La coherencia moral en cuestiones de memoria.

Desde que el 22 de abril de 2007 se celebrara en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el I Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, organizado por el Gobierno Vasco, las instituciones vascas fueron sumándose progresivamente al proceso de reconocimiento social y político debido a las víctimas del terrorismo en Euskadi. En los años siguientes, numerosos ayuntamientos fueron sumándose a la conformación del denominado “mapa de la memoria”, consistente en pequeños espacios o símbolos físicos que recordaban la injusticia de los atentados terroristas en las personas de sus víctimas mortales, habidos en cada municipio. Placas, esculturas, cuadros, árboles, nombres de calles…Todo quedó recogido en una publicación que fue distribuida entre los asistentes al III Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje que el propio Gobierno Vasco celebró el 29 de noviembre de 2009, esta vez en Vitoria-Gasteiz y con Patxi López de Lehendakari. En el preámbulo de la mencionada publicación escribía Maixabel Lasa, Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo:

Las ciudades y los pueblos vascos van convenciéndose de que recordar el pasado es condición imprescindible para construir un futuro en paz y libertad. Cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio ofrecido por estos desde ser conocido y reconocido por las nuevas generaciones como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que no están entre nosotros”.

Apenas unos meses más tarde, desde el Gobierno Vasco algunos entendimos que teníamos el mapa de la memoria como concepto espacial, pero nos faltaba el temporal y así surgió la idea del Día de la Memoria. Una fecha en la que convergieran todos los recuerdos de las víctimas y – siguiendo a Reyes Mate – abriéramos “los expedientes que la historia y el derecho daban por definitivamente cerrados, porque la memoria no se arruga ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia. Lo importante era reconocer la actualidad de la injusticia cometida.

La elección de la fecha concreta vino determinada, en cierto modo, por el azar, al designar un día libre de la marca trágica de víctimas mortales por terrorismo: el 10 de noviembre.

Este año la fecha ha sido ocupada por la cita electoral, por lo que su celebración se ha trasladado a otros días posteriores. El Partido Popular del País Vasco, que mantiene diferencias con el resto de partidos, por defender la exclusividad de este día para el recuerdo a las víctimas del terrorismo y no a otras víctimas de violaciones de derechos humanos (polémica en la que no entro ahora para no desviar la atención del objetivo de este artículo) llevó ayer, día 11, su acto al mismo lugar donde viene celebrando esta fecha desde hace ya unos años: El memorial a las víctimas del terrorismo que el gran escultor vasco, Agustín Ibarrola, erigió en Vitoria-Gasteiz, en el año 2003.

Esta foto, es de ayer mismo, 11 de noviembre de 2019 y ha sido publicada en el diario “El Correo”.

Fue un acto de memoria a las víctimas del terrorismo, a TODAS las víctimas del terrorismo. El memorial consiste en una pequeña colina sobre la que se hallan colocadas unas losetas, cada una de las cuáles tiene inscrito el nombre de una víctima, salpicadas por el dibujo del anagrama que el escultor creó para el colectivo de víctimas del País Vasco.

Sin duda alguna, Agustín Ibarrola, al igual que los colectivos y asociaciones de víctimas del terrorismo, era plenamente consciente del valor de la individualización del recuerdo. La personalización y nominalización de las víctimas constituye un elemento esencial de la finalidad reparadora del memorial, al tiempo que brinda a cada familia la posibilidad de contar con un espacio pequeño, pero propio, en el ejercicio de memoria al que tienen derecho.

Pues bien, la inclusión de todas las víctimas del terrorismo en este memorial hace que en el mismo haya nombres como Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez, asesinados por ETA, al lado de otros como José María Etxaniz Maiztegi, Sabino Etxaide Ibarguren o Rafael Goikoetxea Errazkin, asesinados por el GAL y a quienes el gobierno de España no les concedió la indemnización complementaria que establecía la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011 por su presunta pertenencia a ETA. Hay más, son solo un ejemplo.

También aparece el nombre de Melitón Manzanas, guardia civil asesinado por ETA, cuya condición de torturador era bien conocida en la época. Curiosamente comparte espacio memorial con José Luis López de Lacalle, también víctima de ETA y víctima, a su vez, en vida, de las torturas del propio Melitón Manzanas, como recuerda Mª Paz Artolazabal en la conversación que mantiene con Maixabel Lasa en el impagable documental “Zubiak”, de Jon Sistiaga.

En definitiva, tenemos un memorial con los nombres de las víctimas, donde no se ha purgado a nadie por haber sido victimario en vida. Ni presuntos torturadores, ni presuntos terroristas han sido censurados, porque ha prevalecido su condición de víctimas, al haber sido injustamente asesinados todos ellos.

El Partido Popular del País Vasco no tiene problemas éticos para reconocer el memorial de Ibarrola como la mejor referencia para celebrar en él el Día de la Memoria en Euskadi. Nadie promueve escándalos porque convivan los nombres que he citado anteriormente. Nadie cuestiona su condición de víctimas y, por tanto, el derecho a la memoria de sus familiares y del conjunto de la sociedad. Todas unidas por la injusticia de su asesinato, que es precisamente lo que les confiere la condición de víctimas. Por cierto, administrativamente reconocidas la mayoría (presuntos miembros de ETA incluidos) por el gobierno del Partido Popular con Aznar de Presidente, al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999.

En el pasado mes de julio, el gobierno municipal de Madrid, del Partido Popular, con su alcalde Martínez Almeida al frente y el apoyo de Ciudadanos, su socio de gobierno, tomó la decisión de paralizar la construcción del memorial en recuerdo de las casi tres mil personas que fueron fusiladas por la dictadura militar de Franco en las tapias del cementerio de la Almudena, entre abril de 1939 y febrero de 1944. Todas ellas, a consecuencia de consejos de guerra celebrados sin las más elementales garantías procesales, como es unánimemente reconocido por historiadores y juristas.

Ahora han decidido continuar las obras, pero pervirtiendo por completo el sentido del memorial proyectado. Por un lado, eliminando los nombres de las víctimas que iban grabados en placas de granito que recubren los muros del conjunto artístico. Y, por otro destinándolo no al recuerdo de las personas allí fusiladas por la dictadura, como estaba previsto, sino al de todas las víctimas de la violencia política habida en Madrid entre 1936 y 1944.

En su día, sectores de la derecha política madrileña, en complicidad con algunos medios de comunicación afines, provocaron la polémica sobre la que el PP justifica ahora su decisión. No están dispuestos a que figuren en el memorial los nombres de trescientos presuntos “chequistas”. Rechazan como víctimas a quien, presuntamente, fueron victimarios en vida.

El Partido Popular acepta el reconocimiento como víctimas y defiende la memoria de aquellas personas que fueron injustamente asesinadas, más allá de su eventual condición de presuntos autores de execrables delitos en vida, si se trata de víctimas del terrorismo, pero no cuando se trata de víctimas de la dictadura militar franquista. Esta actitud apunta a hipocresía moral.

Emplazo a mis amigos del PP vasco a que ilustren a sus correligionarios madrileños respecto de este tipo de cuestiones morales, en beneficio de la vergüenza y la decencia y para que no se cometa la tropelía de privar a los familiares de las personas fusiladas por la dictadura franquista en el cementerio de la Almudena – pero también al conjunto de la sociedad madrileña – de un espacio de memoria digno, similar a los que se promueven merecidamente para otras víctimas de otras violaciones de derechos humanos (terrorismo), con el mismo derecho.

Coherencia moral obliga. Caso de seguir con los planes anunciados, el gobierno municipal de Madrid del Partido Popular y Ciudadanos cometerá una lamentable y penosa injusticia con las víctimas de la dictadura militar de Franco que fueron asesinadas en el cementerio de la Almudena, las cuales sufrirán una nueva victimización, a añadir a los ochenta años de olvido y abandono.

Porque recordar el pasado es condición imprescindible para construir un futuro en paz y libertadY porque cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio ofrecido por estos desde ser conocido y reconocido por las nuevas generaciones como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que no están entre nosotros.

PS: Advertencia para quienes van permanentemente con la balanza contrapesando víctimas de uno y otro bando, porque no son capaces (o no quieren) hablar de unas sin las otras: Cuanto afirmo en este artículo es aplicable a cualquier tipo de víctimas de violaciones de derechos humanos. En lo tocante a DDHH, no hay color político que justifique su vulneración.

12.11.19

Señorías: ¿Viva la muerte?

Avenida de la Inteligencia. Hay que reconocer que suena bien. El 13 de julio de 2016, el Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, aprobó un informe con la primera parte del plan de revisión del callejero de la capital, que incluía el cambio de los nombres de 27 calles. Una de ellas, la calle general Millán Astray. Se proponía en su lugar “Avenida de la Inteligencia”.

Aquéllo parecía una suerte de justicia poética en relación al conocido incidente protagonizado por el citado Millán Astray y don Miguel de Unamuno, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, en el que el militar profirió aquel grito tan suyo de ¡Viva la muerte!, seguido de ¡Muera la inteligencia! El referido informe del Comisionado así lo justificaba, sin disimular con sutilezas: “Es propuesta de este Comisionado que quede en la palabra ‘inteligencia’ recuerdo de aquel suceso resuelto con arrojo por quien fue protagonista de uno de los hechos cívicos más ejemplares de que se guarda memoria en la historia reciente de España“.

