¡No me toques los símbolos! A cuenta del General Millán Astray.

Ya lo he dicho en más de una ocasión. Nunca dejaré de sorprenderme con el potencial movilizador que tienen los símbolos. Creo que lo comenté cuando hablé aquí mismo de la tarea del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid y de la repercusión de su labor cuando se trata de abordar el tan polémico asunto de la revisión del callejero, en aplicación de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica. Pues bien, llevamos unas semanas a vueltas con una de las propuestas que el citado Comisionado planteó en el mes de julio: la retirada de la calle al General Millán Astray y la denominación de la misma como Avenida de la Inteligencia.

Varias Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios presentaron ante el Ayuntamiento de Madrid un escrito en el que mostraban su desacuerdo con la propuesta y las razones en las que basaban dicha oposición. La Presidenta del Comisionado, Paquita Sauquillo y yo mismo, mantuvimos una reunión con ellos en la que pudieron además, trasladarnos de viva voz sus argumentaciones. Esta misma semana, el Comisionado se ha reunido y ha resuelto las alegaciones presentadas por las Hermandades y, mediante escrito debidamente motivado, presentado y explicado también de viva voz en reunión posterior con sus representantes, rechazó su petición, junto a las razones de la misma.

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Suscitada la polémica, aunque de tono menor, creo de interés dar a conocer aquí la posición mantenida al respecto por el Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, en lo tocante a la justificación de la propuesta de retirar la calle al General Millán Astray, de manera que reproduzco lo sustancial del escrito entregado a los alegantes.

En primer lugar, el Comisionado quiere dejar muy claro que la decisión adoptada en su propuesta nada tiene que ver con la Legión ni con la fundación de dicha unidad del ejército.

En este sentido, el Comisionado manifiesta su más profundo respeto hacia el cuerpo de la Legión, al tiempo que un reconocimiento sincero de la labor que viene desarrollando en los últimos tiempos, en diversos lugares del mundo, como partícipes de misiones de paz y cooperación en las que participa activamente el gobierno de España.

Tan es así, que este organismo no habría tenido inconveniente alguno en aceptar el estudio de una propuesta para denominar una calle como “Calle de la Legión”, si no fuera porque ya existe una con el nombre de calle del Tercio, en el Distrito de Carabanchel. Como dice Luis Miguel Aparisi en su estudio Toponimia Madrileña (página 1118), la denominación de esta calle constituye un “homenaje a la Legión Española y su Tercio de Voluntarios, fundado por Millán Astray, del que fue primer lugarteniente el comandante Francisco Franco Bahamonde”.

En segundo término, quiere aclarar el Comisionado que la propuesta de retirar la calle al General Millán Astray no se fundamenta en un juicio de valor sobre la biografía completa del citado militar. No se niegan por parte del Comisionado aquellos aspectos dignos de alabanza y aplauso que presenta la trayectoria vital de Millán Astray. Incluso no hay empacho en reconocerlos. Claro que nadie niega la tarea social que llevó a cabo en los últimos años de su vida. Pero ése no es el quid de la cuestión. Y sospechamos que tampoco fueron estos los motivos determinantes que influyeron en los mandatarios municipales madrileños cuando le concedieron el nombre de la calle en la ciudad de Madrid.

Lo que se valora fundamentalmente en la figura de Millán Astray, a efectos de entender aplicable el artículo 15 de la Ley 52/2007, es su condición de Jefe de Prensa y Propaganda del bando sublevado primero y del régimen de dictadura militar implantado tras el final de la guerra civil, después. Entre los cometidos que, en el ejercicio de tal responsabilidad, llevó a cabo, estuvo la creación de Radio Nacional de España.

Es sabida la trascendencia que la radio tuvo como medio de comunicación en el transcurso de la contienda bélica, por su importantísimo potencial propagandístico. La Guerra Civil Española también se disputaba en el terreno de las ondas. La comunicación jugaba un papel fundamental y, en ese contexto, Franco decidió fundar Radio Nacional de España en enero de 1937 y desde entonces tendrá un papel dominante en la maquinaria propagandística franquista. Y colocó al frente de dicha empresa a su leal amigo, el General Millán Astray.

A modo de ejemplo del citado valor y del papel que jugó en la contienda, viene a cuento traer a colación la manera en que el bando nacional pretendió tergiversar la autoría del bombardeo de Guernica, apenas escasos días después del luctuoso acontecimiento, utilizando para ello, las ondas de Radio Nacional de España, con el conocido comunicado “Mentiras, mentiras, mentiras”.

La responsabilidad del general Millán Astray en la maquinaria propagandística durante la propia guerra no es menor, como queda dicho. Y qué duda cabe de que, si bien es cierto que no tuvo una participación directa en acciones bélicas, sí la tuvo y muy activa en el importante frente de la propaganda, que no deja de ser otra manera de participar en la contienda.

El artículo 15 de la Ley 52/2007 dice literalmente:

“Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Pues bien, a los efectos de la aplicación de este artículo, las acciones referidas de la vida de Millán Astray son subsumibles en el concepto de exaltación de la guerra civil y de la dictadura franquista, a juicio de este Comisionado.

Entiende este organismo que el General Millán Astray participó de forma notoria y singular en estructuras políticas que fueron relevantes para el sostenimiento del sistema dictatorial implantado por Franco durante y después de la guerra.

En un plano menor, pero con significación también en la tarea desarrollada por el Comisionado, cabe señalar que el General Millán Astray fue uno de los grandes valedores del General Franco, en su ascenso al liderazgo único de la sublevación militar, con las consecuencias posteriores, en términos de jefatura única del estado.

Cabe recordar que, si bien Millán Astray no estuvo en el mismo momento de la sublevación, por hallarse fuera de España, acudió con la mayor celeridad a sumarse al levantamiento y a ponerse a las órdenes del General Franco, quien, como ha quedado dicho, le asignó las responsabilidades de prensa y propaganda sólo por su condición de general, tal y como lo recuerda en sus memorias quien fue su segundo o mano derecha en esa responsabilidad, el escritor Ernesto Giménez Caballero (“Memorias de un dictador”. 1979).

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En última instancia, y también con rango menor en la motivación de la propuesta realizada, los estudios elaborados sobre el incidente ocurrido en Salamanca el 12 de octubre de 1936, en el que participó don Miguel de Unamuno, y que el Comisionado ha tenido en consideración, apuntan en una dirección distinta a la recogida en el escrito de alegaciones interpuesto. Más bien ratifican la versión más extendida y conocida del mismo. El propio Ernesto Giménez Caballero admite la autoría de Millán Astray respecto al grito “Mueran los intelectuales” (Ibídem, página 88).

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Por último, y al margen ya del fondo de la cuestión, el Comisionado quiere subrayar dos cuestiones:

Por un lado, una afirmación rotunda y contundente respecto a la ausencia absoluta de odio o revanchismo en sus razonamientos y propuestas.

Por otro, el nada baladí recordatorio de que el trabajo del Comisionado se limita a elaborar una propuesta que se elevará al Pleno a finales de año, momento en el cual, cabe suponer que, previo el correspondiente debate, se adoptará el acuerdo pertinente por el Ayuntamiento. No hay acuerdo aún, por tanto, sino solo propuesta.

23.9.16

El ritual de las ausencias

La comida de la Cofradía, el último domingo de cada agosto, día final de las fiestas en Laudio, es un rememorado ritual. Año tras año se despliegan parecidos protocolos, se repiten rutinas y gestos, las imágenes son similares. Desde la preparación de los fuegos para cocinar, los pucheros y cazuelas, los tableros y los bancos corridos para la mesa, la mantelería blanca rematada con las espléndidas jarras de cerámica que contienen el azumbre de vino trasegado en la comida y las hogazas de pan sobre ellas, la proximidad de la hora de comienzo, el gentío arremolinado en torno al pórtico para ver el ambiente… Todo se asemeja a lo ya vivido en tantísimas otras ocasiones, pero lo que, sobre todo, refuerza este carácter ritual es la presencia de las personas concretas: Cada año ocupando el mismo sitio, con los mismos compañeros al lado y enfrente, la misma instantánea en blanco y rojo de los cofrades. Eso, una fotografía, que no una película. Lo estático frente a lo dinámico; la fijación química de un instante de la vida, de un instante repetido cada año el mismo día, en parecida fecha, la misma fotografía.

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Pero todos sabemos que eso no es del todo así; que no todo se repite, que es imposible. Sí, es verdad que el ritual nos permite valorar los cambios habidos en el aspecto de quienes nos rodean, a quienes tal vez no hayamos visto desde la última foto en blanco rojo, 365 días antes. Pero, por encima de eso y sobre todo, lo que rompe el rito de una manera más llamativa y a la vez definitivamente humana es la constatación de las ausencias. Esas pequeñas alteraciones del lienzo que hacen diferente cada imagen anual. Y, con cada ausencia, la punzada de la pérdida, la consciencia del inexorable tempus fugit y de la vida, la melancolía que provoca un tiempo imposible de detener, por más fotografías que uno dispare, y que se nos va llevando poco a poco a todos.

