de enero, hay convocada una manifestación en Bilbao, bajo el lema «Konponbiderako giltzak-Llaves para la resolución». Además, los organizadores han elaborado un manifiesto y han creado una página web donde se recogen adhesiones al mismo tanto individuales como colectivas. Cabe pensar que todos ellos acudirán el sábado a Bilbao a exteriorizar con su presencia el apoyo a las tesis del manifiesto.
Envuelto en el manto de la convivencia, una adecuada contextualización permite entrever la reivindicación fundamental de una manifestación que ya es tradición en estas fechas posnavideñas. Este año se habla de giltzak. No en su función de cerrar sino para abrir. Y más en concreto, «abrir las puertas de la solución y la convivencia de par en par. Y para ello, tenemos que coger en la mano las llaves que abran la puerta del camino a casa de los presos y presas».
Esencialmente, denuncian la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional, en la aplicación de los requisitos exigidos para la concesión del tercer grado penitenciario, que constituye un régimen de semilibertad. Aunque, realmente, denuncian la excepcionalidad de la propia ley que establece esos requisitos única y exclusivamente para los condenados por delitos de terrorismo. Según la misma, el tercer grado está sujeto a «una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito», por parte del condenado. Es decir, arrepentimiento.
Desde el respeto a la convocatoria «Konponbiderako giltzak-Llaves para la resolución», yo quiero traer hoy a colación y compartir aquí esta reflexión de una persona que estuvo en ETA, que participó en asesinatos y que cumplió su condena. Creo que tiene más sentido que nunca.
Escribiste estas líneas hace más de 15 años y hoy las reproduzco aquí porque quiero que también habiten este espacio mío, honrado al acogerlas. No me preguntes por qué he ido hoy a ellas. Lo importante es que estén.
29.11.23
Recuerdo vivamente el cuarto de jugar de la casa vieja. Era nuestra habitación, la de ambos, un pequeño universo cuajado de trastos, juguetes, libros y cachivaches, con un imborrable olor a cartera de cuero y a plumier, y entre cuyas paredes fuimos niños. Estoy seguro de que tienes frescos los partidos de fútbol que, en el espacio inverosímil que dejaban las camas, disputábamos apasionadamente después de la escuela y la merienda. Más de un cristal de la ventana roto, más de una consiguiente reprimenda, más de un balón requisado por la autoridad competente en la materia… Y sin embargo nos las ideábamos para continuar jugando, ¡sin meter ruido!, aunque fuera con la cabeza de goma de alguna muñeca de Isabel, la mayor de nuestras hermanas. Otra bronca, otro escondite inventado… ¡Cuidado, que viene papá! No entiendo todavía, créeme, cómo conseguíamos trepar y ocultarnos sobre aquel alto y enorme ropero, para hacernos un silencioso ovillo, con el corazón latiendo fuerte… y prácticamente desaparecer. —Más os vale salir de donde estéis: Os he dicho mil veces que en casa no se juega al fútbol, y menos con la cabeza… Mientras tanto Isa se quejaba con mamá de nuestro abuso, impotente y compungida. Ahora que lo pienso, mi portería fue siempre más pequeña que la tuya y no recuerdo que protestaras. Supongo que algún privilegio me confería el hecho de ser el mayor. Como fuera, el recuerdo del cuarto de jugar me confirma que, de algún modo, somos hijos de las paredes que cobijaron nuestra infancia. En él dormíamos, hacíamos los deberes, montábamos el Scalextric y las carreras de ciclistas, en él nos reñimos y peleamos, nos hicimos íntimos y aprendimos a ser los niños que aún nos habitan; en él, y desde él, sellamos pactos imperecederos de fraternal lealtad. Casi veinte años después de todo aquello, demolieron la casa vieja de la plaza en que nacimos y llegamos a vivir los siete hermanos. Han pasado casi otros veinte, que definieron nuestras vidas: Yo seguí la mía en otra ciudad, tú te hiciste un tipo conocido, sin dejar nuestro pueblo. Frecuentemente pasaban meses sin que coincidiésemos. A lo mejor leía alguna declaración tuya, la entrevista que te hacían en algún periódico… o te seguía en un debate televisivo, escuchándote con admirada atención. Ayer leía el último correo que me enviaste y, mira por dónde, son las 4:10 de la mañana de este viernes de pos-mediado julio e, insomne como un semáforo de la ciudad dormida, pensaba precisamente en que hace siglos que no te veo. Por eso me he levantado de la cama y me he llegado al estudio: para escribirte estas líneas y para moverte a sonreír, si acaso las lees, con el recuerdo del maravilloso rincón que compartimos en nuestra infancia: aquel cuarto de jugar en el que disfrutamos como lo enanos que éramos, crecimos y cultivamos gran parte de nuestros sueños, algunos hoy reales… y en el que, sobre todo, querido Txema, quedó soldado para siempre mi corazón al tuyo.
Tengo aprecio personal y gran respeto intelectual por algunos de los firmantes de la carta dirigida al director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, solicitándole que no proyecte el documental “No me llames Ternera”, en la edición de este año. Tal vez por eso, sea mayor mi decepción y mi tristeza.
Se echa en falta rigor. Es difícil entender la adhesión a un texto en el que se llevan a cabo valoraciones sustentadas en meras hipótesis o que constituyen juicios de intenciones referidas a los autores de la obra y a la dirección del festival.
“Ese documental forma parte del proceso de blanqueado de ETA y de la trágica historia terrorista en nuestro país, convertida en un relato justificativo y banalizador que pone al mismo nivel a asesinos y cómplices, víctimas y resistentes”
“Los motivos criminales de Ternera no deben ser expuestos y aplaudidos en un evento cultural del máximo nivel, como si se tratara de un testimonio de vida admirable y de una emocionante historia de acción”.