Sin embargo, meses después, cuando el Comisionado elevó su propuesta definitiva de revisión del callejero, hizo desaparecer el sugerente “Avenida de la Inteligencia”, sustituyéndolo por el también meritorio de “Maestra Justa Freire”. La parte positiva del cambio fue el reconocimiento a la trayectoria de la discípula de Ángel Llorca y, con él – y algunos más -, al trabajo que tantas maestras y maestros realizaron poniendo en práctica las directrices pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza en la escuela pública durante el primer tercio del siglo XX. Su entrada en el callejero madrileño fue un soplo de aire fresco en el mismo. Bien está que quedara así, aunque se perdiera ese punto de osadía que suponía contraponer el valor de la inteligencia a aquellos otros que encarnaba un personaje como Millán Astray.

Sobre el personaje, Paul Preston escribió en Las tres Españas del 36 (Barcelona, 1998) lo siguiente: “José Millán Astray fue, quizá, la persona que más influencia ejerció en la formación moral e ideológica de Francisco Franco. (…) En él (Tercio de Extranjeros) institucionalizó y evangelizó los valores brutales y embrutecedores con que Franco libró y ganó la Guerra Civil española. Contribuyó al auge de la fama de Franco nombrándole su segundo jefe y comandante de campo de una fuerza pronto celebrada por su eficacia y su valentía. (…) Durante la Guerra Civil creó y divulgó incansablemente la imagen de Franco como salvador invencible. Más concretamente, su participación fue de vital importancia en las maquinaciones de la última semana de septiembre, mediante las cuáles Franco ascendió al puesto de jefe del Estado”.

Hay que recordar que Millán Astray fue el impulsor del Tercio de Extranjeros, más conocido como Legión Española, cuerpo militar creado en enero de 1920 y del que fue su primer jefe. Dos años antes, para conseguir convencer a los políticos de la conveniencia de esta iniciativa, el militar empleaba un argumento tan persuasivo como éste: “Si son españoles los que se alistan en el cuerpo que ha de constituirse, lo harán con gusto; si son extranjeros los que acuden, servirán doblemente, ya que se dispone de un soldado y se ahorra un español”. Una vez creado el cuerpo, nombró a su amigo Francisco Franco como segundo jefe del mismo.

El gran escritor Arturo Barea, que sirvió en el Ejército marroquí en los años veinte del siglo pasado, relató en su extraordinaria novela La forja de un rebelde (Londres, 1940-1945) cómo Millán Astray “rugía, sollozaba y gritaba; escupía a la cara de estos hombres toda su miseria, su vergüenza, su suciedad, sus crímenes, y luego los arrastraba, en una furia fanática, hacia la caballerosidad, a renunciar a toda esperanza salvo la de una muerte que borrara las manchas de su cobardía con el esplendor del heroísmo”.

El mismo Barea, en otra de sus obras, La lucha por el alma española (Londres, 1941), cuenta que cuando atacaba el Tercio “no reconocía límites a su venganza. Cuando abandonaba un pueblo, no quedaba más que incendios y los cadáveres de hombres, mujeres y niños. Así, fui testigo ocular de la destrucción total de los pueblos del Beni Arós en la primavera de 1921. Cuando se asesinaba a un legionario en una marcha solitaria por el campo, se degollaban a todos los hombres de los pueblos vecinos, a no ser que se presentara el asesino”.

Llegado el 18 de julio de 1936 y enterado Millán Astray de la sublevación militar, que le pilla en Argentina, cogió un barco de inmediato y se puso a disposición de su gran amigo Franco. Apenas bajó al muelle en Cádiz, pronunció un discurso en el que reconoció haber regresado a España tras oír el grito “¡A mí la Legión!”, como recogieron los diarios de la época (ABC entre ellos). Acompañó a Franco en Sevilla el 15 de agosto, junto a Queipo de Llano, en el acto de adopción de la bandera monárquica, frente a la tricolor de la República.

En los meses siguientes, por encargo del mismo Franco, desarrolló una frenética actividad propagandística, aprovechando su encendida retórica y su histrionismo. Como recuerda Guillermo Cabanellas (Cuatro generales. Planeta. Barcelona, 1977), solía destacar siempre la importancia vital de la Legión y ponía fin a sus arengas con un ¡Viva la muerte!

En su obra anteriormente citada, Preston subraya la influencia que Millán Astray tuvo en el proceso de designación de Franco como comandante en jefe de las fuerzas militares sublevadas primero y jefe de Estado después. “Cuando después de la primera reunión de los generales, celebrada el 21 de septiembre cerca de Salamanca, resultó claro que el alto mando dudaba, Millán se creyó en el deber de hacer entender cuánto se necesitaba a Franco, el deber tanto de generar como de expresar la presión popular. Personificó, sobre todo, la resolución de la Legión, con la que estaba irrevocablemente vinculado, de que a Franco lo nombraran jefe único”.

Sobre el ya citado incidente en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, durante el acto de la celebración del día de la Raza, con el ínclito don Miguel de Unamuno, no me extenderé, pues se han vertido ríos de tinta y, aún hoy, algunos mantienen dudas respecto a la veracidad de la versión más extendida de cuanto allí aconteció. Baste decir que, tal vez, a no mucho tardar, esta controversia sea vista con nuevas y definitivas luces.

Lo cierto es que, en el año 1969, el Ayuntamiento de Madrid debió descubrir que los generales Saliquet y Millán Astray, figuras señeras de la autodenominada cruzada nacional, carecían de honores y reconocimientos suficientes y acordes a sus méritos. Para subsanar este déficit, entendieron los munícipes franquistas que debían ser honradas con el nombre de una calle en la capital del Estado. Así se indicaba expresamente en el escrito en el que se solicitaba dicha designación:

Veo como se van poniendo a las calles nombres de personas que se han distinguido por algo, escritores como últimamente Menéndez Pidal, González Ruano, pero (mucho menos) generales, unos más distinguidos que otros, etc. Es raro que Millán Astray no tenga su nombre en alguna de ellas y el general Saliquet, primero que entró en esta capital al liberarse por su ejército del centro.

Y así se tramitó el correspondiente expediente municipal.

En el Pleno del 30 de junio de aquel año de 1969, se aprobó finalmente el otorgamiento de los nombres de las calles al general Saliquet y al general Millán Astray.

Y así ha sido hasta que el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de 4 de mayo de 2017 aprobó el Plan de revisión del callejero de la ciudad propuesto por el Comisionado de Memoria Histórica, que suponía la retirada del nombre de la calle general Millán Astray por la de calle Maestra Justa Freire.

Algunos admiradores y seguidores de la figura del militar que apoyó de manera tan efusiva y entusiasta a Franco en los primeros meses de la Guerra Civil, en las importantes tareas de comunicación propaganda, promotor principal del grito ¡Viva la muerte! y autor del exabrupto ¡Muera la inteligencia!, han ejercido su legítimo derecho de acudir a los tribunales de justicia para intentar revocar el referido acuerdo municipal y devolver al general Millán Astray el honor de formar parte del nomenclátor madrileño.

Esta iniciativa ha pretendido ofrecer una imagen beatífica del general, minimizando hasta la irrelevancia más absoluta su apoyo a la causa de la sublevación militar y al propio Franco y su participación en las tareas propagandísticas. Además, se refugian en el argumento de que el otorgamiento del nombre a la calle data de mediados de los años veinte y, por tanto, su justificación tiene que ver con los méritos militares de Millán Astray anteriores a los hechos en que se basa la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Como hemos señalado anteriormente y puede comprobarse en el expediente municipal que obra en el Archivo de la Villa de Madrid, la aprobación del nombre de la calle general Millán Astray se lleva a cabo en 1969. Los defensores del militar intentar confundir con la alusión a una pequeña plaza que ciertamente existía con el nombre del militar desde mediados de los años veinte, situada en diferente lugar. De hecho, era tan “insignificante” que el Ayuntamiento decidió suprimirla para conceder al general una calle de similar importancia a la que tenían otros generales franquistas en la zona (Fanjul, Romero Basart, etc.), adoptando tal acuerdo de supresión en el mismo expediente tramitado en 1969.

A día de hoy, son los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quienes tienen en su mano la decisión sobre el futuro nombre de la calle: retomar los valores que encarna el fundador de la Legión (declarando que su nombre no constituye exaltación de la sublevación militar ni de la Guerra Civil) o respetar la decisión municipal, respaldando la modernización de los valores recogidos en el nomenclátor de la capital, llevada a cabo por el Ayuntamiento en la legislatura anterior y expresados, en este caso, por la Maestra Justa Freire y todo lo que ella representó.

Parece mentira, pero así estamos.

 

15.9.19

El final de los agravios comparativos entre víctimas del terrorismo.

Acaba de hacerse pública la noticia del fallo emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a la indemnización que la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, prevé para éstas, declarando no ser contraria a derecho la denegación de dichas indemnizaciones por parte del Estado Español a familiares de víctimas que pertenecían a organizaciones terroristas.

Se da la circunstancia, como bien explican algunos de los medios que han tratado la noticia con un cierto rigor, de que no se trata de cuestionar el reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo de dichas personas, pues esta circunstancia ya fue resuelta conforme a la Ley de Solidaridad de 1999 y muchas de ellas ya ostentaban esa condición de víctimas, habiendo además percibido por ello, las cantidades que dicha norma legal asignaba en concepto de indemnización a todas las víctimas legalmente reconocidas como tales.

