Conmemoración en la encrucijada

Este artículo fue publicado en el diario «Público» el día 19 de octubre.

La coincidencia en el tiempo del estreno de la película Maixabel, de Icíar Bollaín y la conmemoración del décimo aniversario de la declaración de cese definitivo de su actividad por parte de ETA, ha vuelto a poner de rabiosa actualidad mediática el «problema vasco», arrumbado a un recóndito rincón en la memoria de los españoles, una vez que se acabaron los muertos y las amenazas.

Y utilizo deliberadamente la expresión «problema vasco» porque comparto plenamente la reflexión de Imanol Zubero en la que afirma que «cuando ETA desapareció, hace diez años, desapareció EL PROBLEMA VASCO (así, con mayúsculas) porque, en realidad, ETA era nuestro problema mayúsculo (…) ETA desapareció y todos los problemas mayúsculos que supuestamente justificaban su existencia se convirtieron en lo que realmente eran y siguen siendo, en problemas políticos con minúsculas, susceptibles de ser abordados como cualquier problema político: reflexionando con inteligencia, diagnosticando con acierto, proponiendo alternativas, convenciendo, acumulando fuerza democrática…«

Así, estos días, todos los medios vuelven sus páginas, sus cámaras y sus micrófonos hacia Euskadi, en busca del balance de esta década, rescatando del ostracismo protagonistas que lo fueron de aquellos tiempos oscuros y dramáticos.

Creo, de entrada, que Maixabel, la película, nos deja el sabor melancólico de lo que pudo haber sido y no fue. Alguien calificó con acierto el programa de encuentros restaurativos entre presos disidentes de ETA críticos con la violencia, y víctimas de esa misma organización, como la «salida ética» al problema de la violencia. Es verdad que fomentar la disidencia ética, política y estratégica en el seno del colectivo de presos pudo haber sido un gran acierto de la Vía Nanclares y Rubalcaba, su mentor, pero la inminencia del final y la promesa de una salida colectiva transmitida desde la organización truncó las posibilidades de encontrar más valientes que dieran un paso al frente en la disidencia.

Las cosas se hicieron finalmente adaptando al caso vasco pautas y modelos clásicos de resolución de conflictos, con visiones esencialmente pragmáticas que priorizaron la consecución del final. Eso sí, sin precios políticos y sin contrapartidas de ningún tipo, se pongan como se pongan algunos. Tan solo se permitió el atrezzo del final, que diluyó para algunos la imagen de una humillante rendición militar.

El 20-O constituyó un símbolo, más que un día especialmente memorable. La consciencia del final de ETA había permeado ya de tal manera al conjunto de la sociedad que el efecto emocional de una noticia tan esperada estaba muy descontado.

Afortunadamente, ya nadie discute que fuera el final. Algo hemos avanzado en estos diez años. Valorar el relato del final de la violencia es interpretar también las causas del proceso, su trayectoria, su eventual justificación y, por supuesto, cómo vaya a explicarse a las generaciones venideras. Por eso, diez años después, volvemos a reproducir la disputa sobre la etiología de aquel final, al igual que lo hicimos cuando el mismo se produjo.

En mi apreciación, fue proceso matizado y complejo en sus causas, donde el resultado final es fruto del conjunto de todas ellas. ETA desistió en su apuesta por la estrategia político-militar. Eso sí, no lo hizo de manera libre y voluntaria, sino condicionada por unas circunstancias que acercaban cada vez más el fracaso del proyecto político que defendía. La misma gente que les apoyó y legitimó durante años, así lo entendió y se lo demandó, configurando el paraguas que necesitaban para anunciar su final y posibilitando el trabajo de atrezzo con el que se vistió el acontecimiento.

Nadie debe dudar de que la efectividad de la acción policial, la colaboración internacional y el marco jurídico diseñado para el juego político fueron claves esenciales para forzar la decisión de ETA. El contexto de desprestigio internacional de la violencia política o religiosa favoreció el proceso. Y, por supuesto, el progresivo y mayoritario rechazo de la propia sociedad vasca a una actividad ética y políticamente intolerable, fue minando el factor de apoyo social, tan importante para una organización que se autocalificaba como vanguardia del pueblo.

¿Qué ha hecho la sociedad vasca en estos últimos diez años? Básicamente acostumbrase con rapidez a vivir tranquila. No desdeñemos el grado de paz y libertad existente ahora en Euskadi, pues no tiene parangón en muchas décadas y eso se ve y se palpa en las calles. Pero tampoco minimicemos la persistencia de discursos que aún justifican la violencia del pasado y no tienen pudor en manifestarlo públicamente ensalzando con júbilo a quienes recobran la libertad sin muestra alguna de contrición.

Una buena parte de la sociedad vasca vivió con sentimiento de ajenidad el problema de la violencia y no ha cambiado de actitud a la hora de afrontar la vida sin la organización terrorista. Demasiada indiferencia y demasiada ignorancia sobre lo sucedido, junto al riesgo inequívoco de un exceso de autocomplacencia acerca del papel desempeñado por la propia ciudadanía vasca en la reacción contra la violencia. Algunos abrazan el modelo gaullista de distorsión de la historia: Vichy fueron cuatro gatos; los franceses estaban todos en la resistance. Y, mire, no, que algunos tenemos memoria.

Euskadi se sitúa hoy en una encrucijada. Repetir el camino del olvido, ya recorrido en la transición española respecto a lo que supuso la dictadura de Franco, o apostar decididamente por políticas de memoria, basadas en los Derechos Humanos, que contribuyan a construir una convivencia más justa. Una memoria con sentido pedagógico que afiance en la sociedad el principio irrenunciable de la deslegitimación de la violencia, que afirme el sinsentido de la misma y del sufrimiento injusto por ella generado. Nunca debió suceder.

Forma parte también de esa encrucijada la exigencia de reflexión autocrítica. Una exigencia a quienes protagonizaron la violencia, pero también a quienes la justificaron y jalearon, a quienes vulneraron derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, a quienes permanecieron en silencio e indiferentes ante todo esto…

Con frecuencia, olvidamos que contra ETA no todo lo que se hizo estuvo bien. Que hubo víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos cometidos por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que tienen los mismos derechos que las de ETA. Verdad, Justicia y Reparación. Que el reconocimiento de su condición de tales es aún manifiestamente insuficiente. Y todo esto también forma parte del final de ETA.

No me atrevo a vaticinar cómo será la salida de esta encrucijada. Todo apunta a un futuro de claros y sombras, como casi siempre. Un amigo mío me dijo hace poco que él se conforma con que se desinflame definitivamente el sentimiento épico de la violencia entre quienes la jalearon. A lo mejor incluso eso es demasiado pedir. Mejor me dejo llevar por las palabras que leí este mismo domingo de Ramón Barea: «La imagen de este momento es el ramo de flores rojas con una blanca en el centro que aparece en Maixabel. Representa el futuro que tenemos que construir entre todos«.