El subrayado en negrita es mío.
Tiene razón José Luis Rebordinos cuando emplaza a los críticos prematuros a ver el documental para opinar y valorar después.
Dice uno de los firmantes de la carta, en un reportaje de El País, que no juzgan el contenido del documental, cuyo interés no pone en duda, añadiendo que lo que se cuestiona es la oportunidad de ofrecer esa tribuna (Zinemaldia) a un terrorista. Pero su afirmación queda desmentida por la alusión nítida que la carta realiza al «blanqueo» del terrorismo.
Blanquear es convertir lo oscuro en claro, lo sucio en limpio o, siguiendo la versión más clásica del término, que sería la aplicable al dinero, presentar como bueno algo que es realmente malo. Y eso tiene que ver indudablemente con el contenido del documental.
Parece excesivamente aventurado imputar esta acción de blanqueo sin conocer cómo se presenta el testimonio de Ternera. ¿Se aplauden sus argumentos, como si se tratara de un testimonio de vida admirable, como dice la carta? Sus firmantes no lo saben; solo lo pueden suponer y, en todo caso, temer.
Las intenciones de los firmantes se enturbian cuando atribuyen al documental formar parte “del proceso de blanqueado de ETA y de la trágica historia terrorista en nuestro país”, situándolo en conexión estratégica con un movimiento de ámbito superior y clara intencionalidad política.
Llama la atención que, en el mencionado reportaje de El País, un destacado autor de documentales sobre el terrorismo de ETA, con obras pioneras y admirables como Trece entre mil o 1980, Iñaki Arteta, que no ha suscrito la carta, afirme que un festival como el Zinemaldia puede perfectamente proyectar una entrevista “a un terrorista o a un jefe de la mafia o a un líder del Ku Klux Klan”, reconociendo que Ternera, bajo ese punto de vista, es atractivo. Él sabe del valor potencialmente pedagógico de este tipo de testimonios.
La cultura – y el cine en particular – también tiene como función agitar conciencias. El documental presenta de forma cruda y descarnada qué fue ETA y en qué consistió su apuesta por la estrategia político-militar, caracterizada, entre otras cosas, por la ausencia absoluta de cualquier tipo de valoración ética. Algunas respuestas de Ternera provocan auténtica repugnancia moral. No hay maquillaje ni limpieza de ningún tipo. El mal y la suciedad aparecen tal cual y ese es uno de los principales valores del documental: su carácter dramáticamente pedagógico. Como una visita a Auschwitz o a Mauthausen.
Es una herramienta valiosa para entender el horror desde el lado de quien lo provoca. Una visión enfrentada al testimonio de quienes sufrieron ese horror: las víctimas. Oír a Josu Ternera explicar y justificar atentados en los que mueren niños, echando la culpa al Estado o discriminando y clasificando a las víctimas en función de códigos propios alejados de cualquier principio de humanidad, da la medida de la crueldad de la estrategia de ETA, que Ternera y otros asumieron sin vacilar y aún justifican hoy.
El espectador se enfrenta de manera descarnada al horror moral. No cabe mirar para otro lado. Es parte de nuestro pasado. De ése que no debemos olvidar, para fortalecer nuestra identidad colectiva en los valores de la paz, la libertad y los derechos humanos.
Necesitamos nuestra particular topografía del terror. También la construida desde el lado de quien lo provoca.
Comprendo perfectamente que haya víctimas, y muchas personas más, que no quieran ver el documental. Hay mucho dolor vivo aún. También entiendo que pueda suscitar miedos y prevenciones a priori. Lo que me cuesta entender es por qué surge una disputa con este nivel de enconamiento cuando todos compartimos el rechazo radical a la violencia terrorista.
Tengo el máximo respeto por los animalistas, aunque mantengo algunas diferencias importantes con ellos. No me merecen, sin embargo, respeto alguno los mentirosos. Ya sé que vivimos unos tiempos en los que mucha gente sostiene que la verdad está sobrevalorada y actúa en consecuencia, pero yo me he amarrado con fuerza al mástil y me resisto a ser arrastrado por esos vientos y esas olas.
Viene esto a colación de un incidente que podía haber sido muy menor, protagonizado por el Ayuntamiento de Llodio, a través, parece ser, de su concejala de fiestas, pero que no lo ha sido, por la razón que explicaré.
Desde su página web, el Ayuntamiento difundió el día 1 de agosto una noticia, en la cual anunciaba la desaparición de los encierros txikis tal y como se han venido celebrando en las fiestas de Llodio desde hace años. Esto es, chavales y chavalas cultivando su afición a los encierros, corriendo detrás de unos becerros pequeños y algún pony. En su lugar, el Ayuntamiento preveía que las carreras fueran provocadas por “dos divertidos y traviesos toros de agua” y no por los becerros.
Hasta ahí, no dejaba de ser una decisión del organizador del festejo, incorporando una novedad, como tantas otras que se producen prácticamente cada año en las fiestas de nuestro pueblo. Gustará más o gustará menos. Los protagonistas de la fiesta dictarán veredicto en su momento.
Personalmente me decanto por los encierros tradicionales, constatando además que la experiencia de otros años es buena. Pero no haría cuestión de esto. Como he dicho, respeto a los animalistas y puedo entender sus argumentos, aunque no comparta algunos de ellos. Por eso, este incidente no va de protección de los animales.
Ocurre que algún responsable municipal debió pensar que el cambio “becerro por muñeco con carretilla y pistola de agua” podía, tal vez, no ser demasiado bien acogido por la chavalería e incluso por los espectadores. Entre otras cosas, se pierde la emoción que aportan los animales de verdad en la carrera, que no deja de ser la esencia del encierro. Por ello, optó el Ayuntamiento por protegerse de las posibles críticas escondiéndose en la ajenidad de la decisión. La vieja excusa del “yo no he sido”, derivando la responsabilidad hacia un tercero.
