Breve memoria de un esfuerzo institucional

Este texto forma parte de la publicación “Memorias del terrorismo en España”. Es mi aportación al libro coordinado y editado por Raúl López Romo, en Ediciones Catarata, este mismo mes de septiembre de 2018.

Corría el año 2003 en Euskadi. La crispación política y la polarización social que habían tenido su punto álgido en las elecciones de mayo de 2001, apenas habían remitido algo. El parlamento vasco aprobó una proposición no de ley sobre víctimas del terrorismo que se convirtió en auténtica hoja de ruta para quienes apostábamos por una política pública de víctimas diferente a lo que se había hecho hasta ese momento.

Uno de los puntos de aquella resolución, emplazaba al propio parlamento vasco a celebrar un pleno monográfico sobre la problemática de las víctimas del terrorismo y su situación. Cómo estarían las cosas, que el cumplimiento de esa parte del acuerdo, no pudo ser una realidad hasta octubre de 2007. Solo en ese momento, otra legislatura, se llevó, por fin, a cabo aquel pleno, el día 5 de octubre.

Ese mismo año, en el mes de abril, el Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo que dirigía Maixabel Lasa, organizó el primer acto institucional de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo, con una idea clave: reconocer y saldar la deuda moral histórica que el conjunto de la sociedad vasca y sus instituciones, públicas y privadas, tenía con las víctimas de ETA, por tantos años de abandono, indiferencia y ausencia de compasión y solidaridad. El mensaje era el discurso del perdón, expresado por el Lehendakari Ibarretxe, en nombre de toda la ciudadanía vasca.

Desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, ya habíamos previsto que, una vez saldada esa deuda, a través de un acto solemne como el organizado, más la continuidad y el impulso de políticas de apoyo que con posterioridad se concretarían en la Ley de 2008, tocaba abrir la mirilla del dolor y el sufrimiento injusto a otras víctimas, cuya realidad nos resultaba conocida tan solo en parte y sobre la que apreciábamos también el manto del olvido y del no reconocimiento de derechos.

Es por ello que, de cara al Pleno de octubre de 2007, sugerimos a los grupos políticos que apoyaban al gobierno, que impulsaran una resolución por la cual se instaba al ejecutivo, a través de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, a la realización de un estudio sobre las víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, de extrema derecha y el GAL. Este era el grupo de víctimas sobre el que queríamos poner en ese momento nuestra atención estratégica, en orden a igualar reconocimientos y tratamientos en las políticas públicas de víctimas desde el Gobierno Vasco. Y así fue cómo el parlamento vasco, en aquel pleno monográfico, aprobó, entre otras, una resolución con el referido mandato a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo.

Este trabajo fue desarrollado por la Dirección entre los meses de noviembre de 2007 y junio de 2008. Durante ese tiempo, Maixabel Lasa, Jaime Arrese y yo mismo realizamos una labor de investigación que nos llevó, incluso, hasta los archivos de la Audiencia Nacional, donde nos encontramos con la impagable colaboración del Fiscal Delegado para Víctimas del Terrorismo, Fernando Burgos, quien nos abrió puertas y nos permitió examinar expedientes que, lamentablemente, en gran medida, no nos proporcionaron gran información, aunque sí alguna perla que luego pudimos recoger en el informe de manera literal.

En paralelo, el contacto con los familiares y afectados se convirtió en el gran reto. Con Maixabel de punta de lanza, no siempre la recepción y la acogida fueron amables, aunque hay que reseñar que, quien aceptó entrevistarse con nosotros, lo hizo desde una actitud ejemplar. Incluso nos llevamos alguna sorpresa porque pudimos detectar situaciones legales que eran susceptibles de notable mejora como derechos no reclamados, etc. En definitiva, se produjo un importante acercamiento a un mundo con el que, hasta ese momento, sí había habido un contacto inicial por parte de la Dirección con algunas personas, pero no de manera exhaustiva y sistematizada, como se hizo en aquel momento.

Como anécdota, Maixabel y yo siempre recordamos una entrevista con la hija de un asesinado por el Batallón Vasco Español, que no conocía de nada a la viuda de Juan Mari Jauregui. Estábamos en un bar y llevábamos de charla algo más de una hora cuando le preguntamos si ella sería capaz de verse con una víctima de ETA cara a cara (ya llevábamos un par de años liados con lo de Glencree). Ella se puso seria y aseguró rotunda que de ninguna manera, que le resultaría imposible; a lo que yo le comenté que llevaba más de una hora hablando con una de ellas. Su reacción fue de cierta vergüenza, casi pidió disculpas, pero se dio cuenta de inmediato de que el supuesto que le habíamos propuesto no era realmente tan traumático, si se plantea y se vive adecuadamente.

Cabe señalar también que ciertos sectores de la izquierda abertzale no debían ver con buenos ojos esta aproximación institucional a un mundo que ellos habían considerado siempre propio. Algo parecido a que nos hubiéramos atrevido a predicar a su parroquia. Probablemente este sentimiento es el que estaba detrás de algunas negativas a recibirnos que tuvimos en aquel momento y, un paso más allá, siempre tuvimos la sospecha de que a Maixabel acabaron por ponerle escolta, después de aparecer en un comunicado de ETA, después de este movimientos de aproximación y buena relación con no pocas víctimas de su mundo ideológico.

Lo cierto es que, meses después, en junio de 2008, la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo presentó en el parlamento vasco el Informe requerido.

Creo que es importante subrayar algunas de las características del mismo;  algunas de sus conclusiones que ya entonces quedaron reflejadas en el mismo. Especialmente porque creo que siguen de actualidad a la hora de abordar los derechos de las víctimas del terrorismo y de violaciones de derechos humanos, en general.

