Maixabel Lasa: los márgenes de libertad en los partidos políticos.

Este artículo ha sido publicado hoy, 1 de febrero de 2020, en El Diario Vasco.

 

Escribo desde la tristeza y el desánimo, a cuenta del expediente disciplinario notificado a mi querida Maixabel por burofax, por haber mostrado públicamente su “apoyo a Más País” en la última campaña electoral. Fui yo quien recabó ese apoyo, aunque no fuera expresamente al partido sino a su candidato, y me siento culpable. Esa invitación ha traído como consecuencia la pérdida de su condición de afiliada al PSOE, que, sin duda, supone para ella la pena de haber puesto fin a muchos años de militancia, muchos de ellos compartida con Juanmari. Pero, sobre todo, le ha provocado la humillación de un procedimiento sancionador, notificado con la frialdad de un burofax, después del servicio que Maixabel ha prestado a nuestra comunidad durante once largos, duros y fructíferos años.

Creo en la sinceridad de cuantos dirigentes y militantes socialistas han lamentado verse en esta tesitura, apurando el trago con desagrado e incomodidad. Pero también creo honestamente que la trayectoria vital y política de Maixabel Lasa no se merecía la actitud fría y legalista con la que ha sido acogida la denuncia en su partido. Cabían otras opciones menos lesivas para todos los intereses en juego y lamento que no se hayan explorado.

Es curioso que Maixabel Lasa haya sido expedientada por aparecer junto a un candidato de otro partido, en una circunscripción que no era la suya, manifestando su apoyo personal a este candidato, con quien compartió experiencias, emociones, disgustos y satisfacciones, en años de trabajo en el Gobierno Vasco, junto con Jaime Arrese también. Una amistad profunda, trenzada en ese tiempo, de reconocimiento y admiración mutua, que quiso exteriorizar en un acto puntual y excepcional, en el que ni siquiera llegó a mencionar el nombre del partido por el que se presentaba ese candidato.

Y es curioso porque durante años Maixabel colaboró con un gobierno dirigido por un partido político diferente del suyo, en tiempos en los que las divergencias entre ambos, PNV y PSOE, eran profundas y constantes, con enconados enfrentamientos cuya superación no resultó después tarea sencilla. En todo ese tiempo, Maixabel trabajó bajo la dirección política del gran adversario político del Partido Socialista. Es muy probable que los estatutos fueran entonces los mismos que ahora. Sí, ya sé que hubiera sido incomprensible, más bien inconcebible, que el PSOE hubiera arremetido entonces contra la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo. Solo me pregunto ¿Era inevitable hacerlo así ahora?

Dice Eneko Andueza, Secretario General de Gipuzkoa del PSE, que “sintiéndolo mucho ante una denuncia, no cabe más que actuar”. Y tiene razón. Para eso están las normas. Añade que el PSOE ha valorado la denuncia y que, con los estatutos en la mano, “es una expulsión como la copa de un pino”. Y probablemente tenga razón de nuevo. Solo que esa constatación, que a Andueza le permite estar a bien con su conciencia, pues ha hecho lo “legalmente” correcto, a mí me alarma porque denota, una vez más, el estrecho margen que los partidos ofrecen al ciudadano como sujeto político. Aunque ciertamente, en ocasiones, aparece una llamativa laxitud en la aplicación de las normas. Y no es el caprichoso azar el que determina cuándo toca firmeza y cuándo flexibilidad, sino un ponderado análisis de las repercusiones políticas de una u otra decisión. Pongamos aquí el caso de Rosa Díez, pero también podemos hacerlo, sin remontarnos tanto en el tiempo, con algunos ilustres prebostes del partido socialista inquietos por las actuaciones de su actual presidente.

Pero dicho eso, vuelvo a lo que de sustancial tiene este penoso asunto y es que pone de manifiesto las deficiencias en los usos y el funcionamiento de los partidos políticos hoy en día. Malas prácticas que olvidan a las personas y desatienden los necesarios cuidados de quienes se acercan a la participación en el juego político. Y que, sobre todo, dejan escaso margen de libertad a los sujetos que forman parte de la organización. El famoso axioma que sacralizó Alfonso Guerra, “El que se mueve no sale en la foto”, cercena el espacio y la capacidad del militante. Los partidos se convierten en cuadros disciplinados ahítos de mansedumbre y huérfanos de capacidad crítica o de valentía para expresarla. El interés del partido se convierte en el centro de la actividad política, muchas veces alejado de los intereses generales. Cualquier gesto contrario a ese interés, puede acarrear el peso de la disciplina; de unos estatutos, que, sin duda, previenen y garantizan el estatus de la organización.

No debemos recelar de los partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política, tal y como recoge el artículo 6º de nuestra Constitución. Pero es aconsejable abominar de la deriva que los mismos han tenido hacia esas organizaciones cada vez más alejadas del espíritu que impregna el inciso final del mencionado precepto constitucional, ése que exige una estructura interna y un funcionamiento democráticos.

Por desgracia, no se trata de un problema exclusivo de los “viejos” partidos. Hemos asistido atónitos al desperdicio de la oportunidad que constituía crear nuevas organizaciones con espíritu presuntamente renovador, tanto a un lado como al otro del espectro ideológico. Han acabado siendo alumnos aventajados que recrean sin pudor la ausencia de una democracia interna real y desprecian el imprescindible margen de libertad individual con espíritu crítico que ennoblece el quehacer político también en un partido.

Sinceramente, creo que solo merece la pena participar en una organización política que respete estos parámetros de democracia real, transparencia, participación y que no solo tolere, sino que fomente, la libertad individual, el debate y el espíritu crítico.

En aquella comparecencia conjunta que le ha costado el expediente, Maixabel manifestó que lamentaba, siendo guipuzcoana, no poder votar mi candidatura, teniendo en cuenta, según ella, “su capacidad de llegar a acuerdos, de dialogar, de hablar con diferentes” que, “es lo que falta entre los políticos“. Ahora soy yo quien lamenta haber causado este desdichado incidente, del que, al menos, estamos obligados a extraer algún aprendizaje para el futuro.

31.1.20

Mi relato sobre los encuentros restaurativos.

A lo largo del año 2011 y parte del 2012, se llevaron a la práctica los denominados encuentros restaurativos. Un programa impulsado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior y la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, a través del cuál se posibilitaron diálogos sinceros entre presos disidentes de ETA y víctimas del terrorismo practicado por dicha organización. Hace unos meses fui invitado a relatar mi experiencia en el programa como impulsor del mismo. El resultado fueron las líneas que conforman este capítulo con el que participé en la obra colectiva “Tras las huellas del terrorismo en Euskadi: Justicia restaurativa, convivencia y reconciliación”, coordinada y editada por Annabel Martín y Mª Pilar Rodríguez y publicada por la Editorial Dykinson en 2019.

 

Tras la ruptura del proceso de paz protagonizado por el presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero y la organización terrorista ETA, a lo largo del año 2006, y a pesar de la vuelta a la actividad violenta de esta organización, se palpaba en amplios sectores de la sociedad vasca y en los medios bien informados de la opinión pública española, el agotamiento inminente del fenómeno terrorista etarra.

En aquel momento, algunas personas que ostentábamos responsabilidades en el área de atención a las víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco pensamos que era conveniente empezar a trabajar en la reconstrucción de las relaciones sociales en el seno de la ciudadanía vasca, muy deterioradas a consecuencia de una situación de violencia persistente desde hacía décadas. A la acción de ETA, había que sumar la de otros grupos de extrema derecha y para estatales, así como la actividad ilegítima de la propia policía al vulnerar los límites legales en el ejercicio de sus funciones, provocando violaciones de derechos humanos.

Bajo el paraguas de esa reflexión global, desde el equipo de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, formado por su titular, Maixabel Lasa, Jaime Arrese y yo mismo, impulsamos diversas iniciativas, a lo largo de los siguientes años, que tuvieron como denominador común el carácter activo y participativo de las víctimas. Tres de ellas destacaron sobre las demás, permitiendo visualizar la condición de agentes de paz y constructores de convivencia de las personas que habían sufrido directamente la acción de la violencia y el terrorismo: El programa de víctimas educadoras (testimonios de las personas afectadas por la violencia, a través de documentos escritos, audiovisuales y la presencia física directa de víctimas en las propias aulas); la experiencia Glencree (encuentro entre víctimas de ETA, víctimas del GAL y grupos de extrema derecha y víctimas de abusos policiales); y los encuentros restaurativos, de los que hablaré a continuación.

Creo conveniente subrayar de nuevo la importancia de este marco referencial: Las víctimas, protagonistas involuntarias del sufrimiento provocado por la violencia, se convertían en agentes activos del proceso de reconstrucción de relaciones sociales, en actores de la reconstrucción moral de Euskadi.

Fueron pocos los presos de ETA que mostraron públicamente su arrepentimiento; que realizaron el recorrido de su pasado de manera crítica y estuvieron dispuestos a desmarcarse de la banda terrorista, ganándose con ello el repudio de sus ex compañeros y también el aislamiento social de sus familiares en el exterior de las prisiones, con la estigmatización como traidores.

Ciertamente, la experiencia de los encuentros restaurativos fue cuantitativamente pequeña. Pero es difícil cuestionar su relevancia cualitativa, tanto en su dimensión moral como también en su dimensión política, si nos atenemos especialmente a los fines que debe perseguir la política penitenciaria. Personas que cargaban sobre sus conciencias con decenas de asesinatos, cometidos a partir de una intencionalidad política, fueron capaces de mostrar su arrepentimiento y pedir perdón, cara a cara, a víctimas de la organización a la que pertenecían, ETA; e incluso a familiares directos de las propias víctimas causadas por ellos.

El contexto

Es necesario contextualizar, siquiera brevemente, el momento en que se produjo la experiencia de los encuentros restaurativos.

Con su atentado en Barajas a finales de diciembre de 2006, ETA sepultó no solo a las dos personas que se encontraban en el aparcamiento de la T-4, sino también el proceso de paz que se desarrolló a lo largo de dicho año. La respuesta del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, con el recientemente fallecido Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio de Interior, no se hizo esperar, orientando su política antiterrorista hacia una persecución policial implacable de ETA, que se tradujo en un elevado número de detenciones de sus miembros. Nunca habían durado tan poco tiempo las cúpulas de la organización y se sucedían sus números uno con la inusitada frecuencia que exigían las continuas detenciones policiales. Ya lo había advertido Rubalcaba: “votos o bombas”. Y ETA desaprovechó la oportunidad.

Al mismo tiempo, en el ámbito de la política penitenciaria, instrumento de la lucha antiterrorista, se puso en marcha lo que se conoció como “vía Nanclares”, que toma su nombre de la localidad próxima a Vitoria en la que se ubica el Centro Penitenciario de Alava.

Consistió básicamente esta denominada vía Nanclares en la aplicación más benigna de la normativa penitenciaria, incluidos los traslados para cumplimiento en centro próximos a los lugares de residencia, a aquellos internos disidentes de ETA que habían rechazado públicamente la violencia y se habían desligado del colectivo, reconociendo el daño causado a las víctimas. Por el contrario, los presos etarras que se mantenían bajo la disciplina de la organización eran objeto de una aplicación más rígida y dura de la legislación, manteniendo el cumplimiento de sus condenas en centros alejados de Euskadi.

El centro penitenciario de Nanclares de la Oca fue el destino de la gran mayoría de presos disidentes o arrepentidos. Todos ellos habían seguido un proceso individual de reflexión autocrítica, con distintas motivaciones, tiempos y circunstancias, pero todos ellos con el rasgo común de concluir con el reconocimiento del daño causado, asumiendo la responsabilidad del mismo, rompiendo sus vínculos con la organización y con el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), rechazando la violencia e incluso, pidiendo perdón a las víctimas.