Para la ocasión, estaba a mano la recientemente aprobada Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, con la que se podía dar el pego. Bastaba afirmar que la norma “prohíbe expresamente la participación de las niñas y los niños en la tauromaquia” (SIC). No es cosa mía, es la ley que me obliga. Se anuncia en agosto, que la mitad de la peña está fuera y la otra mitad de fiestas y para cuando llegue el día, todo tranquilo y, nunca mejor dicho, sobre ruedas.
La cosa no pasaría de una simple anécdota sin importancia, si no fuera porque el escudo elegido para echar la culpa a otro es sencillamente una grosera falsedad. La ley citada por el Ayuntamiento regula la protección de los animales y no los espectáculos taurinos. De hecho, su artículo 1 especifica que “Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los animales utilizados en los espectáculos taurinos (…)”.
Añádase que no ha habido modificación alguna de la normativa que regula la celebración de festejos taurinos, por lo que el marco legal es el mismo de años anteriores en que se celebraron los encierros txikis con animales.
Por tanto, no existe la obligación legal alegada por el Ayuntamiento para justificar su decisión de cambiar el encierro de los peques. Aparece así al descubierto la auténtica responsabilidad de la decisión.
Cuando advertí esta circunstancia, escribí un comentario en la página web municipal que recogía la noticia, haciéndoles partícipes de lo que yo creía que podía haber sido un simple error. Debo indicar que también se habían equivocado en el número de la Ley, al citar la norma de protección de los animales. No era la 32/2023, que ellos decían, sino la 7/2023.
Sin embargo, me equivoqué. Creí que se trataba solo de un error y que no había mala intención por parte de nadie. Pero la reacción del Ayuntamiento, tras leer mi comentario y hacer las pertinentes comprobaciones, me indicó lo contrario. Rectificaron solo la parte más visiblemente falsa de la noticia, que era el número de la Ley, pero nada cambiaron de su contenido. Siguió – y sigue – manteniendo que la mencionada Ley prohíbe la participación de los «niños y niñas en la tauromaquia». Y eso, obviamente, ya no es un error, sino una mentira.
No se puede culpar a los medios locales que se hicieron eco de la noticia sin cuestionar su credibilidad, porque ellos hacen su trabajo desde una premisa de confianza plena en nuestro Ayuntamiento. Difícil sospechar que les puedan dar gato por liebre con semejante descaro. Y, al fin y al cabo, tampoco estamos ante una entrevista o un debate preelectoral en el cual se enfrenten a candidatos que les obliguen a extremar su alerta.
Como dijo Feijoo hace unas semanas: “No mentí ni miento. Si alguna vez digo algo que no es correcto, no es fruto de la mentira, sino de la inexactitud”. Está claro, es signo de nuestros tiempos.
Escribo todo esto con mucha tristeza y moderada indignación. Al final, nadie dirá nada, nadie protestará, nadie pedirá cuentas ni explicaciones, nadie exigirá rectificaciones. Lo de menos es si corren becerros o toros de agua. Alguien dará por bien empleada la mentira, que prevalecerá. Y lo hará, sobre todo, porque ya ha acampado en nuestras conciencias. Se ha hecho amiga de la indiferencia y, simplemente, no molesta.
3.8.23
PS: Hace unos días, el comentario que escribí en la página web del ayuntamiento fue respondido por Ana Moreno. Creo justo hacer mención a ello, porque arroja información nueva y el objetivo debe ser contar con la mayor claridad posible.
Básicamente, introduce en su análisis la normativa de espectáculos taurinos vigente en Euskadi, así como la Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos de Euskadi, para concluir que, aunque errónea la fundamentación jurídica, la decisión del ayuntamiento de Llodio se produce igualmente por imperativo legal. Según su tesis, el Reglamento de Espectáculos Taurinos de Euskadi excluye de su ámbito de aplicación los encierros en los que participen reses de ganado bovino de peso inferior a 60 kg en vivo. Es decir, el encierro txiki no sería un espectáculo taurino sometido a este Reglamento.
Por ello, no quedaría excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos, de carácter autonómico y los animales que participan en este encierro estarían protegidos por dicha Ley y el espectáculo sería prohibido por los artículos 27 y 38, este último por la utilización de animales menores de seis meses.
Sin embargo, después de analizar sus razonamientos, tengo que decir que mantengo la conclusión esencial: el cambio llevado a cabo en el encierro txiki de Llodio no se deriva de una obligación legal sino de la exclusiva voluntad del ayuntamiento.
Los encierros txiki llevan celebrándose en Llodio muchos años. Y dentro de esos muchos, bastantes estando en vigor el Regamento de Espectáculos Taurinos de Euskadi, que data de 2008 y resulta de aplicación. Pues bien, su artículo 87 establece que la celebración de espectáculos taurinos tradicionales (los encierros, por ejemplo) requieren la previa autorización de la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco. Para obtener dicha autorización, los organizadores han de presentar, entre otros documentos, una certificación de la empresa ganadera acreditando el peso de las reses que se van a utilizar. Esto significa que, durante todos estos años, la autoridad competente ha autorizado la celebración de los encierros txiki en Llodio (de lo contraraio, no podrían haberse celebrado o habrían sido ilegales) porque los mismos cumplían con la normativa vigente. Y esto solo podía ser así, porque el peso del ganado empleado en dichos encierros txiki era superior a los 60 kg., cayendo, por tanto, el espectáculo, dentro del ámbito normativo aplicado. Si no, nuevamente nos habríamos encontrado con una ilegalidad.
Esta circunstancia del peso de cada animal utilizado es la que deshace la premisa en la que Ana Moreno basa su razonamiento, puesto que sí sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos, de carácter autonómico, cuyo apartado d) excluye de su aplicación los espectáculos taurinos reglados. Y no sería aplicable la prohibición recogida en su artículo 27.