El valor fundamental del informe fue el de constituir un instrumento de trabajo para lograr una mejor y más completa respuesta de las administraciones públicas a todas las víctimas del terrorismo, sin exclusiones. Un supuesto que ilustra este comentario sería el de los casos de personas que solicitaron el reconocimiento de su condición de víctima del terrorismo al Ministerio del Interior, derivada de acciones reivindicadas por el GAL y les fue denegada, siendo así que había motivos más que suficientes para entender que esta denegación se justificó en defectos formales que no cuestionaban el fondo de su condición de víctimas.

Es preciso calificar este informe cuando se elaboró como una obra en absoluto definitiva y, por ello, susceptible de ser completada mediante un trabajo que, desde aquel mismo momento comprometió a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo de cara al futuro.

El ámbito temporal del informe partió de la constatación de que, vigente el sistema dictatorial de Franco, las actuaciones violentas de naturaleza política tuvieron algún tipo de cobertura pseudolegal, lo cual las excluía de la definición adoptada. El primer caso analizado databa del año 1.975.

En cuanto a los datos, cabe señalar que el informe abordó el estudio de 74 actos terroristas cometidos por distintos grupos criminales que emplearon distintas denominaciones en las reivindicaciones de sus atentados (Batallón Vasco Español, Triple A, Grupos Anti ETA, GAE, etc.), así como por otros que no fueron reivindicados tras ser perpetrados por grupos incontrolados.

En estos 74 actos terroristas fueron asesinadas 66 personas y heridas de distinta consideración otras 63. Hubo así mismo un secuestro. El GAL asesinó a 24 e hirió a 27 más. El Batallón Vasco Español cometió 18 asesinatos y causó heridas a otras 18. La Triple A cuenta, por su parte, con 8 asesinatos en su haber, por otros 6 del GAE, como los grupos más relevantes en su acción criminal.

En 44 de los 74 caso analizados, bien los heridos supervivientes o bien, en su caso, los familiares directos de las personas asesinadas, presentaron ante el Ministerio del Interior la solicitud de reconocimiento de su condición de víctimas del terrorismo, con aplicación de los derechos legales correspondientes; básicamente el de la percepción de las indemnizaciones fijadas en la referida norma. En 35 casos la respuesta de la Administración del Estado fue estimatoria, mientras que en los otros 9 les fue denegado el reconocimiento de la condición de víctimas del terrorismo por diversos motivos. Las personas afectadas por otros 30 de los atentados analizados no formularon ningún tipo de solicitud al Ministerio del Interior.

El grado de conocimiento sobre la autoría concreta de los atentados terroristas analizados en el informe era manifiestamente insuficiente en orden a la satisfacción del derecho que corresponde a las víctimas tanto a conocer la verdad como a la aplicación de la justicia sobre los hechos acaecidos. Igualmente, la escasa y deficiente investigación policial llevada a cabo en una parte muy importante de estas acciones violentas impidió el esclarecimiento de un dato de especial relevancia en esta cuestión, como era el grado de complicidad, colaboración o inhibición que pudo existir por parte de determinadas instancias policiales con dichos actos criminales.

No hay que olvidar que una nota común de este tipo de actuaciones violentas fue la vinculación, en mayor o menor grado, pero vinculación o conexión en todo caso, con estructuras policiales del estado. En ocasiones se produjo una participación directa de miembros de sus cuerpos de seguridad (acreditada en resoluciones judiciales firmes); en otros casos hubo grados de colaboración o actuaciones de protección, cobertura o tolerancia; y siempre, notable desinterés o dejación de obligaciones profesionales a la hora de realizar una  investigación suficiente para permitir la intervención de los Tribunales de Justicia.

Estas deficiencias son lamentables no solo por el valor en sí que habría tenido tal información, de haberse obtenido, en orden a los ya mencionados derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, sino de manera singular, por las implicaciones de naturaleza política que pudieron existir y que hubieran puesto sobre la mesa una perspectiva novedosa con indudable repercusión en el discurso del reconocimiento social y especialmente político que también se merecían estas víctimas.

En este sentido conviene resaltar que entonces acudimos a una opinión tan autorizada y poco sospechosa de sembrar dudas infundadas en relación al Estado o sus fuerzas de seguridad como es la de los propios tribunales de justicia españoles y, en particular, la  manifestada en la sentencia 24/99 de 4 de junio de 1999 dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Nacional en relación al asesinato de Christophe Matxikote y Catherine Brion, sucedido en Bidarrai, el día 17 de febrero de 1986 y en la que se considera al GAL como banda armada.

Uno de los fragmentos de dicha resolución judicial resulta especialmente elocuente y revelador.

Fue el Ministerio del Interior el organismo desde el que finalmente se pudo atajar, en colaboración con el Ministerio del Interior francés, la lucha ilícita contra ETA. Si eso fue así, significaría que ambos departamentos tenían información sobre personas involucradas y que solo a partir de un momento dado lograron neutralizar. Ello conduce a la convicción de que existen responsabilidades de diversa naturaleza que estarían aún por deducir”.  

Aquel informe tuvo continuidad con otras iniciativas que, desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, pusimos en marcha para atender esta ampliación objetiva de la política de víctimas. El intento de reconocer su protagonismo en el siguiente acto institucional de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo, celebrado en el Kursaal donostiarra en mayo de 2008, el impulso a la iniciativa Glencree, la inclusión de este colectivo entre las víctimas educadoras, etc.

Lamentablemente, posteriores actuaciones del Gobierno central no sintonizaron con este planteamiento. Muy criticable fue, en este sentido, la modificación unilateral de la Ley de Víctimas de 2011, en la cual se facultaba al propio Gobierno para denegar las indemnizaciones que correspondían a todas las víctimas del terrorismo, en los casos en los que los afectados o los solicitantes tuvieran algún tipo de relación con organización terrorista, realizando una interpretación extensiva de este extremo, en la práctica, a cualquier tipo de organización del ámbito de la izquierda abertzale.