Fue precisamente en este centro penitenciario y con este grupo de presos, autodenominado “Presos comprometidos con el irreversible proceso de paz”, donde se celebró, a lo largo del año 2011 (y en parte, en 2012, aunque al margen de la propia Administración Penitenciaria), la experiencia de los encuentros restaurativos.

Sin embargo, esta iniciativa no formó parte de la política penitenciaria en marcha. Ésta seguía siendo un instrumento de combate contra la organización terrorista ETA, siendo su derrota el objetivo al que se supeditaban todos los movimientos y acciones. Se favorecía la disidencia en la organización por el resultado efectivo que pudiera tener provocando la merma de fuerzas del enemigo. Formalmente se vinculaba el proceso de reinserción de los condenados a su alejamiento explícito de ETA, al reconocimiento del daño causado y al compromiso de reparación a las víctimas, que es lo que dice la Ley, pero siempre con la mira puesta en el objetivo de conseguir el final de la actividad de ETA.

La puesta en marcha de los encuentros restaurativos no fue fruto de una decisión estratégica ni derivada de un análisis policial o político, ni siquiera de tratamiento penitenciario. Por prosaico que pueda parecer, fue el resultado de un deseo y de una casualidad.

El nacimiento del proyecto

A finales del año 2010, los integrantes del colectivo de presos disidentes de ETA que cumplían su condena en aquel momento en la prisión de Nanclares de la Oca, expresaron el deseo de acercarse al mundo de sus víctimas. Un deseo manifestado de forma difusa y poco elaborada, sabedores de las limitaciones que su situación personal de falta de libertad les generaba y temerosos, a buen seguro, de lo que suponía plantear ese acercamiento a personas a las que ellos sabían que habían ocasionado un gran sufrimiento.

Pero se trataba de un deseo que expresaba una convicción: la necesidad de aportar lo que pudiera estar en su mano al proceso de sanación de las heridas causadas por ellos mismos.

Nunca me cansaré de enfatizar la importancia de esta circunstancia. De no haber existido y haber sido expresada esta voluntad de acercamiento por parte de los presos disidentes de ETA, jamás se habrían producido los encuentros.

Junto a este deseo, hablaba antes también de una casualidad, como factores que explican la existencia del proyecto. Y de tal ha de calificarse el conjunto de circunstancias que concurrieron en el momento concreto de manifestarse la mencionada voluntad de los presos de acercarse a las víctimas de la organización terrorista en la que habían militado. Unas circunstancias en las que el factor humano fue determinante.

Las instituciones penitenciarias están concebidas para unos fines y objetivos entre los cuáles no aparece nada relacionado con el mundo de las víctimas, que les es completamente ajeno (por desgracia). Así, cuando los responsables del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca intentaron dar cumplimiento a los deseos de los presos disidentes de ETA de acercarse a sus víctimas, se encontraron con la dificultad de acceder a ellas para trasladarles esa iniciativa; no había demasiadas vías de contacto. De ahí que, agotados un par de intentos con resultado negativo, se vieran en la necesidad de acudir a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco en demanda de colaboración.

Ese contacto lo realizó el político socialista Jesús Loza, enlace entre el gobierno central y el vasco (ambos socialistas) para todo cuanto tuviera que ver con la vía Nanclares. Parlamentario vasco de amplia trayectoria en asuntos relacionados con la paz, la convivencia y las víctimas del terrorismo, con el que, precisamente por ello, manteníamos una estrecha relación basada en la confianza mutua.

Los responsables de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo pensamos que el acercamiento pretendido por los presos disidentes solo podía producirse en condiciones muy especiales, con preparación previa de las víctimas y, sobre todo, con garantías suficientes para ellas. Confieso que cuando propuse a Jesús Loza la idea de la intervención de profesionales de la mediación para desarrollar y facilitar el proceso de acercamiento, ya tenía en mente a las personas idóneas concretas para esa responsabilidad, con las que me unía una relación de absoluta confianza tanto profesional como personal. Por eso, cuando obtuvimos la luz verde para presentar un proyecto, nos faltó tiempo para darle el susto a Esther Pascual, proponiéndole embarcarse en tan inédita y arriesgada empresa. Era una persona que tenía experiencia en el campo de la mediación penal y penitenciaria, aunque su práctica en el ámbito de los delitos de terrorismo fuera absolutamente inédita y novedosa.

Se elaboró un pequeño proyecto, estableciendo fundamentalmente objetivos y metodología y fue remitido a los responsables de Instituciones Penitenciarias para su validación.

En ese momento, al frente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se encontraba la política socialista Mercedes Gallizo, con quien me unía una excelente relación personal y no poca sintonía en lo tocante a asuntos penitenciarios, derivada de mis tiempos al frente de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. La confianza volvía a erigirse en factor decisivo a favor de la apuesta planteada.

También los responsables del equipo de mediadores propuesto tenían una relación previa muy positiva con quien era responsable máxima de Instituciones Penitenciarias, con lo que se cerraba el círculo de confianza.

Hay que destacar también en este proceso el papel desempeñado por el magnífico equipo de profesionales y directivos del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca, dispuestos a comprometerse y dedicar lo mejor de sí mismos al desarrollo de su trabajo. Por cierto, en algunos momentos bajo circunstancias especialmente difíciles, por la actitud de incomprensión, cuando no de hostilidad, de algunos de sus compañeros de trabajo, que no llegaban a comprender ese acercamiento a quienes para ellos no dejaban de ser meros terroristas.

Así es como, desde muy pronto, comenzamos a hablar de la “comunidad del anillo”, nombre con el que bautizamos el círculo de relaciones personales establecido, que posibilitó el pequeño milagro de los encuentros, basado esencialmente en la confianza total y absoluta entre sus integrantes.

El desarrollo

Se decidió calificar la experiencia como encuentros restaurativos porque en estos procesos iba a haber muchas diferencias con la mediación penal o autor-víctima que se venía experimentado en relación a otros delitos. Pero en todo caso, se insertaba como un mecanismo más dentro del amplio abanico que ofrece la denominada justicia restaurativa.

En los encuentros restaurativos se iban a sentar frente a frente dos personas: una como ex miembro de ETA y otra como persona que ha sufrido la violencia de dicha organización.

Elaborado y aprobado el programa, Esther Pascual, la mediadora elegida, se puso en marcha. Se trataba de trabajar con cada una de las partes (preso y víctima) por separado con el fin de preparar el encuentro entre ambas.

Charla informativa primero con todos los presos de disidentes de la prisión de Nanclares, para explicarles cuál era la vía que se les ofrecía para dar respuesta al deseo expresado por ellos de acercarse a sus víctimas. Desconfianza, suspicacias, recelos…, todo ello fueron circunstancias que se vivieron en aquel primer encuentro. Pese a todo, surgieron voluntarios para estrenar el camino. Comenzaron las charlas individuales con cada uno de ellos.

Cobró importancia un requisito que se planteó desde el primer momento. No habría beneficios penitenciarios de ninguna naturaleza para los presos por el hecho de participar en los encuentros. Por tanto, tenían que analizar cada uno de ellos personalmente sus motivaciones para hacerlo y valorarlo suficientemente.

La ausencia de discurso justificativo en estos victimarios fue uno de los factores fundamentales a valorar por la mediadora, dado que era la pieza clave para la responsabilización individual de sus acciones y, en su caso, la petición de perdón a la víctima.

La mayoría de los presos intervinientes confiaron y creyeron que el encuentro restaurativo les ayudaría en su proceso de revisión crítica de su propio pasado.

En paralelo, la mediadora inició el proceso con las víctimas. Desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo seleccionamos un grupo de personas, familiares directas, de asesinados por ETA, con quienes se reunió Esther para explicarles con detalle el proceso, después de que nosotros les hubiéramos adelantado someramente el motivo de la cita.

Cierto es que la selección se basó en un elemento crucial: la confianza. Todas las personas que acudieron eran de nuestra absoluta confianza y presentaban características que permitían suponer una disposición razonable cuando menos a escuchar la propuesta sin salir corriendo escandalizadas.

También de aquella reunión salió un pequeño grupo de víctimas que mostraron su conformidad con la participación en el proyecto presentado.

Cabe destacar que todas ellas mostraron unas inquietudes comunes, centradas en conocer las garantías que ofrecía el proceso. Resultaba determinante en este sentido, la ya citada inexistencia de beneficios para los presos por su participación en los encuentros, en la medida en que ello despojaba su iniciativa de intereses espurios y fortalecía la sinceridad de sus planteamientos, cuestión importantísima para las víctimas.

Al mismo tiempo, cabe señalar que ninguna de las que aceptaron tomar parte en el programa creyó en ese instante inicial que necesitara dicho encuentro o siquiera que del mismo pudiera obtener algún tipo de satisfacción personal, entendiendo muchas de ellas que no necesitaban el perdón y que su duelo estaba perfectamente elaborado. Sin embargo, la convicción profunda, de carácter altruista, de que su gesto podía contribuir modestamente a superar el odio en la sociedad vasca y a transformar el miedo y el rencor en convivencia y respeto, animó la decisión de todas ellas.

A pesar de que se ha hablado mucho sobre ello después, es conveniente subrayar que los encuentros restaurativos no tenían como objetivo específico pedir perdón ni perdonar. Cuestión distinta es que tal acción se planteara en el curso de la conversación que ambos habían de mantener y que era realmente el objetivo perseguido. Un espacio de libertad y de diálogo para ellos, nada más.

Tras la reunión grupal con las víctimas, la mediadora inició el trabajo individual con cada una de ellas, siempre en paralelo al realizado con los presos, procediendo a diseñar los emparejamientos entre unos y otros de cara a la celebración de los encuentros.

Solo cuando entendió que se daban las condiciones idóneas para que pudieran cumplirse los objetivos señalados anteriormente, se procedió a fijar las fechas oportunas, celebrándose los cuatro previstos en esta fase. Dos de ellos en el interior del centro penitenciario de Nanclares de la Oca y los otros dos en dependencias discretas del gobierno vasco en el exterior, pues dos de los presos intervinientes gozaban de un régimen de semilibertad.

De estos encuentros, tres fueron protagonizados por víctimas indirectas, es decir, familiares de personas asesinadas por ETA, pero no por el preso concreto con quien mantenían el encuentro. El cuarto, sin embargo, sí correspondió a un miembro del comando que asesinó al marido de una de las víctimas participantes.

El carácter indirecto de esta relación no desmerecía el valor del encuentro porque tanto victimarios como víctimas asumían el carácter colectivo de la acción terrorista, pese a reconocer que la participación directa aportaba un plus de autenticidad a la iniciativa. Es decir, un preso de ETA asumía moralmente como propios todos los asesinatos de la organización y, por ello, no tenía inconveniente, al contrario, en afrontar el cara a cara con cualquier víctima de la misma.

Al mismo tiempo, una víctima de ETA, sabía que lo era de la organización terrorista, más allá de las personas que circunstancialmente llegaron a apretar el gatillo o colocar la bomba que segó la vida de su ser querido.

Algunas características del programa

La participación en el programa estaba presidida, como no podía ser de otra manera, por la más absoluta voluntariedad, la cual se daba tanto en el momento de adoptar la decisión de participar como en cualquier otro posterior del proceso, de forma que era perfectamente posible descabalgarse del mismo en cualquier momento.