21.10.21

Las mañanas de RNE, con Iñigo Alfonso

En unos días en los que los medios de comunicación se afanan en elaborar programas que recuerdan el décimo aniversario de la declaración de cese definitivo de su actividad por parte de ETA, el programa de RNE «Las mañanas de RNE con Iñigo Alfonso», tuvo la idea de juntarnos a Maixabel y a mí en una entrevista. Muy a gusto con Iñigo y con Rafael Bermejo, en la radio pública. Aquí el resultado para quien tenga interés.

https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/maixabel-urquijo-reconstruccion/6144068/

20.10.21

La aventura del saber

El pasado 14 de octubre, el veterano programa de divulgación de la 2, «La aventura del saber», un auténtico ejemplo de la condición de servicio público de RTVE, dedicó su primera parte a comentar la película de Icíar Bolláin «Maixabel» y, por extensión, el programa de encuentros restaurativos llevado a cabo en el marco de la Vía Nanclares hace ahora diez años. Y para hablar de ello, su director y presentador, Salvador Gómez, contó con un colaborador habitual del programa, el filósofo Reyes Mate y con quien esto escribe. Fue una charla breve pero intensa y, creo, interesante. Dejo el enlace para quien quiera valorarlo. Hasta el minuto 21 aproximadamente.

https://www.rtve.es/play/videos/la-aventura-del-saber/14-10-2021/6135932/

16.10.21

Maixabel. La segunda oportunidad

Este artículo fue publicado en Aiaraldea, Laudio, el 7 de octubre de 2021.

Maixabel es una película basada en hechos reales ocurridos hace no demasiado tiempo y, con mayor o menor precisión, conocidos por muchas de las personas que viven en Euskadi. Por ello, es muy difícil ver la película sin tener presente el recuerdo que cada espectador tiene de aquellos sucesos. Ese elemento subjetivo, ajeno a lo estrictamente cinematográfico, condiciona nuestra opinión sobre lo que vemos en el cine. Así, la valoración que hagamos de la película tendrá que ver más con nuestra predisposición real frente a los sucesos relatados que con sus valores como obra audiovisual.

Mi consejo sería acercarse al cine desprovisto de todo tipo de prejuicios. Aceptar el reto de colocarnos en una posición lo más neutra posible y dejar que el trabajo de Icíar Bollaín penetre en nosotros y fluya haciéndonos sentir y pensar. Pero ya comprendo que eso es pedir peras al olmo en un país construido a base de prejuicios, estigmas y encasillamientos de todo tipo.

Maixabel es una película que rezuma verdad, autenticidad y honestidad. Lo es por lo que cuenta (refleja fielmente la realidad, doy fe) y también por cómo lo cuenta, sin más artilugios que la inmensa actuación de un cuarteto magnífico de intérpretes. Todo en la película está dirigido a colocar al espectador ante la experiencia vivida por los personajes de Luis, María y, sobre todo, Ibon y Maixabel. Muy inteligentemente el impecable guion de Isa Campo obvia el sustrato político-institucional que impulsó el programa de encuentros restaurativos, con el fin de evitar elementos que, con toda certeza, habrían distraído la atención de muchos espectadores, sin aportar nada relevante, pues el relato no se resiente ni un ápice sin ellos. Está lo sustancial, lo que tiene que estar.

El film de Iciar Bollaín no permite escapatorias. Obliga a pensar. Interpela al espectador. Lo enfrenta a auténticos dilemas morales frente a los que es imposible inhibirse. Incomoda al incitar a una sibilina comparación personal con los protagonistas. ¿Qué habría hecho yo en su lugar? Y todo ello, referido a la violencia, el terror, el odio, el arrepentimiento, el perdón, el saber escuchar, la convivencia y, lo más importante para la Maixabel de carne y hueso, las segundas oportunidades. En definitiva, de aquello que ha sucedido entre nosotros.

Pero ahora, gracias a la película y a la magia de la sala de un cine, todo ello se nos presenta de manera más sosegada y serena. Emocionante. En condiciones óptimas para la reflexión. Ojalá que provoque resultados positivos para el mejor entendimiento de nuestro país, para nuestra memoria y para nuestra convivencia. Al fin y al cabo, Maixabel, película y persona, es un alegato contra la violencia y el fanatismo, a favor de la tolerancia y la empatía. Elementos imprescindibles para la reconstrucción de las relaciones sociales en Euskadi.

5.10.21

El Gobierno vasco ante las víctimas del terrorismo 2002-2012: Una respuesta desde los derechos humanos y la memoria

Este texto constituye el capítulo 5 del libro «El movimiento de Víctimas del Terrorismo. Balance de una trayectoria», editado por Antonio Rivera y Eduardo Mateo, a partir de las aportaciones realizadas por los participantes en el XVIII Seminario de la Fundación Fernando Buesa, celebrado, bajo ese mismo título, en el mes de noviembre del malhadado 2020.

Tengo que abrir estas líneas reconociendo el trabajo de la entidad que me invita a pensar y escribir en esta ocasión. Agradezco a la Fundación Fernando Buesa haber considerado que mi experiencia podría aportar algo a la reflexión planteada en esta publicación. Gracias también a esta Fundación, por haber constituido durante todos estos años una organización de referencia en el mundo de las víctimas, en general, y en el asociativo, en particular, donde las aguas no siempre han bajado tranquilas y donde los vaivenes son frecuentes y no siempre sencillos de gestionar y conducir. En un clima en el que predomina la visceralidad, la Fundación Fernando Buesa ha sido capaz de mantenerse como referencia imprescindible de sensatez ética y – por qué no – política, asumiendo con éxito una cierta responsabilidad para actuar como crisol del conjunto del movimiento asociativo en momentos, insisto, muy complicados.

Bien, la respuesta que ofrece el Estado a la comisión de un delito violento consiste básicamente en la investigación policial del mismo, la puesta a disposición de la administración de justicia del resultado de dicha investigación y la celebración de un juicio en el que se establezca, en caso de prueba suficiente, la autoría y las circunstancias relevantes del hecho delictivo, impartiendo justicia mediante la fijación de una condena para el responsable y una reparación exclusivamente material para la víctima. En definitiva, y en términos muy elementales, estamos hablando de verdad, justicia y reparación.

Esta respuesta del Estado a las víctimas de delitos violentos es aplicable también a las víctimas del terrorismo, si bien existen – o deben existir – algunos elementos adicionales que completen la triada “verdad, justicia y reparación”, básica en el derecho internacional de los derechos humanos.