Aún queda camino por recorrer en el tratamiento igualitario de todas las víctimas del terrorismo. Con demasiada frecuencia, los mismos discursos políticos olvidan la diversidad de los terrorismos sufridos en nuestro país. Y, en no pocas ocasiones, este olvido se convierte en omisión deliberada, en favor de un discurso concreto que busca una determinada hegemonía política en el mundo de las víctimas.

Por eso hoy recuerdo con cariño y emoción aquellos esfuerzos que realizamos, con mejor o peor fortuna, desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, por sentar las bases de un tratamiento igualitario de todas las víctimas del terrorismo.

13.9.18

 

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El último vals

Artículo publicado en El Correo el día 5 de mayo de 2018.

 

Lo sé. Sé que ésta es la noticia que llevamos tiempo esperando, el objeto de nuestros anhelos, Sé que han sido muchos años de sufrimiento de demasiada gente, para llegar, por fin, a esto. Sé que debería generar alivio, que esa pesadilla que fue ETA pasa definitivamente a ser historia; trágica, pero historia, al fin y al cabo. Sé que todo eso solo debería constituir una buena noticia y que, como tal deberíamos sentirla y vivirla. Y, sin embargo, por más que hurgo no consigo encontrar esa sensación de bienestar. En su lugar, mi ánimo chapotea entre la indiferencia y un sentimiento agridulce y contradictorio.

El proceso de final de la violencia ha sido lo suficientemente largo y fragmentado como para que hayamos descontado hace tiempo ya las alegrías. Un final tan anunciado no podía contar con momento de estallido de confetis y champán. Las emociones han ido dosificándose en fascículos con el declive de la propia ETA, la tregua, el alto el fuego definitivo, el desarme y, ahora, por fin, la disolución. Hemos llegado al final sin ganas de celebrar nada. Carentes de fuerza, ánimo y convicción.

Movidos por el fuerte simbolismo que, sin duda, la noticia tiene, los medios de comunicación están realizando un despliegue informativo con el que realmente están sacando a ETA de la propia irrelevancia de su final, aceptando que es su responsabilidad como informadores.

En medio de todo ello, es inevitable activar la memoria y traer los recuerdos al presente. Y con ellos, los sentimientos y las sensaciones.

Emoción. Dejo a un lado la corrección política, para colocar en primer lugar de esos recuerdos a los centenares de amigos y compañeras con los que tuve el lujo de compartir reflexiones, debates y trabajo en Gesto por la Paz. Un proceso permanente de aprendizaje con todos ellos. Las miles de caras de ciudadanos anónimos que acumularon horas de silencios en plazas y calles de nuestra tierra. Caras que no veías desde la pancarta, pero que sabías que no fallaban; estaban ahí detrás. Todos ellos fueron constructores tan imprescindibles como olvidados de una parte de la paz que hoy disfrutamos.

Desasosiego. Inevitable recordar episodios que hemos arrumbado a la más recóndita buhardilla de nuestro cerebro y que nos interpelan cada vez que los sacamos de ahí. ¿Qué hacíamos, dónde estábamos, mientras tanta gente gritaba “ETA mátalos” en la calle? Mientras se asesinaba con frecuencia escalofriante, sin que se alterara lo más mínimo la cotidianeidad de nuestras vidas. Algunos enfrentamientos en los que lo peor era el odio inyectado en los ojos que nos querían expulsar de la calle.

Escepticismo. Tiempos en los que aparecen artesanos de paz cuando no hay violencia, justamente allá donde durante años se refugiaban quienes la practicaban. Ausencia de reflexiones autocríticas sinceras en quienes desaparecen, que pudieran contribuir a la reconstrucción de relaciones sociales quebradas o dañadas. Persistencia de hilos argumentativos justificadores de cuanto hicieron mal. El conflicto político como sempiterno legitimador de la violencia.

Hastío. Teatralizaciones y dramatizaciones cuya falta de credibilidad resulta patética en su puesta en escena. Pasamos por Aiete, los mediadores internacionales, el grupo de contacto, las conclusiones, las declaraciones… Había que aguantar, porque lo exigía la responsabilidad: era la pista de aterrizaje, se decía. Después el desarme, en sus distintos intentos, a cual más grotesco. Ahora otro más, que a punto ha estado de ser “desmovilización”, por evitar lo de “disolución” y porque sonaba más – y mejor – a conflictos internacionales. Debo confesar que lamento la presencia, a estas alturas, de algunas buenas gentes que sacaron entrada para esta última función en Cambó. Y no me refiero precisamente al partido guía, que ese pesca en otras aguas.

Responsabilidad. En el fondo, era iluso pensar que esto podía haber sido mucho mejor. Un sector nada desdeñable de nuestra sociedad vasca se ha tenido que enfrentar a la frustración que implica constatar el fracaso de su apuesta estratégica. Esa que tanto dolor ha provocado, pero que también tanto dolor les ha causado a ellos mismos. ¿Al final, para qué? Para nada. Díganselo a los dos centenares largos de miembros de ETA que aún permanecen cumpliendo condena. Y sus familiares preguntándose para qué todo ese sacrificio. Una frustración colectiva mal digerida, es un factor de dificultad añadida para la convivencia presente e incluso futura. Por ello, un mínimo sentido de la responsabilidad nos aconseja no ser muy beligerantes con los paripés. No se preocupen tanto por el blanqueo de su historia. No podrán hacerlo.

Nostalgia. Maixabel, Jaime, Adela, Txabi, Esther, Galo, Carlos, Julián, Xabier… Muchos brazos y corazones construyendo, desde la fe en una sociedad sin violencia. Las víctimas de otros lugares de España que conseguimos que volvieran a Euskadi, después de haberse negado a hacerlo tras su atentado o el de sus familiares. Qué pequeños grandes triunfos. El perdón, la generosidad, el respeto. Tantas trayectorias personales de sufrimiento que nos confiaron sus testimonios de dolor, pero también sus ganas de vivir y su alegría.