Cuanto antecede explicaría el hecho de que, el año pasado, con posterioridad a la entrada en vigor de la mencionada ley de protección animal en Euskadi, se celebraran en Llodio, sin problema alguno, al menos, tres encierros txikis, que contaban evidentemente con la preceptiva autorización administrativa, otorgada de acuerdo a la legalidad vigente.
Con todo, y como ya le he dicho a ella, si algo de cuanto afirmo no se ajusta a la realidad, no tendré inconveniente en reconocerlo y rectificar.
Salvo que provengan del extranjero, los denominados “enemigos de España” también son España. Salvo que no sean los enemigos de España sino los enemigos de “su” España.
Nada hay más recurrente en los nacionalismos que identificar al país con su propio concepto de nación. Por supuesto, excluyente. La nación es lo que ellos definen como tal y los que no encajan en esta definición pasan a ser enemigos de la nación. Y siempre hay alguien dispensando los certificados correspondientes. En Euskadi lo hemos conocido muy bien porque aquí abundaban y abundan los «enemigos de Euskadi».
Así pues, se pongan como se pongan, el resultado electoral de este domingo no es sino el fiel reflejo de la voluntad de los españoles, de todas las Españas posibles e imaginadas, que gusta más cuando se acomoda a las preferencias ideológicas de uno y menos cuanto más se aleja de ellas, claro. Y sí, hay extrema derecha, independentistas, comunistas y otras hierbas. Hasta mentirosos de diverso cuño. Así es España, qué le vamos a hacer.
La obligación de la política es lidiar con esa voluntad, por fragmentada que se presente. Dialogar, negociar y pactar entre diferentes es el auténtico arte de la democracia. Gobernar con la mayoría absoluta de Felipe en el 82 sería tan sencillo como utópico hoy en día.
Constatar la dificultad de la empresa, es necesario. Lamentarse por ello, inútil y poco pedagógico, pues refleja la añoranza de la uniformidad. Necesitamos políticos capaces de escrutar hasta lo más recóndito en las voluntades de los demás, y definir espacios compartidos para concitar amplios acuerdos sobre ellos. Todo lo demás son paparruchas.
El jueves 25 de mayo fui al concierto de Joaquín Sabina, en el Wizink Center, de Madrid. No se me habría pasado por la cabeza, pero me ofrecieron la posibilidad y me animé. Contra todo pronóstico. Por nada especial. Es solo que me he vuelto perezoso para ir a grandes conciertos de música. El caso es que acabé sintiendo que ajustaba una deuda pendiente conmigo mismo, que cerraba una época. No porque Sabina esté más o menos mayor, más o menos limitado físicamente. Respecto a esto, ya estoy curando de espanto con las tres ocasiones en que he ido a ver a los Rolling Stones, entre comentarios y rumores de que era su última gira. Y eso que la primera vez fue en 1990.
No, la sensación de cierre de ciclo tenía otra causa. Solo había visto una vez a Sabina en directo. Fue nada menos que en noviembre de 1981 en aquella recordada y masiva concentración anti-OTAN que se celebró en la Ciudad Universitaria de Madrid. Entonces era un chaval de 20 años inmerso de lleno en las ilusiones políticas de la época y con un apego singular al antimilitarismo. Recuerdo que me sumé al viaje organizado por la Agrupación Socialista de Llodio (Eran otros tiempos), que fletó un autobús al efecto. Uno de esos viajes de ida y vuelta en el día. Pechada, pero merecía la pena. Había que estar. Un cuarto de millón de personas nos reunimos en aquel mitin-concierto.
Pero debo confesar que, además de ese jovial fervor antimilitarista, mi decisión estuvo muy animada por la anunciada presencia y actuación en el acto, de unos cantantes a los que acababa de descubrir apenas unos meses antes, en aquel magnífico programa de televisión de Fernando G. Tola, que se llamaba Esta noche. Efectivamente, un 28 de mayo, de hace justo hoy 42 años, la adorable Carmen Maura anunciaba una actuación musical inaudita y experimental, que rompía con los esquemas comerciales y ofrecía una primicia llena de lirismo y de marcha. Y presentaba el rollo pasota de Joaquín Sabina, Javier Krahe, Alberto Pérez y Antonio Sánchez, “cuatro juglares que hacen compatible la poesía, el humor y el compromiso personal, utilizando una herramienta bastante escasa en el panorama musical del momento: el talento”.
Arrancaron su actuación con una versión desternillante y preciosa de “El hombre puso nombre a los animales”, de mi admirado Bob Dylan. Imposible mejor alineamiento de astros. El impacto fue súbito y de una intensidad suprema. Continuaron con otras perlas, a cuál mejores, todas ellas recogidas en el LP recién publicado ese mismo año, “La Mandrágora”. Fue la primera vez que oí a Sabina (con Antonio Sánchez, entonces a su lado) ese increíble himno que es Pongamos que hablo de Madrid. Aquí dejo la actuación íntegra en el programa.
En el acto de la Ciudad Universitaria repitieron repertorio, para gozo mío. Me hice incondicional absoluto de ellos. Fui comprando sus discos y viví con tristeza su separación con el tiempo, aunque me gustaron sus trayectorias tan diferentes. Alberto Pérez con sus boleros, Krahe manteniendo su línea mordaz, ácida y humorística y Sabina con su lanzamiento al estrellato del panorama musical de habla hispana. Como tanta gente, quedé prendado de sus letras y de sus músicas y no pocas de sus canciones han formado parte de la banda sonora de mi vida.