Una de las novedades que incorporó la Ley de 2011 respecto de la de 1999 fue precisamente la actualización al alza de las cantidades concedidas en concepto de muerte o incapacidad, entendiendo que las cuantías de 1999 habían quedado un tanto raquíticas, a la vista de las responsabilidades civiles que la Audiencia Nacional venía fijando en las sentencias dictadas en casos de terrorismo y cuyo abono correspondía al Estado, precisamente en virtud del mecanismo de subrogación que traduce el principio de solidaridad inspirador de la Ley.

En el fondo, latía también la idea de equiparar en lo posible las cantidades percibidas por las víctimas, en aras de un principio de igualdad cuya ausencia ha generado siempre notable inquietud en el mundo de las víctimas y sus asociaciones.

Lo cierto es que la reciente resolución del TEDH viene a pronunciarse únicamente sobre aquello que le fue cuestionado y que consistió en determinar si la resolución denegatoria de la indemnización por parte de la administración central, basándose exclusivamente en informes policiales para determinar la pertenencia a banda armada u organización terrorista, vulneraba el principio de presunción de inocencia o no. Y lo hace concluyendo que no, con lo cual valida la actuación administrativa. Se acabó pues el camino judicial para conseguir un objetivo que, se mire como se mire, era y es loable y plausible: respetar el principio de igualdad y no establecer agravios comparativos en el tratamiento que el Estado debe brindar a todas las víctimas del terrorismo. En este caso, a sus familiares.

La cosa tiene bemoles, si tenemos de nuevo en consideración la paradoja que ya hemos mencionado anteriormente. Muchos de estos familiares ya percibieron la cantidad que les correspondía conforme a la legislación de 1999. Cabe preguntarse: Si se les trató igual entonces ¿por qué se les discriminó después? ¿Qué cambió entre 1999 y 2012?

Reparemos en el proceso seguido para llegar a este frustrante resultado final.

La Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo fue aprobada por la totalidad de los grupos políticos del Congreso, a excepción de la única diputada de UPyD. El esfuerzo de consenso realizado por todos los partidos políticos fue digno de admiración y estuvo a la altura del fin perseguido.

Sin embargo, unos meses después, tras las elecciones generales que otorgan al Partido Popular la mayoría absoluta, el gobierno de Rajoy cuela por la puerta de atrás que supone el cajón de sastre de la Ley de Presupuestos, una modificación de la mencionada Ley 29/2011. Eso sí, se esfumó el esfuerzo de consenso con todos los grupos políticos realizado para la aprobación del texto legal. En esta ocasión solo contaron con el PSOE, que apoyó la iniciativa. Un apoyo, por cierto, que tal vez hayan lamentado después, a la vista de los resultados.

Para constancia de los interesados, esta modificación se llevó a efecto a través de la Ley 17/2012, de 27 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, Disposición Transitoria decimoséptima, que introduce un nuevo artículo 3 bis de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre que guarda relación, a su vez, con los artículos 2, 3 y 8 del Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre indemnizaciones a las víctimas de Delitos violentos, hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983 (BOE, número 312, sábado 29 de diciembre de 2001).

¿Por qué no estuvo esta cuestión encima de la mesa de quienes pactaron con tanto esfuerzo y denuedo el contenido de la Ley, antes de julio de 2011? ¿Qué circunstancia nueva ocurrida entre esa fecha y junio de 2012, pudo justificar una iniciativa que contravenía actuaciones precedentes de la propia administración del estado, la cual había indemnizado ya a esos mismos familiares de víctimas? Es difícil encontrar una explicación confesable, tratándose de una administración, que debe respetar el principio de interdicción de la arbitrariedad, contemplado en el artículo 9.3 de la Constitución.

Pero, con todo, y llegado el punto en que nos encontramos, con el agotamiento de la vía judicial, hay otra circunstancia en este asunto, que merece atención.

La reforma legal de la que venimos hablando se limita, en lo que afecta al tema aquí tratado, a establecer la aplicabilidad de lo dispuesto en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, a los casos de indemnizaciones a víctimas del terrorismo previstas en la ley de 2011. (“La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en la presente ley se someterá a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos”).

Por su parte, este Convenio, en su artículo 8.2, que es el aplicable al caso, establece que Se podrá reducir o suprimir asimismo la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos.

Como es sencillo colegir, este texto legal, lejos de establecer un mandato de cumplimiento obligatorio, concede una potestad al Estado que lo aplique, de manera que la decisión denegatoria de la administración constituye un acto discrecional y, por tanto, un ejercicio de la libre voluntad política.

En otras palabras, las indemnizaciones a familiares de víctimas del terrorismo que pudieron pertenecer a bandas armadas fueron denegadas única y exclusivamente por un acto estricto de voluntad política. Legal, sí, pero voluntad, al fin y al cabo.

Y pienso yo: Lo mismo que se dijo que no, se pudo haber dicho que sí; y lo mismo que se dijo que no, se podrá decir que sí, dado que no hay obstáculo legal que lo impida.

En consecuencia, y ahora que estamos inmersos en un nuevo proceso de revisión de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, impulsada y motivada por el deseo de poner fin a otra situación de agravio comparativo que genera notable malestar entre los colectivos de víctimas, como es el de la diferente cantidad indemnizatoria que perciben quienes tienen sentencia frente a quienes no la tienen, sugiero que se aproveche para poner fin a este otro agravio comparativo. Puede y debe iniciarse un proceso en el que la voluntad política – la misma que creó el problema – lo solucione ahora, reconociendo el derecho de estas personas a percibir las indemnizaciones que legalmente les corresponde, en igualdad de condiciones respecto a las demás víctimas del terrorismo.

Un reto del nuevo parlamento y del nuevo gobierno.

 

21.7.19

La intervención del Ayuntamiento de Madrid en la reforma del monumento a las víctimas del 11 M en Atocha.

Este artículo fue escrito el día 1 de junio de 2019 y ha sido publicado en la revista 11Magina, de la Asocación 11 M Afectados de Terrorismo en el mes de julio de 2019.

Hacer memoria a las víctimas es afirmar una injusticia hecha a la víctima que está vigente y que no se puede pasar por alto. Por eso, el filósofo Reyes Mate vincula las ideas de Justicia y Memoria, al afirmar que la memoria es una forma de hacer Justicia, ya que ésta exige reparar a la víctima en lo reparable y hacer memoria de lo irreparable.

Nadie va a reparar el daño cometido a la víctima, pero la memoria puede rescatarle de la indiferencia y decirnos que se cometió una injusticia y que ésta sigue vigente. Esta forma modesta, pero persistente de justicia no es impunidad, aunque entiende la justicia no tanto como castigo al culpable cuanto, como se ha dicho, como memoria de lo irreparable.

En el ejercicio de este derecho a la memoria que corresponde no solo a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad, cobran singular importancia los memoriales, como espacios físicos en los que se materializa este acto de justicia. Espacios en los que se hace imprescindible la nominalización de cada una de las víctimas, como expresión de la necesidad de recuperar su individualidad y revertir la cosificación que la acción terrorista impone sobre ellas, al convertirlas en meros objetivos militares de carácter instrumental. Por eso, los memoriales han de contar con un espacio central destinado a los nombres de las víctimas.

Esta premisa fue asumida por los creadores del monumento a las víctimas de los atentados del terrorismo yihadista del 11 de marzo en Madrid, en Atocha, disponiendo no solo que figuraran los nombres de todas y cada una de las víctimas sino que se incorporaran también numerosos mensajes de solidaridad expresados por la ciudadanía en los días posteriores a los atentados.

El monumento constaba de una piel exterior exclusivamente de vidrio, sin ningún otro material estructural, donde se apoyaba levemente una membrana interior de un novedoso material denominado ETFE, similar a la silicona en lámina, en la que figuraban los mencionados mensajes de condolencia hacia las víctimas impresos en ella. Esta membrana, se mantenía erguida mediante un sistema de presurización de una sala visitable en la estación de cercanías de Atocha, lo que hacía imprescindible unas puertas esclusas, que también soportaban sobrepresión y que funcionalmente tenían que ser utilizadas mediante alternancia, nunca a la vez, ya que esto provocaba descompresión  de la sala y el desplome de la membrana interna.

Con el paso del tiempo, la membrana interior comenzó a presentar pequeñas roturas por varias partes, lo que hacía que su geometría  no se mantuviera según los límites proyectados y tuviera contacto con los focos, deteriorándose los dos sistemas: la lámina soporte de los mensajes de condolencia  y la iluminación.

Las esclusas de acceso a la sala, sometidas a sobrepresión, se estropeaban habitualmente, lo que forzó a contar con personal de mantenimiento para ayudar a abrir las puertas al público visitante, generándose en su conjunto un gasto energético y de personal insostenible.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Intervención en Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural, encargó en 2016 la redacción de un proyecto para paliar tanto el deterioro de la membrana como el desmesurado nivel de gasto energético de mantenimiento que soportaba el monumento, sometida a la sobrepresión de tres máquinas que debían estar funcionando 24 horas para mantenerla erguida, y que hacía que los gastos de mantenimiento fueran de 60.000 euros anuales, aproximadamente.