Se acabó. Suena el último vals mientras se cierra el telón. No los abroncaré. No tendrán aplauso tampoco. Mi veredicto es sencillo. Les brindaré lo mejor que puedo ofrecerles en este momento postrero: mi más absoluta indiferencia.

5.5.18

Cuatro días de julio y el espíritu de Ermua

Xabier y yo esperábamos en una sala pequeña. Estábamos citados a las 18 horas y habíamos llegado con algo de adelanto. Sin embargo, sobrepasada la hora de la cita en varios minutos, la secretaria del ministro se acercó para pedirnos disculpas y comunicarnos que había surgido un problema de última hora y que el ministro nos recibiría enseguida. Así fue, poco después de las 18’30, Jaime Mayor Oreja nos hizo pasar a su despacho. La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria había acordado un tiempo antes, transmitir al ministro del Interior su posición sobre la conveniencia de modificar la política penitenciaria, especialmente en lo que hacía referencia a la necesidad de proceder a un acercamiento de los presos vascos a centros penitenciarios próximos a sus lugares de origen, por razones humanitarias. Así que, con tal fin, Xabier y yo viajamos a Madrid la calurosa tarde del día 10 de julio de 1997.

Al sentarnos en el despacho del ministro, fue él mismo quien nos informó del motivo de su demora, siendo así, de su mano, como conocimos que ETA había secuestrado a un joven concejal de Ermua llamado Miguel Ángel Blanco. Sea cual sea la distancia política e ideológica que me separe de Jaime Mayor Oreja – que es mucha -, siempre reconoceré el detalle que tuvo de habernos dedicado aquel tiempo, en circunstancias realmente extraordinarias y complicadas. Ni qué decir tiene que el motivo de nuestra visita se esfumó y todo el tiempo que compartimos lo dedicamos a valoraciones especulativas sobre la situación y, sobre todo, a pensar en la necesaria respuesta de la sociedad vasca y el conjunto de las instituciones democráticas al enorme desafío que se había planteado. En aquel despacho ya hicimos ver a Mayor Oreja que Gesto por la Paz de Euskalherria estaría en primera línea, poniendo toda su capacidad de movilización al servicio de la reacción ciudadana, como había hecho siempre. El encuentro no dio mucho más de sí. Regresamos a Euskadi compungidos y sobrepasados por la responsabilidad de lo que se nos venía encima.

De lo que ocurrió los días siguientes no voy a hablar. Es bien conocido. La confirmación del secuestro por parte de ETA, con el chantaje como único planteamiento; la convocatoria de manifestación del sábado por la mañana, en Bilbao; la desbordante asistencia a la misma; el asesinato y las reacciones sociales posteriores, presididas por la indignación, la rabia y por su carácter masivo. Y, en fin, el inicio del llamado espíritu de Ermua.

En la edición de este pasado domingo de “El Correo”, José Luis Zubizarreta abordó con su reconocida maestría analítica,  fortalecida, en este caso, por su conocimiento directo del asunto, como asesor del Lehendakari Ardanza, el trasfondo político existente ya en aquel julio de 1997. Recordaba cómo el paraguas político bajo el cual la sociedad vasca había reaccionado frente a la violencia terrorista desde enero de 1988, el Pacto de Ajuria Enea, navegaba con extrema dificultad, en condiciones cada vez más complicadas y promisorias de una zozobra segura. La movilización producida en Euskadi y Navarra aquellos días de julio constituyeron una suerte de espejismo; un paréntesis que no pudo impedir el cambio producido en los meses siguientes, con consecuencias que se extendieron durante demasiados años. Es importante el recordatorio que hace Zubizarreta porque la movilización social de Ermua se produjo en un contexto político muy especifico y eso marcó su devenir.

Pero ¿qué fue el espíritu de Ermua? Hago mías las palabras con las que Mario Onaindia se refería a tal cuestión, recogidas en el impagable “Ermua, 4 días de julio” coordinado por la periodista María Antonia Iglesias y con la colaboración especial de Ana Rosa Gómez Moral:

Y entonces se produjo el espíritu de Ermua. Lo que unía a todos los vecinos de este pueblo no era solo la rabia contra ETA, ni el hecho de que fueran convecinos. Arropaban con sus aplausos a las autoridades. A todas por igual. (…)  Es decir, que durante estos años no todo habían sido diferencias y enfrentamientos sino que también había habido algo más que había hermanado a gente de ideologías, procedencias y culturas muy distintas. (…)

La gente de Ermua no hizo caso a lo que dicen los partidos políticos en los mítines de fin de semana, y tuvo más en cuenta lo que han construido en veinte años de democracia: no la convivencia de dos comunidades nacionalistas, sino una única nacionalidad plural, democrática y tolerante. Y actuaron como una nacionalidad. Se movilizaron en favor de la democracia. De esta democracia. (…) Las cosas estaban claras, por fin. A un lado, los demócratas. Al otro, los fascistas, que, por serlo, utilizan la violencia. Resucitaron en sus gargantas los mismos gritos que contra Franco.”

Sin embargo, como todo el mundo sabe, esa reacción social duró muy poco. En apenas semanas fueron brotando a la superficie dos intereses y planteamientos tan rotundamente contrapuestos, como llamativamente convergentes en sus intereses, que dinamitaron ese sentido del espíritu de Ermua, definido como lo hizo Mario Onaindia.