Nada diferente, estoy seguro, a la experiencia de las otras 15.000 personas que llenaron el Wizink el día 25. “Pijos de jersey de lana, viejos verdes, azules, divorciadas en manada, abogados rojos, corredores de seguros, ganadoras de nada; el que te envida otro vaso de tubo, la que no ha tocado varón, el que no tenía nada y retuvo, un niño, un cowboy de salón; calvos con coleta, narigones farloperos, taxistas, ejecutivos, americanos de Vallecas, gacetilleros buscando la rima; y tontos con pose de gánster, y argentinas en chándal, y farmacéuticos, y camareros sin propina” Así definía el periodista Juan Soto Ivars al personal del concierto. Y no le falta razón. Es difícil no sucumbir a las historias que cuenta y canta Sabina y sentir que te llegan muy dentro.
Este tipo de conciertos suponen una catarsis colectiva en la que concurren todas las experiencias vitales personales que se anudan a cada canción. El poder evocador de la música es atronador y llena de emoción ese momento en que recreamos el sentimiento pasado y lo hacemos nuestro en el instante en que suena la música. Esa experiencia multiplicada por quince mil fue la quintaesencia del concierto de Sabina en el Wizink.
Al salir, fui consciente de que me debía a mí mismo cerrar ese círculo con Sabina y me alegré de hacerlo, 42 años después. Su trayectoria musical. mi trayectoria vital. De los 20 a los 62, caminando por la vida con mucha música. Y la suya ocupa un lugar importante entre las mejores.
Este artículo fue publicado en «ElDiarioNorte.es» el día 4 de enero de 2023, suscrito por Edurne Albizu, Sergio Campo, Maite Leanizbarrutia, Peio Salaburu, Sabin Zubiri y Txema Urkijo.
Una vez más las diferentes organizaciones a favor de los presos de ETA convocan su manifestación anual. No se se trata de una movilización más: basta con tirar de hemeroteca hasta encontrar referencias a convocatorias con ciertas similitudes ya desde el año 1986 y puede que incluso antes. Una movilización prácticamente anual y de estas características, en la que la Izquierda Abertzale se vuelca al completo, tiene claramente una dimensión estratégica que va más allá de la manifestación en sí misma.
Los presos de ETA han representado históricamente la figura de héroes-mártires en la Izquierda Abertzale y este tipo de convocatorias, más allá de lo que tienen de ritual, representan un importante elemento aglutinante de carácter emocional para el conjunto de su espacio. Es una herramienta cuidada y medida al milímetro, donde hay poco lugar para la improvisación y cada paso, palabra o símbolo empleados responden a una finalidad consciente.
Pero todo esto no siempre ha sido tan evidente y diferentes agentes políticos y sociales ajenos a la Izquierda Abertzale han ido adhiriéndose y descolgándose de esta convocatoria, al tiempo que iban dándose cuenta de lo que su apoyo significaba. Los hechos siempre son definitorios: la incomodidad por la puesta en escena de una manifestación tan ritual así como la imposibilidad de mover una sola coma en lo sustancial del contenido. Lo aprendió rápidamente Gesto por la Paz en el año de la tregua de 1999, que la apoyó inicialmente y se descolgó de inmediato. O el PNV, que se retiró de forma definitiva de la misma en 2012. Y también una parte de la izquierda (Euskadiko Ezkerra, IU, Podemos…) o sindicatos como CCOO, que han ido oscilando en su posicionamiento.
No obstante, es innegable que sus participaciones, puntuales o intermitentes, han contribuido involuntariamente a dar relevancia social y, sobre todo, a legitimarla como una convocatoria pro-Derechos Humanos. Sin lugar a dudas el elemento que ha pesado históricamente para decantar estas posiciones de grupos tan heterogéneos desde un punto de vista sociopolítico ha sido una causa justa como es el acercamiento y el trato humanitario para las personas presas.
Hoy, el hecho cierto es que más del 90% de las personas presas están ya en centros de Euskadi y Navarra y el resto en las provincias limítrofes (Cantabria, Burgos, La Rioja…). O en Lannemezan, centro próximo a Iparralde. Asimismo, el trato humanitario a los presos que tenía su máximo exponente en los que estaban gravemente enfermos, según indican diferentes fuentes, también está en avanzado grado de resolución. Los avances para poner fin a esta política penitenciaria de excepcionalidad se han logrado, en buena medida porque eran consecuencia de consensos transversales.
Ambas cuestiones, acercamiento y trato humanitario, no solo han sido las que han permitido aglutinar a diferentes partidos, sindicatos y personalidades de la sociedad vasca, sino que han sustituido en las convocatorias de los últimos 15 años a la reclamación de la amnistía que realizaba con anterioridad la Izquierda Abertzale. Sin embargo, este año, la agenda pro-presos es otra y no tan desconectada de la primitiva a tenor del nuevo lema “etxera”, en realidad una petición de amnistía no tan encubierta: se solicita el paso a tercer grado penitenciario de todos los presos (solo es preciso volver a la prisión para dormir).
En el año 2011, cuando ETA depuso las armas, había más de 700 miembros de la banda en prisión. 10 años después son en torno a 180 las personas que permanecen privadas de libertad. De ellas casi ninguna está ya en primer grado y no pocos están ya accediendo al tercer grado. Esta progresión de grado por razones diferentes a la humanitarias (artículo 72 de la LOGP) requiere –y nos parece que es lo adecuado– que el preso de forma individual demuestre que ha abandonado la violencia –habitualmente a través de una declaración escrita– y una petición de disculpas sinceras o perdón a las víctimas de su delito. Es decir, que emprenda un camino de reinserción social o justicia restaurativa.
Hoy la justicia restaurativa también forma parte de los más básicos consensos de la sociedad vasca para abordar desde la justicia y la ética no solo la reinserción de los presos y presas, sino también la restauración de una convivencia con memoria. Y este consenso no se puede malograr. Que se haya alcanzado se lo debemos en buena medida a la difusión de experiencias reales puestas en marcha hace una década, a través de películas como Maixabel u obras de teatro como La mirada del otro y, por supuesto, al trabajo de colectivos pacifistas y de Derechos Humanos y a no pocas víctimas y victimarios que participaron en la Vía Nanclares.