El encuentro en sí mismo se conformaba como un espacio de libertad para la víctima, que carecía de obligaciones y cuyos únicos límites venían marcados por el respeto debido a cualquier persona, que excluía insultos o agresiones. En ese marco, la víctima podía escuchar, reprochar, preguntar, no responder…De hecho, ante una eventual petición de perdón, ni siquiera tenía obligación de contestar y mucho menos de hacerlo necesariamente en sentido afirmativo.

Por su parte, para los victimarios era imprescindible la asunción, como se ha indicado anteriormente, de la responsabilidad moral de sus actos, así como la declaración formal de no causar daño alguno.

Todo el proceso estaba sometido a la más absoluta confidencialidad. Los participantes tenían la seguridad de que nada de cuanto se dijera en esas coordenadas de espacio y tiempo que iban a compartir, iba a ser conocido fuera de las paredes que los protegían, salvo que ellos mismos decidieran, de común acuerdo, darlo a conocer.

Es importante destacar que la celebración del encuentro no entrañaba, como bien eran advertidos en tal sentido, tanto la víctima como el victimario, ningún tipo de garantía de resultado final. Tan solo se cuidaba la evitación de consecuencias negativas para la víctima, aspecto que se trataba precisamente en las labores preparatorias del encuentro.

Por último, señalaré que, como he mencionado anteriormente, esta iniciativa se inserta en lo que llamamos mecanismos de la Justicia Restaurativa. Básicamente ello significa que conforma un instrumento válido para articular la reparación de la víctima, al tiempo que la recuperación del victimario, en expresión acuñada por el profesor Reyes Mate.

En efecto, el programa tenía presente que el encuentro buscaba también proporcionar a la víctima una satisfacción que le está vedada en el proceso penal ordinario. Es sabido que nuestro proceso penal busca básicamente el castigo del culpable, la declaración de responsabilidad penal del autor del delito, circunscribiendo la reparación de la víctima al aspecto material.

Sin embargo, en no pocas ocasiones, las víctimas en general – y puedo asegurar, por mi experiencia personal de relación con ellas, que las del terrorismo, en particular – muestran inquietudes y deseos insatisfechos en relación a otro tipo de cuestiones. Esther Pascual consiguió la explicitación por parte de las víctimas con las que trabajó, de varias de estas cuestiones: ¿Por qué mi padre? ¿Qué sentiste en el momento de matar? ¿Duermes la noche del asesinato? ¿Conocías a la persona asesinada? y otras similares surgen en la mente de las víctimas que tienen ocasión de reflexionar mínimamente sobre ello.

Igualmente hay víctimas que desean dar a conocer de primera mano al victimario el testimonio del dolor y el sufrimiento concretos causados. Trasladarle, cara a cara a quien provocó ese daño irreparable, el relato de las consecuencias precisas e individualizadas de sus actos. Escuchar el testimonio de Iñaki García Arrizabalaga referido a su encuentro con Fernando de Luis Astarloa no tiene precio, cuando explica este momento.

El proceso penal no da cabida a este interés de la víctima, quien tiene que abandonar sus pretensiones, arrinconándolas en la frustración.

Pues bien, el programa de encuentros, como mecanismo de justicia restaurativa brindaba a la víctima precisamente la posibilidad de obtener este tipo de satisfacción moral adicional, a través de la entrevista con el victimario, constituyendo esta circunstancia uno de los elementos cruciales de la iniciativa, especialmente a la hora de la evaluación de la misma.

Evaluación y conclusiones

El programa de encuentros restaurativos se desarrolló en dos fases, ambas materializadas a lo largo del año 2011, aunque luego hubo un epílogo de otros dos encuentros más, en el año 2012. A los cuatro primeros celebrados en la primera, se unieron otros ocho más en una segunda fase que se desarrolló ante la muy positiva valoración que se realizó de la primera celebrada en el mes de mayo.

También la segunda fase obtuvo unos resultados altamente satisfactorios.

Todos los participantes en los encuentros salieron de los mismos con la sensación de que les había resultado muy útil y gratificante el mismo. Podemos hablar del sentimiento positivo de todos los participantes.

A modo de ejemplo, una de las víctimas no llegó siquiera hasta su vehículo, al salir del centro penitenciario, antes de llamarnos a los impulsores del programa para mostrarnos de manera vehemente su agradecimiento por haberle invitado a participar.

No pocas de ellas descubrieron que, pese a entender, antes de comprometerse con el programa, que no obtendrían ninguna satisfacción personal del mismo, centrando su motivación para participar, en el aspecto altruista y de contribución a la convivencia en Euskadi, sí había tenido efectos positivos en su interioridad. Dicho de otra manera, las víctimas descubrieron que el arrepentimiento y el perdón sirven no solo a nivel general sino a nivel personal también.

Escuchar de viva voz, sosteniendo la mirada en los ojos, al victimario asumir su responsabilidad e incluso pedir perdón, valorando la sinceridad de tal posición y declaración, acabó proporcionando a no pocas de las víctimas asistentes un plus de sosiego y paz en su fuero interno que siempre agradecerán y que les sirvió para completar un genuino recorrido de reparación moral.

Al mismo tiempo, los encuentros contribuyeron a la recuperación para la sociedad de los victimarios que participaron con un discurso reparador, autocrítico y de deslegitimación de su propia violencia y contribuyendo decisivamente a la recuperación ética de la convivencia y al establecimiento de un relato justo de la violencia.

No me resisto a subrayar la importancia capital que esta cuestión tiene para el proceso de deslegitimación de la violencia que debe ser la piedra angular del ejercicio del derecho a la memoria de la sociedad. El relato de los presos disidentes de ETA en estos encuentros es un relato esencialmente moral y con un valor cualificado. Es la voz precisamente de quienes apostaron en su día por la práctica de la violencia; quienes comprometieron lo mejor de su vida en una drama que solo generó sufrimiento; los más legitimados y autorizados para hablar de error ético y no solo de equivocación estratégica. Los presos lograron transmitir su arrepentimiento, su dolor por el daño causado y sus ganas de transformar el odio en paz.

Sin embargo, los poderes públicos del momento no optaron por amplificar estas voces, pese a que, por un lado, cumplían objetivos de tipo moral, y, por otro, contribuían a extender la reflexión política sobre la necesidad de acabar con la práctica de la violencia y apostar exclusivamente por las vías pacíficas y democráticas.

Como los propios miembros del colectivo de Nanclares afirmaban a quienes querían escucharles, ellos pretendían hacer política y predicar entre “su” gente, decir, la izquierda abertzale. No renunciaban, sino al contrario, al proselitismo de sus reflexiones, en la convicción absoluta de que su opción no era solo la mejor desde un punto de vista ético, sino también político.

Así las cosas, uno intenta comprender la excesiva prudencia, cuando no el miedo, que atenazaba a los responsables políticos del momento, que no quisieron, no supieron, o no pudieron, apostar decididamente y sin complejos por todas las consecuencias positivas que podían haberse derivado de la amplificación y difusión de lo que suponía la vía Nanclares y, como punta de lanza o práctica con un alto valor pedagógico, los encuentros restaurativos.

Esta circunstancia habla con elocuencia del clima de intolerancia y presión al que cierta derecha política y mediática sometió al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en lo tocante a la política antiterrorista y penitenciaria, a lo largo de todo su mandato.

Retomando las consecuencias del proyecto de los encuentros, supusieron la constatación, en cierto modo, de que la derrota del terrorismo no exigía la derrota de la persona. También quedó muy cuestionada la aparentemente indestructible vinculación entre la satisfacción de la víctima y el castigo del culpable, ante la evidencia de que otras vías eran posibles.

Si situamos el proceso de los encuentros en el contexto del desistimiento de ETA respecto a su actividad (20 de octubre de 2011, declaración de cese definitivo), podemos afirmar también que esta iniciativa contribuyó cualitativamente al proceso final de la violencia y a la reconstrucción de la convivencia en Euskadi.

Por otra parte, se trató de un proyecto alternativo. No era razonable pensar que este fuera un programa susceptible de aplicación generalizada al conjunto de los presos, como tampoco había muchas víctimas dispuestas, a priori a sentarse frente a un miembro de ETA, por mucho que se hubiera desvinculado de la organización. Ninguna de las actitudes personales que permitían los encuentros eran exigibles ni a los presos ni a las víctimas, más allá de que pudieran ser deseables. No eran conductas obligatorias. Sin embargo, sí extrajimos como conclusión la convicción de que la Administración Penitenciaria debía articular los mecanismos que hicieran posible este diálogo-encuentro entre presos arrepentidos y víctimas que quisieran, en cualquier momento, recorrer ese camino.

Lamentablemente, no sucedió eso, sino todo lo contrario. El programa fue interrumpido con el cambio de partido gobernante en España. La llegada del Partido Popular y sus nuevos responsables penitenciarios, en enero de 2012, muy poco sensibilizados con la reinserción y con las actuaciones seguidas por sus antecesores, no dudaron en poner innumerables trabas a la acción de los mediadores, hasta el punto de dar al traste con los procesos en marcha en ese momento y cegar por completo la vía de los encuentros restaurativos.

Ello deja la duda de qué alcance podría haber llegado a tener el programa en el caso de que hubiera tenido continuidad, se hubiera trabajado con más presos en los procesos de revisión autocrítica, favoreciendo, con una aplicación más flexible de la normativa penitenciaria, la situación de quienes avanzaran por este camino.

Aún con esa oposición, el equipo de mediadores que coordinó Esther Pascual durante la fase de los encuentros continuó trabajando en pro de la continuación del programa, aunque no fuera ya con apoyo institucional. Se consiguieron realizar dos nuevos encuentros fuera de la prisión, confirmando, por un lado, la bondad del proyecto y, por otro, las enormes dificultades de seguir adelante con el mismo sin la complicidad de los servicios penitenciarios.

Con el cambio de gobierno también en Vitoria, a finales de 2012, recobrando el PNV el poder autonómico, se consolidó el ocaso de la vía Nanclares. La dirección de la política de paz y convivencia del Gobierno Vasco se marcó como objetivo claro coadyuvar al fin de la actividad de ETA mediante un acuerdo con la organización terrorista. A tal fin, todas las iniciativas debían estar supeditadas o, al menos, no debían entorpecer el avance hacia la consecución de dicho objetivo. Así las cosas, era difícil que se mantuviera un apoyo decidido por parte del gobierno vasco al colectivo de presos de la vía Nanclares, pues éstos tenían la consideración de traidores para la organización armada, y su defensa no era precisamente el mejor aval para conseguir negociar o favorecer acuerdos de ningún tipo con la banda.

De esa forma, los últimos años fueron de ausencia de cobertura política y apoyo material para los ex etarras disidentes críticos con la violencia. Sencillamente quedaron huérfanos de apoyos institucionales.

Con el paso del tiempo, se han ido produciendo las excarcelaciones de quienes protagonizaron los encuentros restaurativos, si bien, no han diferido mucho de las que se han llevado a cabo con los ortodoxos del colectivo etarra, en los que no ha existido el más mínimo indicio de arrepentimiento o postura autocrítica.

Siempre nos quedará la duda de cuál podía haber sido el recorrido del proyecto de encuentros. Hay quien sostiene la conveniencia de retomarla, si bien fuera de los muros de las prisiones; es decir, no con presos, sino con expresos. Eso no sería ya política penitenciaria, sino políticas de convivencia y de reconstrucción de relaciones sociales.

A día de hoy, uno piensa en el tiempo que vive. En Euskadi gozamos de cotas de paz y libertad que, sin ser aún suficientes, sí resultan inéditas en las últimas décadas.

Es tiempo de transformar la política penitenciaria, de abandonar su condición de instrumento de una política antiterrorista afortunadamente ya innecesaria, con ETA derrotada, para convertirse en una pieza más de una política favorecedora de la convivencia.