Surgieron voces nuevas en el ámbito de la sociedad civil que reivindicaron una filosofía de movilización social mucho más política, alejada del pacifismo al uso hasta entonces, de bases estrictamente éticas. No queremos la Paz, sino la Libertad, decían. Luchamos no solo contra la violencia terrorista, sino contra el nacionalismo obligatorio que la alimenta. Foro de Ermua o Basta Ya fueron los exponentes máximos de este movimiento, en el cual, salvo contadas y muy honrosas excepciones, tipo Savater o Calleja, no abundaban caras conocidas en las movilizaciones contra la violencia en tiempos anteriores. Creció el bloque denominado constitucionalista, al abrigo del pacto tácito y no tan tácito entre PP y PSE, Mayor Oreja y Redondo Terreros. El primero, convertido en el adalid de la nueva versión del espíritu de Ermua. La que convenía a sus intereses. Dispuestos al choque de trenes con el nacionalismo, en pos de una victoria política que permitiera acabar con la hegemonía de éste en Euskadi. Un fin políticamente lícito, escudado tras un fin éticamente exigible, vinculando ambos y excluyendo a quien no lo hiciera.

Jon Juaristi fue uno de los primero en verbalizar este nuevo planteamiento. Esta es una parte de su testimonio en “Ermua, 4 días de julio”, que creo que se comenta por sí solo:

La reacción de la ciudadanía fue una verdadera muestra de civismo, pero a los pacifistas empezó a alarmarles la acelerada merma de su protagonismo que supuso la recuperación de la calle por la mayoría hasta entonces silenciosa y trataron desesperadamente de frenar el movimiento con insinuaciones apocalípticas. (…) Absolutamente inoperantes fuera de sus condenas abstractas y testimoniales del terrorismo, estas organizaciones (pacifistas) han introducido aún más confusión en la sociedad de la que ya habían sembrado los partidos nacionalistas. (…) Hasta ahora, sin embargo, sus únicos logros incontestables han sido  la promoción de una suicida cultura del desarme (a la que denominan eufemísticamente “cultura de la paz”) (…) El terror de los pacifistas a perder el control del movimiento y su propio predicamento social quedó claramente expresado en la sorprendente denuncia que alguno de sus más significados dirigentes hizo de las supuestas salvajadas de los manifestante. A los pacifistas les interesaba cortar el ascenso del movimiento, y lo hicieron bajo el pretexto de impedir una guerra civil.

Por otra parte, no necesitó mucho tiempo el nacionalismo institucional, especialmente el PNV, en experimentar temblores ante la posibilidad de que aquella marea humana de julio pudiera derivar en una tsunami de cariz político que arrastrara a su paso el ideal nacionalista. Hubo quien no acabó de digerir la ausencia de ikurriñas en el número al uso en las manifestaciones, los gritos de “libertad” y otras expresiones nuevas en el paisaje habitual de las movilizaciones en Euskadi.

Tuve la ocasión de volver a representar a Gesto por la Paz de Euskalherria en una ronda de reuniones con partidos políticos poco tiempo después de julio del 97 y no olvidaré jamás las rotundas y categóricas palabras que Joseba Egibar pronunció ante nosotros: “No volveremos a compartir la calle contra la violencia con el PP”. Sin ambages ni medias tintas.

El movimiento de repliegue del nacionalismo fue paralelo al crecimiento del bloque constitucionalista, asomando ambos a la superficie del mar, como dos monstruos rugientes dispuestos a una pelea sangrienta por la supervivencia y abriendo uno de los períodos más oscuros y dramáticos de la vida social y política de la Euskadi democrática. Los asesinatos de ETA pasaron a ser respondidos con la esperpéntica imagen de dos concentraciones separadas, cada una de las cuáles agrupaba a representantes de cada uno de los bloques políticos confrontados. La desunión alcanzó el paroxismo a finales de febrero del año 2000, con la penosa imagen de la división en la manifestación de repulsa por el asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez.

En septiembre de 1997, José Antonio Zarzalejos ya sentía el pálpito del futuro, cuando atinó certeramente con su prospección, al escribir:

La emergencia del movimiento cívico de julio de 1997, en lo que tiene de ético y, por lo tanto, de rompedor de esquemas anquilosados, es un dato para la esperanza. De momento, solo para la esperanza. No, sin embargo, para el optimismo. El hecho de que unos hayan querido manipular esa expresión popular, y otros reducirla, disminuirla, e incuso despreciarla, augura que el mensaje resulta molesto para quienes deben escucharlo y demasiado claro y contundente para quienes deben traducirlo en decisiones coherentes. Puede que el impulso de julio del 97 llegue incluso a frustrarse. Pero, en todo caso, permanecerá como referencia de una oportunidad histórica que se perdió”.

Y esto es lo que ocurrió. Aquella oportunidad se perdió y ya nunca se volvieron a llenar las calles y plazas de Euskal Herria como se llenaron aquellos días de julio de 1997. Sí, el impulso en la concienciación y en la movilización de la sociedad vasca quedó ahí y tuvo su reflejo posterior, pero la sensación de haber perdido un tren que nos podría, tal vez, haber acercado antes al final de la violencia, es difícil apartarla de esta reflexión.

12.7.17

 

 

 

Ecos de la función

Acabó la función y, como correspondía, cayó el telón. Las luces se apagaron y quedó el lugar solitario, flotando en el aire la trascendencia artificial buscada y perseguida con ahínco por la compañía promotora. Los actores regresaron a sus hogares y tanto los protagonistas de primer plano como aquellos que contaron con un distinguido papel en la sombra, realizaron sus interesadas críticas sobre lo acontecido. Aún colean los ecos de la función.