Cuando era pequeño, siempre iba, con mi primo Nacho, al postre de la comida. Corríamos a saludar a nuestros padres, que comían (y comen aún, bendita suerte) juntos en la misma jarra. Sabíamos que la alegría externa que mostraban se traducía en una generosa dádiva monetaria que alegraría nuestro fin de fiesta. También aquella escapada a las mesas era un ritual. Mi padre, mi tío y sus dos amigos y compañeros de jarra, Jesús y Josemari. Siempre igual.

Cuando a partir de mis 16 pude sentarme también yo a comer por primera vez, acudir al postre a la jarra de mi padre a saludarles continuó siendo un ritual. Lo único que había cambiado es que yo era ya uno más de ellos, un cofrade comensal más. Así ha sido, año tras año, durante los últimos 39, excepción hecha del de las inundaciones, en el que no se pudo celebrar la comida de hermandad.

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Ahora que nuevamente se acerca la Cofradía de este año, la fotografía de la mesa que retengo desde la infancia ya no será la misma: A sus 85 años, ha muerto Josemari, el eterno compañero de fiestas de mi padre; la figura cercana, cariñosa y eternamente sonriente que siempre estaba a su lado cuando había que gozar sanamente de la juerga, uno de los cuatro compañeros de jarra en la comida. Tuve la fortuna de disfrutar de su amistad cómplice en los últimos años, una vez que hubo aceptado el reto de ser miembro –como yo– de la Comisión de la Cofradía; pude escuchar de su boca alguna que otra aventura que mi padre jamás me habría contado. Compartir con él, en magnífica compañía, el placer de una buena sobremesa, de agradable charleta, saboreando un habano… Y lo recuerdo con una sonrisa íntima y un punto de emoción, pensando que ahora eso se acabó. Ya no habrá ese brindis que todos los años, en medio de la comida, ofrecía a Aitor, en recuerdo del padre de éste, con quien inició ese también pequeño ritual hace ya muchos, muchos años. No habrá más brindis, ni puros, ni anécdotas, ni emociones vivamente compartidas en tertulias interminables.

Dentro de solo unos días, cuando sentado en mi sitio, a varias mesas de distancia, mire hacia la jarra de mi padre, habrá otra ausencia más, la de nuestro querido Josemari (Jesús ya tuvo que dejarlo, por enfermedad, hace unos años y también ha fallecido recientemente), y esta punzada que ahora siento detrás del esternón volverá a hacerse presente por su falta insustituible, pero también cuando vea a mi padre, a su avanzada edad, comer y brindar un poco más solo, poblado de los recuerdos de tantas cofradías y fiestas como compartió con su buen y fiel amigo…

Transcurren estos días de agosto canicular y acaban de comenzar los “sanrroques” con el bullicio habitual. Hace nada, igual que sucede cada año por estas fechas, el cielo fue inundado por el maravilloso espectáculo de las Perseidas, popularmente conocidas como las Lágrimas de san Lorenzo… Y, ahora que mis dedos abandonan el teclado, pienso en esa lluvia de innumerables meteoritos de alta actividad, que puntualmente nos recuerda la singular belleza de todo aquello que llamamos vida… en su definitiva fugacidad.

2010 - 3Este domingo de la Cofradía, Gotzon, Patxi, Txutxín y yo, compañeros de jarra, daremos inicio a la comida con nuestro ritual de siempre: alzaremos nuestros vasos llenos de vino, los juntaremos en el centro y, mirándonos a los ojos, susurraremos satisfechos “un año más”. Y tendrá más sentido que nunca.

18.8.16

La investidura: 13 píldoras y una conclusión.

Alguien puede entender de vinos, fútbol, astrofísica o historia del pueblo lapón, sacar su tema e incluso lucirse, porque se le nota que controla. Sin embargo, ¿de qué sabe alguien que entiende de política? Desde el candor de esta duda y confesando mi hastío con las informaciones y declaraciones que, alrededor de la investidura del próximo presidente del Gobierno, nos saturan desde hace meses, quiero plantear 13 píldoras reflexivas sobre el momento que vive la política nacional. A ello voy:

1. Ser el partido más votado en las elecciones, con notable diferencia de escaños sobre el siguiente, confiere al PP y a su líder, Mariano Rajoy, la responsabilidad de intentar conseguir la investidura y una posterior formación de gobierno.

2. El ejercicio de dicha responsabilidad se concreta en la negociación con otros partidos, en orden a alcanzar acuerdos que permitan sumar votos suficientes para conseguir el objetivo perseguido de ser investido Presidente del Gobierno.

3. La dificultad que entraña tal responsabilidad es directamente proporcional al número de escaños que faltan al partido ganador de la mayoría absoluta o, al menos, del número de votos necesario para sacar adelante la investidura. Si el PP hubiera obtenido 174 escaños, tan solo habría tenido que negociar el apoyo de un par de diputados más para garantizarse una plácida votación y posterior formación de gobierno.

4. Cuando la empresa a la que uno se enfrenta es sencilla, la consecución del éxito no requiere gran esfuerzo o sacrificio. En el ejemplo de los 174 diputados, no habría resultado extremadamente laborioso hacerse con el respaldo de ese par de escaños adicionales. Y, sobre todo, a buen seguro, no habrían resultado sacrificados demasiados postulados del programa electoral propio. El precio habría sido barato.

5. Cuando el reto es complicado, solo puede abordarse desde la convicción de que es imprescindible un gran esfuerzo y, muy probablemente un importante sacrificio. Diría que es el caso actual del PP, con 137 escaños. Parecía pues, lógico y razonable, esperar que Mariano Rajoy, consciente de todo ello, se hubiera dispuesto a afrontar un arduo y complicado proceso de negociación.

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6. Para afrontar esta negociación, y como consecuencia de lo afirmado, el líder del PP debería tener en consideración dos premisas: la diversidad de partenaires posibles para alcanzar la cifra mágica (opciones diversas, por tanto) y la necesidad de un planteamiento muy dúctil y flexible respecto a su propio programa electoral, pues, en este caso, tiene que “comprar” más y, por tanto, el precio no es barato.

7. El resto de partidos políticos, especialmente PSOE y Podemos —que sí podrían haber ahorrado a Rajoy el trance de intentar siquiera nada— dirán públicamente lo que quieran, pero han demostrado su incapacidad o su total ausencia de voluntad para alcanzar un acuerdo alternativo entre ellos mismos. Por ello, me permito excluirlos de esta reflexión.

8. Defiendo la validez del símil negociación política – compraventa, para este caso. Do ut des. Si Rajoy quiere algo, tiene que dar algo. Él, y solo él, tiene lo que pueden llegar a querer los vendedores que guardan celosos el producto añorado por el PP: el sentido de sus votos en la investidura. Entra en funcionamiento el juego de la oferta y la demanda, que acaba fijando el precio.

9. Cuando alguien quiere comprar, y más si lo hace por necesidad, asume la responsabilidad del proceso a seguir para que la operación llegue a buen puerto. Eso incluye seducir al potencial vendedor, primero para que negocie y luego para alcanzar un acuerdo de compraventa con él (lo de “¡es que no quiere ni sentarse a negociar!” no solo no es de recibo, sino que mueve a la risa y más si hablamos de política).

10. Desconozco si Rajoy y el PP han salido con la bolsa a comprar lo que necesitan (y lo de la bolsa es una metáfora blanca, no se me revolucionen, a pesar de haber motivos sobrados para ello), pero uno tiene la sensación de que, si lo ha hecho en verdad, pretende gastar muy poco o incluso intenta que le regalen el producto que busca.

11. Mariano Rajoy, líder del PP, el llamado a intentar la investidura, el líder del partido más votado, el que botaba la noche electoral celebrando su triunfo, tiene la obligación de dejarse la piel en el intento negociador. Solo podrá eludir su responsabilidad cuando demuestre que los vendedores le piden un precio superior a lo que lleva en su bolsa o un precio que él no está dispuesto a pagar. Y en ambos casos deberá explicar públicamente que no tiene tanto dinero o por qué no quiere pagar el que le piden.