Para quienes tuvimos la inmensa fortuna de estar cerca, la experiencia de los encuentros restaurativos nos permitió acercarnos a aspectos maravillosos del ser humano: a la generosidad, a la fortaleza, entereza, valentía y sinceridad de las víctimas; personas que, después de su tragedia, han sabido salir sin odio, sin afán de venganza, creyendo en la capacidad de transformación del ser humano y dispuestas a conceder una segunda oportunidad a quienes les ocasionaron tanto daño. Y no identificándose con su condición de víctimas, que es una parte de su vida y de su ser, pero no su identidad.

También nos permitió conocer la complejidad de seres humanos que utilizaron equivocadamente una injustificable violencia, que pisotearon la dignidad humana, pero que tuvieron la capacidad y la valentía de pasar de verse a sí mismos como héroes a descubrirse como asesinos y salir de este trance fortalecidos, capaces de ponerse delante de una víctima de ETA, escuchar su sufrimiento, responder a sus preguntas, asumir la injusticia del daño causado, comprender el sufrimiento provocado y pedir perdón; deseosos de construir paz en Euskadi y de aportar su experiencia y sus reflexiones a la revisión crítica del pasado.

Participar en la vida pública tiene, a veces, estas pequeñas grandes satisfacciones. Tomar parte en iniciativas como la de los encuentros restaurativos justifica el sentimiento de satisfacción y orgullo que sentimos hacia nuestro paso por la responsabilidad pública. El orgullo de haber hecho política en un sentido genuino, obteniendo además un resultado gratificante para quienes sufrieron directamente la violencia que azotó nuestra tierra. Solo por esto, ya puede estar uno satisfecho.

 

7.1.20

La coherencia moral en cuestiones de memoria.

Desde que el 22 de abril de 2007 se celebrara en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el I Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, organizado por el Gobierno Vasco, las instituciones vascas fueron sumándose progresivamente al proceso de reconocimiento social y político debido a las víctimas del terrorismo en Euskadi. En los años siguientes, numerosos ayuntamientos fueron sumándose a la conformación del denominado “mapa de la memoria”, consistente en pequeños espacios o símbolos físicos que recordaban la injusticia de los atentados terroristas en las personas de sus víctimas mortales, habidos en cada municipio. Placas, esculturas, cuadros, árboles, nombres de calles…Todo quedó recogido en una publicación que fue distribuida entre los asistentes al III Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje que el propio Gobierno Vasco celebró el 29 de noviembre de 2009, esta vez en Vitoria-Gasteiz y con Patxi López de Lehendakari. En el preámbulo de la mencionada publicación escribía Maixabel Lasa, Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo:

Las ciudades y los pueblos vascos van convenciéndose de que recordar el pasado es condición imprescindible para construir un futuro en paz y libertad. Cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio ofrecido por estos desde ser conocido y reconocido por las nuevas generaciones como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que no están entre nosotros”.

Apenas unos meses más tarde, desde el Gobierno Vasco algunos entendimos que teníamos el mapa de la memoria como concepto espacial, pero nos faltaba el temporal y así surgió la idea del Día de la Memoria. Una fecha en la que convergieran todos los recuerdos de las víctimas y – siguiendo a Reyes Mate – abriéramos “los expedientes que la historia y el derecho daban por definitivamente cerrados, porque la memoria no se arruga ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia. Lo importante era reconocer la actualidad de la injusticia cometida.

La elección de la fecha concreta vino determinada, en cierto modo, por el azar, al designar un día libre de la marca trágica de víctimas mortales por terrorismo: el 10 de noviembre.

Este año la fecha ha sido ocupada por la cita electoral, por lo que su celebración se ha trasladado a otros días posteriores. El Partido Popular del País Vasco, que mantiene diferencias con el resto de partidos, por defender la exclusividad de este día para el recuerdo a las víctimas del terrorismo y no a otras víctimas de violaciones de derechos humanos (polémica en la que no entro ahora para no desviar la atención del objetivo de este artículo) llevó ayer, día 11, su acto al mismo lugar donde viene celebrando esta fecha desde hace ya unos años: El memorial a las víctimas del terrorismo que el gran escultor vasco, Agustín Ibarrola, erigió en Vitoria-Gasteiz, en el año 2003.

Esta foto, es de ayer mismo, 11 de noviembre de 2019 y ha sido publicada en el diario “El Correo”.

Fue un acto de memoria a las víctimas del terrorismo, a TODAS las víctimas del terrorismo. El memorial consiste en una pequeña colina sobre la que se hallan colocadas unas losetas, cada una de las cuáles tiene inscrito el nombre de una víctima, salpicadas por el dibujo del anagrama que el escultor creó para el colectivo de víctimas del País Vasco.

Sin duda alguna, Agustín Ibarrola, al igual que los colectivos y asociaciones de víctimas del terrorismo, era plenamente consciente del valor de la individualización del recuerdo. La personalización y nominalización de las víctimas constituye un elemento esencial de la finalidad reparadora del memorial, al tiempo que brinda a cada familia la posibilidad de contar con un espacio pequeño, pero propio, en el ejercicio de memoria al que tienen derecho.

Pues bien, la inclusión de todas las víctimas del terrorismo en este memorial hace que en el mismo haya nombres como Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez, asesinados por ETA, al lado de otros como José María Etxaniz Maiztegi, Sabino Etxaide Ibarguren o Rafael Goikoetxea Errazkin, asesinados por el GAL y a quienes el gobierno de España no les concedió la indemnización complementaria que establecía la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011 por su presunta pertenencia a ETA. Hay más, son solo un ejemplo.

También aparece el nombre de Melitón Manzanas, guardia civil asesinado por ETA, cuya condición de torturador era bien conocida en la época. Curiosamente comparte espacio memorial con José Luis López de Lacalle, también víctima de ETA y víctima, a su vez, en vida, de las torturas del propio Melitón Manzanas, como recuerda Mª Paz Artolazabal en la conversación que mantiene con Maixabel Lasa en el impagable documental “Zubiak”, de Jon Sistiaga.

En definitiva, tenemos un memorial con los nombres de las víctimas, donde no se ha purgado a nadie por haber sido victimario en vida. Ni presuntos torturadores, ni presuntos terroristas han sido censurados, porque ha prevalecido su condición de víctimas, al haber sido injustamente asesinados todos ellos.

El Partido Popular del País Vasco no tiene problemas éticos para reconocer el memorial de Ibarrola como la mejor referencia para celebrar en él el Día de la Memoria en Euskadi. Nadie promueve escándalos porque convivan los nombres que he citado anteriormente. Nadie cuestiona su condición de víctimas y, por tanto, el derecho a la memoria de sus familiares y del conjunto de la sociedad. Todas unidas por la injusticia de su asesinato, que es precisamente lo que les confiere la condición de víctimas. Por cierto, administrativamente reconocidas la mayoría (presuntos miembros de ETA incluidos) por el gobierno del Partido Popular con Aznar de Presidente, al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999.

En el pasado mes de julio, el gobierno municipal de Madrid, del Partido Popular, con su alcalde Martínez Almeida al frente y el apoyo de Ciudadanos, su socio de gobierno, tomó la decisión de paralizar la construcción del memorial en recuerdo de las casi tres mil personas que fueron fusiladas por la dictadura militar de Franco en las tapias del cementerio de la Almudena, entre abril de 1939 y febrero de 1944. Todas ellas, a consecuencia de consejos de guerra celebrados sin las más elementales garantías procesales, como es unánimemente reconocido por historiadores y juristas.

Ahora han decidido continuar las obras, pero pervirtiendo por completo el sentido del memorial proyectado. Por un lado, eliminando los nombres de las víctimas que iban grabados en placas de granito que recubren los muros del conjunto artístico. Y, por otro destinándolo no al recuerdo de las personas allí fusiladas por la dictadura, como estaba previsto, sino al de todas las víctimas de la violencia política habida en Madrid entre 1936 y 1944.

En su día, sectores de la derecha política madrileña, en complicidad con algunos medios de comunicación afines, provocaron la polémica sobre la que el PP justifica ahora su decisión. No están dispuestos a que figuren en el memorial los nombres de trescientos presuntos “chequistas”. Rechazan como víctimas a quien, presuntamente, fueron victimarios en vida.

El Partido Popular acepta el reconocimiento como víctimas y defiende la memoria de aquellas personas que fueron injustamente asesinadas, más allá de su eventual condición de presuntos autores de execrables delitos en vida, si se trata de víctimas del terrorismo, pero no cuando se trata de víctimas de la dictadura militar franquista. Esta actitud apunta a hipocresía moral.

Emplazo a mis amigos del PP vasco a que ilustren a sus correligionarios madrileños respecto de este tipo de cuestiones morales, en beneficio de la vergüenza y la decencia y para que no se cometa la tropelía de privar a los familiares de las personas fusiladas por la dictadura franquista en el cementerio de la Almudena – pero también al conjunto de la sociedad madrileña – de un espacio de memoria digno, similar a los que se promueven merecidamente para otras víctimas de otras violaciones de derechos humanos (terrorismo), con el mismo derecho.

Coherencia moral obliga. Caso de seguir con los planes anunciados, el gobierno municipal de Madrid del Partido Popular y Ciudadanos cometerá una lamentable y penosa injusticia con las víctimas de la dictadura militar de Franco que fueron asesinadas en el cementerio de la Almudena, las cuales sufrirán una nueva victimización, a añadir a los ochenta años de olvido y abandono.

Porque recordar el pasado es condición imprescindible para construir un futuro en paz y libertadY porque cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio ofrecido por estos desde ser conocido y reconocido por las nuevas generaciones como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que no están entre nosotros.

PS: Advertencia para quienes van permanentemente con la balanza contrapesando víctimas de uno y otro bando, porque no son capaces (o no quieren) hablar de unas sin las otras: Cuanto afirmo en este artículo es aplicable a cualquier tipo de víctimas de violaciones de derechos humanos. En lo tocante a DDHH, no hay color político que justifique su vulneración.

12.11.19

Señorías: ¿Viva la muerte?

Avenida de la Inteligencia. Hay que reconocer que suena bien. El 13 de julio de 2016, el Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, aprobó un informe con la primera parte del plan de revisión del callejero de la capital, que incluía el cambio de los nombres de 27 calles. Una de ellas, la calle general Millán Astray. Se proponía en su lugar “Avenida de la Inteligencia”.

Aquéllo parecía una suerte de justicia poética en relación al conocido incidente protagonizado por el citado Millán Astray y don Miguel de Unamuno, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, en el que el militar profirió aquel grito tan suyo de ¡Viva la muerte!, seguido de ¡Muera la inteligencia! El referido informe del Comisionado así lo justificaba, sin disimular con sutilezas: “Es propuesta de este Comisionado que quede en la palabra ‘inteligencia’ recuerdo de aquel suceso resuelto con arrojo por quien fue protagonista de uno de los hechos cívicos más ejemplares de que se guarda memoria en la historia reciente de España“.

Sin embargo, meses después, cuando el Comisionado elevó su propuesta definitiva de revisión del callejero, hizo desaparecer el sugerente “Avenida de la Inteligencia”, sustituyéndolo por el también meritorio de “Maestra Justa Freire”. La parte positiva del cambio fue el reconocimiento a la trayectoria de la discípula de Ángel Llorca y, con él – y algunos más -, al trabajo que tantas maestras y maestros realizaron poniendo en práctica las directrices pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza en la escuela pública durante el primer tercio del siglo XX. Su entrada en el callejero madrileño fue un soplo de aire fresco en el mismo. Bien está que quedara así, aunque se perdiera ese punto de osadía que suponía contraponer el valor de la inteligencia a aquellos otros que encarnaba un personaje como Millán Astray.