En realidad, la obra ya comenzó con unos previos, días antes del señalado en el programa. En ellos, diversos protagonistas de relevancia media advertían sobre el peligro proveniente de la actitud que pudieran adoptar los gobiernos español y francés. No fuera a ser que apareciera la guardia civil antes de tiempo, confiscara el atrezzo y se llevara detenidos a un par de figurantes. Incluso hubo llamamientos solemnes a ambas instancias gubernamentales para que se comportaran con “altura de miras”. Se supone que tal cosa debía ser “dejar hacer” y no estorbar. Los actores que protagonizaron estos prolegómenos estuvieron en su sitio, sólidos, cumpliendo el papel asignado. Cierto sector del público, incluso, participó activamente, conteniendo el aliento ante esa peligrosa advertencia y especulando sobre lo que serían capaces de hacer o no hacer tan arteros “enemigos de la paz”. La incertidumbre contribuyó a incrementar la expectación – bien lo sabían los autores del guion – y de eso se trataba. Al fin y al cabo, era solemnidad añadida.

Me cuentan que, el dia D, la obra presentó dos escenarios muy diferenciados. Al parecer, mientras en el estrado principal se desarrollaba la parte noble de la función, con formalidades cuidadas y medidas, el patio de butacas se convertía en un alboroto de gritos perfectamente reconocibles como propios de una familia política concreta, reflejando con ello el escaso pluralismo de quienes pasaron por taquilla para ver el directo.

Acabada la parte central del espectáculo, resulta curioso observar la escasa trascendencia informativa alcanzada por lo que constituye el elemento más relevante de la “cacharrería” (como denomina un gran amigo mío al asunto) del día 8 de abril: el consentimiento del gobierno español respecto a la operación realizada y la aceptación de su resultado. De hecho, es lo que permite afirmar/oficializar que se ha producido el desarme de ETA, lo cual no es moco de pavo.

Singular ha sido también el comportamiento posterior de otros protagonistas muy destacados de la obra, no en el papel de actores de escena, sino en el de productores y, en buena medida, guionistas. El PNV y el gobierno vasco han mantenido un perfil deliberadamente bajo. Una vez garantizado el éxito de la función, se retiraron con discreción a sus cuarteles, dejando en el aire un par de esbozos críticos muy bien trabajados y calculados.

Todas y cada una de las víctimas son hoy sujetos y partícipes principales de este logro democrático de la sociedad, sus instituciones, la política y de los derechos humanos”. Soberbia e inmaculada la declaración institucional leída por el Lehendakari, colocando a las víctimas en el centro de un escenario del que habían estado completamente ausentes hasta ese momento.

Por su parte, el Presidente del PNV nos deleitó con esta perla : “Para mí fue más importante lo del metro (la inauguración de la línea 3 de Bilbao) que lo del desarme”.

Para quitarse el sombrero ante el libretista de la función, a la hora de escribir los papeles de estos personajes. Es realmente meritorio emplear el cinismo para proyectar esa imagen pulcra e institucional que han buscado. Porque cinismo es relativizar ahora en público aquello que ha constituido objetivo esencial de los líderes nacionalistas vascos en los últimos meses y de cuyo resultado tienen motivos para estar más que satisfechos.

Curioso, en definitiva, cómo dos de los tres grandes protagonistas de la obra han asumido – y ejecutado – su papel más importante entre bambalinas, para pasar después al disimulo y la mirada como distraída hacia delante. No solo el gobierno vasco. Bien poco relevante ha dicho el gobierno español al respecto. Incluso, como han denunciado algunos sindicatos de TVE, hubo instrucciones expresas de “esconder” la noticia de la función del 8 de abril en el fondo oscuro de los telediarios. Mejor que los españoles no se fijen mucho en lo que hacemos, no sea que se den cuenta de que aparecemos en los créditos de la obra como coproductores.

Pero que nadie se despiste. Entre dimes y diretes de los demás sobre si el desarme ha sido completo o no, la izquierda abertzale, tercer actor principal de la obra, está a otra cosa, a lo suyo: el relato.

A pocos se les escapaba que la importancia y la relevancia de “lo de la cacharrería”, no venía de las armas entregadas, por mucho que se hable de su eventual utilidad para investigar crímenes sin esclarecer, sino del simbolismo de la representación teatral a efectos de la narrativa defendida. Generosa y unilateral aportación a la paz versus derrota. El éxito de los guionistas es, en este punto, más que dudoso, a juzgar por el resultado del aplausómetro.

Pero no creo que tal cuestión – que caduca en apenas unos días, cuando deje de hablarse de la representación – preocupe en exceso a la izquierda abertzale, consciente de que el campo en el que se libra una buena parte de la batalla real por la hegemonía del relato es otro: el campo de las víctimas y el espacio público.

En los últimos diez años, el Partido Popular ha demostrado que los espacios ocupados en el ágora pública por las víctimas del terrorismo, de un lado, y las víctimas de la dictadura franquista, por otro, cumplen – si se maneja el asunto con habilidad – la ley de la impenetrabilidad. Por momentos, llega a parecer que no hay en el discurso público sobre las víctimas, otras que las del terrorismo (fundamentalmente de ETA), contribuyendo así al ostracismo de las víctimas del franquismo.

Bildu es buen conocedor del valor del espacio público y de la importancia de su ocupación. No digo que no haya convicción en ello, pero resulta llamativo el impulso que esta formación política ha dado, en los últimos tiempos, a su política en favor de la memoria histórica y muy especialmente, de los derechos de las víctimas del franquismo. A buen entendedor.

Hay víctimas que incomodan a algunos porque colocan un espejo enfrente que les devuelve imágenes poco agradables. Cada quién debe saber de qué víctimas se le llenan la boca y pensar en el espejo que le colocan aquéllas otras que omite.

Y esto tiene que ver con el relato más que la función.

17.4.17

Martí Fluxá y la foto del desarme de ETA

Cuando creía que se habían apagado en mi cabeza los ecos de la última reflexión sobre el desarme de ETA y el famoso final ordenado, resulta que tropiezo de nuevo con ello donde menos me lo esperaba.