No es posible trabajar por los presos y su derecho a la reinserción desde un enfoque sincero de Derechos Humanos sin mencionar ni una sola vez la ética en relación con sus delitos y las víctimas
Esa Izquierda Abertzale que hasta hace poco consideraba literalmente una traición la reinserción y la justicia restaurativa –de hecho, eliminó a los participantes en la Vía Nanclares de los listados del colectivo de presos de ETA (EPPK), Etxerat o Sare, y se empeñó en marginarlos en sus respectivos pueblos–, hoy abrazan formalmente este enfoque, pero distorsionando a conveniencia su contenido. Esto debe encender todas las alertas tratándose de una materia tan sensible y crítica para nuestra recién estrenada y precaria convivencia. Aquí, la exigencia y diligencia en el control de instituciones, partidos y agentes sociales debe ser máxima, porque no imaginamos nada más lesivo, revictimizador ni destructivo socialmente que una disculpa o arrepentimiento no sinceros. El desarme y la disolución podían admitir diferentes grados de juego en el lenguaje. El perdón a las víctimas y a la sociedad vasca en su conjunto nunca.
Esta es la cuestión central. Cuando nadie apostaba por la reinserción y la justicia restaurativa, nosotras la apoyamos pese a las críticas feroces de unos y otros. Hoy, cuando forma parte de los consensos sociales, alertamos del vaciamiento y la distorsión de su contenido que pretende la Izquierda Abertzale. En este sentido, queremos reivindicar cuatro aspectos clave: tiene que ser individual, nunca colectiva, debe tener sí o sí una dimensión ética, sí hay margen para que una rectificación pública y sincera de la Izquierda Abertzale allane el camino a los procesos individuales de reinserción, pero sin sustituirlos en ningún momento y el cumplimiento debe quedar al margen de cualquier disputa política o arreglo partidario.
Los dos primeros puntos son simple y llanamente la traslación directa de lo que dicta la legislación penitenciaria, pero también una referencia como Naciones Unidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (reglas 4, 89, 91, 92, 94 y 95). El tercero y cuarto, la constatación de que la revisión crítica del pasado: el reconocimiento del daño causado y la injusticia de esa actuación es el valioso hilo que conecta la política penitenciaria desde una perspectiva de la reinserción con la memoria en términos deslegitimadores y con una convivencia democrática con garantías de no repetición.
Todas estas cuestiones están ausentes en la convocatoria de la manifestación del 7 de enero y, por extensión, en la agenda pro-presos de la Izquierda Abertzale. Eso es lo preocupante y lo que debería abrir una profunda reflexión política y un sosegado debate social. No es posible trabajar por los presos y su derecho a la reinserción desde un enfoque sincero de Derechos Humanos sin mencionar ni una sola vez la ética en relación con sus delitos y las víctimas.
Porque la claridad de estos mínimos tan elementales que hemos citado no puede adulterarse con ambigüedades discursivas ni con significantes vacíos de contenido. La alerta de los y las firmantes de este artículo no obedece a que veamos en cuestión un pasado que ya es irreparable; si no nuestro futuro en convivencia justa y democrática.
La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Memoria Democrática. Una ley abocada a la polémica, en tanto que la derecha se niega en redondo a abordar aquellas partes de nuestra historia que no le convienen o no le interesan (otras sí). Sus políticas de memoria tienen que ver más con el concepto de la nación española que con los de libertad, democracia o derechos humanos y despachan las cuestiones de memoria histórica con el manido reproche “reabre heridas del pasado ya cerradas”.
Sin embargo, la previsibilidad de esta polémica se ha visto alterada por la incorporación al texto legal de una Disposición adicional nueva, que dice lo siguiente:
“El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.”
Esta previsión ha soliviantado aún más a la derecha, que ha incrementado el nivel de sus críticas, sumándose además a las mismas un sector de veteranos socialistas. Todos ellos se han apresurado a interpretar la citada Disposición Adicional en clave de ruptura de los pactos de la transición española, además de vincularla directamente con el discurso etarra, defendido hoy por los que califican de sus sucesores, EH Bildu.
Por mi parte, siempre he defendido la transición española. Cierto que la viví muy joven, pero con lucidez suficiente para apreciar con claridad lo que suponía de conquista de libertad y democracia. Fue una transición modélica, a condición de que este calificativo se entienda, no como sinónimo de perfecta, que obviamente no lo fue, sino como un ejemplo o referente de proceso político de transformación de un régimen dictatorial en una democracia, superando con creces los elementos positivos a las evidentes deficiencias que dicho proceso padeció.
No es preciso detallar las dificultades a las que se enfrentó en sus primeros años el bisoño régimen democrático surgido de la Constitución de 1978, si bien sí es necesario recordar la sangre vertida en ese período no solo por el terrorismo etarra, sino también por la violencia ejercida por grupos de extrema derecha, incontrolados, grupos parapoliciales y la derivada de actuaciones desmedidas e ilegales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y buena parte de esta violencia asentada sobre la impunidad. Tan débil era nuestra recién estrenada democracia que estuvimos a punto de perderla el 23 de febrero de 1981, en un bufido de algunas estructuras franquistas del ejército de entonces.
Con todo, el balance global fue positivo. Se consiguió la implantación de un sistema democrático con libertades, a través de una constitución que amparaba también el respeto a las singularidades territoriales de nuestro país. El recordado eslogan “Libertad, amnistía, estatuto de autonomía” acabó siendo una realidad. Imperfecta, sí, pero realidad.