En primer lugar, me referiré a la memoria. Cuando hablamos de terrorismo, especialmente el protagonizado por la organización ETA, nos referimos a una violencia política continuada en el tiempo que ha provocado un trauma en la sociedad, con vulneraciones sistemáticas de Derechos Humanos. Hoy en día existe un importante consenso a nivel internacional respecto a la necesidad de llevar a cabo políticas de memoria como factor esencial para consolidar las garantías de no repetición de las mencionadas violaciones de Derechos Humanos, así como para contribuir a la deslegitimación de esa violencia política.

En segundo lugar, hemos de considerar que la violencia terrorista padecida en nuestro país ha sido de naturaleza política, frente a otras que han justificado sus acciones, por ejemplo, en motivaciones religiosas. Ello tiene como consecuencia que sus víctimas queden impregnadas por esa significación política que impulsó al perpetrador.

En este sentido, es preciso subrayar que uno de los aspectos positivos, de los muchos que tiene la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por el Parlamento Vasco, es la incorporación en su texto articulado de la mencionada significación política de las víctimas del terrorismo como parte esencial de la memoria debida a ellas y con una magnífica explicación además de dicha idea en la exposición de motivos.

“Significado político, en tanto en cuanto con su eliminación (la de las víctimas) les está negando no solo su derecho a la vida sino su derecho a la ciudadanía”.

Esta significación política de las víctimas del terrorismo debe implicar una consideración especial a la hora de hacer realidad su derecho a la reparación. En efecto, si la reparación en los casos de delitos violentos se centra fundamentalmente en contenidos materiales, en los delitos de terrorismo, cuyas víctimas lo son de violaciones de derechos humanos, debe incorporarse como elemento esencial el elemento de la reparación moral. Y en lo que nos importa ahora, esa reparación moral ha de concretarse en reconocimiento. Un reconocimiento vinculado y correlativo a la significación política del acto que provoca la propia existencia de la víctima.

Como dice el artículo 8.2, in fine, de la citada Ley de Víctimas del Terrorismo del País Vasco “La significación política de las víctimas del terrorismo exige el reconocimiento social de su ciudadanía”.

Por último, como elemento diferencial, no podemos olvidar el carácter vicario de las víctimas del terrorismo. Estamos ante una violencia ejercida contra el conjunto de la sociedad. El terrorista atenta contra ese conjunto, si bien concreta su ataque en las personas que, en cada momento y en función de circunstancias diversas, son elegidas como víctimas.

Este carácter vicario genera una obligación de solidaridad por parte de la sociedad hacia las víctimas que no está presente de igual manera en el resto de los delitos violentos.

Cuanto antecede podría constituir la respuesta idónea del Estado a las víctimas del terrorismo. Pero es evidente que se trata de un desiderátum hacia el que debemos avanzar y que debe permanecer como aspiración final de las políticas públicas de víctimas. En este sentido, podemos afirmar que España presenta una situación bastante satisfactoria. Contamos con un sistema legislativo sobre víctimas del terrorismo, compuesto por la legislación estatal más las normas de carácter autonómico, allá donde han sido aprobadas, que se sitúa a la cabeza en la protección de los derechos de dicho colectivo.

Sin embrago, conviene recordar que esto no ha sido así en el tiempo, obviamente. La invisibilidad de las víctimas del terrorismo fue la tónica en la sociedad vasca y en la española – sí, también en la española – durante demasiado tiempo. Muchos años de ostracismo, ninguneo, desatención, falta de empatía y solidaridad que dejaron, en muchas de ellas, otra dolorosa huella añadida al dolor provocado por la violencia.

Fue en la segunda mitad de la década de los 90, cuando las víctimas del terrorismo comenzaron a ocupar un espacio central en la agenda pública, en la agenda política, y pasaron a ser visibles para la sociedad.

Un factor determinante para este cambio lo constituyó la acción firme y decidida de las propias víctimas y la iniciativa de algunas de ellas, a través de sus asociaciones, que se fijaron como objetivo la defensa de sus derechos y sus intereses y la consecución de su visibilidad ante una sociedad que miraba con demasiada frecuencia hacia otra parte.

Igualmente resultó también crucial en este proceso de mayor visibilidad de las víctimas en el espacio público, la nueva estrategia adoptada por ETA al elegir sus objetivos considerando de manera esencial la relevancia política de los mismos. Ello contribuyó a que las nuevas víctimas tuvieran un mayor renombre público, incrementándose así el eco de los atentados a nivel informativo y el consiguiente impacto social generado.

El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un elemento clave en este proceso. La extensión temporal del drama a varios días permitió consolidar la identidad y la personalización de la víctima, contribuyendo a crear un clima emocional que propició una respuesta social sin precedentes. A partir de ese momento, fue ya difícil disociar la tragedia de los atentados de la personalidad concreta de las víctimas. Los poderes públicos se hicieron eco de este cambio de percepción social hacia la problemática de las víctimas del terrorismo, plasmándose en la Ley de Solidaridad aprobada en octubre de 1999.

Por lo que respecta a Euskadi, la reacción social surgida contra la violencia en la segunda década de los años ochenta tampoco fue ajena al fenómeno de la invisibilidad de las víctimas del terrorismo. No nació como un movimiento de solidaridad con las personas que sufrían la violencia. Fueron movimientos de respuesta y rechazo a la violencia esencialmente. De alguna manera, podemos decir que también llegamos tarde a esa solidaridad.

Bien es verdad que el propio trabajo de sensibilización y concienciación en el seno de la sociedad vasca condujo indefectiblemente al movimiento pacifista hacia las víctimas del terrorismo en pocos años, dando lugar a las primeras muestras de solidaridad y proximidad antes de que ocuparan ese espacio central que les era negado por el conjunto de la sociedad en el espacio público y en la agenda política.

Pero la desatención sufrida por las víctimas del terrorismo no fue solo específica de Euskadi. Es más, nosotros hemos hecho autocrítica en ese sentido, reconociendo los déficits que hemos tenido en relación a la actitud mantenida hacia las personas que sufrieron la violencia terrorista. Por contra, no se han oído demasiadas voces respecto a esta misma cuestión en el resto de España, siendo así que el problema de la soledad y la desatención fue común a todo el territorio español, sus administraciones públicas y su ciudadanía.

Cuántas quejas tuvimos oportunidad de escuchar desde la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco procedentes de víctimas de primera hornada, de aquellos primeros años 80. Sobre todo, entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, viudas de agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil o heridos, que se quejaban amargamente de la desatención de la que eran objeto por parte de sus propias instituciones, no solamente del Estado, de la propia ciudadanía española y, lo que aún les resultaba más doloroso, incluso de los propios cuerpos a los que pertenecían, de sus propios mandos. Quejas amargas, en ocasiones, por lo que consideraban un auténtico maltrato.

Curiosamente es un fenómeno poco conocido, pero que evidencia cuanto venimos afirmando sobre la situación de invisibilidad que afectaba en aquellos tiempos a las víctimas del terrorismo.