Ando estos días leyendo uno de los libros de diarios de Andrés Trapiello; el último publicado, para ser exactos, el año pasado, de título “Solo hechos”, de Editorial Pretextos, y que recoge acontecimientos anotados por el autor en el año 2005. Un adecuado periodo de barbecho y sedimentación, tanto para su propia memoria, como para la perspectiva de los propios hechos.

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Emplea Trapiello esa curiosa forma de referirse a quienes aparecen en sus diarios, consistente en utilizar solo las iniciales de su nombre, dejando para el lector el estimulante juego de adivinar el nombre de los eventuales protagonistas de la anécdota. En el caso por el que traigo estos diarios aquí, apenas nombra el autor al personaje. En un sola ocasión habla de él como X y no vuelve a mencionarlo de forma directa. Cuanto relata Trapiello del encuentro, una cena, con Ricardo Martí Fluxá, pues tal es el personaje, lo hace con evidente interés y notable admiración, más que justificados ambos, a la luz de lo que cuenta.

Conviene recordar, llegado este punto, que Ricardo Martí Fluxá fue uno de los miembros de la delegación que José María Aznar envió a negociar con ETA durante la tregua de 1998, con el resultado fallido que todos conocemos. Transcribo aquí, en función de las cuestiones de fondo que quiero resaltar, unos fragmentos de la narración:

“(…) Cuando creíamos que quizá no hablaría de ello, lo hizo con verdadera y cervantina llaneza, sin entrar en detalles, y que las negociaciones son siempre algo a cambio de algo, y que lo que querían unos, la disolución de la banda y la entrega de las armas, se correspondía con lo que pedían los otros, la autodeterminación. ¿Y los presos? No, los presos, a los que están libres, les dan lo mismo, decía, porque lo que no quieren es hacer lotes abultados, porque eso baja mucho el valor de lo que se quiere vender. Es decir, como en el Rastro. En los lotes grandes se saca siempre menos que al menudeo. Creían y seguirán creyendo, supongo, que una vez alcancen la independencia, negociarán con el Estado español lo de los presos. No antes.”

(…) Las conversaciones eran casi siempre sobre asuntos políticos, no militares. En una ocasión abordó el asunto de los presos, y fue entonces cuando le confesaron que para ellos esa no era la cuestión prioritaria. O sea, que a los presos también “los dejaron caer”. Al parecer, los propios presos saben que cuando han caído, ya no son nada en la organización.

En cierta ocasión nuestro amigo pidió entrevistarse con el primer ministro británico, para que le contara cómo habían llevado a cabo los acuerdos con el IRA, y TB le dio un consejo, cómo no. Le dijo que fuesen cuales fuesen los acuerdos, deberían escenificar la entrega de armas. No porque las armas tengan mucha importancia (al fin y al cabo el mercado negro está lleno de ellas), sino porque de toda lucha armada, finalmente solo se recordaría esa foto, y quedarían derrotados psicológicamente. Una derrota sin escenificación no vale nada, le dijo. Una derrota sin vencidos es una victoria de los perdedores.(El subrayado es mío).

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Poco más se puede añadir a la elocuencia de las palabras que Trapiello pone en boca de Martí Fluxá, y de cuya veracidad no cabe ninguna duda. La cuestión de los presos no es una sorpresa, pues ya era sabido que nunca ha sido un asunto de interés para la organización a la hora de plantear la negociación con el Estado.

Pero el último párrafo es demoledor y definitivo, como factor a considerar en el proceso de desarme de ETA y disolución de la organización. Todo apunta a que, siguiendo las tesis de TB, debería imponerse una interlocución con ETA por parte del Estado, encaminada a buscar, de una u otra forma, el objetivo por él descrito: la fotografía simbólica. El problema es que hay otras instancias o agentes que, a través de la misma metodología de la fotografía, no solo no parecen perseguir idéntico objetivo, la inmortalización del símbolo de la victoria de unos y la derrota de otros, sino justamente el contrario. Ahí es donde TB deja claras las cosas.

La pregunta clave, por tanto, es: ¿Qué significado queremos dar nosotros a esa fotografía? En función de la importancia que concedamos a la respuesta, el desarme de ETA será objeto de mayor o menor disputa y polémica.

18.2.17

 

 

Desaires públicos, amoríos secretos

Cierto que no es tema de excesiva actualidad. Ha transcurrido una eternidad desde el “incidente” de Louhossoa, con las detenciones de los tres activistas franceses que pretendían destruir un puñado de armas de ETA. El vertiginoso ritmo mediático en el que vivimos se tragó aquéllo y no volverá a nosotros hasta nuevo y relevante episodio de la pesada y larga serie “el final ordenado”. Pero tal vez por eso, porque ahora no hay focos sobre el citado asunto, puede ser oportuno realizar alguna consideración, a la luz de ciertos detalles perceptibles incluso para cualquier observador no especialmente avezado.

Hace unos meses, en pleno fragor partidista pre-investidura y con las cábalas rondando todos los conciliábulos políticos y tertulias mediáticas, ya era bastante evidente que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco estaban condenados a entenderse. Era una avenencia que interesaba aquí y allí. Probablemente era muy precipitado que la misma se produjera en la investidura de Mariano Rajoy o en la de Iñigo Urkullu. Sin embargo, a no mucho tardar, quedó de manifiesto que el pronóstico era acertado. Desde hace ya unas semanas, asistimos al cortejo entre ambos partidos. Eso sí, un cortejo muy especial, además de sutil, pues, lejos de las normas de cortesía y galantería propias de tales ceremonias, los achuchones y piropos se presentan trufados de desaires y berrinches, en una representación del sí pero no, con la que se pretende disimular y maquillar lo evidente. Toca jugar al despiste ante sus respectivas huestes, especialmente el partenaire nacionalista del cortejo, que tiene más problemas para vender como presentable un acuerdo con aquéllos a los que ha zarandeado y descalificado con escasa piedad y menos escrúpulos hasta hace bien poco.