El proyecto debía dar solución al deterioro por obsolescencia de los materiales; especialmente  de la membrana interior de ETFE, soporte de los mensajes de condolencia y del sistema de  presurización de la sala. Se vio que era imprescindible replantear la situación para conseguir la funcionalidad del ámbito y la mejora energética y sostenibilidad del monumento. La solución propuesta consistía en la implantación de un nuevo sistema de cuelgue estructural de la membrana que la hacía autoportante, eliminándose la presurización de la sala.

En resumen, el proyecto implicaba el desarrollo de los 160 metros cuadrados de membrana que forman un paraboloide cilíndrico, compuesto por láminas de EFTE soldadas, transparentes y con impresión digital de texto, con los siguientes trabajos:

  • Ingeniería textil. Estudio de forma y patronaje de la membrana de EFTE
  • Diseño y redistribución de los mensajes.
  • Desmontaje de los focos de luz de la membrana.
  • Cálculo y diseño de los tensores de acero.
  • Cálculo del aro superior de soporte
  • Desmontaje de la membrana actual
  • Confección de la nueva membrana y termosoldado
  • Transporte, montaje y ajustes de tensado en obra.
  • Trabajos complementarios imprescindibles para la instalación.
  • Nuevo sistema de iluminación con tecnología LED

La membrana auto-portante lleva una nueva lámina de ETTE que recogerá los mensajes de condolencia.

A lo largo del año 2017, se solicitaron a los proyectistas una serie de pruebas de envejecimiento a situaciones extremas de la lámina y otras, para tener resultados objetivos. El resultado fue la confirmación de su viabilidad.

Durante el año 2018, y una vez recibido el proyecto definitivo, en el mes de febrero, desde el Ayuntamiento se procedió a presentarlo a las asociaciones de víctimas vinculadas a los atentados del 11-M, a fin contar no solo con su conocimiento sino también con su conformidad, como así resultó ser.

Con posterioridad, se inició la tramitación del expediente de contratación de la obra, al tiempo que se conseguía su financiación a  través de la aprobación por parte del Ayuntamiento de una Inversión Financieramente Sostenible, por un importe de 350.000 euros.

Conviene subrayar que cuando se erigió el monumento a las víctimas del 11-M de Atocha, se suscribió un Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, ADIF y RENFE, para repartir las tareas de mantenimiento del mismo, repartiéndose las cargas de la siguiente forma: el 50% para el Ayuntamiento, el 25% para ADIF y el otro 25% para RENFE. Pero dicho Convenio no contemplaba las obras de reparación, por el que, el Ayuntamiento se vio obligado a tramitar un nuevo convenio que fue firmado el 12 de diciembre de 2018, a fin de posibilitar la ejecución de obras en un monumento que es propiedad de tres administraciones. Los gastos tanto del proyecto como de la ejecución serán asumidos en la misma proporción acordada en su momento. El nuevo proyecto no pudo ser licitado hasta no ver concluida la firma del nuevo convenio, siendo ésta la razón fundamental del retraso de la operación.

Finalmente se adjudicó en el mes de mayo pasado, previéndose su ejecución para el segundo semestre del presente año 2019. Confiamos plenamente en que la solución ofrecida y ya en marcha, ponga fin a los numerosos problemas con los que se ha encontrado un monumento que es – y debe seguir siendo – referencia memorial esencial del episodio más grave de terrorismo vivido por la ciudad de Madrid.

Marisol Mena Rubio (Directora General de Intervención en Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid).

Txema Urkijo Azkarate (Responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid).

 

Breves de Lamuza

Con ocasión del 50º aniversario del Colegio Público Lamuza, de Llodio, su asociación de padres y madres ha organizado una serie de actos, culminados el sábado, día 15, con una comida a la que estaban invitadas personas vinculadas al colegio, a lo largo de todos estos años. Para el material que han ido recogiendo de cara a las conmemoraciones, escribí estas líneas con mi modestísima aportación a la memoria colectiva del centro.

Fue un 4 de junio. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de Charly. Aquella noche, 11 adolescentes intrépidos y un temerario profesor, subimos al antiguo expreso Costa Vasca en la estación de Llodio, dispuestos a afrontar la aventura de pasar tres días de asueto en la capital del Reino, nada menos. Era el viaje de fin de EGB; o sea, fin de colegio. Se acababa nuestro Lamuza, entonces Colegio Nacional. Corría el año 1975. Fuimos la promoción que abrió la EGB y el BUP. Creo que nunca el Colegio había tenido alumnos tan mayores. Tal vez por eso, el bueno de Manolo Melgosa (don Manuel me perdonará la licencia) se atrevió con semejante pelotón a pecho descubierto en Madrid.

Alojamiento en el Hostal Central, calle Alcalá, junto a la Puerta del Sol. Visita agotadora al Museo del Prado, después de la noche de viaje sin dormir apenas. Paseo en barcas en el estanque del Retiro, por supuesto. La Castellana andando desde la Plaza de Castilla hasta Cibeles, después de comer, lo juro. A golpe de horchatas, con un sol de justicia. Vimos el Bernabeu, eso sí. El parque de atracciones en la Casa de Campo. Bocatas de calamares por doquier. Uno de los días: ¡Atención, tarde libre de don Manuel! ¿Qué hacemos? Pues nada, al cine a la Gran Vía. La intención era buena, estrenaban “El jovencito Frankestein”, de Mel Brooks, pero, ¡Ay!, para mayores de 18. No pasa nada, ya va Oscar a taquilla a por las entradas, nuestro mejor candidato a adulto. Pero no cuela. Vade retro. El cambio de planes nos lleva, sin salir de la Gran Vía, al puente sobre el río Kwai, que era apta, según terminología de la época. Sesión continua, como era habitual en aquella época. Al menos, salimos silbando todos. El domingo no faltó el Rastro. Aquel reloj de fondo azul de Juanito o el inolvidable cinturón con cabeza de león (o fiera similar) de Miguel. Los viajes en metro. El bar más grande del mundo pues se entraba por Cádiz y se salía por Barcelona, detrás de la Puerta del Sol (Sigue existiendo tal cual, con la misma leyenda fuera). Y tantos otros recuerdos.

Fueron tres días increíbles.

Nos habíamos pasado todo el curso recogiendo papel y cartón, que en aquel tiempo se vendía razonablemente bien, con el fin de sacar unos duros para el viaje. Utilizábamos como almacén un hueco que había (tal vez siga existiendo) bajo la escalera de la entrada principal, junto a la sala de profesores. Allí aprendimos un principio, sin duda relacionado con la física (aunque no sé cuál): por muchos papeles y cartones nuevos que fueran depositados en el pilón, en su parte superior siempre aparecían las mismas dos o tres revistas. Cada vez más arrugadas, eso sí. Sin comentarios. Aún había censura.

Llegué a conocer – y participar – en el coro del colegio, probablemente en su último año, creo. Memorable nuestra participación en el concurso de villancicos que se celebraba todos los años por navidades en Marianistas de Vitoria. Cómo seríamos de paquetes que, una vez en escena, delante del público (y el jurado, claro), comenzamos con el villancico que ensayábamos siempre en primer lugar, cuando, al parecer, debíamos haber empezado por otro. Pues bien, el director, cuyo nombre no he conseguido recordar, nos paró de mala manera, pidió perdón al respetable y nos obligó a iniciar de nuevo la actuación por el villancico correcto, superando el correspondiente bochorno.

El baloncesto nos brindó nuestro momento de “gloria”, cuando ganamos el Campeonato Interescolar de Llodio aquel mismo año de 1975, con la final en la Plaza y contra La Salle, un año mayores que nosotros. Era conocida la rivalidad deportiva con los otros centros del pueblo. El apoyo del colegio era escaso, la verdad, porque había que ver los equipajes con los que jugábamos. Primero camisetas amarillas, para pasar luego al azul con el que se quedó el colegio. Suplíamos las carencias con el entusiasmo y la ilusión propia de la cuadrilla de amigos que formábamos el equipo y el ánimo de nuestros incondicionales. No puedo dejar de mencionar – sería imperdonable – el equipazo femenino de aquel mismo año. En la cima, vaya.

Lamuza fue un clásico colegio público vasco, con mucho profesorado venido de fuera a cubrir las plazas que los autóctonos no alcanzábamos, por nuestra vocación más inclinada hacia la técnica y la industria.

Esa cosa líquida y viscosa que es la memoria me permite escribir los nombres de don Manuel (nuestro tutor siempre; varias veces a punto de verle, pero aún no ha sido posible, después de tantos años. Vive, espero, en Burgos), don Serafín (Acha, Andrés, Apraíz, Arellano, Arigita, Arroyo…a la pizarra), don Román (peazo manos tenía), Francisco Javier (Alpino, vaya; recién llegado de la mili), Juan Antonio (un año, al menos, con las matemáticas), la señorita Juli, Mª Jesús (ella nos llevó al baloncesto), Quela, don Gabriel (matán, coño, matán)…

Tres años, de 6º a 8º de EGB, fueron suficientes para incorporar el colegio a mi acrisolado sentimiento de pertenencia. No puedo ni quiero negar el orgullo que me genera esa pertenencia. Un orgullo demasiadas veces callado y silencioso ante el maltrato y la discriminación que ha sufrido Lamuza por parte de nuestros sucesivos mandatarios locales respecto a otros centros educativos de la local, especialmente no públicos. Un orgullo que, al menos, se manifestó en la elección del colegio para Markel. Con ello, somos ya dos generaciones de exalumnos del colegio. En 50 años, casi da para la tercera, aunque sospecho que toca esperar un rato aún.