Es importante subrayar que la primera Administración Pública que creó un alto cargo con responsabilidad política sobre esta materia específica fue el Gobierno Vasco. No fue una mera oficina administrativa, sino una auténtica dirección política: La Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, un órgano político, con responsabilidad política para establecer una política pública en relación a las víctimas del terrorismo. Este hecho permite constatar la importancia que esta cuestión tenía, ya en aquel momento, para el Gobierno Vasco.

Tal vez pueda ser ésta una afirmación discutible o cuestionable, a tenor de otras actitudes, declaraciones o planteamientos políticos del mismo Gobierno en aquella época, pero el hecho está ahí: en diciembre de 2001, el Gobierno Vasco decide dar cabida en su estructura orgánica, en concreto, en el Departamento de Interior, a una nueva Dirección, denominada de Atención a Víctimas del Terrorismo, con capacidad para poner en marcha una política pública sobre dicho colectivo.

Por su parte, el Gobierno de España, después de los atentados de marzo de 2004 y de la llegada al gobierno de los socialistas, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, creó el Alto Comisionado de las Víctimas del Terrorismo poniendo al frente del mismo a Gregorio Peces Barba.

Me centraré fundamentalmente en la labor de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo porque es relevante para lo que nos ocupa.

Cuando se pone en marcha la Dirección, la única normativa existente en el País Vasco sobre el asunto estaba dedicada a la regulación de indemnizaciones y ayudas por daños materiales sufridos en atentados terroristas y lo que se hacía desde la oficina administrativa preexistente era colaborar con las personas afectadas en la tramitación de esas ayudas, así como las recogidas en la Ley de Solidaridad de 1999.

La primera misión asumida por Maixabel Lasa – titular de la Dirección designada por el Lehendakari Ibarretxe – y su equipo fue poner en marcha una campaña de contacto personal o telefónico con todas y cada una de las víctimas del terrorismo residentes en el País Vasco. Un trabajo esencial de establecimiento de relación personal y directa con las personas que habían sufrido directamente la violencia.

Se imprimió a la acción política un componente fundamental de cercanía, de proximidad, de empatía que además permitió a la Dirección elaborar un diagnóstico sobre la situación real de las víctimas del terrorismo en el País Vasco en aquel momento, no solo respecto a su situación material (reconocimiento de derechos, tramitación de solicitudes de pensiones u otras ayudas) sino también referido a su estado psicológico o anímico. Es decir, afloraron los sentimientos de las víctimas. Lo que pensaban y sentían en un contexto político ciertamente complicado por su marcada polarización y crispación.

Esta minuciosa labor de conocimiento tuvo una relevancia muy singular y permitió a la Dirección orientar sus actuaciones futuras, definiendo objetivos y estrategias. Así, la primera conclusión fue la constatación de lo que entonces se denominó la deuda moral histórica de la sociedad vasca y sus instituciones con respecto a las víctimas del terrorismo por tantos años de desapego, de falta de solidaridad y de abandono.

Constatado el déficit de reconocimiento sufrido por las víctimas en Euskadi, su subsanación se convirtió en el objetivo principal de la Dirección. Había que saldar aquella deuda moral histórica. Y hablamos de reconocimiento en sus diferentes dimensiones: moral, social, institucional y político.

En aquel momento, las víctimas de otros terrorismos como el protagonizado por grupos de extrema derecha, por ejemplo, gozaban de un cierto nivel reconocimiento social y, en ocasiones, sobre todo en determinados lugares, también institucional. Carecía, sí, del reconocimiento de las grandes instituciones y, lamentablemente con demasiada frecuencia, del reconocimiento legal de su propia condición de víctimas.

Por el contrario, las víctimas del terrorismo de ETA, que sí contaban con el legal, justamente carecían de cualquier otro tipo de reconocimiento.

En consecuencia, la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo puso en marcha una política cuyo objetivo era saldar esta deuda, materializándose en tres grandes actos organizados bajo la denominación “Acto institucional en reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo”, en Bilbao (2007), Donostia (2008) y Vitoria-Gasteiz (2009).

El de Bilbao tuvo la trascendencia de ser la primera vez que la sociedad vasca, representada por la inmensa mayoría de su institucionalidad, tanto pública como privada, se dio cita en el Palacio Euskalduna, para escuchar el mensaje de perdón transmitido por el Lehendakari al conjunto de las víctimas del terrorismo, representadas por los dos centenares largos presentes en el recinto.

El celebrado en Donostia fue doloroso porque apenas cuatro días antes ETA asesinó al guardia civil Juan Manuel Piñuel, en el atentado contra la Casa Cuartel de Legutiano (Álava).

Por último, el acto que tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz el 29 de noviembre de 2009 tuvo un carácter propio. Constituyó el final de un ciclo, cerrándose la etapa del reconocimiento, al considerar debidamente saldada la deuda histórica con las víctimas del terrorismo. Y, al mismo tiempo, se abría una etapa nueva, marcada por el valor de la memoria.

El Gobierno Vasco tenía entonces meridianamente clara la necesidad de impulsar desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo una política de memoria. La memoria debía pasar a convertirse en el eje central de la política sobre víctimas del terrorismo.

En aquellas fechas se había puesto en marcha ya lo que se denominó el “mapa de la memoria”, impulsando en numerosos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca la creación de espacios de memoria referidos a las víctimas del terrorismo habidas en cada uno de esos municipios y elaborando un catálogo con todos los inaugurados hasta el momento.

Con posterioridad, surgió la idea de completar la iniciativa con la creación de un Día de la Memoria. Teníamos el espacio y nos faltaba el tiempo, para poder concentrar en ese binomio de coordenadas una buena parte de lo que debía ser la política de memoria de las víctimas del terrorismo en Euskadi. Así, el 10 de noviembre fue la fecha elegida para el recuerdo en el País Vasco de todas las víctimas de todos los terrorismos.

La política de memoria tenía que pivotar sobre dos elementos fundamentales. Por un lado, la deslegitimación de la violencia terrorista. Nunca hubo justificación para las vulneraciones de Derechos Humanos vinculadas a la violencia política. Y, por otro, el carácter pedagógico que debía impregnar el ejercicio de reconstrucción del pasado en el presente, como contribución esencial a la creación de condiciones y garantías de no repetición.

Un aspecto específico de la respuesta que el Gobierno Vasco ofreció a las víctimas del terrorismo fue la apertura de sus iniciativas al conjunto de víctimas del terrorismo del resto de España. Todo lo que el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca había hecho hasta entonces en relación a víctimas del terrorismo había sido referido a las víctimas del propio territorio. Sin embargo, era evidente que, si ETA asesinaba en nombre supuestamente del pueblo vasco y para conseguir su liberación, la ciudadanía vasca, representada por sus instituciones, tenía una responsabilidad en el desmentido de dicha afirmación y una obligación de solidaridad hacia aquellas personas que habían sufrido una violencia ejercida falsamente en nuestro nombre.