GRA797. MADRID, 26/06/2016.- El presidente del Gobierno en funciones y líder del PP, Mariano Rajoy (2i), junto a su mujer Elvira Fernández (i), la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal (d), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (2d), y el jefe de Gabinete del presidente, Jorge Moragas (d), durante su comparecencia ante los simpatizantes en el exterior de la sede del partido, en la madrileña calle Génova, tras conocer los resultados de las elecciones generales del 26J. EFE/Javier Lizón

12. PP (137) + Ciudadanos (32) + PNV (5) + Coalición Canaria (1) = 175. Es el centro derecha de la cámara, ¿no? ¿No habrá suficiente “Do” para que haya el necesario “Des” ahí? ¡Ja!

13.- No es fácil olvidar la imagen de un PP soberbio y altanero en su mayoría absoluta de cuatro años pasados, ajeno a contestaciones y protestas sociales y poco amigo de negociaciones y acuerdos políticos que no sentía necesitar y cuya bondad o conveniencia no valoraba en absoluto. No debe ser fácil el cambio de chip.

Conclusión: Es difícil aceptar algunos planteamientos del debate acerca de la responsabilidad sobre unas eventuales terceras elecciones. Resulta vergonzoso el intento de desplazar la responsabilidad principal del sainete hacia terceros actores. Perplejidad provocan las apelaciones para ello a un cacareado sentido de Estado, que, según parece, afecta al resto de partidos, que no al PP. Pero, claro, en el fondo todo esto se entremezcla con los intereses ocultos existentes en algunos partidos políticos y las batallas ajenas al interés público que se están dilucidando al socaire de la investidura. Me parece todo una auténtica vergüenza, que califica a aquellos políticos y medios de comunicación que protagonizan y participan en y de tan lamentable espectáculo.

Por favor, que no sigan intentando engañarnos y que cada quien asuma la responsabilidad que realmente le corresponde en este juego democrático. Intenten, siquiera por una vez, estar a la altura de su habitual retórica. De lo contrario, la sociedad española a la que tendrían que representar, continuará pagando su mediocridad y esto es algo que, difícilmente, les podremos perdonar.

5.8.16

El Comisionado de Memoria Histórica de Madrid y la modificación del callejero. “Una medida pedagógica”.

A nadie se le escapa la brutal carga simbólica que Madrid tiene en todos los órdenes respecto al conjunto de España. Sin duda, su condición de capital del Estado obra de manera determinante en tal sentido. Todo es más grande, todo es más importante, todo es más trascendente. Y tal vez es esa diferente dimensión de todas las cosas lo que más me ha chocado en los dos meses largos que llevo trabajando allí.

La memoria histórica, incluso a pesar de lo controvertido del propio término, ha sido uno de los asuntos presentes en la política española desde mediados de la primera década del presente siglo, constituyendo uno de los momentos álgidos de esta notoriedad, la aprobación por las Cortes Generales  de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La aplicación de esta Ley, en términos generales, ha sido más bien irregular y ha dejado mucho que desear, con notorios y graves incumplimientos por parte de numerosas administraciones. Entre ellas, se encuentran las de Madrid, tanto su Comunidad como su Ayuntamiento, que se han caracterizado por su renuencia a dar paso alguno en la dirección impuesta por la referida Ley. No es mi intención ahora analizar con minuciosidad este incumplimiento, más allá del significado político de dicha actitud.

Como decía al principio, Madrid es el gran símbolo nacional. Por ello, el muro de contención levantado por el Partido Popular desde la Comunidad y el Ayuntamiento en sus años de gobierno frente a la aplicación de la Ley y frente a las reivindicaciones de los sectores que lo demandaban, gozaba de una significación especial: La resistencia a aceptar plenamente la filosofía que trufa la Ley de 2007, desarrollada en su cuidada exposición de motivos, como postulado político esencial del partido. La realidad es que el PP no ha tenido empacho alguno – al contrario – en levantar la bandera de la oposición a cualquier medida que supusiera cumplimiento legal. Cumplimiento de una Ley vigente, por cierto, puesto que ni con la mayoría absoluta de la que ha gozado en esta última legislatura, se ha avenido a derogarla, al menos de derecho (lo del vaciado del presupuesto supuso una suerte de derogación de facto).

Con el nuevo gobierno municipal surgido tras las últimas elecciones y bajo el mandato de la alcaldesa Manuela Carmena, el Ayuntamiento está dando los pasos necesarios para subsanar esa anomalía y, a través de una figura creada hace tres meses, el Comisionado de Memoria Histórica, pretende implementar cuantas medidas resulten convenientes para dar cumplimiento a la Ley y para promover una política pública de Memoria en la ciudad de Madrid. Los primeros pasos ya se han dado y, entre ellos, destaca su primera propuesta en relación a la modificación del callejero de la capital, cuestión mediática y polémica donde las haya, que levanta pasiones y suscita polémicas.

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Publicitada la pasada semana esta primera propuesta elaborada por el Comisionado, de retirada de algunas calles y consiguiente nueva denominación de las mismas, los miembros del citado órgano han querido defender su trabajo a través de un artículo publicado en el periódico El País el día 26 de julio. Por su gran interés, lo reproduzco a continuación:

 

Una medida pedagógica

“Los abajo firmantes hemos sido encargados por el Ayuntamiento de Madrid de revisar el callejero y la simbología existente en lugares públicos con el fin de cumplir el artículo 15 de la Ley 52/2007 (habitualmente conocida como Ley de la Memoria Histórica y referida a la reparación debida a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo), que exige la retirada de todo símbolo público que exalte la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura franquista. Querríamos hoy justificar públicamente nuestra tarea.

Las medidas reparatorias que unas autoridades democráticas deben tomar después de un período de guerra civil o dictadura constituyen un terreno de gran complejidad en términos de filosofía y ética política. Hay que rechazar, desde luego, todo ánimo revanchista. No se trata de enmendar la historia, ni de demostrar que han llegado ahora al poder quienes perdieron la guerra hace ochenta años.

Tampoco nos hemos dejado llevar por la idea, expuesta por el filósofo Georges Santayana, de que los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo.

El recuerdo ayuda, sin duda, a prevenir riesgos futuros. Pero el pasado no se repite de manera mecánica y fatal. La ley de la historia es más bien el cambio, y uno de esos cambios son las transiciones a la democracia. En el caso español, hay muchas razones para creer que acontecimientos trágicos como los iniciados en 1936 no volverán a ocurrir. La sociedad ha cambiado radicalmente, se ha elevado nuestro nivel económico y cultural, hay una democracia estabilizada y han desaparecido aquellas pasiones políticas que llevaron a la gente a la barbarie del exterminio mutuo.

Tampoco nos guía la idea de hacer justicia, en sentido literal del término, es decir, restaurar la situación en el estado en que estuvo antes de que se conculcara el derecho. Esto es raras veces posible, y menos aún cuando ha transcurrido tanto tiempo.

Nadie puede devolver la vida a los que la perdieron, ni la juventud a quienes la pasaron en la cárcel, en el exilio o como miembros de una familia que, además de haber perdido a un ser querido, se vio obligada a vivir en el oprobio y la marginación. Lo único que ahora podemos hacer es rehabilitarles moralmente, pagar la deuda política y simbólica que tenemos con esas víctimas. Hay que proclamar en voz alta y delante de todos que muchos españoles sufrieron un tratamiento inmerecido y que sus familias pueden y deben caminar hoy con la cabeza bien alta. Si alguien debe sentir vergüenza somos los demás, por haber tardado tanto tiempo en rendirles este homenaje.

La razón más profunda que inspira medidas de este tipo fue explicada hace tiempo por Pablo de Greiff, comisionado de la ONU para el caso español, que visitó este país hace tres años y elaboró un informe muy crítico hacia la actitud de las autoridades españolas en este problema. Según él, estas medidas se justifican porque es necesario aumentar la confianza de los ciudadanos entre sí y entre ellos y las instituciones públicas. Las instituciones que toleran que una parte de la ciudadanía cargue con un tratamiento injusto se desprestigian. Quienes gobiernan una sociedad deben dejar patente que se guían por los valores y normas dominantes entre el conjunto de los ciudadanos.

No se trata, pues, de establecer una versión canónica del pasado que fije los méritos y responsabilidades de cada uno en conflictos internos muy complejos y las deudas derivadas de tales actuaciones. Tampoco de adentrarnos en pantanosos debates sobre la personalidad colectiva ni de hacer proyecciones de culpas y méritos pretéritos sobre grupos sociales del presente. Se trata de resolver un problema de los ciudadanos españoles actuales. Se trata de fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra moral cívica.

A partir de estas consideraciones, nuestro grupo ha trabajado sobre una treintena de calles cuya nomenclatura había sido cuestionada por Juntas de Distrito, asociaciones de vecinos o de memoria histórica o ciudadanos particulares. Y hemos acordado una primera propuesta sobre los casos más llamativos: principalmente, personajes que participaron de manera destacada en la rebelión militar de 1936 u ostentaron altos cargos del régimen represivo establecido en 1939.