Sobre el personaje, Paul Preston escribió en Las tres Españas del 36 (Barcelona, 1998) lo siguiente: “José Millán Astray fue, quizá, la persona que más influencia ejerció en la formación moral e ideológica de Francisco Franco. (…) En él (Tercio de Extranjeros) institucionalizó y evangelizó los valores brutales y embrutecedores con que Franco libró y ganó la Guerra Civil española. Contribuyó al auge de la fama de Franco nombrándole su segundo jefe y comandante de campo de una fuerza pronto celebrada por su eficacia y su valentía. (…) Durante la Guerra Civil creó y divulgó incansablemente la imagen de Franco como salvador invencible. Más concretamente, su participación fue de vital importancia en las maquinaciones de la última semana de septiembre, mediante las cuáles Franco ascendió al puesto de jefe del Estado”.

Hay que recordar que Millán Astray fue el impulsor del Tercio de Extranjeros, más conocido como Legión Española, cuerpo militar creado en enero de 1920 y del que fue su primer jefe. Dos años antes, para conseguir convencer a los políticos de la conveniencia de esta iniciativa, el militar empleaba un argumento tan persuasivo como éste: “Si son españoles los que se alistan en el cuerpo que ha de constituirse, lo harán con gusto; si son extranjeros los que acuden, servirán doblemente, ya que se dispone de un soldado y se ahorra un español”. Una vez creado el cuerpo, nombró a su amigo Francisco Franco como segundo jefe del mismo.

El gran escritor Arturo Barea, que sirvió en el Ejército marroquí en los años veinte del siglo pasado, relató en su extraordinaria novela La forja de un rebelde (Londres, 1940-1945) cómo Millán Astray “rugía, sollozaba y gritaba; escupía a la cara de estos hombres toda su miseria, su vergüenza, su suciedad, sus crímenes, y luego los arrastraba, en una furia fanática, hacia la caballerosidad, a renunciar a toda esperanza salvo la de una muerte que borrara las manchas de su cobardía con el esplendor del heroísmo”.

El mismo Barea, en otra de sus obras, La lucha por el alma española (Londres, 1941), cuenta que cuando atacaba el Tercio “no reconocía límites a su venganza. Cuando abandonaba un pueblo, no quedaba más que incendios y los cadáveres de hombres, mujeres y niños. Así, fui testigo ocular de la destrucción total de los pueblos del Beni Arós en la primavera de 1921. Cuando se asesinaba a un legionario en una marcha solitaria por el campo, se degollaban a todos los hombres de los pueblos vecinos, a no ser que se presentara el asesino”.

Llegado el 18 de julio de 1936 y enterado Millán Astray de la sublevación militar, que le pilla en Argentina, cogió un barco de inmediato y se puso a disposición de su gran amigo Franco. Apenas bajó al muelle en Cádiz, pronunció un discurso en el que reconoció haber regresado a España tras oír el grito “¡A mí la Legión!”, como recogieron los diarios de la época (ABC entre ellos). Acompañó a Franco en Sevilla el 15 de agosto, junto a Queipo de Llano, en el acto de adopción de la bandera monárquica, frente a la tricolor de la República.

En los meses siguientes, por encargo del mismo Franco, desarrolló una frenética actividad propagandística, aprovechando su encendida retórica y su histrionismo. Como recuerda Guillermo Cabanellas (Cuatro generales. Planeta. Barcelona, 1977), solía destacar siempre la importancia vital de la Legión y ponía fin a sus arengas con un ¡Viva la muerte!

En su obra anteriormente citada, Preston subraya la influencia que Millán Astray tuvo en el proceso de designación de Franco como comandante en jefe de las fuerzas militares sublevadas primero y jefe de Estado después. “Cuando después de la primera reunión de los generales, celebrada el 21 de septiembre cerca de Salamanca, resultó claro que el alto mando dudaba, Millán se creyó en el deber de hacer entender cuánto se necesitaba a Franco, el deber tanto de generar como de expresar la presión popular. Personificó, sobre todo, la resolución de la Legión, con la que estaba irrevocablemente vinculado, de que a Franco lo nombraran jefe único”.

Sobre el ya citado incidente en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, durante el acto de la celebración del día de la Raza, con el ínclito don Miguel de Unamuno, no me extenderé, pues se han vertido ríos de tinta y, aún hoy, algunos mantienen dudas respecto a la veracidad de la versión más extendida de cuanto allí aconteció. Baste decir que, tal vez, a no mucho tardar, esta controversia sea vista con nuevas y definitivas luces.

Lo cierto es que, en el año 1969, el Ayuntamiento de Madrid debió descubrir que los generales Saliquet y Millán Astray, figuras señeras de la autodenominada cruzada nacional, carecían de honores y reconocimientos suficientes y acordes a sus méritos. Para subsanar este déficit, entendieron los munícipes franquistas que debían ser honradas con el nombre de una calle en la capital del Estado. Así se indicaba expresamente en el escrito en el que se solicitaba dicha designación:

Veo como se van poniendo a las calles nombres de personas que se han distinguido por algo, escritores como últimamente Menéndez Pidal, González Ruano, pero (mucho menos) generales, unos más distinguidos que otros, etc. Es raro que Millán Astray no tenga su nombre en alguna de ellas y el general Saliquet, primero que entró en esta capital al liberarse por su ejército del centro.

Y así se tramitó el correspondiente expediente municipal.

En el Pleno del 30 de junio de aquel año de 1969, se aprobó finalmente el otorgamiento de los nombres de las calles al general Saliquet y al general Millán Astray.

Y así ha sido hasta que el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de 4 de mayo de 2017 aprobó el Plan de revisión del callejero de la ciudad propuesto por el Comisionado de Memoria Histórica, que suponía la retirada del nombre de la calle general Millán Astray por la de calle Maestra Justa Freire.

Algunos admiradores y seguidores de la figura del militar que apoyó de manera tan efusiva y entusiasta a Franco en los primeros meses de la Guerra Civil, en las importantes tareas de comunicación propaganda, promotor principal del grito ¡Viva la muerte! y autor del exabrupto ¡Muera la inteligencia!, han ejercido su legítimo derecho de acudir a los tribunales de justicia para intentar revocar el referido acuerdo municipal y devolver al general Millán Astray el honor de formar parte del nomenclátor madrileño.

Esta iniciativa ha pretendido ofrecer una imagen beatífica del general, minimizando hasta la irrelevancia más absoluta su apoyo a la causa de la sublevación militar y al propio Franco y su participación en las tareas propagandísticas. Además, se refugian en el argumento de que el otorgamiento del nombre a la calle data de mediados de los años veinte y, por tanto, su justificación tiene que ver con los méritos militares de Millán Astray anteriores a los hechos en que se basa la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Como hemos señalado anteriormente y puede comprobarse en el expediente municipal que obra en el Archivo de la Villa de Madrid, la aprobación del nombre de la calle general Millán Astray se lleva a cabo en 1969. Los defensores del militar intentar confundir con la alusión a una pequeña plaza que ciertamente existía con el nombre del militar desde mediados de los años veinte, situada en diferente lugar. De hecho, era tan “insignificante” que el Ayuntamiento decidió suprimirla para conceder al general una calle de similar importancia a la que tenían otros generales franquistas en la zona (Fanjul, Romero Basart, etc.), adoptando tal acuerdo de supresión en el mismo expediente tramitado en 1969.

A día de hoy, son los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quienes tienen en su mano la decisión sobre el futuro nombre de la calle: retomar los valores que encarna el fundador de la Legión (declarando que su nombre no constituye exaltación de la sublevación militar ni de la Guerra Civil) o respetar la decisión municipal, respaldando la modernización de los valores recogidos en el nomenclátor de la capital, llevada a cabo por el Ayuntamiento en la legislatura anterior y expresados, en este caso, por la Maestra Justa Freire y todo lo que ella representó.

Parece mentira, pero así estamos.

 

15.9.19

El final de los agravios comparativos entre víctimas del terrorismo.

Acaba de hacerse pública la noticia del fallo emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a la indemnización que la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, prevé para éstas, declarando no ser contraria a derecho la denegación de dichas indemnizaciones por parte del Estado Español a familiares de víctimas que pertenecían a organizaciones terroristas.

Se da la circunstancia, como bien explican algunos de los medios que han tratado la noticia con un cierto rigor, de que no se trata de cuestionar el reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo de dichas personas, pues esta circunstancia ya fue resuelta conforme a la Ley de Solidaridad de 1999 y muchas de ellas ya ostentaban esa condición de víctimas, habiendo además percibido por ello, las cantidades que dicha norma legal asignaba en concepto de indemnización a todas las víctimas legalmente reconocidas como tales.

Una de las novedades que incorporó la Ley de 2011 respecto de la de 1999 fue precisamente la actualización al alza de las cantidades concedidas en concepto de muerte o incapacidad, entendiendo que las cuantías de 1999 habían quedado un tanto raquíticas, a la vista de las responsabilidades civiles que la Audiencia Nacional venía fijando en las sentencias dictadas en casos de terrorismo y cuyo abono correspondía al Estado, precisamente en virtud del mecanismo de subrogación que traduce el principio de solidaridad inspirador de la Ley.

En el fondo, latía también la idea de equiparar en lo posible las cantidades percibidas por las víctimas, en aras de un principio de igualdad cuya ausencia ha generado siempre notable inquietud en el mundo de las víctimas y sus asociaciones.

Lo cierto es que la reciente resolución del TEDH viene a pronunciarse únicamente sobre aquello que le fue cuestionado y que consistió en determinar si la resolución denegatoria de la indemnización por parte de la administración central, basándose exclusivamente en informes policiales para determinar la pertenencia a banda armada u organización terrorista, vulneraba el principio de presunción de inocencia o no. Y lo hace concluyendo que no, con lo cual valida la actuación administrativa. Se acabó pues el camino judicial para conseguir un objetivo que, se mire como se mire, era y es loable y plausible: respetar el principio de igualdad y no establecer agravios comparativos en el tratamiento que el Estado debe brindar a todas las víctimas del terrorismo. En este caso, a sus familiares.

La cosa tiene bemoles, si tenemos de nuevo en consideración la paradoja que ya hemos mencionado anteriormente. Muchos de estos familiares ya percibieron la cantidad que les correspondía conforme a la legislación de 1999. Cabe preguntarse: Si se les trató igual entonces ¿por qué se les discriminó después? ¿Qué cambió entre 1999 y 2012?

Reparemos en el proceso seguido para llegar a este frustrante resultado final.

La Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo fue aprobada por la totalidad de los grupos políticos del Congreso, a excepción de la única diputada de UPyD. El esfuerzo de consenso realizado por todos los partidos políticos fue digno de admiración y estuvo a la altura del fin perseguido.

Sin embargo, unos meses después, tras las elecciones generales que otorgan al Partido Popular la mayoría absoluta, el gobierno de Rajoy cuela por la puerta de atrás que supone el cajón de sastre de la Ley de Presupuestos, una modificación de la mencionada Ley 29/2011. Eso sí, se esfumó el esfuerzo de consenso con todos los grupos políticos realizado para la aprobación del texto legal. En esta ocasión solo contaron con el PSOE, que apoyó la iniciativa. Un apoyo, por cierto, que tal vez hayan lamentado después, a la vista de los resultados.

Para constancia de los interesados, esta modificación se llevó a efecto a través de la Ley 17/2012, de 27 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, Disposición Transitoria decimoséptima, que introduce un nuevo artículo 3 bis de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre que guarda relación, a su vez, con los artículos 2, 3 y 8 del Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre indemnizaciones a las víctimas de Delitos violentos, hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983 (BOE, número 312, sábado 29 de diciembre de 2001).