Por ello, la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo puso en marcha un plan de contactos con víctimas y asociaciones de víctimas de otras partes de España, iniciando una fructífera, aunque no siempre fácil, relación con todas ellas.  Un hito de aquel proceso fue la presencia del propio Lehendakari Ibarretxe en un acto que la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo organizó en Córdoba, en 2006.

Más relevante fue la gira que la Ponencia de Víctimas del Terrorismo de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco realizó, a propuesta de la Dirección, por distintos lugares de España en los que mantuvo interesantísimos encuentros con grupos de víctimas. Estos encuentros se caracterizaron por la ausencia de formalismos paralizantes y por la actitud de escucha que mantuvieron los parlamentarios asistentes, respecto a las quejas y demandas que les trasladaron las víctimas – anónimas, en su inmensa mayoría  – que se reunieron con ellos, lejos de los focos mediáticos.

No puedo dejar de señalar tres claves que fueron importantísimas para nosotros en el trato y la relación mantenida desde el Gobierno Vasco con las víctimas del terrorismo.

En primer lugar, un respeto absoluto hacia la forma de ser, la forma de pensar y la forma de sentir de cada víctima del terrorismo, entendiendo que todas las personas viven su condición de víctima de una manera diferente, como diferentes son. Y que, por lo tanto, no hay victimas mejores o peores desde un punto de vista moral. Todas fueron iguales y merecedoras de nuestro respeto y de nuestra consideración. Procuramos huir de la creación de modelos a seguir que pudieran ser consideradas moralmente superiores. Fue una clave fundamental en nuestra actuación.

En segundo lugar, tuvimos siempre muy claro que las víctimas merecen respeto, consideración, todo el cariño del mundo, toda la solidaridad, pero no son poseedores de un plus de legitimidad a la hora de opinar en política. Tuvimos claro que los poderes públicos deben velar siempre por el interés general y no por el particular, por muy comprensible que pueda ser desde el punto de vista humano.

Por último, y sobre todo referido a los últimos tiempos de nuestra etapa en el Gobierno Vasco, tuvimos muy presente el enorme potencial que tienen las víctimas como agentes activos en los procesos de reconstrucción de relaciones sociales en una sociedad, como la vasca, transida y quebrada por la violencia de tantos años. Así, procuramos aprovechar dicho potencial, a través de diversas iniciativas, como los encuentros restaurativos, el programa de víctimas educadoras o la iniciativa Glencree, cuyo detalle no viene ahora al caso.

En definitiva, a día de hoy, teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma carece de facultad para hacer justicia y que, por ello, solo puede incidir en el ámbito de la verdad, la reparación y la memoria, la relación de los poderes públicos vascos con las víctimas del terrorismo, presenta una situación razonablemente satisfactoria.

No puedo finalizar sin dejar un par de apuntes sobre algún aspecto relevante de cara al futuro.

Sigue siendo absolutamente necesario impulsar políticas públicas de memoria que, superando el testimonialismo institucional puntual en que se ha convertido, por ejemplo, el Día de la Memoria, promuevan la participación social, con especial incidencia en las nuevas generaciones. Siempre bajo el parámetro fundamental de la deslegitimación de la violencia terrorista y la vulneración de los Derechos Humanos y la creación de condiciones de no repetición.

Un paso necesario en el camino hacia la normalización de la convivencia en Euskadi es la reorientación decidida e inmediata de la política penitenciaria, que permita a todos los presos vascos (de ETA y no de ETA) cumplir su condena en centros penitenciarios de nuestra Comunidad Autónoma o en lugares próximos a ella. Al mismo tiempo, acabar con todas las excepcionalidades legislativas en la materia, creadas en tiempos en los que la política penitenciaria también servía para combatir a ETA.

Al margen de cualquier otra consideración, hoy carecen de justificación, so pena de aceptar que apostamos por una política penitenciaria que permite, cuando no alienta, la venganza, el daño o el dolor añadido, al margen de la pena impuesta.

Por último, nuestra sociedad y nuestras instituciones tienen que incrementar su nivel de exigencia de respeto a unos valores de ética pública fundamentales. No se puede transigir con actos públicos que constituyen ensalzamiento de personas cuyo único mérito es haber pertenecido a una organización terrorista y haber cometido delitos gravísimos. No se deben permitir en espacio público y se debe exigir a los sectores políticos que los apoyan que se retracten. Esta exigencia debe ser permanente y no vinculada a valores privados de las víctimas del terrorismo, porque afectan al conjunto de la ciudadanía.

12.11.20

ARES

Hace unos días se inauguró en Vitoria-Gasteiz el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Diez años después de la aprobación de la Ley que mandató su creación, es ya una realidad. Estuvieron presentes en el acto las más altas autoridades locales, provinciales, autonómicas y de la Administración Central, con el mismo Rey en la cúspide, presidente de honor del Patronato que rige los destinos del centro inaugurado.

Con todo ese alboroto, a buen seguro muy poca gente se acordó de Rodolfo Ares.

El Consejero de Interior del Gobierno socialista de Patxi López no era un ideólogo, ni probablemente un hombre de reconocida talla intelectual. En cambio, era una persona con gran capacidad de trabajo y, sobre todo, un político extremadamente inteligente y avispado. A modo de ejemplo, cabe recordar que, sin contar con un programa electoral o de gobierno que contuviera grandes proyectos en materia de paz y convivencia, supo analizar y valorar las posibilidades que le brindó la coyuntura para extraer de ellas el máximo partido, apadrinando o protegiendo la realización de iniciativas importantes. Los encuentros restaurativos, celebrados fundamentalmente a lo largo del 2011, son un claro ejemplo.

Pero, a los efectos que nos ocupan, interesa otro ejemplo: los primeros balbuceos en la creación de un centro de la memoria en Euskadi.

En 2011, como un paso más de las políticas de memoria que se impulsaban desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, con Maixabel Lasa al frente de la misma, Rodolfo Ares tuvo sobre su mesa la propuesta de crear un órgano que gestionara las políticas de memoria en el País Vasco. Su reacción fue cauta, como era habitual en él, pero permisiva, dejando hacer.

En julio de aquel año, aceptó el reto de ir a conocer los grandes centros de Memoria de Berlín y el Memorial Democrátic de Catalunya. Ese mismo mes, las negociaciones en el parlamento español entre el PSOE y el PP (a través fundamentalmente de Antonio Hernando y Alfonso Alonso) cristalizaron en la aprobación por el Congreso de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, cuyo artículo 57 concretaba el mandato para la creación de un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que se habría de ubicar en Euskadi.

En la segunda mitad de ese mismo año, la Consejería de Rodolfo Ares promovió la constitución de una comisión de expertos, coordinada por el prestigioso historiador catalán y especialista en políticas de memoria, Ricard Vinyes, a la que se encargó la elaboración de un informe que sirviera de base para la creación del organismo que gestionara las políticas públicas de memoria en Euskadi.