Y mientras tanto, incrementar el sentimiento de orgullo de colegio desde esas señas de identidad que ha ido adquiriendo en los últimos años, con la defensa de valores cívicos como la tolerancia y la diversidad, sin desmerecer la calidad, que deben ser bandera de los colegios públicos. Con agradecimiento a toda su comunidad educativa.

 

16.6.19

 

 

Stolpersteine

Parece increíble, pero todavía mucha gente entre nosotros desconoce que varios miles de españoles, de republicanos españoles exiliados tras el final de la Guerra Civil, fueron deportados desde Francia a campos de concentración nazis, especialmente el de Mauthausen. Casi diez mil, de los cuáles murieron prácticamente el 60%.

El proyecto “Stolpersteine”, puesto en marcha por el escultor aleman Gunter Demnig hace ya 27 años, consiste en una pequeño bloque de cemento cubierto en una de sus caras por una fina lámina de latón donde graba artesanalmente el nombre de una víctima del horror de esos campos. Se coloca en suelo público, cerca del último domicilio conocido de la víctima.

El proyecto se ha extendido por toda Europa, convirtiéndose, como decía Alicia Torija, en el micromonumento más grande el mundo. Ahora llega a Madrid y hemos podido contar con la presencia del escultor alemán, en un acto cargado de emotividad por la presencia de numerosos familiares de deportados, reconfortados con y por la iniciativa.

Qué importante es recordar a las víctimas de las injusticias…Qué importante es preservar la memoria. que conforma también nuestra identidad.

 

 

25.4.19

Las tribulaciones del Capitán Haya y el Juez.

Nuestro sistema de justicia se caracteriza por su estructura jerárquica y piramidal, lo cual supone que las resoluciones que dicta un juez pueden ser revisadas y, en su caso, corregidas, por una instancia superior. Con ello se pretende evitar posibles errores en la aplicación de las leyes y garantizar la unificación de los criterios interpretativos de las mismas.

Teniendo muy presente esta premisa, asisto con normalidad, desde hace unos meses, al goteo de sentencias sobre el cambio de denominación de algunas calles de Madrid, en aplicación de la Ley conocida como de Memoria Histórica. Consciente de que lo determinante de la partida se juega en la segunda instancia, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva todos los recursos interpuestos contra las sentencias recaídas en la primera.

En respuesta a las impugnaciones presentadas contra el acuerdo municipal que cambió los nombres de 52 calles, algunos jueces han dado la razón al Ayuntamiento, mientras que otros han considerado que su actuación no se ajustaba a derecho. Cada juez es un mundo y todos son mundos distintos- El mismo planteamiento puede dar a lugar a respuestas diferentes. Moneda corriente en los tribunales de justicia. Ya vendrán los superiores que determinarán el modo correcto de aplicar e interpretar la ley. Hasta aquí, todo entra dentro de lo normal.

El motivo de estas líneas tiene que ver con una de estas sentencias: la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid hace unos días, en un procedimiento relacionado con el cambio de nombre de la calle Capitán Haya.

Ya apuntaba maneras el asunto cuando un destacado medio nacional de prensa escrita recogió este titular en relación al caso:

Un juez anula el cambio «caprichoso» de Carmena de la calle del Capitán Haya”.

Aparentemente nada llama la atención. Podría haber sido uno más de los varios casos perdidos por el Ayuntamiento en lo tocante a los nombres de las calles. Pero leyendo la sentencia – que el medio no publica en su integridad – se descubre que el titular no se corresponde con la realidad.

El fallo de la resolución judicial obliga al Ayuntamiento a retrotraer el expediente de modificación de las calles, en lo que hace referencia exclusivamente a Capitán Haya, al momento en que la familia de este militar interpuso un recurso extraordinario de revisión, que debió ser “admitido” (y no lo fue), para que se admita, tramite y resuelva.

Nada más hace la sentencia porque nada más puede hacer, dado que el objeto del recurso no era el acuerdo del cambio de nombre de la calle, sino la inadmisión, por parte del Ayuntamiento, del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la familia porque se le pasó el plazo para interponer el recurso ordinario.

Lamentablemente, la progresiva pérdida de rigor y credibilidad de algunas prácticas periodísticas, hace que ya no sorprenda el uso de la falsedad y la manipulación como un agente más de propaganda en la disputa política. Falsedad que luego se difunde con profusión y entusiasmo por muchos de quienes abanderan y defienden la causa a la que la mentira sirve.

Pero llama más la atención alguna consideración que el titular del citado Juzgado realiza en su resolución.

Siendo el objeto del recurso el que ha quedado señalado anteriormente, no se entiende bien por qué el juzgador dedica una buena parte de su razonamiento a exponer sus peculiares puntos de vista, no solo sobre el cambio del nombre de la calle, sino, sorprendentemente, sobre nuestra Guerra Civil.

Vean:

(…) la decisión de proponer la Concejala Presidenta de esa Junta de Distrito, que esa calle se renombrara, (sin haber sido cuestionada por ninguna instancia ciudadana), bien podría tacharse de completamente subjetiva, y hasta de caprichosa, en tanto que no se sustentaba en documentos ciertos, o críticas ciudadanas reales que avalasen que su participación en acciones de guerra hubieran resultado esenciales para la sublevación, y directamente comandadas por él; con independencia de que como militar de carrera hubiera de optar por uno u otro bando (…)”;

No seré yo quien sostenga que la guerra que sufrió España no fue civil. Es una tesis defendida por algunos, con una finalidad loable (subrayar la singular relevancia de la participación extranjera en la misma, de la mano de los fascistas de Mussolini y los nazis de Hitler), pero a través de un medio equivocado (esa implicación no oculta la participación de cientos de miles de españoles reclutados obligatoriamente tanto por la República como por el gobierno de Franco, que se enfrentaron cruelmente en los campos de batalla. A los que habría que sumar quienes participaron voluntariamente, bien apoyando el golpe o bien defendiendo la legalidad republicana). No rechazo, por tanto, hablar de bandos, cuando se hace referencia a la guerra.

Pero sí en los términos en los que lo hace su señoría. Efectivamente, el juez coloca al bueno del Capitán Haya en una curiosa disyuntiva: al parecer, como militar de carrera se vio obligado a optar por uno u otro bando. Pues mire, no. El 18 de julio de 1936 no había aún guerra alguna en España. Hubo un golpe militar contra la legalidad republicana vigente. Por tanto, la disyuntiva que se les planteaba a los militares de carrera, en aquel momento, no era elegir entre dos bandos enfrentados en una guerra, sino adherirse a la sublevación que pretendía acabar con la legalidad vigente o permanecer fiel y leal a ésta.

El juzgador remata su visión de la historia con esta otra reflexión:

(…) pidiendo el cambio de nombre de la calle por venir atribuido el mismo a una persona que hubiera dado lugar con su conducta personal o profesional a la exaltación de la sublevación militar, o de la Guerra Civil, más allá de cumplir con su obligación de militar de carrera, y mostrar en aquellos momentos, sin duda confusos, su simpatía por el denominado bando nacional,

Vuelve a incurrir en el error de calificar como bando nacional lo que fue, cuando los militares tuvieron que posicionarse, una sublevación, hacia la que el Capitán Haya mostró sus simpatías.

Y luego, tampoco tiene empacho en justificar esta conducta del Capitán Haya al sumarse a dicha sublevación, con la singular excusa de que lo hacía en cumplimiento de su obligación como militar de carrera. En momentos confusos, eso sí.

Olvida que la obligación adquirida por los militares de carrera en sus solemnes juramentos, precisamente debería haberles conducido a mantenerse leales a las leyes y los valores que juraron respetar y defender; esto es, los correspondientes a la legalidad republicana vigente.

Resulta inaudito y preocupante que, en 2019, después de más de 40 años de democracia en España, haya servidores públicos sosteniendo estas visiones de nuestra historia, no en su vida particular, sino en su responsabilidad de administrar justicia.

Sin duda, pretende disimular la parte de la historia del Capitán Haya que no puede suprimir: su participación en determinadas acciones militares a favor del bando sublevado. Con ello, quiere justificar la supuesta insuficiencia de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para fundamentar la aplicación de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, la retirada del nombre de su calle en Madrid.

En este punto, resulta interesante seguir las filigranas del juzgador en su sentencia. Filigranas innecesarias, insisto, pues el objeto del recurso no era valorar si fue correctamente aplicada la Ley al caso del Capitán Haya. Pero vean:

Sí, por el contrario, los aquí recurrentes aportaron con su escrito promoviendo el Recurso Extraordinario de Revisión aquellos otros documentos que consideraron venían a demostrar que su padre, con anterioridad al inicio de la Contienda Civil, había acumulado méritos propios suficientes, que merecieron ser destacados, y que fueron esos méritos los que sirvieron al Ayuntamiento para que, en el año 1954, se pusiera a una calle de Madrid el nombre de “calle del Capitán Haya”.