Aunque otorgar nuevas denominaciones a esas vías públicas no era exactamente nuestra función (pues esto implica una voluntad política y debe corresponder por tanto a los órganos representativos de la ciudadanía madrileña), nos hemos atrevido también a lanzar, como sugerencias, una serie de propuestas alternativas. Con ello tratamos de facilitar la adecuación del callejero de esta ciudad a los valores cívicos y democráticos que corresponden al Madrid del siglo XXI. En este espíritu, hemos pensado que se debía homenajear a mujeres ilustres, a instituciones pedagógicas o personajes del mundo de la cultura que contribuyeron a engrandecer nuestro patrimonio inmaterial en tiempos difíciles y a políticos destacados por haber adoptado posiciones conciliatorias.

De los 27 nombres que proponemos, un tercio son meras reposiciones de denominaciones anteriores a 1939, o referencias geográficas políticamente neutras. Casi otros tantos se refieren a literatos o títulos literarios de relieve. Y el resto se reparten entre ideales abstractos (Inteligencia, Memoria, Concordia), personajes políticos (un comunista, un socialista y un anarquista, conocidos los tres por su espíritu apaciguador), mujeres (una falangista / feminista y una fiscal de violencia de género), militares (un republicano de 1936 y un liberal progresista del XIX) y asociaciones pedagógicas como la Institución Libre de Enseñanza.

El conjunto nos parece equilibrado. Hay, desde luego, lagunas, como la de los científicos, menos abundantes de lo deseable en la historia de este país, pero que por esa misma razón deben ser exaltados y celebrados con mayor fuerza. Habrá una segunda propuesta donde se intentará compensar esta y otras carencias.

La función de una medida de este tipo debe ser, sobre todo, pedagógica. No en sentido estricto, pues no queremos dar una lección de historia, ni mucho menos imponer una determinada versión del pasado. Pero sí en el de restaurar y fortalecer esa confianza entre los conciudadanos que una guerra civil rompe; la confianza de ellos entre sí y la de todos en unas instituciones que por ser democráticas debemos sentir como nuestras.

Unas instituciones que han de encarnar la justicia y han de reconocer y proclamar, en nombre de la comunidad, que entre 1939 y 1975 se cometieron actos y se vivieron situaciones de violencia que afectaron de manera injusta a muchos de nuestros conciudadanos. La democracia debe reconocerlo para disfrutar así de la confianza de todos. Sólo cuando se restablezca esa confianza se podrán considerar cerradas las heridas y extinguidas las deudas y responsabilidades.

Firmado: La Presidenta del Comisionado, Paquita Sauquillo, el vicepresidente, José Álvarez Junco y el resto de sus vocales: Teresa Arenillas, Octavio Ruiz Manjón, Andrés Trapiello, Santos Uría y Amelia Valcárcel.”

 

26.7.16

Montejurra, 40 años después. Mi memoria.

Era un acontecimiento especial para nosotros, niños entonces. Preparativos de víspera, filetes albardados y tortillas en las fiambreras, taxpela roja (cada uno la suya), nervios por el madrugón, el largo viaje con parada en Vitoria para comprar el pan y, por fin, la llegada a Estella y, poco después, a las campas de Iratxe. Con los comienzos de mayo, la cita de Montejurra era sagrada para nosotros, los carlistas.

Recuerdo la subida al monte, por camino pedregoso, duro y serpenteante. Un camino que se convertía en río rojo junto al verde de los arbustos y el sempiterno gris de la roca. Un colorido inolvidable. El descenso era un lento desperdigarse de grupos por los campas, prestos a dar cuenta de las viandas o de las calderetas que los navarros preparaban en el lugar. Sobremesa de anécdotas, jotas y cánticos y, al final, el paseo por Estella y regreso a casa.

Sin embargo, llegó un Montejurra en el que todo aquello cambiaría a los ojos de un chaval que se asomaba a la adolescencia. Ya el año anterior recuerdo una destacada presencia de guardias civiles en la cima del monte, incluso con helicóptero sobrevolando la concentración montañera. Pero aquel día de mayo, a la tradicional misa en la cueva, se unió la intervención pública de un individuo cuyo aspecto me llamó mucho la atención. Con una melena y unas barbas impropias, por su largura, incluso para la época y unas gafas de pasta a las que solo le faltaba la nariz adherida para parecer de nochevieja y subido en algún lugar, con un megáfono, aquel individuo dijo algo que se me quedaría grabado: “Cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. Solo un tiempo después fui capaz de entender el significado de aquella frase, pronunciada el primer domingo de mayo de 1974, apenas unos días después de la revolución de los claveles en Portugal.

Más tarde vinieron las manifestaciones en Estella, el apedreamiento de la vieja “casa de sindicatos”, gritos cuya comprensión se me quedaba a medias, como “Por fascista y por cabrón, Garicano al paredón”, la aparición de banderas nuevas en las concentraciones carlistas, la presencia de militantes de otras organizaciones políticas…

La conversión del Carlismo en un partido socialista, autogestionario y federal, junto a su participación en plataformas de oposición democrática al régimen de Franco, como la Junta Democrática, primero y la Plataforma de Convergencia Democrática, después, que acabaron fusionadas en la conocida como “Platajunta”, me pilló en los albores de un despertar político real y autónomo.

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Y con 15 años recién cumplidos, aquel 9 de mayo de 1976, repitiendo los rituales de cada año, nos embutimos toda la familia en el R-12, camino de la cita carlista de Montejurra.

Confieso que éramos ajenos a los rumores y noticias que, con posterioridad, supimos que existían acerca de los movimientos extraños protagonizados por grupos de mercenarios y de extrema derecha. Lo cierto es que aquel día llegamos a las campas de Iratxe, como siempre, y nos disponíamos a visitar primero el Monasterio, cuando nos encontramos con gente que volvía de allí, aconsejándonos que no fuéramos, que había habido lío y alguna agresión, con tiros incluidos. Se hablaba de heridos. El ambiente era por momentos más tenso entre la gente y, en medio de la confusión, comenzaban a llegarnos comentarios, rumores y manifestaciones de rabia e indignación. El día estaba nublado y el monte apenas se divisiva entre una espesa neblina.

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Al poco, se extendió la consigna de iniciar la subida y los grupos de carlistas arremolinados en las campas, comenzaron a enfilar el tortuoso camino de la cumbre, sin disimular la incertidumbre y los nervios. No habíamos cubierto aún media ascensión cuando se oyeron aplausos y gritos, evidencia de la presencia de Carlos Hugo, el líder del carlismo y su esposa Irene de Holanda. Los gritos reivindicativos eran constantes. Montejurra se había convertido en un acto político de oposición al régimen franquista.

La verdad es que, entre el nerviosismo, la estrechez del camino de subida y la aglomeración de gente, me vi separado de familia y amigos, ascendiendo junto a otros carlistas, jóvenes y mayores, que no ocultaban su preocupación por el ambiente y lo que ya se daba por hecho: que había habido heridos de bala en las campas de Iratxe.

De pronto, cuando ya no quedaba mucho para la cima, oculta a nuestra vista por la niebla, oí con nitidez unos ruidos similares a los de los petardos, que tan bien conocía. Fueron varios, seguidos, en ráfagas y sueltos. Lejanos, como amortiguados por la humedad, pero reales. Tanto que la gente se detuvo. Se oyeron gritos procedentes de la parte de arriba que pronto se hicieron comprensibles: “¡Abrid paso, por favor! ¡Abrid paso!”. Recuerdo que me encaramé en el costado del camino, agarrándome a unos arbustos, como hizo la gente a mi lado y fue entonces cuando vi que bajaba un grupo todo lo rápido que permitía lo pedregoso y estrecho del camino. Varias personas sujetaban algo parecido a una parihuela gris sobre la que yacía un joven. Su cabeza bamboleando sobre la improvisada camilla, al compás desordenado del paso de sus porteadores, con los ojos vueltos, en blanco, es una imagen que jamás olvidaré. Se enganchó en lo más profundo de mi memoria. Luego supe que aquel joven se llamaba Ricardo García Pellejero, que era de Estella y tenía 20 años, apenas cinco más que yo.

Se decidió no continuar la ascensión hacia la cima y, de hecho, recuerdo que se celebró la tradicional misa allí mismo, en un recodo del camino.

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El posterior descenso del monte lo recuerdo como de una tensión extraordinaria. Ira, indignación, preocupación, entre los carlistas, jóvenes y mayores. En las campas de Iratxe, una nutrida formación – creo recordar que de policía armada – ocupaba el lateral del camino y era duramente increpada por la gente, que les recriminaba su pasividad e inhibición ante la agresión sufrida.