Eran tiempos de circunstancias óptimas para hacer cosas en este terreno. Por primera vez en la historia de la reciente democracia, Madrid y Vitoria tenían gobiernos del mismo color político. Rodríguez Zapatero gobernaba en Madrid y Patxi López lideraba el ejecutivo vasco. Ares contaba con un marco idóneo para dar pasos coordinados. Así, se abordó la complicada tarea de imbricar el órgano encargado de la memoria referida al ámbito vasco, desde una perspectiva temporal amplia (Sublevación militar, Guerra Civil, Represión de la Dictadura, Terrorismo de ETA y otros terrorismos), con otro de ámbito estatal dedicado en exclusiva a las víctimas del terrorismo, de todos los terrorismos, en España.

No se consiguió plenamente el objetivo. En el camino quedaron discusiones y diferencias importantes entre algunos de los protagonistas del trabajo realizado. Ello derivó en una cierta ralentización del proceso de creación del instituto vasco de la memoria, pero, al mismo tiempo, permitió que Ares impulsara la colaboración con el Gobierno de España para avanzar en la creación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo previsto en la Ley.

Él fue el muñidor del Protocolo firmado ya en el mes de enero de 2012, con Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior de un PP reciente ganador de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. No pudo avanzar mucho más, porque la falta de sintonía entre ambos gobiernos se evidenció pronto, y las elecciones autonómicas de octubre de 2012 pusieron fin al gobierno de Patxi López, siendo sustituido por un PNV liderado por Iñigo Urkullu.

El resto del proceso, en lo que respecta al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, correspondió ya a otros protagonistas. Fue lento, eso es cierto, pero el resultado es ya una realidad tangible desde hace unos días.

Con sintonías y con discrepancias, fueron tres años bajo el mandato de Rodolfo Ares en la Consejería de Interior. Tres años de trabajo fructífero y honesto, caracterizado por el respeto mutuo y la lealtad recíproca. El “equipo”, como él llamaba al trío que formábamos Maixabel, Jaime y yo, pudo hacer cosas con él porque gozamos de su confianza, un elemento imprescindible en política.

Fue una de las personas cuyo impulso resultó determinante para la cristalización del proyecto que acaba de iniciar su andadura. Por eso, me parecía justo traer al recuerdo a Rodolfo precisamente ahora.

Durante el tiempo de su mandato, y a pesar, insisto, de todas las discrepancias habidas, fue posible aquello que dijo en su día Ricard Vinyes: “El mero hecho de que haya consenso sobre la necesidad de memoria es un disparo a la línea de flotación de quienes no la quieren, los que dicen que la única que se puede compartir es el dolor”.

5.6.21

Cuando rompimos el silencio con el silencio

Fue Ana Borderas quien se puso en contacto conmigo para proponerme participar en el programa. Yo conocía «Ochéntame» y me gustaba el formato. Quedamos un día en una cafetería de Madrid y me explicó su idea. El asesinato de Miguel Ángel Blanco era un episodio esencial de la década pero ella quería abordarlo a partir de lo que fue la reacción social contra la violencia en Euskadi desde sus primeros pasos, allá por la segunda mitad de los ochenta. Creía que era una historia poco conocida fuera del País Vasco y quería contarla, además de pensar que merecía la pena hacerlo.

Fue más que suficiente para mí. Imposible decir que no. Frente a quienes creen que la movilización de aquellos días de julio de 1997 fueron fruto exclusivo de la indignación popular, un estallido de rabia, algunos sabíamos que había detrás una trayectoria de concienciación y sensibilización llevada a cabo en pueblos y barrios de Euskadi durante toda una década. Un trabajo silencioso y anónimo. Persistente, tenaz, firme y de una gran convicción. Son precedentes imprescindibles para entender lo que vino después.

El resto está en estos 53 minutos de excelente documental. Un trabajo muy cuidado, respetuoso y delicado con las opiniones expresadas por todos los participantes, que fluye a través de un guion sólidamente estructurado. Creo sinceramente que merece la pena verlo. E incluso, volver a verlo.

Novéntame otra vez – Cuando se rompió el silencio (rtve.es)

Imposible contener la emoción, con el recuerdo de aquellos años, de los esfuerzos y sacrificios de tantas personas detrás de las decenas de pancartas que poblaron los rincones de nuestra Euskal Herria. Lo dijo Ana y lo ratifico:. El programa tiene mucho de homenaje a toda esa gente.

Hubo más en la larga entrevista en ese sillón tan peculiar, allá en el mes de julio. Mucho más. Pero entiendo que el relato finalizara ahí. Era ascendente y perdía mucho adentrarse en lo que sucedió con posterioridad. Llegaba el barro, con bastante miseria y no era el caso. Me encanta ese cierre: «…y la plaza no volvió a llenarse». Cada quien sabe lo que ocurrió después y es otra historia.

Quiero dar de nuevo las gracias a Ana, al Grupo Ganga y al programa Novéntame por este regalo con forma de memoria. No me canso de repetirlo cuando tengo ocasión. La memoria es identidad y no solo ayuda a entender el pasado sino que, sobre todo, nos proyecta sobre el futuro. Hay valores sobre los que seguir construyendo convivencia y ciudadanía. Y muchos de ellos estaban detrás de esas pancartas.

30.3.21

El reconocimiento a las víctimas del terrorismo en Madrid: ¿Desidia o incapacidad?

Martes festivo, último día del puente de la Constitución. Paseo por Madrid en una mañana soleada y fría. Voy hacia el norte, más allá de Canal y llego hasta el cruce de la avenida Pablo Iglesias con San Francisco de Sales. Opto por bajar desde ahí hacia la plaza Cristo Rey. Paso junto a la Dirección General de la Guardia Civil y recuerdo que no había estado por allí desde febrero del año pasado, cuando el Ayuntamiento, gobernado por Manuela Carmena, colocó la placa que recuerda a Jaime Bilbao Iglesias y Luis Delgado Villalonga, víctimas de un cruel atentado terrorista que ETA cometió el 22 de noviembre de 1988. Busco el lugar donde está instalada la placa y saco una foto de la misma.

Recuerdo bien aquellos últimos meses de la legislatura, de actividad febril en la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento, aunque han ocurrido tantas cosas y tan extraordinarias en este tiempo, que parece un siglo lo que ha transcurrido desde entonces.

Observando la placa, me ha venido a la cabeza la docena larga de mociones que el PP presentó ante las Juntas de Distrito del Ayuntamiento de Madrid, a lo largo del último trimestre de 2018 y los primeros meses de 2019. En ellas, urgían la colocación de las placas previstas para recordar a todas las víctimas de todos los terrorismos habidas en Madrid en las últimas décadas.