Y más adelante, añade:

“(…) ante tales carencias se hace difícil vislumbrar que el Capitán Haya hubiera contribuido con su actividad de piloto militar dentro del bando nacional, (y de una manera esencial) a la exaltación de la sublevación militar, o de la Guerra Civil; y de otro, porque los incorporados después por los  recurrentes vendrían a evidenciar todo lo contrario, es decir, que la asignación del nombre de Capitán Haya, a una calle de Madrid, no se debió tanto a motivo alguno de evidente trascendencia relacionado con la sublevación militar del año 1.936, ni con la contienda civil de 1.936 a 1.939, como a méritos adquiridos antes, directamente relacionados con su profesión de aviador o piloto de aeronaves, dada su pericia y destreza en el manejo de esos aparatos.”

Sin embargo, una simple ojeada a los documentos que obran en los expedientes municipales correspondientes, evidencia la falacia de recurrentes y juzgador.

En abril de 1943 se inicia el expediente para modificar el nombre de entonces denominada Plaza de las Peñuelas, por el nuevo de Capitán Haya, “en memoria del glorioso aviador nacional, que tanto socorrió a los héroes del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza y que murió gloriosamente en el frente del Ebro“. Dicha propuesta se complementa con la colocación de una placa de mármol con letras de bronce que se inauguraría el 1 de mayo, fecha en la que se conmemoraba “la hazaña de los héroes del citado Santuario“. La propuesta se planteó continuando con la línea de “incluir en el nomenclátor de las calles de Madrid a las personalidades, organismos y héroes de nuestra cruzada que merecen esta distinción“.

Y es unos años más tarde, en junio de 1954, cuando el Ayuntamiento aprueba otro cambio en su callejero, por el cual, la Plaza del Capitán Haya recupera su antigua denominación de las Peñuelas, porque al militar se le concede el nombre de una amplia avenida “en una barriada en la que ya aparecen nombres prestigiosos de nuestra Cruzada”.

Sobran comentarios ante la evidencia del grave error en que incurre el juzgador al valorar una documental que, con comprensible parcialidad y capciosidad, habían presentado los familiares recurrentes, pretendiendo eludir la aplicación de la Ley, bajo el argumento de que le fue otorgada la calle al Capitán Haya por su méritos como aviador, previos a la contienda civil.

Sospecho que la ideología ha vencido la batalla al rigor. Provisionalmente, pierde la justicia. Confiemos en que otros jueces determinen con rigor si la decisión del Ayuntamiento fue ajustada a derecho o no y, por tanto, si procede o no el cambio del nombre de la calle Capitán Haya. El Poeta Joan Maragall espera paciente la decisión final.

2.2.19

Federalistas del País Vasco

Soy uno de los firmantes de este manifiesto que propugna una reforma constitucional para definir un sistema federal como estructura territorial idónea para el Estado español y como el marco más adecuado para el encaje del autogobierno vasco en el mismo.

Lo reproduzco aquí, en la convicción del gran interés que tiene para cuantos se preocupan por las cuestiones territoriales e identitarias en nuestro país, con Euskadi y, en este momento, especialmente Cataluña, como especiales focos de atención.

 

1. Quienes firmamos este manifiesto queremos apoyar la reforma federal del Estado como expresión de nuestra defensa del autogobierno vasco, de nuestro compromiso con una España más equitativa y solidaria y con una Europa social y políticamente más cohesionada.

2. Proponemos la construcción colectiva de una alternativa federal como la mejor forma de articular el poder político en esos tres ámbitos. El proyecto federal es, por encima de todo, una profunda expresión de los ideales democráticos, su mejor realización, especialmente en sociedades en las que conviven identidades y sentimientos de pertenencia diversos. Es garantía de paz política porque pretende la libertad que armoniza de forma respetuosa lo propio y lo ajeno, lo singular y lo colectivo; paz que se pone en riesgo cuando se opta por exacerbar los sentimientos patrióticos.

3. La salud y robustez de nuestra democracia resulta indisociable de la existencia de una sólida estructura de autogobiernos territoriales. Y a la inversa, sin que pueda imaginarse una sin otra. Por ello, consideramos graves tanto la pretensión de una creciente centralización del Estado como los intentos de ruptura del mismo porque ponen en riesgo la estabilidad democrática.

4. El proyecto federal requiere ser alimentado permanentemente por una ‘cultura’ federal. Exige la asunción de un sentimiento compartido de responsabilidad; que cada persona se sienta responsable de los intereses de las demás y del conjunto de la sociedad. El espíritu federal requiere reconocer lo que tenemos en común y querer preservarlo, defender la voluntad de estar juntos, porque así estamos y estaremos mejor. Este es también el espíritu de la integración europea. Hemos avanzado mucho en la construcción de esa ‘cultura’ federal, pero es mucho, todavía, lo que nos queda por recorrer en una tarea colectiva.

5. Propugnamos un autogobierno amplio y profundo, fundamentado en la lealtad recíproca. Que se asiente sobre la equidad en la relación entre los distintos territorios y en la equilibrada articulación del conjunto del sistema. Que tenga como fundamento la solidaridad y cuyo complemento sea la responsabilidad en la gestión de los recursos que cada comunidad recibe.

6. El Estatuto de Autonomía, en el marco de la Constitución de 1978, dota al País Vasco de un autogobierno que, por primera vez, merece tal calificativo. Esta Constitución ha establecido un sistema de autonomías territoriales sólido y duradero, asimilable al de los países federales de más larga tradición en el mundo democrático, lo que demuestra la importancia de la actual experiencia de autogobierno.

7. Todo sistema político necesita ajustes periódicos. El reconocimiento del enorme logro histórico que supone el actual autogobierno no puede hacernos ignorar los problemas en su funcionamiento. La importancia de lo logrado hasta ahora no debe ser motivo de autosatisfacción paralizante. Por ello, consideramos indispensable la reforma constitucional. Hay que afrontar los problemas y tratar de darles la mejor solución. Negarse a ello pondrá en riesgo la estabilidad y la salud del sistema en su conjunto.

8. En su configuración actual, la Constitución no puede garantizar el funcionamiento adecuado del sistema autonómico porque carece de los elementos necesarios para su buen gobierno (estructura y método eficaz de relaciones intergubernamentales, adecuada delimitación de las competencias respectivas o principios claros y efectivos para la distribución de recursos financieros, entre otros). Elementos que en las federaciones más sólidas se han demostrado esenciales para garantizar la estabilidad y la paz política.

9. Por otra parte, la Constitución contiene elementos extraños a los sistemas federales que resultan contraproducentes y fuente de importantes problemas. Muy destacadamente, la ambigüedad en la distribución de competencias en los estatutos de autonomía –que provoca, entre otros, el interminable conflicto sobre las transferencias- y la reserva al Estado de la determinación de “lo básico” como columna vertebral de la distribución del poder, que deja en sus manos la determinación en cada momento de hasta dónde llega su capacidad de intervención. El resultado es un nivel de conflictividad sin parangón en ningún otro sistema federal, provocando fuertes tensiones políticas y propiciando la descalificación del sistema por quienes alientan la ruptura.

10. Para que sea exitosa, la reforma debe aprender de las mejores experiencias. No es una cuestión nominal. Lo que importa no es cómo se defina el sistema de autonomías territoriales o cómo lo llamemos, sino su fundamento político, las técnicas que incorpore y las experiencias en que se inspire. El mejor referente lo constituyen los países federales políticamente cercanos, como Alemania, Suiza, Canadá o Austria. Cada uno con sus peculiaridades garantizan la estabilidad, combinando adecuadamente integración (shared rule) y reconocimiento de la diversidad (self-rule).

11. Pero cada país tiene sus peculiaridades, su propia idiosincrasia, a las que la Constitución debe dar adecuada respuesta. En nuestro caso, es ineludible el reconocimiento de peculiaridades y especificidades, de ‘asimetrías’, que también tienen acogida en sistemas federales clásicos. Sistema federal no es sinónimo de uniformidad absoluta. Pero las singularidades deben tener sólido fundamento y no pueden afectar a la coherencia del conjunto del sistema ni a la equidad en el trato a las distintas comunidades que lo integran, porque, de lo contrario, se convierten en fuente de inestabilidad.

12. La reforma de los elementos esenciales del autogobierno territorial, la resolución de sus más importantes problemas de forma eficaz, exige la reforma de la Constitución. Es una condición previa y necesaria para una más idónea configuración del autogobierno del País Vasco, garantizando, al tiempo, la estabilidad del sistema político español en su conjunto, la salud democrática y el reconocimiento de nuestra personalidad. Pretender hacerlo a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, al margen o en lugar de aquella, es una vía de corto recorrido que malgastaría infructuosamente energías políticas y generaría frustración en la sociedad vasca.

13. Quienes firmamos este manifiesto no queremos que la sociedad vasca se vea embarcada en procesos y objetivos inviables abocados al fracaso, ni malgastar inútilmente nuestras energías en salidas que generan su fractura interna, polarizándonos en dos partes enfrentadas de forma irreconciliable y situándonos políticamente al borde del abismo. A nuestro juicio, las propuestas de ruptura no son –no pueden ser- la mejor vía de defensa de los intereses de la sociedad vasca.