¿Por qué no estuvo esta cuestión encima de la mesa de quienes pactaron con tanto esfuerzo y denuedo el contenido de la Ley, antes de julio de 2011? ¿Qué circunstancia nueva ocurrida entre esa fecha y junio de 2012, pudo justificar una iniciativa que contravenía actuaciones precedentes de la propia administración del estado, la cual había indemnizado ya a esos mismos familiares de víctimas? Es difícil encontrar una explicación confesable, tratándose de una administración, que debe respetar el principio de interdicción de la arbitrariedad, contemplado en el artículo 9.3 de la Constitución.

Pero, con todo, y llegado el punto en que nos encontramos, con el agotamiento de la vía judicial, hay otra circunstancia en este asunto, que merece atención.

La reforma legal de la que venimos hablando se limita, en lo que afecta al tema aquí tratado, a establecer la aplicabilidad de lo dispuesto en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, a los casos de indemnizaciones a víctimas del terrorismo previstas en la ley de 2011. (“La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en la presente ley se someterá a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos”).

Por su parte, este Convenio, en su artículo 8.2, que es el aplicable al caso, establece que Se podrá reducir o suprimir asimismo la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos.

Como es sencillo colegir, este texto legal, lejos de establecer un mandato de cumplimiento obligatorio, concede una potestad al Estado que lo aplique, de manera que la decisión denegatoria de la administración constituye un acto discrecional y, por tanto, un ejercicio de la libre voluntad política.

En otras palabras, las indemnizaciones a familiares de víctimas del terrorismo que pudieron pertenecer a bandas armadas fueron denegadas única y exclusivamente por un acto estricto de voluntad política. Legal, sí, pero voluntad, al fin y al cabo.

Y pienso yo: Lo mismo que se dijo que no, se pudo haber dicho que sí; y lo mismo que se dijo que no, se podrá decir que sí, dado que no hay obstáculo legal que lo impida.

En consecuencia, y ahora que estamos inmersos en un nuevo proceso de revisión de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, impulsada y motivada por el deseo de poner fin a otra situación de agravio comparativo que genera notable malestar entre los colectivos de víctimas, como es el de la diferente cantidad indemnizatoria que perciben quienes tienen sentencia frente a quienes no la tienen, sugiero que se aproveche para poner fin a este otro agravio comparativo. Puede y debe iniciarse un proceso en el que la voluntad política – la misma que creó el problema – lo solucione ahora, reconociendo el derecho de estas personas a percibir las indemnizaciones que legalmente les corresponde, en igualdad de condiciones respecto a las demás víctimas del terrorismo.

Un reto del nuevo parlamento y del nuevo gobierno.

 

21.7.19

La intervención del Ayuntamiento de Madrid en la reforma del monumento a las víctimas del 11 M en Atocha.

Este artículo fue escrito el día 1 de junio de 2019 y ha sido publicado en la revista 11Magina, de la Asocación 11 M Afectados de Terrorismo en el mes de julio de 2019.

Hacer memoria a las víctimas es afirmar una injusticia hecha a la víctima que está vigente y que no se puede pasar por alto. Por eso, el filósofo Reyes Mate vincula las ideas de Justicia y Memoria, al afirmar que la memoria es una forma de hacer Justicia, ya que ésta exige reparar a la víctima en lo reparable y hacer memoria de lo irreparable.

Nadie va a reparar el daño cometido a la víctima, pero la memoria puede rescatarle de la indiferencia y decirnos que se cometió una injusticia y que ésta sigue vigente. Esta forma modesta, pero persistente de justicia no es impunidad, aunque entiende la justicia no tanto como castigo al culpable cuanto, como se ha dicho, como memoria de lo irreparable.

En el ejercicio de este derecho a la memoria que corresponde no solo a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad, cobran singular importancia los memoriales, como espacios físicos en los que se materializa este acto de justicia. Espacios en los que se hace imprescindible la nominalización de cada una de las víctimas, como expresión de la necesidad de recuperar su individualidad y revertir la cosificación que la acción terrorista impone sobre ellas, al convertirlas en meros objetivos militares de carácter instrumental. Por eso, los memoriales han de contar con un espacio central destinado a los nombres de las víctimas.

Esta premisa fue asumida por los creadores del monumento a las víctimas de los atentados del terrorismo yihadista del 11 de marzo en Madrid, en Atocha, disponiendo no solo que figuraran los nombres de todas y cada una de las víctimas sino que se incorporaran también numerosos mensajes de solidaridad expresados por la ciudadanía en los días posteriores a los atentados.

El monumento constaba de una piel exterior exclusivamente de vidrio, sin ningún otro material estructural, donde se apoyaba levemente una membrana interior de un novedoso material denominado ETFE, similar a la silicona en lámina, en la que figuraban los mencionados mensajes de condolencia hacia las víctimas impresos en ella. Esta membrana, se mantenía erguida mediante un sistema de presurización de una sala visitable en la estación de cercanías de Atocha, lo que hacía imprescindible unas puertas esclusas, que también soportaban sobrepresión y que funcionalmente tenían que ser utilizadas mediante alternancia, nunca a la vez, ya que esto provocaba descompresión  de la sala y el desplome de la membrana interna.

Con el paso del tiempo, la membrana interior comenzó a presentar pequeñas roturas por varias partes, lo que hacía que su geometría  no se mantuviera según los límites proyectados y tuviera contacto con los focos, deteriorándose los dos sistemas: la lámina soporte de los mensajes de condolencia  y la iluminación.

Las esclusas de acceso a la sala, sometidas a sobrepresión, se estropeaban habitualmente, lo que forzó a contar con personal de mantenimiento para ayudar a abrir las puertas al público visitante, generándose en su conjunto un gasto energético y de personal insostenible.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Intervención en Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural, encargó en 2016 la redacción de un proyecto para paliar tanto el deterioro de la membrana como el desmesurado nivel de gasto energético de mantenimiento que soportaba el monumento, sometida a la sobrepresión de tres máquinas que debían estar funcionando 24 horas para mantenerla erguida, y que hacía que los gastos de mantenimiento fueran de 60.000 euros anuales, aproximadamente.

El proyecto debía dar solución al deterioro por obsolescencia de los materiales; especialmente  de la membrana interior de ETFE, soporte de los mensajes de condolencia y del sistema de  presurización de la sala. Se vio que era imprescindible replantear la situación para conseguir la funcionalidad del ámbito y la mejora energética y sostenibilidad del monumento. La solución propuesta consistía en la implantación de un nuevo sistema de cuelgue estructural de la membrana que la hacía autoportante, eliminándose la presurización de la sala.

En resumen, el proyecto implicaba el desarrollo de los 160 metros cuadrados de membrana que forman un paraboloide cilíndrico, compuesto por láminas de EFTE soldadas, transparentes y con impresión digital de texto, con los siguientes trabajos:

  • Ingeniería textil. Estudio de forma y patronaje de la membrana de EFTE
  • Diseño y redistribución de los mensajes.
  • Desmontaje de los focos de luz de la membrana.
  • Cálculo y diseño de los tensores de acero.
  • Cálculo del aro superior de soporte
  • Desmontaje de la membrana actual
  • Confección de la nueva membrana y termosoldado
  • Transporte, montaje y ajustes de tensado en obra.
  • Trabajos complementarios imprescindibles para la instalación.
  • Nuevo sistema de iluminación con tecnología LED

La membrana auto-portante lleva una nueva lámina de ETTE que recogerá los mensajes de condolencia.

A lo largo del año 2017, se solicitaron a los proyectistas una serie de pruebas de envejecimiento a situaciones extremas de la lámina y otras, para tener resultados objetivos. El resultado fue la confirmación de su viabilidad.

Durante el año 2018, y una vez recibido el proyecto definitivo, en el mes de febrero, desde el Ayuntamiento se procedió a presentarlo a las asociaciones de víctimas vinculadas a los atentados del 11-M, a fin contar no solo con su conocimiento sino también con su conformidad, como así resultó ser.

Con posterioridad, se inició la tramitación del expediente de contratación de la obra, al tiempo que se conseguía su financiación a  través de la aprobación por parte del Ayuntamiento de una Inversión Financieramente Sostenible, por un importe de 350.000 euros.

Conviene subrayar que cuando se erigió el monumento a las víctimas del 11-M de Atocha, se suscribió un Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, ADIF y RENFE, para repartir las tareas de mantenimiento del mismo, repartiéndose las cargas de la siguiente forma: el 50% para el Ayuntamiento, el 25% para ADIF y el otro 25% para RENFE. Pero dicho Convenio no contemplaba las obras de reparación, por el que, el Ayuntamiento se vio obligado a tramitar un nuevo convenio que fue firmado el 12 de diciembre de 2018, a fin de posibilitar la ejecución de obras en un monumento que es propiedad de tres administraciones. Los gastos tanto del proyecto como de la ejecución serán asumidos en la misma proporción acordada en su momento. El nuevo proyecto no pudo ser licitado hasta no ver concluida la firma del nuevo convenio, siendo ésta la razón fundamental del retraso de la operación.

Finalmente se adjudicó en el mes de mayo pasado, previéndose su ejecución para el segundo semestre del presente año 2019. Confiamos plenamente en que la solución ofrecida y ya en marcha, ponga fin a los numerosos problemas con los que se ha encontrado un monumento que es – y debe seguir siendo – referencia memorial esencial del episodio más grave de terrorismo vivido por la ciudad de Madrid.

Marisol Mena Rubio (Directora General de Intervención en Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid).

Txema Urkijo Azkarate (Responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid).

 

Breves de Lamuza

Con ocasión del 50º aniversario del Colegio Público Lamuza, de Llodio, su asociación de padres y madres ha organizado una serie de actos, culminados el sábado, día 15, con una comida a la que estaban invitadas personas vinculadas al colegio, a lo largo de todos estos años. Para el material que han ido recogiendo de cara a las conmemoraciones, escribí estas líneas con mi modestísima aportación a la memoria colectiva del centro.

Fue un 4 de junio. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de Charly. Aquella noche, 11 adolescentes intrépidos y un temerario profesor, subimos al antiguo expreso Costa Vasca en la estación de Llodio, dispuestos a afrontar la aventura de pasar tres días de asueto en la capital del Reino, nada menos. Era el viaje de fin de EGB; o sea, fin de colegio. Se acababa nuestro Lamuza, entonces Colegio Nacional. Corría el año 1975. Fuimos la promoción que abrió la EGB y el BUP. Creo que nunca el Colegio había tenido alumnos tan mayores. Tal vez por eso, el bueno de Manolo Melgosa (don Manuel me perdonará la licencia) se atrevió con semejante pelotón a pecho descubierto en Madrid.

Alojamiento en el Hostal Central, calle Alcalá, junto a la Puerta del Sol. Visita agotadora al Museo del Prado, después de la noche de viaje sin dormir apenas. Paseo en barcas en el estanque del Retiro, por supuesto. La Castellana andando desde la Plaza de Castilla hasta Cibeles, después de comer, lo juro. A golpe de horchatas, con un sol de justicia. Vimos el Bernabeu, eso sí. El parque de atracciones en la Casa de Campo. Bocatas de calamares por doquier. Uno de los días: ¡Atención, tarde libre de don Manuel! ¿Qué hacemos? Pues nada, al cine a la Gran Vía. La intención era buena, estrenaban “El jovencito Frankestein”, de Mel Brooks, pero, ¡Ay!, para mayores de 18. No pasa nada, ya va Oscar a taquilla a por las entradas, nuestro mejor candidato a adulto. Pero no cuela. Vade retro. El cambio de planes nos lleva, sin salir de la Gran Vía, al puente sobre el río Kwai, que era apta, según terminología de la época. Sesión continua, como era habitual en aquella época. Al menos, salimos silbando todos. El domingo no faltó el Rastro. Aquel reloj de fondo azul de Juanito o el inolvidable cinturón con cabeza de león (o fiera similar) de Miguel. Los viajes en metro. El bar más grande del mundo pues se entraba por Cádiz y se salía por Barcelona, detrás de la Puerta del Sol (Sigue existiendo tal cual, con la misma leyenda fuera). Y tantos otros recuerdos.