Una tras otra, las mociones fueron tratadas en los plenos de Distrito – aprobándose, como no podía ser de otra manera – a pesar de que, en aquellas fechas, ya se había iniciado el proceso de colocación de las mencionadas placas. Pero los representantes populares debieron entender conveniente meter presión política al gobierno municipal.

Con el impulso de la Oficina de Memoria del Ayuntamiento, y en colaboración con las Juntas de Distrito, conseguimos colocar 17 placas en aquellos meses, antes del final de la legislatura. La primera de ellas, el 22 de octubre de 2018.

Leía esta mañana los nombres de Jaime Bilbao y Luis Delgado y recordaba las conversaciones que mantuve con las familias de ambos para concretar la fecha y los pormenores del acto de colocación de la placa, mientras pensaba en todo ello.

541 días lleva el Partido Popular en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Sí, aquellos que urgían y presionaban políticamente con sus mociones para que se colocaran cuanto antes las placas a las víctimas del terrorismo. Pues bien, en todo este tiempo, no han colocado ni una sola. Cero.

Y veamos: Si es desidia, una vergüenza la magnitud de su hipocresía. Y si es incapacidad, no quiero ni pensar que su ineficacia pueda extenderse al resto de su gestión en el ayuntamiento. Elijan ustedes.

Más Madrid ya lo denunció hace un mes y medio en un pleno del Ayuntamiento, a través de su concejala Marta Gómez, pero no parece que se hayan inmutado los responsables políticos de la gestión municipal. Tenían 13 placas en el almacén municipal dispuestas para ser colocadas cuando tomaron posesión. Y 47 más fueron recibidas en diciembre del año pasado, según afirmó el Director General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento. No hay disculpas, pues. Ni reacción.

Como suele ocurrir con demasiada frecuencia, el PP volvió a utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo. Ahora se hace evidente que sus urgencias de entonces se han tornado en desidia o incapacidad.

Tampoco parece que ninguna asociación de víctimas del terrorismo, otrora vigilantes y demandantes para el efectivo cumplimiento del acuerdo municipal de colocación de las placas, haya alzado la voz por esta incomprensible demora. Curioso, cuando menos. O no tanto, a juzgar por el alborozo con el que alguno de sus dirigentes recibió el cambio en el gobierno municipal.

Todo muy triste.

8.12.20

¿Por qué languidece el Día de la Memoria en Euskadi?

Noviembre del año 2009. El Gobierno Vasco, entonces liderado por el Lehendakari socialista Patxi López, ponía en marcha en Vitoria-Gasteiz el III Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, cerrando así el ciclo iniciado en 2007 en Bilbao, pasando por Donosti, 2008.

En Bilbao comenzó una difícil pero necesaria travesía hacia el reconocimiento moral, social y político de las víctimas del terrorismo. En aquella primera ocasión, la sociedad vasca asumió una deuda pendiente y las instituciones, en su nombre, empezaron a saldarla. Se pidió perdón a las víctimas por el abandono sufrido durante muchos años y se formalizó una promesa que nos comprometía a todos, de cara al futuro: Nunca más, una víctima del terrorismo sin el reconocimiento de la sociedad vasca.

El acto de San Sebastián, un año después, sirvió para dar carta de naturaleza a otro principio básico en la deslegitimación del terrorismo: No hay causa ni razón que justifique la utilización de la violencia para la consecución de objetivos políticos.

Y, por fin, en Vitoria, se cerraba una etapa, al tiempo que se iniciaba otra. El esfuerzo social e institucional debía encaminarse entonces a materializar uno de los derechos proclamados en la recién aprobada Ley Vasca de las Víctimas del Terrorismo: la memoria.

La memoria, el recuerdo de lo acaecido, era, sin duda, el mejor reconocimiento que la sociedad vasca y sus instituciones podían prestar a las personas que habían padecido la lacra de la violencia terrorista.

Entendíamos que, en consonancia con las corrientes doctrinales más consolidadas en materia de derecho internacional humanitario, la memoria constituía un derecho primordial de las víctimas de vulneraciones graves de derechos humanos y, por ello, también del terrorismo.

Así mismo, como patrimonio y recurso moral al servicio de la ciudadanía, la memoria nos permitía avanzar y afianzar un relato más humano y genuino de lo ocurrido, desde la visión de la víctima. Constituía una condición básica para una convivencia más justa y libre.

En aquel acto de noviembre de 2009, La Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo presentó el Mapa de la Memoria, recogiendo la totalidad de los espacios de memoria que se iban creando a lo largo y ancho de la geografía vasca, allá donde se habían cometido atentados terroristas con víctimas mortales.

Apenas unos meses más tarde, entendimos que teníamos el mapa de la memoria como concepto espacial, pero nos faltaba el temporal y así surgió la idea del Día de la Memoria. Una fecha en la que convergieran todos los recuerdos de las víctimas y – siguiendo a Reyes Mate – abriéramos “los expedientes que la historia y el derecho daban por definitivamente cerrados, porque la memoria no se arruga ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia”. Lo importante era reconocer la actualidad de la injusticia cometida.

La propuesta elaborada para la instauración de esta conmemoración decía así:

“El Día de la Memoria es un ejercicio práctico y sostenible de memoria incluyente. Complementa el Mapa de la Memoria, pero trasciende su sentido. Cuando, por fin, acabemos de trazar el dibujo definitivo, la memoria no se agotará por ello.  El recuerdo y la memoria de las víctimas inocentes seguirán siendo reivindicados a lo largo de esa jornada, y ya todos los años, siempre, como un hito importante de nuestro calendario político y moral. Una fecha que nos recordará lo que ha ocurrido y lo que, jamás, puede volver a ocurrir. Ese es el objetivo y el significado del DÍA DE LA MEMORIA.”

A través de esta iniciativa, se pretendía que, a lo largo de esa jornada, las instituciones vascas y la sociedad, en su conjunto, celebraran actos conmemorativos y otras actividades, con el objetivo de recordar a las personas asesinadas por la violencia terrorista. Y subrayo que el compromiso afectaba al conjunto de las instituciones vascas y a la propia sociedad.

La propuesta recogía actividades simbólicas apropiadas a la relevancia de la conmemoración pretendida. Así, se mencionaba la aprobación de bandos municipales por los alcaldes de los ayuntamientos vascos, llamando al pueblo a participar en los actos que se celebraran; plenos extraordinarios en Parlamento Vasco y Juntas Generales, en los cuáles se aprobara la declaración institucional previamente consensuada; un acto central solemne en el parlamento, con presencia de víctimas; ofrendas florales en todos los espacios de memoria erigidos en el País Vasco; y – ¡atención! – participación de los centros escolares en las actividades de distinto signo que pudieran desarrollarse en cada municipio. Se decía, literalmente:

Memoria y educación son dos condiciones que hacen del ser humano un ser más sensible, más responsable y más libre. Por ello, se propone invitar a los centros escolares a que lleven a cabo  este día iniciativas que faciliten la reflexión en torno a lo que significa la memoria en el País Vasco y los retos que impone a las nuevas generaciones y, estimulen asimismo, su participación en las actividades de distinto signo que puedan desarrollarse en cada municipio.”