14. Una reforma constitucional en este sentido federal y la consiguiente reforma del autogobierno en línea con lo expresado anteriormente contarían con un importante respaldo de la sociedad vasca, según confirman todas las prospecciones sociológicas que periódicamente se realizan en nuestro país. Por el contrario, las alternativas de confrontación o ruptura son las que obtienen un respaldo considerablemente más débil. La estructura federal es el espacio más favorable para el encuentro de quienes integramos la sociedad vasca –sea cual sea nuestro sentimiento nacional de pertenencia- en la tarea de construir juntos el futuro de nuestro país.

15. Nuestro planteamiento se complementa con la idea de una Europa crecientemente federal. Ganamos más compartiendo más. Las dificultades en el desarrollo del proceso de integración europea hacen más imperioso su impulso. Sin él no será sostenible el tipo de sociedad que ha caracterizado a Europa en los últimos setenta años. El objetivo de una Europa federal exige asumir los procesos de integración de los estados que ya se han realizado en la historia, para mejorarlos y no para destruirlos. Es en esa Europa crecientemente federal en la que la España federal encontrará mayor coherencia y mejor desarrollo.

 

Los firmantes:

26.10.18

Breve memoria de un esfuerzo institucional

Este texto forma parte de la publicación “Memorias del terrorismo en España”. Es mi aportación al libro coordinado y editado por Raúl López Romo, en Ediciones Catarata, este mismo mes de septiembre de 2018.

Corría el año 2003 en Euskadi. La crispación política y la polarización social que habían tenido su punto álgido en las elecciones de mayo de 2001, apenas habían remitido algo. El parlamento vasco aprobó una proposición no de ley sobre víctimas del terrorismo que se convirtió en auténtica hoja de ruta para quienes apostábamos por una política pública de víctimas diferente a lo que se había hecho hasta ese momento.

Uno de los puntos de aquella resolución, emplazaba al propio parlamento vasco a celebrar un pleno monográfico sobre la problemática de las víctimas del terrorismo y su situación. Cómo estarían las cosas, que el cumplimiento de esa parte del acuerdo, no pudo ser una realidad hasta octubre de 2007. Solo en ese momento, otra legislatura, se llevó, por fin, a cabo aquel pleno, el día 5 de octubre.

Ese mismo año, en el mes de abril, el Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo que dirigía Maixabel Lasa, organizó el primer acto institucional de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo, con una idea clave: reconocer y saldar la deuda moral histórica que el conjunto de la sociedad vasca y sus instituciones, públicas y privadas, tenía con las víctimas de ETA, por tantos años de abandono, indiferencia y ausencia de compasión y solidaridad. El mensaje era el discurso del perdón, expresado por el Lehendakari Ibarretxe, en nombre de toda la ciudadanía vasca.

Desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, ya habíamos previsto que, una vez saldada esa deuda, a través de un acto solemne como el organizado, más la continuidad y el impulso de políticas de apoyo que con posterioridad se concretarían en la Ley de 2008, tocaba abrir la mirilla del dolor y el sufrimiento injusto a otras víctimas, cuya realidad nos resultaba conocida tan solo en parte y sobre la que apreciábamos también el manto del olvido y del no reconocimiento de derechos.

Es por ello que, de cara al Pleno de octubre de 2007, sugerimos a los grupos políticos que apoyaban al gobierno, que impulsaran una resolución por la cual se instaba al ejecutivo, a través de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, a la realización de un estudio sobre las víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, de extrema derecha y el GAL. Este era el grupo de víctimas sobre el que queríamos poner en ese momento nuestra atención estratégica, en orden a igualar reconocimientos y tratamientos en las políticas públicas de víctimas desde el Gobierno Vasco. Y así fue cómo el parlamento vasco, en aquel pleno monográfico, aprobó, entre otras, una resolución con el referido mandato a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo.

Este trabajo fue desarrollado por la Dirección entre los meses de noviembre de 2007 y junio de 2008. Durante ese tiempo, Maixabel Lasa, Jaime Arrese y yo mismo realizamos una labor de investigación que nos llevó, incluso, hasta los archivos de la Audiencia Nacional, donde nos encontramos con la impagable colaboración del Fiscal Delegado para Víctimas del Terrorismo, Fernando Burgos, quien nos abrió puertas y nos permitió examinar expedientes que, lamentablemente, en gran medida, no nos proporcionaron gran información, aunque sí alguna perla que luego pudimos recoger en el informe de manera literal.

En paralelo, el contacto con los familiares y afectados se convirtió en el gran reto. Con Maixabel de punta de lanza, no siempre la recepción y la acogida fueron amables, aunque hay que reseñar que, quien aceptó entrevistarse con nosotros, lo hizo desde una actitud ejemplar. Incluso nos llevamos alguna sorpresa porque pudimos detectar situaciones legales que eran susceptibles de notable mejora como derechos no reclamados, etc. En definitiva, se produjo un importante acercamiento a un mundo con el que, hasta ese momento, sí había habido un contacto inicial por parte de la Dirección con algunas personas, pero no de manera exhaustiva y sistematizada, como se hizo en aquel momento.

Como anécdota, Maixabel y yo siempre recordamos una entrevista con la hija de un asesinado por el Batallón Vasco Español, que no conocía de nada a la viuda de Juan Mari Jauregui. Estábamos en un bar y llevábamos de charla algo más de una hora cuando le preguntamos si ella sería capaz de verse con una víctima de ETA cara a cara (ya llevábamos un par de años liados con lo de Glencree). Ella se puso seria y aseguró rotunda que de ninguna manera, que le resultaría imposible; a lo que yo le comenté que llevaba más de una hora hablando con una de ellas. Su reacción fue de cierta vergüenza, casi pidió disculpas, pero se dio cuenta de inmediato de que el supuesto que le habíamos propuesto no era realmente tan traumático, si se plantea y se vive adecuadamente.

Cabe señalar también que ciertos sectores de la izquierda abertzale no debían ver con buenos ojos esta aproximación institucional a un mundo que ellos habían considerado siempre propio. Algo parecido a que nos hubiéramos atrevido a predicar a su parroquia. Probablemente este sentimiento es el que estaba detrás de algunas negativas a recibirnos que tuvimos en aquel momento y, un paso más allá, siempre tuvimos la sospecha de que a Maixabel acabaron por ponerle escolta, después de aparecer en un comunicado de ETA, después de este movimientos de aproximación y buena relación con no pocas víctimas de su mundo ideológico.

Lo cierto es que, meses después, en junio de 2008, la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo presentó en el parlamento vasco el Informe requerido.

Creo que es importante subrayar algunas de las características del mismo;  algunas de sus conclusiones que ya entonces quedaron reflejadas en el mismo. Especialmente porque creo que siguen de actualidad a la hora de abordar los derechos de las víctimas del terrorismo y de violaciones de derechos humanos, en general.

El valor fundamental del informe fue el de constituir un instrumento de trabajo para lograr una mejor y más completa respuesta de las administraciones públicas a todas las víctimas del terrorismo, sin exclusiones. Un supuesto que ilustra este comentario sería el de los casos de personas que solicitaron el reconocimiento de su condición de víctima del terrorismo al Ministerio del Interior, derivada de acciones reivindicadas por el GAL y les fue denegada, siendo así que había motivos más que suficientes para entender que esta denegación se justificó en defectos formales que no cuestionaban el fondo de su condición de víctimas.

Es preciso calificar este informe cuando se elaboró como una obra en absoluto definitiva y, por ello, susceptible de ser completada mediante un trabajo que, desde aquel mismo momento comprometió a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo de cara al futuro.

El ámbito temporal del informe partió de la constatación de que, vigente el sistema dictatorial de Franco, las actuaciones violentas de naturaleza política tuvieron algún tipo de cobertura pseudolegal, lo cual las excluía de la definición adoptada. El primer caso analizado databa del año 1.975.

En cuanto a los datos, cabe señalar que el informe abordó el estudio de 74 actos terroristas cometidos por distintos grupos criminales que emplearon distintas denominaciones en las reivindicaciones de sus atentados (Batallón Vasco Español, Triple A, Grupos Anti ETA, GAE, etc.), así como por otros que no fueron reivindicados tras ser perpetrados por grupos incontrolados.

En estos 74 actos terroristas fueron asesinadas 66 personas y heridas de distinta consideración otras 63. Hubo así mismo un secuestro. El GAL asesinó a 24 e hirió a 27 más. El Batallón Vasco Español cometió 18 asesinatos y causó heridas a otras 18. La Triple A cuenta, por su parte, con 8 asesinatos en su haber, por otros 6 del GAE, como los grupos más relevantes en su acción criminal.

En 44 de los 74 caso analizados, bien los heridos supervivientes o bien, en su caso, los familiares directos de las personas asesinadas, presentaron ante el Ministerio del Interior la solicitud de reconocimiento de su condición de víctimas del terrorismo, con aplicación de los derechos legales correspondientes; básicamente el de la percepción de las indemnizaciones fijadas en la referida norma. En 35 casos la respuesta de la Administración del Estado fue estimatoria, mientras que en los otros 9 les fue denegado el reconocimiento de la condición de víctimas del terrorismo por diversos motivos. Las personas afectadas por otros 30 de los atentados analizados no formularon ningún tipo de solicitud al Ministerio del Interior.