No recuerdo mucho más de aquel día. No, al menos, de lo que hicimos, aunque sí de cómo me sentí. La impresión y el impacto que me produjo lo vivido fueron tremendos. Nunca he olvidado esa sensación y hoy es el día que, escribiendo estas líneas, aún me estremezco emocionado, con una mezcla de tristeza y rabia.

Más tarde supe mucho más de todo. Supe de los dos muertos, el mencionado Ricardo García Pellejero y de Aniano Jiménez Santos, herido en Iratxe que falleció días después; de la existencia de más heridos; de las implicaciones en las agresiones de los mercenarios y fascistas venidos de otras latitudes; de las manipulaciones informativas que pretendieron hacer ver que los sucesos fueron fruto del enfrentamiento entre dos sectores del Carlismo; de las implicaciones de las fuerzas de seguridad y de los servicios secretos españoles; de la nunca asumida responsabilidad de políticos del más alto nivel (Fraga de nuevo, como ministro de Interior, apenas dos meses después de los asesinatos de Vitoria); de la inexistente investigación policial y judicial; de la impunidad para todos los responsables de los asesinatos, por falta de investigación o por beneficiarse de la Ley de Amnistía; de las trabas puestas por el Estado para reconocer a los asesinados como víctimas del terrorismo y de la tenacidad de José Angel Pérez Nievas para conseguirlo, por fin, por vía judicial.

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El año siguiente la autoridad gubernativa prohibió la celebración de Montejurra y derivamos la convocatoria, sobre la marcha, el mismo día, al castillo de Javier. Por fin, en 1978 el partido celebró lo que se denominó el primer Montejurra en libertad. Siempre me he resistido a reconocer las elecciones de junio de 1977 como las primeras democráticas en España, tras la dictadura. El Partido Carlista y algún otro partido más, no fueron legalizados para la ocasión y tuvieron que presentarse como agrupación de electores.

Seguí militando en el Partido Carlista, a través de EKA (Euskadiko Karlista Alderdia). Participé en el Congreso que se celebró en Alcobendas (Madrid) en diciembre de 1979, tras el fracaso electoral y con la marcha de Carlos Hugo y la anterior dirección del partido. Y formé parte de la candidatura de EKA por Alava, en las primeras elecciones al parlamento vasco, en 1980, en el que fue mi último acto de militancia política en el Carlismo.

Con el tiempo he vuelto alguna vez por Estella y Montejurra, sin llegar a subir al monte. Los sentimientos han sido recurrentes. El impacto de lo vivido sigue ahí, fresco e intenso, cada vez que algo me lo trae al recuerdo. Soy consciente de que aquel episodio contribuyó a forjar una parte no desdeñable de mi forma de ser y de pensar en lo que concierne a la política.

Hoy, 40 años después de aquel día, sigo emocionándome al revivir lo sucedido. Y creo de justicia que esa emoción se traduzca en memoria de las dos personas que fueron injustamente asesinadas: Ricardo y Aniano. A su recuerdo les dedico estas líneas.

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P.S. El Partido Carlista sigue existiendo formalmente, aunque sea con carácter meramente residual. El pasado sábado, 7 de mayo, organizó un acto en Iratxe, consistente en una ofrenda floral, en el cual solicitó públicamente al gobierno de España la desclasificación de los documentos oficiales de los episodios de Montejurra 76.

 

9.5.16

La responsabilidad del PSOE. Entre el 20-D y el 26-J.

Sería curioso el resultado de sumar las horas de tertulias televisivas y radiofónicas que, desde la noche del 20 de diciembre pasado, se han ocupado en aventurar, predecir y pronosticar el futuro del próximo gobierno de España. A lo largo de estos meses, decenas de tertulianos, analistas, periodistas, políticos y expertos de toda índole y adscripción se han devanado los sesos en la  tarea de ilustrar y mantener entretenida a la ciudadanía,  ejercitando el arte de la hermenéutica, en relación a los movimientos de los partidos políticos partícipes, por activa o por pasiva, en el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo que les permitiera formar gobierno.

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En tal sentido, los protagonistas no han escatimado esfuerzos a la hora de suministrar abundante y variopinto material susceptible de interpretación, facilitando con ello las idas y venidas entre variables y opciones posibles que, cual espejismos intermitentes, tan pronto se daban casi por reales y ciertos, como se esfumaban sin motivo, perdiéndose en el limbo de las quimeras.

Llevamos semanas esclavizados por el abuso de la especulación; con nuestra realidad cotidiana colonizada por suposiciones y acertijos. Un gesto, una palabra, una actitud, una mirada casi, de nuestros líderes políticos han sido elementos suficientes para despertar la voracidad de opinadores profesionales y diletantes a la hora de hacer cábalas, en no pocas ocasiones interesadas y/o voluntaristas, acerca de la marcha y el resultado de las negociaciones o de la ausencia de éstas.

Al final, parece que en la ciudadanía ha quedado como poso una sensación, si no de cansancio y saturación (esto lo veremos en el índice de abstención, si es que se repiten definitivamente los comicios), sí de estar ante una situación de extraordinaria complejidad. Como si esto de alcanzar acuerdos importantes entre partidos políticos fuera un asunto que exigiera, unas dosis fuera de lo común de voluntad, esfuerzo e incluso fortuna, con las que abordar una tarea titánica semejante a la cuadratura del círculo.

Sin embargo, no comparto esta visión que da por buena la complejidad del proceso de conformación de un nuevo gobierno. Y apuesto por un planteamiento tan sencillo como comprensible, a riesgo de ser tildado de iluso o simple.

Parto de la premisa según la cual, el PSOE es el único partido que tiene ante sí varias opciones entre las cuáles elegir, en orden a liderar el intento de formar gobierno. Y ello porque el PP solo tiene la opción de alcanzar un acuerdo con el PSOE, con o sin la inclusión de Ciudadanos en el mismo paquete. Es la llamada “gran coalición”, suponga ello la participación del PSOE en el gobierno, un pacto que sustente un gobierno monocolor del PP o simplemente la abstención en la investidura. Pero esa opción solo tiene una puerta: la del acuerdo con el Partido Socialista. No hay más.

Por contra, los socialistas tienen dos caminos diferentes a seguir, con una tercera opción añadida: pactar con su derecha, pactar con su izquierda o no hacerlo con ninguna de las dos. A la derecha, Ciudadanos y el Partido Popular; y dan los números. Y a la izquierda, Podemos y otros grupos del ámbito de la izquierda y el nacionalismo periférico; y también salen las cuentas.

Disculpen que no me entretenga en divagaciones sobre matices y aritméticas varias, pero, ¿qué quieren?, yo lo veo así de simple. “Dos escrituras a elegir: Bic naranja, Bic cristal”.  El PSOE tiene en su mano elegir entre ambas opciones. Una posibilidad que ya tuvo desde la misma noche electoral, al confirmarse los resultados definitivos. Sin embargo, hete aquí que Pedro Sánchez eligió una alternativa diferente, que yo no he contemplado en mi planteamiento, por considerarla un lío imposible, aunque en pura teoría, ciertamente constituyera otra opción. Se marcó como objetivo llegar a un acuerdo a derecha y a izquierda, al mismo tiempo, colocándose él como el fiel de la balanza, imagen centrada y moderada, a modo de escudo protector contra las eventuales críticas que pudieran surgirle por pactar con unos o con otros.

Que a mí me pareciera inviable no significa, claro está, que no lo fuera, pero los hechos han venido a confirmar su condición utópica y lo cierto es que ahora mismo se ha revelado imposible el pacto del PSOE con Ciudadanos y Podemos.

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Y en este punto surge inevitable la pregunta: ¿Implica este fracaso que estamos abocados a celebrara unas nuevas elecciones? Pues a mi juicio, no. Es más, creo que, cual flores en primavera, ante los socialistas se abren de nuevo, con más fuerza incluso que antes, las dos opciones señaladas. Constatada la inviabilidad del pacto con derecha e izquierda a la vez, toca elegir: o los unos o los otros.

A buen seguro que este emplazamiento resuena con fuerza en los oídos de los socialistas, porque no es verdad que no haya solución al galimatías en el que nos encontramos y que estemos irremediablemente condenados a pasar de nuevo por las urnas. Ahí están, vírgenes, las dos vías indicadas. Cabe, claro está, que el PSOE no quiera decantarse por ninguna de las dos y que desista de su intento por formar gobierno a partir de alguna de ellas, pero eso, amigos, es también una elección; y esa elección también corresponde a Pedro Sánchez y a su partido.