El elemento clave del planteamiento realizado era la implicación social en las actividades organizadas, de tal manera que se pusiera de manifiesto y cobrara sentido el carácter pedagógico de las políticas de memoria.

Pues bien, finalmente, en noviembre de 2010, nació el Día de la Memoria en Euskadi, después de suscribirse un acuerdo interinstitucional para su celebración que, como casi todo en este país, costó lo suyo.

El compromiso asumido se concertó así:

PRIMERO.- Celebrar cada 10 de NOVIEMBRE, el DÍA DE LA MEMORIA.

SEGUNDO.- Promover que durante esta jornada las diferentes instituciones aprueben una declaración institucional con motivo de la celebración.

TERCERO.- Realizar durante esta jornada ofrendas florales en todos aquellos lugares de la Comunidad Autónoma Vasca donde se recuerde y se honre la memoria de las víctimas inocentes.

Desde aquella primera edición, la polémica y el desencuentro han constituido una constante año tras año. Sin duda, ello ha contribuido notablemente a la progresiva irrelevancia del acontecimiento.

Este 2020 apenas puede guarecerse tras la excusa de la pandemia. Ya hace unos años que la celebración se reduce a una ofrenda floral solemne pero muda en el parlamento vasco y algunos actos simbólicos en localidades como Bilbao, Donosti, Getxo, Barakaldo, Portugalete y algún otro más, de marcado carácter institucional, visible en la participación en los mismos.

Más allá de lo que pretendió ser esta conmemoración en su origen, la situación actual me suscita algunas reflexiones en forma de interrogantes: ¿Un acto solemne y exclusivamente institucional que pasa desapercibido para la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, es una herramienta adecuada para una auténtica política de conmemoraciones? ¿Por qué no se busca la implicación de la sociedad, a través de los distintos pueblos y lugares donde hay espacios de memoria? ¿Preocupa esta cuestión a la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL? ¿Por qué no se dinamizan actividades que permitan la implicación social, especialmente del ámbito educativo? ¿Qué falla en las políticas de memoria en Euskadi para que se renuncie a una oportunidad tan valiosa y significativa como ésta para hacer pedagogía?

Se antoja imprescindible superar el testimonialismo institucional puntual en que se ha convertido el Día de la Memoria, y buscar la participación social en los procesos de memoria, con especial incidencia en las nuevas generaciones. Siempre bajo el parámetro fundamental de la deslegitimación de la violencia terrorista y la vulneración de los DDHH y la creación de condiciones de no repetición.

Diría que la polémica surgida en torno a la inclusión en la conmemoración oficial de las llamadas víctimas de «abusos policiales», no ha hecho sino brindar una tranquilizadora excusa a algunos para permanecer impasibles e indiferentes ante el proceso en el que languidece dicho acontecimiento.

Dicho de otra manera, empieza a parecer un preocupante reflejo de la actitud desentendida de una gran parte de la sociedad vasca que ya presentó síntomas similares cuando la violencia campaba entre nosotros.

O, tal vez, algunos ya intuyen que las imágenes que puede devolver el espejo de la memoria no son incómodas solo para quienes practicaron o justificaron la violencia. También para los silentes.

Y entonces, me acuerdo de la lluvia de Vichy sobre Euskadi de la que hablaba Ana Rosa Gómez Moral en un, nunca mejor dicho, memorable artículo, hace ya seis años.

 

10.11.2020

 

 

 

Un ejercicio curioso.

La semana pasada se debatió en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, una Proposición No de Ley sobre memoria histórica y democrática, presentada por Unidas Podemos. Vaya por delante que tanto el momento elegido como su contenido me parecieron muy desafortunados.

El momento, porque estamos en vísperas del gran debate sobre memoria democrática que se suscitará en el parlamento, con ocasión del trámite del Proyecto de Ley impulsado por el Gobierno y carecía de sentido plantear una propuesta en la que se insta a éste a promover iniciativas directamente relacionadas precisamente con el contenido del texto legal. Parece razonable reservar fuerzas y argumentos para el momento clave y no perder energías en fuegos de artificio de carácter meramente simbólico. Aparte de la incongruencia que supone solicitar algo que ya se está promoviendo desde el propio gobierno, tratándose de uno de los grupos políticos que forman parte del mismo. No parece lógico hacer usar una PNL cuando se tiene el BOE.

Y el contenido, porque se tomó como hecho justificativo de la propuesta la situación creada en torno al memorial del cementerio de La Almudena, en Madrid, en reconocimiento a las personas allí fusiladas entre abril de 1939 y febrero de 1944, proponiendo que el Gobierno de España tome la iniciativa para erigir otro memorial en el mismo cementerio. Tal pretensión supone abandonar el conjunto escultórico promovido por el Gobierno municipal de Ahora Madrid, con Manuela Carmena al frente del mismo y Mauricio Valiente, de su Oficina de Derechos Humanos y Memoria.

Y lo cierto es que el actual gobierno municipal del PP y Ciudadanos no ha destruido el citado memorial, sino que lo resignificó. Eso quiere decir que tiene vuelta atrás y creo que no debemos renunciar a un proyecto muy querido por los familiares de las víctimas. Muchos no deseamos otro; queremos ése, con su sentido y su significado original y lo seguiremos reivindicando.

Pero el motivo de estas líneas no tiene que ver directamente con el objeto de la propuesta planteada.

Ocurrió que, escuchando con interés el debate de la Comisión Constitucional, me llamaron la atención dos intervenciones en particular. No por novedosas pues, casi todos los alegatos de los representantes políticos fueron previsibles, a tenor de las ya conocidas posiciones que mantienen en relación al objeto de la iniciativa, sino porque me sugirieron un experimento muy estimulante, que les propongo a ustedes ahora.

Les dejo el vídeo de ambas intervenciones y les pido que los escuchen con atención, pero atendiendo a la sugerencia que les hago.

1.- Cada vez que la portavoz de Bildu hable de Franco y el franquismo, sustitúyanlo mentalmente por ETA y el movimiento de apoyo a dicha organización.

2.- Y cuando escuchen a la representante del PP hablar de su rechazo de la memoria y sus facultades para generar división e ir contra la reconciliación, piensen que lo está haciendo respecto de la memoria de ETA y las víctimas provocadas por su terrorismo.

Luego, saquen sus propias conclusiones.

La mía es que ojalá realizaran los propios intervinientes el ejercicio propuesto. ¿Quién sabe? A lo mejor la reflexión suscitada traía algo bueno para esta sociedad.

28.9.20