Con el tiempo, han ido aflorado otros déficits de nuestra transición. Cosas que no se hicieron o se hicieron de manera manifiestamente mejorable. Pero se trata, sobre todo, de asuntos impensables en aquella época o bien de otros que se arrumbaron ante la prioridad de objetivos más importantes en aquel momento.
También el paso del tiempo ha permitido que se den las condiciones adecuadas para subsanar y corregir algunas de esas deficiencias detectadas con posterioridad. La tarea de subsanación de errores contribuye a mejorar nuestro sistema democrático de convivencia y, en este sentido, la ley de Memoria Democrática es claramente un intento en esa dirección, como así lo reconoce explícitamente su exposición de motivos.
Pero volvamos a las acusaciones vertidas contra esta Ley, a consecuencia de la mencionada Disposición Adicional que abre la puerta a investigar violaciones de Derechos Humanos cometidas entre 1978 y 1983.
El artículo 1 del texto legal establece con claridad cuál es el ámbito temporal para el reconocimiento a las víctimas de la represión política y establece claramente que llega hasta la aprobación de la Constitución; es decir, diciembre de 1978. Por tanto, no cabe afirmar, en modo alguno, que la ley extienda su ámbito temporal más allá de esa fecha.
¿Cómo es posible que se esté calificando como blanqueo del discurso etarra la investigación de las violaciones de Derechos Humanos cometidas por grupos parapoliciales, incontrolados y las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, fueran pocas o muchas (nadie prejuzga cuántas) entre 1978 y 1983? De hecho, la iniciativa anunciada sigue los pasos de lo que ya se está haciendo en Euskadi con la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. Algo no solo normalizado sino mayoritariamente bien visto en la sociedad vasca como necesario para profundizar en las imprescindibles garantías de no repetición y en la propia convivencia.
Hace falta ser muy obtuso y/o muy manipulador para vincular la defensa los Derechos Humanos y de las víctimas de sus vulneraciones, con la justificación de los crímenes de ETA. Y eso vale tanto para los políticos que difunden sin rubor esa especie, como para los medios de comunicación que le dan complaciente cobertura. Es insoportable la brocha gorda siempre, pero en estos temas, mucho más.
Resulta difícil admitir que el 7 de diciembre de 1978 nuestros policías, jueces y fiscales, formados teórica y prácticamente en un sistema dictatorial, se levantaran todos demócratas y dispuestos a respetar escrupulosamente los Derechos Humanos de la ciudadanía, también de los detenidos, fueran acusados del delito que fueran. La transición en la práctica de determinados estamentos del Estado no fue coetánea de la transición formal democrática. Policía y jueces necesitaron su propio período. Todos recordamos casos clamorosos. Baste traer a colación la muerte por torturas de Joxe Arregui o el caso Almería, ambos ocurridos en 1981.
Hay quienes sostienen que tanto la mencionada ley vasca como la previsión incorporada a la Ley de Memoria Democrática ponen en cuestión la legitimidad de los tribunales que resuelven sobre asuntos de derechos humanos desde 1978, al situar unas comisiones políticas por encima de los mismos, haciendo creer que estos no cumplieron bien su función. Es un debate posible e interesante, que, por otra parte, ya existió cuando se puso en marcha este proceso en Euskadi.
La investigación de los delitos cometidos entre 1978 y 1983 se enfrentará a su prescripción por lo que servirá, si no para satisfacer el derecho a la Justicia de la víctima, sí para conocer los hechos, si no fueran ya suficientemente conocidos, y para satisfacer, en consecuencia, sus derechos a la Verdad y a la Reparación, a través de su reconocimiento oficial e institucional. De ahí que sea perfectamente válida una comisión administrativa (su composición es importante) porque de sus conclusiones no se derivarán consecuencias penales sino meramente administrativas, aunque, eso sí, de gran valor. La iniciativa aprobada pone el foco en la víctima.
Hoy es necesario dar un paso más en el proceso de refuerzo de nuestra convivencia mediante el cierre de heridas que aún permanecían abiertas, a través de la investigación de estas violaciones de Derechos Humanos. Reconocer que se hicieron cosas mal, que no todo se hizo bien (jueces y policía) nos fortalece como sociedad y como democracia. Se lo debemos a muchas personas que sufrieron un daño injusto. Eso no es discurso etarra. Es discurso democrático, al que es una auténtica lástima que no nos sumemos todos. Es momento de dejar los complejos de lado, de no achantarse y de redoblar los esfuerzos para hacer una necesaria pedagogía en tal sentido en nuestra sociedad.
La apelación injustificada a ETA en el debate político es una falta de respeto hacia sus propias víctimas. Pero su utilización para negar derechos a otras víctimas de violaciones de Derechos Humanos raya en lo inmoral.
Este artículo fue publicado en el diario «Público» el día 19 de octubre.
La coincidencia en el tiempo del estreno de la película Maixabel, de Icíar Bollaín y la conmemoración del décimo aniversario de la declaración de cese definitivo de su actividad por parte de ETA, ha vuelto a poner de rabiosa actualidad mediática el «problema vasco», arrumbado a un recóndito rincón en la memoria de los españoles, una vez que se acabaron los muertos y las amenazas.
Y utilizo deliberadamente la expresión «problema vasco» porque comparto plenamente la reflexión de Imanol Zubero en la que afirma que «cuando ETA desapareció, hace diez años, desapareció EL PROBLEMA VASCO (así, con mayúsculas) porque, en realidad, ETA era nuestro problema mayúsculo (…) ETA desapareció y todos los problemas mayúsculos que supuestamente justificaban su existencia se convirtieron en lo que realmente eran y siguen siendo, en problemas políticos con minúsculas, susceptibles de ser abordados como cualquier problema político: reflexionando con inteligencia, diagnosticando con acierto, proponiendo alternativas, convenciendo, acumulando fuerza democrática…«
Así, estos días, todos los medios vuelven sus páginas, sus cámaras y sus micrófonos hacia Euskadi, en busca del balance de esta década, rescatando del ostracismo protagonistas que lo fueron de aquellos tiempos oscuros y dramáticos.