GRA094. MADRID, 01/09/2014.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva socialista, donde ha anunciado que propondrá al Comité Federal que las primarias para elegir al candidato para las elecciones generales se celebren tras los comicios municipales y autonómicos, en julio del próximo año. EFE/Emilio Naranjo

Lo cruel del resultado electoral del 20-D para el PSOE no fue marcar el nivel mínimo de apoyo electoral obtenido en unas elecciones generales desde el advenimiento de la democracia, sino la diabólica situación en la que los números le colocaron, al ser el único partido que puede y tiene que decidir entre varias opciones y, por tanto, el que mayor responsabilidad tiene en el resultado final de todo el proceso.

Así pues, que haya gran coalición, gobierno de izquierdas o nuevas elecciones, depende, en su mayor y más compleja medida, del Partidos Socialista Obrero Español. De cómo ejerza esta enorme responsabilidad, puede derivarse que salga fortalecido del trance o que avance aún más por ese camino cuyo punto final es la irrelevancia política en la izquierda.

Y todo lo demás, a  mayor gloria de una fatigada ciudadanía, no será sino una reiterada y aburrida pirotecnia.

12.4.16

El valor de los gestos

Publicado en Aiaraldea, Laudio, abril de 2016

 

Las banderas son símbolos. Por eso, se utilizan con frecuencia para realizar gestos con significados diversos. Desde su flameo orgulloso para la exaltación de la identidad colectiva en el ámbito político o el apoyo a un equipo o deportista de la tierra, hasta su quema pública para denigrar a otras colectividades.

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Hace unos días, el parlamento de Navarra acordó retirar de su fachada la enseña de la Unión Europea, como gesto de protesta y repulsa ante el acuerdo alcanzado con Turquía en el dramático asunto de los refugiados. Comprendo bien este gesto, porque comparto el sentimiento de indignación y vergüenza ante la decisión de la UE, colectividad política de la que formo parte.

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De hecho, se asemeja a la indignación y vergüenza que sentía hace no demasiado tiempo, cuando en Euskadi un pequeño grupo de personas asesinaba a sus semejantes “en nombre del pueblo vasco” al que yo también pertenezco.

Sin embargo, durante aquella época aposté por otro tipo de gestos y no pasó por mi cabeza el rechazo a la ikurriña. Creía que, como símbolo, ésta pertenecía a toda la comunidad a la que representa y no solo a aquellos que la mancillaban vertiendo sangre inocente. Eso que acertó a expresar mucha gente en Madrid tras el asesinato de Tomás y Valiente: “Vascos sí, ETA no”.

De la misma manera, creo que la bandera azul de las estrellas representa a una Europa que trasciende de la indignidad mostrada por sus actuales dirigentes.

Conviene sopesar bien el valor de los gestos.

 31.3.16

Otegui: de la política a la cárcel, ida y vuelta.

Escribí este artículo para “Agenda Pública”, que lo ha publicado el 5 de marzo.

No ha sido Arnaldo Otegui la primera persona encarcelada por la comisión de delitos relacionados con la violencia política que sale de prisión con la intención de hacer o seguir haciendo política. En Euskadi, sin ir más lejos, fueron no pocos los polimilis que, después de haber pasado un tiempo encarcelados y tras abandonar la estrategia político-militar, abrazaron los modos pacíficos de la política tradicional. Kepa Aulestia, Teo Uriarte o Mario Onaindia son, tal vez los nombres más significativos, aunque no los únicos.

Pero sus tiempos fueron otros y los réditos electorales que pudieron obtener, a través de aquella recordada y admirada Euskadiko Eskerra, se derivaron fundamentalmente del proyecto político que defendían, mucho más que de sus peripecias vitales personales, especialmente cuanto tuviera que ver con su condición de “represaliados” por la dictadura o el estado opresor. Nunca su “injusto sufrimiento” formó parte del capital político sobre el que buscaron apoyo electoral.

Muy al contrario, la izquierda abertzale está sabiendo aprovechar bien la conjunción de factores que concurren en el caso de Arnaldo Otegui.

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Por un lado, Sortu ha sabido colocar el foco principal en la dimensión política de dicha condena, subrayando la contradicción que supuso encarcelar por colaboración con banda armada a quien apostaba en ese mismo momento con vehemencia por las vías pacíficas y democráticas, y postulando el final del ciclo de la lucha armada. La percepción de injusticia se extendió entre amplios sectores de la sociedad vasca – y también de la española -, con voces políticamente plurales que contribuyeron a fortalecer la legitimidad de su denuncia.

Por otra parte, el gobierno español, que no ha movido un solo dedo para propiciar el avance del proceso de final de la violencia en Euskadi (más allá de las detenciones policiales practicadas, cuyo valor no niego en absoluto), tampoco ha demostrado voluntad de suavizar el cumplimiento de la condena, forzando la integridad del mismo, hasta el último día. Una vuelta de tuerca más a la hora de acrecentar la percepción de injusticia.

Al mismo tiempo, la atención sobre el caso Otegui se ha centrado en su papel en el proceso de cambio de estrategia de la izquierda abertzale, ensalzando su liderazgo en el impulso del mismo hacia las vías exclusivamente pacíficas y democráticas. Su calificación como “hombre de paz” olvidaba interesadamente su condición de responsable de una formación política que aplaudió, justificó y legitimó la acción terrorista de ETA. Por ejemplo, cuando esta organización asesinó a quien fuera compañero de escaño suyo en el Parlamento Vasco, y exvicelehendakari del gobierno vasco, el socialista Fernando Buesa.

Esta conjunción de factores no ha sido desaprovechada por una izquierda abertzale atribulada con los últimos resultados electorales, en los que perdió mucho gas y contempló, perpleja, la deslumbrante aparición de la izquierda podemita.

La teatralidad de la política y la deriva hacia su dimensión más próxima al espectáculo es uno de los signos de nuestro tiempo. Y también la izquierda abertzale tiene derecho a aprovecharse de los beneficios que tal deriva proporciona. Así que, superando a marchas forzadas las dudas y vacilaciones surgidas en el tránsito desde la épica revolucionaria hacia el aburrimiento de la normalidad democrática moderna, sus dirigentes se han aplicado a explotar los perfiles más rentables del caso Otegui, con la vista puesta en venideros compromisos electorales; singularmente el asalto a la Lehendakaritza.

Una inteligente campaña de comunicación e imagen ha presentado a Arnaldo Otegui como víctima de la represión política injusta del Estado: El hombre que abanderó el camino hacia la Paz en Euskadi encarcelado por ello. Nuestro particular Mandela, como muchos se atrevieron a proclamar, aceptando un nivel de protagonismo personal y culto al líder desconocido hasta ahora en ese mundo político.

Sin embargo, está por ver el efecto real que la presencia pública de Otegui genere en el comportamiento del electorado vasco y, con ello, en el juego político que se inicie tras las elecciones autonómicas a celebrar este mismo año.

Los impactos provocados por factores emocionales tienden a ser efímeros. Y a la profusión y velocidad de los sucesos informativos en el mundo de hoy se une la voracidad con que los medios y la propia opinión pública devoran y desechan cuanto sucede, por importante que sea, urgidos por la siguiente noticia que atropella con su frescura.

A juzgar por algunos detalles, diríase que Otegui ha tomado nota de los nuevos modos y estilos incorporados a la política en sus años de ausencia. Con ellos ha de intentar devolver la ilusión a sus huestes y recuperar el terreno perdido. No lo tiene fácil. Un destacado miembro de Podemos afirmaba que la presencia de Otegui no les perjudicará, pues representa esa política vieja en Euskadi, la que nos vincula a ETA, a los presos, al conflicto…y ese tiempo ha pasado ya para mucha gente.

La izquierda abertzale y el mismo Otegui lo saben y pondrán todo su empeño en conseguir la cuadratura del círculo: contentar a quienes aún respiran por la herida del conflicto y atraer a otros sectores progresistas que viven ya en una sociedad diferente y cuyas aspiraciones principales distan mucho de las reivindicaciones históricas de ETA.

Veremos.

5.3.16

El necesario reconocimiento de todas las víctimas.

El 30 de junio de 2009, la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, comparecía ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, para presentar las líneas básicas de su actuación en la legislatura que entonces se iniciaba, bajo el mandato del Lehendakari Patix López con gobierno del PSE. En dicha comparecencia y entre otras muchas cuestiones, Maixabel Lasa,  planteó una reflexión sobre lo que ella consideraba que constituía, en aquel momento, un problema pendiente de un abordaje inaplazable. Dijo literalmente lo siguiente:

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Hoy estamos en condiciones de abrir otra etapa caracterizada por un nuevo contexto sociopolítico y por una voluntad que pretendemos sea incluyente en la política de víctimas que vayamos a desarrollar.