El grado de conocimiento sobre la autoría concreta de los atentados terroristas analizados en el informe era manifiestamente insuficiente en orden a la satisfacción del derecho que corresponde a las víctimas tanto a conocer la verdad como a la aplicación de la justicia sobre los hechos acaecidos. Igualmente, la escasa y deficiente investigación policial llevada a cabo en una parte muy importante de estas acciones violentas impidió el esclarecimiento de un dato de especial relevancia en esta cuestión, como era el grado de complicidad, colaboración o inhibición que pudo existir por parte de determinadas instancias policiales con dichos actos criminales.

No hay que olvidar que una nota común de este tipo de actuaciones violentas fue la vinculación, en mayor o menor grado, pero vinculación o conexión en todo caso, con estructuras policiales del estado. En ocasiones se produjo una participación directa de miembros de sus cuerpos de seguridad (acreditada en resoluciones judiciales firmes); en otros casos hubo grados de colaboración o actuaciones de protección, cobertura o tolerancia; y siempre, notable desinterés o dejación de obligaciones profesionales a la hora de realizar una  investigación suficiente para permitir la intervención de los Tribunales de Justicia.

Estas deficiencias son lamentables no solo por el valor en sí que habría tenido tal información, de haberse obtenido, en orden a los ya mencionados derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, sino de manera singular, por las implicaciones de naturaleza política que pudieron existir y que hubieran puesto sobre la mesa una perspectiva novedosa con indudable repercusión en el discurso del reconocimiento social y especialmente político que también se merecían estas víctimas.

En este sentido conviene resaltar que entonces acudimos a una opinión tan autorizada y poco sospechosa de sembrar dudas infundadas en relación al Estado o sus fuerzas de seguridad como es la de los propios tribunales de justicia españoles y, en particular, la  manifestada en la sentencia 24/99 de 4 de junio de 1999 dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Nacional en relación al asesinato de Christophe Matxikote y Catherine Brion, sucedido en Bidarrai, el día 17 de febrero de 1986 y en la que se considera al GAL como banda armada.

Uno de los fragmentos de dicha resolución judicial resulta especialmente elocuente y revelador.

Fue el Ministerio del Interior el organismo desde el que finalmente se pudo atajar, en colaboración con el Ministerio del Interior francés, la lucha ilícita contra ETA. Si eso fue así, significaría que ambos departamentos tenían información sobre personas involucradas y que solo a partir de un momento dado lograron neutralizar. Ello conduce a la convicción de que existen responsabilidades de diversa naturaleza que estarían aún por deducir”.  

Aquel informe tuvo continuidad con otras iniciativas que, desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, pusimos en marcha para atender esta ampliación objetiva de la política de víctimas. El intento de reconocer su protagonismo en el siguiente acto institucional de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo, celebrado en el Kursaal donostiarra en mayo de 2008, el impulso a la iniciativa Glencree, la inclusión de este colectivo entre las víctimas educadoras, etc.

Lamentablemente, posteriores actuaciones del Gobierno central no sintonizaron con este planteamiento. Muy criticable fue, en este sentido, la modificación unilateral de la Ley de Víctimas de 2011, en la cual se facultaba al propio Gobierno para denegar las indemnizaciones que correspondían a todas las víctimas del terrorismo, en los casos en los que los afectados o los solicitantes tuvieran algún tipo de relación con organización terrorista, realizando una interpretación extensiva de este extremo, en la práctica, a cualquier tipo de organización del ámbito de la izquierda abertzale.

Aún queda camino por recorrer en el tratamiento igualitario de todas las víctimas del terrorismo. Con demasiada frecuencia, los mismos discursos políticos olvidan la diversidad de los terrorismos sufridos en nuestro país. Y, en no pocas ocasiones, este olvido se convierte en omisión deliberada, en favor de un discurso concreto que busca una determinada hegemonía política en el mundo de las víctimas.

Por eso hoy recuerdo con cariño y emoción aquellos esfuerzos que realizamos, con mejor o peor fortuna, desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, por sentar las bases de un tratamiento igualitario de todas las víctimas del terrorismo.

13.9.18

 

El último vals

Artículo publicado en El Correo el día 5 de mayo de 2018.

 

Lo sé. Sé que ésta es la noticia que llevamos tiempo esperando, el objeto de nuestros anhelos, Sé que han sido muchos años de sufrimiento de demasiada gente, para llegar, por fin, a esto. Sé que debería generar alivio, que esa pesadilla que fue ETA pasa definitivamente a ser historia; trágica, pero historia, al fin y al cabo. Sé que todo eso solo debería constituir una buena noticia y que, como tal deberíamos sentirla y vivirla. Y, sin embargo, por más que hurgo no consigo encontrar esa sensación de bienestar. En su lugar, mi ánimo chapotea entre la indiferencia y un sentimiento agridulce y contradictorio.

El proceso de final de la violencia ha sido lo suficientemente largo y fragmentado como para que hayamos descontado hace tiempo ya las alegrías. Un final tan anunciado no podía contar con momento de estallido de confetis y champán. Las emociones han ido dosificándose en fascículos con el declive de la propia ETA, la tregua, el alto el fuego definitivo, el desarme y, ahora, por fin, la disolución. Hemos llegado al final sin ganas de celebrar nada. Carentes de fuerza, ánimo y convicción.

Movidos por el fuerte simbolismo que, sin duda, la noticia tiene, los medios de comunicación están realizando un despliegue informativo con el que realmente están sacando a ETA de la propia irrelevancia de su final, aceptando que es su responsabilidad como informadores.

En medio de todo ello, es inevitable activar la memoria y traer los recuerdos al presente. Y con ellos, los sentimientos y las sensaciones.

Emoción. Dejo a un lado la corrección política, para colocar en primer lugar de esos recuerdos a los centenares de amigos y compañeras con los que tuve el lujo de compartir reflexiones, debates y trabajo en Gesto por la Paz. Un proceso permanente de aprendizaje con todos ellos. Las miles de caras de ciudadanos anónimos que acumularon horas de silencios en plazas y calles de nuestra tierra. Caras que no veías desde la pancarta, pero que sabías que no fallaban; estaban ahí detrás. Todos ellos fueron constructores tan imprescindibles como olvidados de una parte de la paz que hoy disfrutamos.

Desasosiego. Inevitable recordar episodios que hemos arrumbado a la más recóndita buhardilla de nuestro cerebro y que nos interpelan cada vez que los sacamos de ahí. ¿Qué hacíamos, dónde estábamos, mientras tanta gente gritaba “ETA mátalos” en la calle? Mientras se asesinaba con frecuencia escalofriante, sin que se alterara lo más mínimo la cotidianeidad de nuestras vidas. Algunos enfrentamientos en los que lo peor era el odio inyectado en los ojos que nos querían expulsar de la calle.

Escepticismo. Tiempos en los que aparecen artesanos de paz cuando no hay violencia, justamente allá donde durante años se refugiaban quienes la practicaban. Ausencia de reflexiones autocríticas sinceras en quienes desaparecen, que pudieran contribuir a la reconstrucción de relaciones sociales quebradas o dañadas. Persistencia de hilos argumentativos justificadores de cuanto hicieron mal. El conflicto político como sempiterno legitimador de la violencia.

Hastío. Teatralizaciones y dramatizaciones cuya falta de credibilidad resulta patética en su puesta en escena. Pasamos por Aiete, los mediadores internacionales, el grupo de contacto, las conclusiones, las declaraciones… Había que aguantar, porque lo exigía la responsabilidad: era la pista de aterrizaje, se decía. Después el desarme, en sus distintos intentos, a cual más grotesco. Ahora otro más, que a punto ha estado de ser “desmovilización”, por evitar lo de “disolución” y porque sonaba más – y mejor – a conflictos internacionales. Debo confesar que lamento la presencia, a estas alturas, de algunas buenas gentes que sacaron entrada para esta última función en Cambó. Y no me refiero precisamente al partido guía, que ese pesca en otras aguas.

Responsabilidad. En el fondo, era iluso pensar que esto podía haber sido mucho mejor. Un sector nada desdeñable de nuestra sociedad vasca se ha tenido que enfrentar a la frustración que implica constatar el fracaso de su apuesta estratégica. Esa que tanto dolor ha provocado, pero que también tanto dolor les ha causado a ellos mismos. ¿Al final, para qué? Para nada. Díganselo a los dos centenares largos de miembros de ETA que aún permanecen cumpliendo condena. Y sus familiares preguntándose para qué todo ese sacrificio. Una frustración colectiva mal digerida, es un factor de dificultad añadida para la convivencia presente e incluso futura. Por ello, un mínimo sentido de la responsabilidad nos aconseja no ser muy beligerantes con los paripés. No se preocupen tanto por el blanqueo de su historia. No podrán hacerlo.

Nostalgia. Maixabel, Jaime, Adela, Txabi, Esther, Galo, Carlos, Julián, Xabier… Muchos brazos y corazones construyendo, desde la fe en una sociedad sin violencia. Las víctimas de otros lugares de España que conseguimos que volvieran a Euskadi, después de haberse negado a hacerlo tras su atentado o el de sus familiares. Qué pequeños grandes triunfos. El perdón, la generosidad, el respeto. Tantas trayectorias personales de sufrimiento que nos confiaron sus testimonios de dolor, pero también sus ganas de vivir y su alegría.

Se acabó. Suena el último vals mientras se cierra el telón. No los abroncaré. No tendrán aplauso tampoco. Mi veredicto es sencillo. Les brindaré lo mejor que puedo ofrecerles en este momento postrero: mi más absoluta indiferencia.

5.5.18