Creo, de entrada, que Maixabel, la película, nos deja el sabor melancólico de lo que pudo haber sido y no fue. Alguien calificó con acierto el programa de encuentros restaurativos entre presos disidentes de ETA críticos con la violencia, y víctimas de esa misma organización, como la «salida ética» al problema de la violencia. Es verdad que fomentar la disidencia ética, política y estratégica en el seno del colectivo de presos pudo haber sido un gran acierto de la Vía Nanclares y Rubalcaba, su mentor, pero la inminencia del final y la promesa de una salida colectiva transmitida desde la organización truncó las posibilidades de encontrar más valientes que dieran un paso al frente en la disidencia.
Las cosas se hicieron finalmente adaptando al caso vasco pautas y modelos clásicos de resolución de conflictos, con visiones esencialmente pragmáticas que priorizaron la consecución del final. Eso sí, sin precios políticos y sin contrapartidas de ningún tipo, se pongan como se pongan algunos. Tan solo se permitió el atrezzo del final, que diluyó para algunos la imagen de una humillante rendición militar.
El 20-O constituyó un símbolo, más que un día especialmente memorable. La consciencia del final de ETA había permeado ya de tal manera al conjunto de la sociedad que el efecto emocional de una noticia tan esperada estaba muy descontado.
Afortunadamente, ya nadie discute que fuera el final. Algo hemos avanzado en estos diez años. Valorar el relato del final de la violencia es interpretar también las causas del proceso, su trayectoria, su eventual justificación y, por supuesto, cómo vaya a explicarse a las generaciones venideras. Por eso, diez años después, volvemos a reproducir la disputa sobre la etiología de aquel final, al igual que lo hicimos cuando el mismo se produjo.
En mi apreciación, fue proceso matizado y complejo en sus causas, donde el resultado final es fruto del conjunto de todas ellas. ETA desistió en su apuesta por la estrategia político-militar. Eso sí, no lo hizo de manera libre y voluntaria, sino condicionada por unas circunstancias que acercaban cada vez más el fracaso del proyecto político que defendía. La misma gente que les apoyó y legitimó durante años, así lo entendió y se lo demandó, configurando el paraguas que necesitaban para anunciar su final y posibilitando el trabajo de atrezzo con el que se vistió el acontecimiento.
Nadie debe dudar de que la efectividad de la acción policial, la colaboración internacional y el marco jurídico diseñado para el juego político fueron claves esenciales para forzar la decisión de ETA. El contexto de desprestigio internacional de la violencia política o religiosa favoreció el proceso. Y, por supuesto, el progresivo y mayoritario rechazo de la propia sociedad vasca a una actividad ética y políticamente intolerable, fue minando el factor de apoyo social, tan importante para una organización que se autocalificaba como vanguardia del pueblo.
¿Qué ha hecho la sociedad vasca en estos últimos diez años? Básicamente acostumbrase con rapidez a vivir tranquila. No desdeñemos el grado de paz y libertad existente ahora en Euskadi, pues no tiene parangón en muchas décadas y eso se ve y se palpa en las calles. Pero tampoco minimicemos la persistencia de discursos que aún justifican la violencia del pasado y no tienen pudor en manifestarlo públicamente ensalzando con júbilo a quienes recobran la libertad sin muestra alguna de contrición.
Una buena parte de la sociedad vasca vivió con sentimiento de ajenidad el problema de la violencia y no ha cambiado de actitud a la hora de afrontar la vida sin la organización terrorista. Demasiada indiferencia y demasiada ignorancia sobre lo sucedido, junto al riesgo inequívoco de un exceso de autocomplacencia acerca del papel desempeñado por la propia ciudadanía vasca en la reacción contra la violencia. Algunos abrazan el modelo gaullista de distorsión de la historia: Vichy fueron cuatro gatos; los franceses estaban todos en la resistance. Y, mire, no, que algunos tenemos memoria.
Euskadi se sitúa hoy en una encrucijada. Repetir el camino del olvido, ya recorrido en la transición española respecto a lo que supuso la dictadura de Franco, o apostar decididamente por políticas de memoria, basadas en los Derechos Humanos, que contribuyan a construir una convivencia más justa. Una memoria con sentido pedagógico que afiance en la sociedad el principio irrenunciable de la deslegitimación de la violencia, que afirme el sinsentido de la misma y del sufrimiento injusto por ella generado. Nunca debió suceder.
Forma parte también de esa encrucijada la exigencia de reflexión autocrítica. Una exigencia a quienes protagonizaron la violencia, pero también a quienes la justificaron y jalearon, a quienes vulneraron derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, a quienes permanecieron en silencio e indiferentes ante todo esto…
Con frecuencia, olvidamos que contra ETA no todo lo que se hizo estuvo bien. Que hubo víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos cometidos por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que tienen los mismos derechos que las de ETA. Verdad, Justicia y Reparación. Que el reconocimiento de su condición de tales es aún manifiestamente insuficiente. Y todo esto también forma parte del final de ETA.
No me atrevo a vaticinar cómo será la salida de esta encrucijada. Todo apunta a un futuro de claros y sombras, como casi siempre. Un amigo mío me dijo hace poco que él se conforma con que se desinflame definitivamente el sentimiento épico de la violencia entre quienes la jalearon. A lo mejor incluso eso es demasiado pedir. Mejor me dejo llevar por las palabras que leí este mismo domingo de Ramón Barea: «La imagen de este momento es el ramo de flores rojas con una blanca en el centro que aparece en Maixabel. Representa el futuro que tenemos que construir entre todos«.
Txema Urkijo 