Fueron tres días increíbles.

Nos habíamos pasado todo el curso recogiendo papel y cartón, que en aquel tiempo se vendía razonablemente bien, con el fin de sacar unos duros para el viaje. Utilizábamos como almacén un hueco que había (tal vez siga existiendo) bajo la escalera de la entrada principal, junto a la sala de profesores. Allí aprendimos un principio, sin duda relacionado con la física (aunque no sé cuál): por muchos papeles y cartones nuevos que fueran depositados en el pilón, en su parte superior siempre aparecían las mismas dos o tres revistas. Cada vez más arrugadas, eso sí. Sin comentarios. Aún había censura.

Llegué a conocer – y participar – en el coro del colegio, probablemente en su último año, creo. Memorable nuestra participación en el concurso de villancicos que se celebraba todos los años por navidades en Marianistas de Vitoria. Cómo seríamos de paquetes que, una vez en escena, delante del público (y el jurado, claro), comenzamos con el villancico que ensayábamos siempre en primer lugar, cuando, al parecer, debíamos haber empezado por otro. Pues bien, el director, cuyo nombre no he conseguido recordar, nos paró de mala manera, pidió perdón al respetable y nos obligó a iniciar de nuevo la actuación por el villancico correcto, superando el correspondiente bochorno.

El baloncesto nos brindó nuestro momento de “gloria”, cuando ganamos el Campeonato Interescolar de Llodio aquel mismo año de 1975, con la final en la Plaza y contra La Salle, un año mayores que nosotros. Era conocida la rivalidad deportiva con los otros centros del pueblo. El apoyo del colegio era escaso, la verdad, porque había que ver los equipajes con los que jugábamos. Primero camisetas amarillas, para pasar luego al azul con el que se quedó el colegio. Suplíamos las carencias con el entusiasmo y la ilusión propia de la cuadrilla de amigos que formábamos el equipo y el ánimo de nuestros incondicionales. No puedo dejar de mencionar – sería imperdonable – el equipazo femenino de aquel mismo año. En la cima, vaya.

Lamuza fue un clásico colegio público vasco, con mucho profesorado venido de fuera a cubrir las plazas que los autóctonos no alcanzábamos, por nuestra vocación más inclinada hacia la técnica y la industria.

Esa cosa líquida y viscosa que es la memoria me permite escribir los nombres de don Manuel (nuestro tutor siempre; varias veces a punto de verle, pero aún no ha sido posible, después de tantos años. Vive, espero, en Burgos), don Serafín (Acha, Andrés, Apraíz, Arellano, Arigita, Arroyo…a la pizarra), don Román (peazo manos tenía), Francisco Javier (Alpino, vaya; recién llegado de la mili), Juan Antonio (un año, al menos, con las matemáticas), la señorita Juli, Mª Jesús (ella nos llevó al baloncesto), Quela, don Gabriel (matán, coño, matán)…

Tres años, de 6º a 8º de EGB, fueron suficientes para incorporar el colegio a mi acrisolado sentimiento de pertenencia. No puedo ni quiero negar el orgullo que me genera esa pertenencia. Un orgullo demasiadas veces callado y silencioso ante el maltrato y la discriminación que ha sufrido Lamuza por parte de nuestros sucesivos mandatarios locales respecto a otros centros educativos de la local, especialmente no públicos. Un orgullo que, al menos, se manifestó en la elección del colegio para Markel. Con ello, somos ya dos generaciones de exalumnos del colegio. En 50 años, casi da para la tercera, aunque sospecho que toca esperar un rato aún.

Y mientras tanto, incrementar el sentimiento de orgullo de colegio desde esas señas de identidad que ha ido adquiriendo en los últimos años, con la defensa de valores cívicos como la tolerancia y la diversidad, sin desmerecer la calidad, que deben ser bandera de los colegios públicos. Con agradecimiento a toda su comunidad educativa.

 

16.6.19

 

 

Stolpersteine

Parece increíble, pero todavía mucha gente entre nosotros desconoce que varios miles de españoles, de republicanos españoles exiliados tras el final de la Guerra Civil, fueron deportados desde Francia a campos de concentración nazis, especialmente el de Mauthausen. Casi diez mil, de los cuáles murieron prácticamente el 60%.

El proyecto “Stolpersteine”, puesto en marcha por el escultor aleman Gunter Demnig hace ya 27 años, consiste en una pequeño bloque de cemento cubierto en una de sus caras por una fina lámina de latón donde graba artesanalmente el nombre de una víctima del horror de esos campos. Se coloca en suelo público, cerca del último domicilio conocido de la víctima.

El proyecto se ha extendido por toda Europa, convirtiéndose, como decía Alicia Torija, en el micromonumento más grande el mundo. Ahora llega a Madrid y hemos podido contar con la presencia del escultor alemán, en un acto cargado de emotividad por la presencia de numerosos familiares de deportados, reconfortados con y por la iniciativa.

Qué importante es recordar a las víctimas de las injusticias…Qué importante es preservar la memoria. que conforma también nuestra identidad.

 

 

25.4.19

Las tribulaciones del Capitán Haya y el Juez.

Nuestro sistema de justicia se caracteriza por su estructura jerárquica y piramidal, lo cual supone que las resoluciones que dicta un juez pueden ser revisadas y, en su caso, corregidas, por una instancia superior. Con ello se pretende evitar posibles errores en la aplicación de las leyes y garantizar la unificación de los criterios interpretativos de las mismas.

Teniendo muy presente esta premisa, asisto con normalidad, desde hace unos meses, al goteo de sentencias sobre el cambio de denominación de algunas calles de Madrid, en aplicación de la Ley conocida como de Memoria Histórica. Consciente de que lo determinante de la partida se juega en la segunda instancia, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva todos los recursos interpuestos contra las sentencias recaídas en la primera.

En respuesta a las impugnaciones presentadas contra el acuerdo municipal que cambió los nombres de 52 calles, algunos jueces han dado la razón al Ayuntamiento, mientras que otros han considerado que su actuación no se ajustaba a derecho. Cada juez es un mundo y todos son mundos distintos- El mismo planteamiento puede dar a lugar a respuestas diferentes. Moneda corriente en los tribunales de justicia. Ya vendrán los superiores que determinarán el modo correcto de aplicar e interpretar la ley. Hasta aquí, todo entra dentro de lo normal.

El motivo de estas líneas tiene que ver con una de estas sentencias: la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid hace unos días, en un procedimiento relacionado con el cambio de nombre de la calle Capitán Haya.

Ya apuntaba maneras el asunto cuando un destacado medio nacional de prensa escrita recogió este titular en relación al caso:

Un juez anula el cambio «caprichoso» de Carmena de la calle del Capitán Haya”.

Aparentemente nada llama la atención. Podría haber sido uno más de los varios casos perdidos por el Ayuntamiento en lo tocante a los nombres de las calles. Pero leyendo la sentencia – que el medio no publica en su integridad – se descubre que el titular no se corresponde con la realidad.

El fallo de la resolución judicial obliga al Ayuntamiento a retrotraer el expediente de modificación de las calles, en lo que hace referencia exclusivamente a Capitán Haya, al momento en que la familia de este militar interpuso un recurso extraordinario de revisión, que debió ser “admitido” (y no lo fue), para que se admita, tramite y resuelva.

Nada más hace la sentencia porque nada más puede hacer, dado que el objeto del recurso no era el acuerdo del cambio de nombre de la calle, sino la inadmisión, por parte del Ayuntamiento, del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la familia porque se le pasó el plazo para interponer el recurso ordinario.

Lamentablemente, la progresiva pérdida de rigor y credibilidad de algunas prácticas periodísticas, hace que ya no sorprenda el uso de la falsedad y la manipulación como un agente más de propaganda en la disputa política. Falsedad que luego se difunde con profusión y entusiasmo por muchos de quienes abanderan y defienden la causa a la que la mentira sirve.

Pero llama más la atención alguna consideración que el titular del citado Juzgado realiza en su resolución.

Siendo el objeto del recurso el que ha quedado señalado anteriormente, no se entiende bien por qué el juzgador dedica una buena parte de su razonamiento a exponer sus peculiares puntos de vista, no solo sobre el cambio del nombre de la calle, sino, sorprendentemente, sobre nuestra Guerra Civil.

Vean:

(…) la decisión de proponer la Concejala Presidenta de esa Junta de Distrito, que esa calle se renombrara, (sin haber sido cuestionada por ninguna instancia ciudadana), bien podría tacharse de completamente subjetiva, y hasta de caprichosa, en tanto que no se sustentaba en documentos ciertos, o críticas ciudadanas reales que avalasen que su participación en acciones de guerra hubieran resultado esenciales para la sublevación, y directamente comandadas por él; con independencia de que como militar de carrera hubiera de optar por uno u otro bando (…)”;

No seré yo quien sostenga que la guerra que sufrió España no fue civil. Es una tesis defendida por algunos, con una finalidad loable (subrayar la singular relevancia de la participación extranjera en la misma, de la mano de los fascistas de Mussolini y los nazis de Hitler), pero a través de un medio equivocado (esa implicación no oculta la participación de cientos de miles de españoles reclutados obligatoriamente tanto por la República como por el gobierno de Franco, que se enfrentaron cruelmente en los campos de batalla. A los que habría que sumar quienes participaron voluntariamente, bien apoyando el golpe o bien defendiendo la legalidad republicana). No rechazo, por tanto, hablar de bandos, cuando se hace referencia a la guerra.

Pero sí en los términos en los que lo hace su señoría. Efectivamente, el juez coloca al bueno del Capitán Haya en una curiosa disyuntiva: al parecer, como militar de carrera se vio obligado a optar por uno u otro bando. Pues mire, no. El 18 de julio de 1936 no había aún guerra alguna en España. Hubo un golpe militar contra la legalidad republicana vigente. Por tanto, la disyuntiva que se les planteaba a los militares de carrera, en aquel momento, no era elegir entre dos bandos enfrentados en una guerra, sino adherirse a la sublevación que pretendía acabar con la legalidad vigente o permanecer fiel y leal a ésta.

El juzgador remata su visión de la historia con esta otra reflexión:

(…) pidiendo el cambio de nombre de la calle por venir atribuido el mismo a una persona que hubiera dado lugar con su conducta personal o profesional a la exaltación de la sublevación militar, o de la Guerra Civil, más allá de cumplir con su obligación de militar de carrera, y mostrar en aquellos momentos, sin duda confusos, su simpatía por el denominado bando nacional,

Vuelve a incurrir en el error de calificar como bando nacional lo que fue, cuando los militares tuvieron que posicionarse, una sublevación, hacia la que el Capitán Haya mostró sus simpatías.

Y luego, tampoco tiene empacho en justificar esta conducta del Capitán Haya al sumarse a dicha sublevación, con la singular excusa de que lo hacía en cumplimiento de su obligación como militar de carrera. En momentos confusos, eso sí.

Olvida que la obligación adquirida por los militares de carrera en sus solemnes juramentos, precisamente debería haberles conducido a mantenerse leales a las leyes y los valores que juraron respetar y defender; esto es, los correspondientes a la legalidad republicana vigente.