(…) Pero, igualmente, sabemos y constatamos la existencia de otros casos de victimización derivados de otras vulneraciones de derechos humanos producidas en el contexto de la situación de violencia que ha aquejado a la sociedad vasca. Frente a esta realidad incuestionable, tenemos dos opciones. Pasar página como si no hubieran existido o como si fueran una anomalía meteorológica pasajera o abordar esta cuestión desde el rigor, caso por caso, uno por uno. De forma exhaustiva. Acordando un método y un procedimiento de trabajo.

Nosotros no creemos en la teoría del conflicto político como causa justificante del crimen organizado y mucho menos en la ficción de dos violencias simétricas enfrentadas entre sí. Pensamos que tanto la una como la otra forman parte del relato perverso del verdugo que pretende legitimar su coartada criminal a la luz de una lectura retrospectiva y fraudulenta de la historia. Pues bien, en ese relato el sufrimiento es instrumental, es un mal menor con el que traficar. Más que la memoria o la atención o la asistencia al sufrimiento existente, a los terroristas les interesa, infinitamente más, el férreo control ideológico y social sobre “sus” víctimas.

A nuestro juicio, sin embargo, el desarrollo de la idea de la deslegitimación de la violencia terrorista requiere, para ser creíble y completa, una respuesta de los poderes públicos a todas las situaciones de victimización injusta provocadas en el marco del contexto violento vivido en Euskadi en las últimas décadas. Una respuesta que no equipare lo que no es equiparable, que prevea tratamientos diferenciados, no miméticos. Cierto. Pero que responda a parámetros de justicia, de la que son acreedoras todas aquellas personas que sufrieron un mal que no se merecían. Acrecentar la legitimidad del Estado a través de la revisión crítica de sus actuaciones es una singular contribución a la deslegitimación de una violencia terrorista que hunde una parte importante de sus razones, precisamente, en la alegación de los errores cometidos por el Estado.

Alguno dirá que esta reflexión no toca o que es inoportuna en estos momentos. Por una u otra circunstancia, siempre será inoportuna. Se trata, sin duda, de material muy inflamable que no se puede controlar con más combustible. Por ello, para afrontar esta cuestión son indispensables dos condiciones básicas: la responsabilidad y el consenso. A falta de cualquiera de ellas, el empeño naufraga y pierde su sentido.

Tenemos una legislatura por delante para hincarle el diente a un asunto complejo y complicado de gestionar. Les invito que lo hagamos sin prisa, pero sin pausa. No sería de recibo que al cabo de estos cuatro años nos encontráramos en la misma situación. Es algo que no nos podemos permitir como sociedad que pretenda suturar, algún día, heridas que aun condicionan nuestra convivencia.

Pues bien, aquel guante lanzado por la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo fue recogido por quien correspondía y, aceptado el reto, el gobierno fue capaz de tejer las complicidades y acuerdos necesarios con la mayoría de los grupos parlamentarios, para poner en marcha un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas aludidas por Maixabel en su intervención.

Casi siete años después, este sábado 21 de febrero, el Kursaal de Donosti fue testigo del último hito habido hasta la fecha en este proceso. En el mismo participó José Antonio Pérez Pérez, historiador y miembro de la Comisión de Valoración responsable, con su trabajo, del resultado final. En su muro de Facebook ha colgado el amigo Josean unas líneas cuya reproducción me parece obligada, para el buen entendimiento de la trascendencia y relevancia de todo este asunto.

El pasado sábado participamos en un acto de reconocimiento a las víctimas de los terribles abusos policiales cometidos entre 1960 y 1978 en el País Vasco. El acto supuso la culminación del decreto promulgado en julio de 2012 por el gobierno del Lehendakari Patxi López.

Han sido tres años y medio de intenso trabajo donde hemos estudiado 240 solicitudes presentadas por otras tantas personas. Tras el análisis de todos estos casos, la búsqueda de documentación y las entrevistas realizadas se ha reconocido su condición de víctimas a 187 personas. Se trata de hombres y mujeres (algunos de ellos eran apenas unos niños entonces) que vivieron unos hechos dramáticos. Algunos fueron tiroteados en controles de carretera por miembros de las Fuerzas del Orden Público sin ningún motivo, en medio de un contexto marcado por la violencia política y el terrorismo. En otros casos resultaron heridos o muertos en manifestaciones laborales o en todas aquellas movilizaciones que exigían la amnistía de los últimos presos políticos del franquismo. Victimas en manifestaciones que protestaban contra las emanaciones de gas de las empresas próximas, como ocurrió en Erandio en octubre de 1969, víctimas como las del 3 de marzo de 1976, donde resultaron muertos cinco trabajadores y más de cien heridos, muchos de ellos de bala, víctimas que presenciaban una manifestación desde su ventana y fueron tiroteadas, víctimas que perdieron ojos, brazos, víctimas sobre las que también cayó la sombra de una duda y que en muchos casos fueron tachadas de terroristas, víctimas, a pesar de todo, que nunca perdieron la dignidad. También hemos reconocido a un importante grupo de personas que sufrieron torturas en cuarteles y comisarías, especialmente crueles durante los duros estados de excepción que se vivieron en aquella época. La mayor parte de todos estos casos quedaron impunes.

Como tuve oportunidad de expresar el sábado, en un acto que contó con la presencia del Lehendakari Urkullu, ni la dura conflictividad laboral de aquellos años ni la aparición de ETA y sus terribles acciones terroristas justifican la tremenda violencia que desplegó la policía. Sus abusos fueron intolerables. Del mismo modo, esta durísima represión tampoco puede servir en ningún caso para justificar el terrorismo de ETA.

Han sido unos años intensos de duro trabajo. Gracias a todos los miembros de la Comisión de abusos policiales: a Inés Ibáñez de Maeztu y a Monika Hernando, las dos directoras de DDHH del Gobierno Vasco en las últimas legislaturas, a Carlos Beristain, a Álvaro Gil-Robles, a Manuela Carmena, a Txema Urkijo, a Sabino Ormazábal, a Aintzane Ezenarro, a José, a Marian (sin tu ayuda nada de esto hubiera sido posible) y a todo el equipo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Hace unos pocos meses lo expresé con claridad ante algunas importantes personalidades del actual Gobierno central y ante numerosas víctimas del terrorismo: la labor realizada en el marco del decreto de reconocimiento de abusos policiales no constituye un ataque al Estado de Derecho ni el reconocimiento de ningún terrorista. Todo lo contrario, reconocer a todas estas víctimas fortalece y engrandece al Estado de Derecho.

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No puedo estar más de acuerdo con todas y cada una de las palabras de la cita, al tiempo que valoro la enorme trascendencia de cuanto se menciona, en el proceso de reconstrucción de relaciones sociales en una Euskadi dolorida por tantos años de violencia y terror. Y no puedo dejar de sentirme orgulloso por haber tenido la oportunidad y el privilegio de colaborar modestamente con el impulso de la iniciativa, primero, y parcialmente en su desarrollo, después.

Como en otro momento desarrollaré con más extensión y profundidad, este proceso supone además la constatación de que es factible suplir desde la iniciativa de una Comunidad Autónoma, la inacción del Estado en asuntos que son de su responsabilidad, sin que ello vaya en detrimento de la satisfacción obtenida por el cumplimiento de los objetivos perseguidos en lo tocante a reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. En definitiva, parte de una política pública de memoria.

22.2.16

A vueltas con el arrepentimiento y la política penitenciaria

“Sentir haber hecho o dejado de hacer cierta cosa, bien por no encontrarla conveniente después de hecha, bien por ser una mala acción, o por el daño causado”. Esta es la primera entrada que el diccionario de uso del español, María Moliner, recoge para el vocablo “arrepentirse”.

La semana pasada, el colectivo de presos de ETA que siguen fieles a la organización, agrupados bajo las siglas EPPK, emitía un comunicado en el que, entre otros recados, venía a afirmar que “no se arrepentirán”, añadiendo que “estamos agradecidos porque hemos tenido la oportunidad de poner nuestro granito de arena en el camino de la libertad de Euskal Herria. Y ahí seguiremos: dispuestos para lo que sea”.

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Parece que los redactores del comunicado conocían sobradamente el significado del término arrepentimiento, dado que, tras anunciar su falta de contrición actual y futura, pasan a reafirmar la bondad y conveniencia de sus actos, demostrando con ello su total rechazo y oposición a cualquier atisbo de reflexión autocrítica respecto al uso de la violencia como medio para conseguir su proyecto político. (“Se nos pide que nos arrepintamos, sabiendo que no nos vamos a arrepentir”).