Resulta inaudito y preocupante que, en 2019, después de más de 40 años de democracia en España, haya servidores públicos sosteniendo estas visiones de nuestra historia, no en su vida particular, sino en su responsabilidad de administrar justicia.

Sin duda, pretende disimular la parte de la historia del Capitán Haya que no puede suprimir: su participación en determinadas acciones militares a favor del bando sublevado. Con ello, quiere justificar la supuesta insuficiencia de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para fundamentar la aplicación de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, la retirada del nombre de su calle en Madrid.

En este punto, resulta interesante seguir las filigranas del juzgador en su sentencia. Filigranas innecesarias, insisto, pues el objeto del recurso no era valorar si fue correctamente aplicada la Ley al caso del Capitán Haya. Pero vean:

Sí, por el contrario, los aquí recurrentes aportaron con su escrito promoviendo el Recurso Extraordinario de Revisión aquellos otros documentos que consideraron venían a demostrar que su padre, con anterioridad al inicio de la Contienda Civil, había acumulado méritos propios suficientes, que merecieron ser destacados, y que fueron esos méritos los que sirvieron al Ayuntamiento para que, en el año 1954, se pusiera a una calle de Madrid el nombre de “calle del Capitán Haya”.

Y más adelante, añade:

“(…) ante tales carencias se hace difícil vislumbrar que el Capitán Haya hubiera contribuido con su actividad de piloto militar dentro del bando nacional, (y de una manera esencial) a la exaltación de la sublevación militar, o de la Guerra Civil; y de otro, porque los incorporados después por los  recurrentes vendrían a evidenciar todo lo contrario, es decir, que la asignación del nombre de Capitán Haya, a una calle de Madrid, no se debió tanto a motivo alguno de evidente trascendencia relacionado con la sublevación militar del año 1.936, ni con la contienda civil de 1.936 a 1.939, como a méritos adquiridos antes, directamente relacionados con su profesión de aviador o piloto de aeronaves, dada su pericia y destreza en el manejo de esos aparatos.”

Sin embargo, una simple ojeada a los documentos que obran en los expedientes municipales correspondientes, evidencia la falacia de recurrentes y juzgador.

En abril de 1943 se inicia el expediente para modificar el nombre de entonces denominada Plaza de las Peñuelas, por el nuevo de Capitán Haya, “en memoria del glorioso aviador nacional, que tanto socorrió a los héroes del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza y que murió gloriosamente en el frente del Ebro“. Dicha propuesta se complementa con la colocación de una placa de mármol con letras de bronce que se inauguraría el 1 de mayo, fecha en la que se conmemoraba “la hazaña de los héroes del citado Santuario“. La propuesta se planteó continuando con la línea de “incluir en el nomenclátor de las calles de Madrid a las personalidades, organismos y héroes de nuestra cruzada que merecen esta distinción“.

Y es unos años más tarde, en junio de 1954, cuando el Ayuntamiento aprueba otro cambio en su callejero, por el cual, la Plaza del Capitán Haya recupera su antigua denominación de las Peñuelas, porque al militar se le concede el nombre de una amplia avenida “en una barriada en la que ya aparecen nombres prestigiosos de nuestra Cruzada”.

Sobran comentarios ante la evidencia del grave error en que incurre el juzgador al valorar una documental que, con comprensible parcialidad y capciosidad, habían presentado los familiares recurrentes, pretendiendo eludir la aplicación de la Ley, bajo el argumento de que le fue otorgada la calle al Capitán Haya por su méritos como aviador, previos a la contienda civil.

Sospecho que la ideología ha vencido la batalla al rigor. Provisionalmente, pierde la justicia. Confiemos en que otros jueces determinen con rigor si la decisión del Ayuntamiento fue ajustada a derecho o no y, por tanto, si procede o no el cambio del nombre de la calle Capitán Haya. El Poeta Joan Maragall espera paciente la decisión final.

2.2.19

Federalistas del País Vasco

Soy uno de los firmantes de este manifiesto que propugna una reforma constitucional para definir un sistema federal como estructura territorial idónea para el Estado español y como el marco más adecuado para el encaje del autogobierno vasco en el mismo.

Lo reproduzco aquí, en la convicción del gran interés que tiene para cuantos se preocupan por las cuestiones territoriales e identitarias en nuestro país, con Euskadi y, en este momento, especialmente Cataluña, como especiales focos de atención.

 

1. Quienes firmamos este manifiesto queremos apoyar la reforma federal del Estado como expresión de nuestra defensa del autogobierno vasco, de nuestro compromiso con una España más equitativa y solidaria y con una Europa social y políticamente más cohesionada.

2. Proponemos la construcción colectiva de una alternativa federal como la mejor forma de articular el poder político en esos tres ámbitos. El proyecto federal es, por encima de todo, una profunda expresión de los ideales democráticos, su mejor realización, especialmente en sociedades en las que conviven identidades y sentimientos de pertenencia diversos. Es garantía de paz política porque pretende la libertad que armoniza de forma respetuosa lo propio y lo ajeno, lo singular y lo colectivo; paz que se pone en riesgo cuando se opta por exacerbar los sentimientos patrióticos.

3. La salud y robustez de nuestra democracia resulta indisociable de la existencia de una sólida estructura de autogobiernos territoriales. Y a la inversa, sin que pueda imaginarse una sin otra. Por ello, consideramos graves tanto la pretensión de una creciente centralización del Estado como los intentos de ruptura del mismo porque ponen en riesgo la estabilidad democrática.

4. El proyecto federal requiere ser alimentado permanentemente por una ‘cultura’ federal. Exige la asunción de un sentimiento compartido de responsabilidad; que cada persona se sienta responsable de los intereses de las demás y del conjunto de la sociedad. El espíritu federal requiere reconocer lo que tenemos en común y querer preservarlo, defender la voluntad de estar juntos, porque así estamos y estaremos mejor. Este es también el espíritu de la integración europea. Hemos avanzado mucho en la construcción de esa ‘cultura’ federal, pero es mucho, todavía, lo que nos queda por recorrer en una tarea colectiva.

5. Propugnamos un autogobierno amplio y profundo, fundamentado en la lealtad recíproca. Que se asiente sobre la equidad en la relación entre los distintos territorios y en la equilibrada articulación del conjunto del sistema. Que tenga como fundamento la solidaridad y cuyo complemento sea la responsabilidad en la gestión de los recursos que cada comunidad recibe.

6. El Estatuto de Autonomía, en el marco de la Constitución de 1978, dota al País Vasco de un autogobierno que, por primera vez, merece tal calificativo. Esta Constitución ha establecido un sistema de autonomías territoriales sólido y duradero, asimilable al de los países federales de más larga tradición en el mundo democrático, lo que demuestra la importancia de la actual experiencia de autogobierno.

7. Todo sistema político necesita ajustes periódicos. El reconocimiento del enorme logro histórico que supone el actual autogobierno no puede hacernos ignorar los problemas en su funcionamiento. La importancia de lo logrado hasta ahora no debe ser motivo de autosatisfacción paralizante. Por ello, consideramos indispensable la reforma constitucional. Hay que afrontar los problemas y tratar de darles la mejor solución. Negarse a ello pondrá en riesgo la estabilidad y la salud del sistema en su conjunto.

8. En su configuración actual, la Constitución no puede garantizar el funcionamiento adecuado del sistema autonómico porque carece de los elementos necesarios para su buen gobierno (estructura y método eficaz de relaciones intergubernamentales, adecuada delimitación de las competencias respectivas o principios claros y efectivos para la distribución de recursos financieros, entre otros). Elementos que en las federaciones más sólidas se han demostrado esenciales para garantizar la estabilidad y la paz política.

9. Por otra parte, la Constitución contiene elementos extraños a los sistemas federales que resultan contraproducentes y fuente de importantes problemas. Muy destacadamente, la ambigüedad en la distribución de competencias en los estatutos de autonomía –que provoca, entre otros, el interminable conflicto sobre las transferencias- y la reserva al Estado de la determinación de “lo básico” como columna vertebral de la distribución del poder, que deja en sus manos la determinación en cada momento de hasta dónde llega su capacidad de intervención. El resultado es un nivel de conflictividad sin parangón en ningún otro sistema federal, provocando fuertes tensiones políticas y propiciando la descalificación del sistema por quienes alientan la ruptura.

10. Para que sea exitosa, la reforma debe aprender de las mejores experiencias. No es una cuestión nominal. Lo que importa no es cómo se defina el sistema de autonomías territoriales o cómo lo llamemos, sino su fundamento político, las técnicas que incorpore y las experiencias en que se inspire. El mejor referente lo constituyen los países federales políticamente cercanos, como Alemania, Suiza, Canadá o Austria. Cada uno con sus peculiaridades garantizan la estabilidad, combinando adecuadamente integración (shared rule) y reconocimiento de la diversidad (self-rule).

11. Pero cada país tiene sus peculiaridades, su propia idiosincrasia, a las que la Constitución debe dar adecuada respuesta. En nuestro caso, es ineludible el reconocimiento de peculiaridades y especificidades, de ‘asimetrías’, que también tienen acogida en sistemas federales clásicos. Sistema federal no es sinónimo de uniformidad absoluta. Pero las singularidades deben tener sólido fundamento y no pueden afectar a la coherencia del conjunto del sistema ni a la equidad en el trato a las distintas comunidades que lo integran, porque, de lo contrario, se convierten en fuente de inestabilidad.

12. La reforma de los elementos esenciales del autogobierno territorial, la resolución de sus más importantes problemas de forma eficaz, exige la reforma de la Constitución. Es una condición previa y necesaria para una más idónea configuración del autogobierno del País Vasco, garantizando, al tiempo, la estabilidad del sistema político español en su conjunto, la salud democrática y el reconocimiento de nuestra personalidad. Pretender hacerlo a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, al margen o en lugar de aquella, es una vía de corto recorrido que malgastaría infructuosamente energías políticas y generaría frustración en la sociedad vasca.

13. Quienes firmamos este manifiesto no queremos que la sociedad vasca se vea embarcada en procesos y objetivos inviables abocados al fracaso, ni malgastar inútilmente nuestras energías en salidas que generan su fractura interna, polarizándonos en dos partes enfrentadas de forma irreconciliable y situándonos políticamente al borde del abismo. A nuestro juicio, las propuestas de ruptura no son –no pueden ser- la mejor vía de defensa de los intereses de la sociedad vasca.

14. Una reforma constitucional en este sentido federal y la consiguiente reforma del autogobierno en línea con lo expresado anteriormente contarían con un importante respaldo de la sociedad vasca, según confirman todas las prospecciones sociológicas que periódicamente se realizan en nuestro país. Por el contrario, las alternativas de confrontación o ruptura son las que obtienen un respaldo considerablemente más débil. La estructura federal es el espacio más favorable para el encuentro de quienes integramos la sociedad vasca –sea cual sea nuestro sentimiento nacional de pertenencia- en la tarea de construir juntos el futuro de nuestro país.

15. Nuestro planteamiento se complementa con la idea de una Europa crecientemente federal. Ganamos más compartiendo más. Las dificultades en el desarrollo del proceso de integración europea hacen más imperioso su impulso. Sin él no será sostenible el tipo de sociedad que ha caracterizado a Europa en los últimos setenta años. El objetivo de una Europa federal exige asumir los procesos de integración de los estados que ya se han realizado en la historia, para mejorarlos y no para destruirlos. Es en esa Europa crecientemente federal en la que la España federal encontrará mayor coherencia y mejor desarrollo.

 

Los firmantes:

26.10.18