Cabe preguntarse qué significación y alcance tienen estas afirmaciones, procediendo de quienes proceden. En primer lugar, tratándose de personas que están cumpliendo penas privativas de libertad y sujetas, por tanto, a la legislación penitenciaria, no es difícil pronosticar una muy complicada evolución en procesos de auténtica reinserción. Por muy individualizadas que puedan llegar a ser sus conductas, si todas tienen en común la ratificación de la validez del asesinato y la percepción de que sus actos criminales constituyeron una “oportunidad para poner un granito de arena en la liberación de Euskal Herria”, pudiera ser no tengan precisamente un reflejo positivo en el tratamiento penitenciario.

Y ello porque dicha valoración tiene una suerte de caducidad: en tanto que la organización ha decretado el cese definitivo de su actividad, ya no es adecuada la estrategia de la violencia y hay una apuesta exclusiva por las vías políticas y pacíficas. Es decir, EN ESTE MOMENTO no resulta adecuada la estrategia de la violencia, y así es valorado, pero claro que lo fue en el pasado. (“No nos arrepentiremos”). La pregunta es: ¿Volvería a ser adecuada la apuesta por la violencia si cambiaran las circunstancias en el futuro?. También cabe preguntarse: ¿Quién y cómo valoraría esos eventuales cambios de coyuntura que podrían justificar el retorno a la violencia? Todo apunta a que sería la propia organización ETA, a la que siguen perteneciendo los miembros del EPPK. (“Ahí seguiremos, dispuestos para lo que sea”). Doy por supuesta la constante invariable de la vigencia de la democracia; todo lo mejorable que se quiera, pero democracia.

Tratándose de delitos de terrorismo, en los cuáles lo característico es atentar contra derechos fundamentales de terceras personas, supeditados a un móvil de naturaleza política que es considerado bien superior, el objetivo de la reinserción solo puede girar en torno a la renuncia de los medios empleados para conseguir esos fines. El objetivo del tratamiento penitenciario solo puede ser llevar al interno a la convicción de que los medios violentos no son válidos ni aceptables para defender ideas políticas; la renuncia a los medios, que no a las ideas.

Incorporar un elemento coyuntural en este proceso puede implicar su falseamiento. Una renuncia a los medios violentos marcada por su carácter estratégico puede resultar de dudosa consistencia para su ponderación a efectos de reinserción. Téngase en cuenta que no estamos en el presente ante un silencio brumoso que permita albergar la duda respecto a las convicciones íntimas de los internos del EPPK. Los miembros del colectivo han decidido pronunciarse comprometiendo su voluntad futura, con el riesgo que conlleva, al disminuir el grado de incertidumbre respecto a la valoración que realizan sobre los actos criminales que les han conducido a prisión. En definitiva, la radical aversión a un arrepentimiento genuino manifestada por los miembros del EPPK podría, tal vez, dificultar la determinación de un pronóstico favorable a efectos de su reinserción.

Lo que resulta evidente es que no parece que el comunicado aludido al comienzo de esta reflexión, vaya a contribuir positivamente a ninguna “solución” al problema de los presos que implique prontas excarcelaciones. En tal sentido, no puedo sino reiterar una obviedad legal: la reinserción es un derecho de la persona privada de libertad, no un deber. La obligación incumbe a la administración penitenciaria, que debería velar por poner todos los medios necesarios en orden a posibilitar que el interno ejerza, en su caso,  el derecho reconocido.

Pero la cuestión penitenciaria tiene otros motivos de actualidad más allá del comunicado del EPPK comentado.

Transcurridos cuatro años de absoluto inmovilismo en este área por parte del gobierno del PP, coincidentes con el tiempo sin actividad terrorista de ETA, se extiende, en el conjunto de la sociedad vasca, la convicción de que es el momento de cambios. Ya no se pueden interpretar estos cambios como cesiones o como material de intercambio en negociaciones inconfesables. Existe así una predisposición a que se adopten algunas medidas que modifiquen, al menos, las aristas más indigestas de la actual política penitenciaria, entre las cuales destaca sobremanera el alejamiento generalizado de los presos.

Quiero dejar claro que no me parece en absoluto descabellado que el Estado, en el desarrollo de su tarea de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de sus ciudadanos, adopte determinadas medidas en el ámbito de la política penitenciaria que puedan contribuir al cumplimiento de dicho objetivo. En el caso concreto de delitos cometidos por personas que pertenecen a organizaciones cuya finalidad es justamente la de delinquir, parece más que razonable una intervención que, salvaguardando los derechos individuales de sus miembros, impida o dificulte la continuidad o el favorecimiento de la actividad delictiva a cargo de la organización a la que pertenecen dichas personas presas. Eso puede traducirse en lo que todo el mundo conoce como dispersión, medida contra la que, en el caso de los presos de ETA, nunca he estado – ni estoy – por considerarla perfectamente legal y legítima, en el ámbito competencial penitenciario.

Ocurre, sin embargo, que cuando se adoptó este criterio de distribución de los presos de ETA en distintos centros penitenciarios, se coló por la banda un efecto colateral inconfesable: el alejamiento. Al socaire de separar a los miembros de la organización, fueron alejados de sus lugares de residencia y de sus familiares, a quienes se les impuso el duro trance de tener que recorrer largas distancias para poder ejercer su derecho de visita y comunicación con los internos. Con ello se provocó un injustificado sufrimiento que se prolonga de manera increíble hasta la actualidad. Un castigo adicional carente de toda justificación. Para separar no hay porqué alejar. Las infraestructuras penitenciarias españolas permiten sobradamente cumplir el primer objetivo sin caer en el castigo que implica el segundo.

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Es esta una reivindicación antigua, una exigencia ya reiterada en innumerables ocasiones (Para muestra dejo dos propias; bien distantes en el tiempo, como puede comprobarse). Es una demanda cuya desatención ha provocado graves consecuencias en términos de sufrimiento al entorno de las personas privadas de libertad pertenecientes a ETA. Una realidad que no se puede obviar y que hay que reconocer.

http://www.gesto.org/archivos/201403/1c.-19941215-el-correo-rp-acercamiento.pdf?1

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20081212/politica/oficina-victimas-respalda-acercamiento-20081212.html

Se impone pues que los nuevos responsables del gobierno central – cuando quiera que éste se constituya – aborden con urgencia esta cuestión y pongan fin al alejamiento de los presos.

Pero volviendo al comunicado del EPPK de la semana pasada, para ir más allá de su alcance estrictamente jurídico y analizar, siquiera someramente, su significación política, veremos que la perspectiva tampoco es muy halagüeña.

Acto de presentación de las conclusiones del debate interno de EPPK. En la imagen, una de las secuencias del video que se ha proyectado durante el acto.

Llama la atención, en primer lugar, la deliberada y reiterativa vinculación que en el comunicado se establece entre arrepentimiento y delación (“no se arrepentirá ni denunciará a su miembros”), en un intento claro y evidente de superponer ambos hasta identificarlos y confundirlos, evitando así la consideración aislada de un arrepentimiento que no conlleve en modo alguno esa delación “traidora” respecto a los compañeros que, tan mala prensa tiene en ese mundo.

En el fondo, se trata con ello de arrojar una oscura sombra de desprestigio sobre aquellos excompañeros que sí han llevado a efecto reflexiones individuales autocríticas que han desembocado en el cuestionamiento radical del uso de la violencia (Vía Nanclares) deslegitimando con ello la actividad de ETA, al margen de contextualizaciones que solo esconden pretendidas justificaciones. Es tildándolos de traidores al sembrar la sospecha de infundadas denuncias a compañeros, y fomentando su desprestigio de esa manera, como creen poder conseguir frenar el impulso de la tan necesaria autocrítica deslegitimadora de la violencia.

Por otra parte, la negativa del colectivo de presos de ETA al arrepentimiento y a una reflexión crítica del uso de la violencia en el pasado supone un factor más que relevante de presión  para Sortu y el conjunto de la izquierda abertzale, pues se convierte en una boya de posición que delatará la magnitud de las diferencias que puedan darse en su ámbito en el proceso de reconocimiento del daño injusto causado por la violencia de ETA. El momento de la verdad, cuando se ponga en serio sobre el tapete la legitimidad de ETA y su actuación criminal. Cuando diriman preponderancia quienes acepten la naturaleza injusta de la violencia de ETA y quienes sostengan lo encomiable de su trayectoria en el camino de la liberación nacional, esta afirmación actuará como vara de medir distancias. En plena efervescencia por conformar la memoria colectiva de la sociedad vasca en lo que al trauma de la violencia de motivación política se refiere.

Realmente es una difícil papeleta para quienes acaban de comprender la necesidad de desprenderse cuanto antes de ciertos lastres del pasado, si quieren conectar con las nuevas corrientes políticas por las que navega una buena parte de la juventud vasca. Esa es, a mi juicio, una de las significaciones políticas más relevantes de lo manifestado por el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos.

16.2.16