En este contexto, en la edición del diario El Correo del día 28 de enero, aparecía la reseña de un acto que organizó el Partido Popular en Bilbao, al que acudió, entre otros destacados líderes del PP español, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La periodista que cubrió el acto recoge unas declaraciones textuales de ésta, cuando se refirió, en un momento de su intervención, a la cuestión del final de ETA, con ocasión de la decisión de su partido de no participar en la recién creada ponencia de Paz y Convivencia en el parlamento vasco: “Hay que rematarlo bien. Tienen que disolverse y desaparecer“. A continuación, Olatz Barriuso, la redactora de la noticia, añade una interpretación propia de lo que, a su juicio, vienen a significar estas palabras y escribe: “(…) echó por tierra cualquier esperanza del PNV de que exista una acción coordinada entre los gobiernos central y vasco para impulsar lo que suelen llamar final ‘ordenado’ de la violencia“. Y remata con nuevas palabras textuales de la vicepresidenta: “No consiguieron nada cuando hacían lo que hacían y nada van a conseguir cuando han dejado de hacerlo” .

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Es sabido que el Gobierno Vasco lleva una legislatura y la parte que llevamos de la presente echando el resto para conseguir eso del final ordenado; apuesta cuyo máximo valedor es el Secretario General de Paz y Convivencia, abrazado a tal idea ya mucho antes de acceder al cargo que actualmente ocupa. Es sabido también que al PNV le gustaría poner encima de la mesa de negociación con el gobierno central algunas cuestiones relacionadas con la paz y convivencia, además de esas otras de naturaleza “espiritual” como el cupo, las inversiones en el TAV y otras que, sin duda alguna, le preocupan más. En cualquier caso, no es difícil imaginar que la cuestión del final ordenado podría estar en esa mesa que no se sabe muy bien si existe ya o si no existe aún.

Dicen los analistas políticos zurrados en mil batallas, que no hay mejor confirmación de una noticia que el desmentido previo de la misma por un político (especialmente si coloca la venda antes de producirse la herida), así que puede haber un alto grado de probabilidad de que los tiros – perdón – vayan por ahí.

Ya sé que Madrid es una ciudad atractiva y amable, pero no alcanzo a imaginar qué podían hacer en la capital del Reino dos destacados dirigentes del partido gobernante en Euskadi, los días 24 y 25 de enero. No sería aventurado presumir que su visita tuviera que ver con la gestión de asuntos de importancia capital para el partido (y por eso estuvieron los que mandan). ¿Gestionar, negociar?, ¿Qué, con quién? Ahí lo dejo.

Añadamos una observación. Si las políticas de memoria del gobierno vasco son gestionadas por el Instituto Gogora, con su responsable política al frente; las de derechos humanos, por la Dirección de tal negociado; y de los asuntos de víctimas del terrorismo se encarga el asesor nombrado en su día al efecto, ¿Qué hace el Secretario General de Paz y Convivencia?, ¿Cuál es su trabajo real y efectivo? Conocida su ambición respecto al objetivo del final ordenado y sus modos semiclandestinos de actuar, a uno no le cuesta imaginar que esté poniendo su empeño en ello. En la nueva dirección de Sortu hay un responsable del “Conflicto”. Por recordarlo, vaya.

Si en los próximos meses, por un casual, nos desayunamos con la noticia de que se ha alcanzado algún acuerdo para el desarme “ordenado” de ETA, en el que gobierno vasco, mediadores internacionales y alguna suerte de representación de la sociedad civil vasca, hayan tenido algún tipo de papel protagonista, no arquearé las cejas en muestra de asombro o perplejidad. Eso sí, si se diera semejante acontecimiento, que nadie intente convencerme, por favor, de que no cuenta con el visto bueno del mismísimo gobierno de España. Tampoco preguntaré dónde estaba el PSE.

1.2.17

El necesario reconocimiento de todas las víctimas.

El 30 de junio de 2009, la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, comparecía ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, para presentar las líneas básicas de su actuación en la legislatura que entonces se iniciaba, bajo el mandato del Lehendakari Patix López con gobierno del PSE. En dicha comparecencia y entre otras muchas cuestiones, Maixabel Lasa,  planteó una reflexión sobre lo que ella consideraba que constituía, en aquel momento, un problema pendiente de un abordaje inaplazable. Dijo literalmente lo siguiente:

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Hoy estamos en condiciones de abrir otra etapa caracterizada por un nuevo contexto sociopolítico y por una voluntad que pretendemos sea incluyente en la política de víctimas que vayamos a desarrollar.

(…) Pero, igualmente, sabemos y constatamos la existencia de otros casos de victimización derivados de otras vulneraciones de derechos humanos producidas en el contexto de la situación de violencia que ha aquejado a la sociedad vasca. Frente a esta realidad incuestionable, tenemos dos opciones. Pasar página como si no hubieran existido o como si fueran una anomalía meteorológica pasajera o abordar esta cuestión desde el rigor, caso por caso, uno por uno. De forma exhaustiva. Acordando un método y un procedimiento de trabajo.

Nosotros no creemos en la teoría del conflicto político como causa justificante del crimen organizado y mucho menos en la ficción de dos violencias simétricas enfrentadas entre sí. Pensamos que tanto la una como la otra forman parte del relato perverso del verdugo que pretende legitimar su coartada criminal a la luz de una lectura retrospectiva y fraudulenta de la historia. Pues bien, en ese relato el sufrimiento es instrumental, es un mal menor con el que traficar. Más que la memoria o la atención o la asistencia al sufrimiento existente, a los terroristas les interesa, infinitamente más, el férreo control ideológico y social sobre “sus” víctimas.

A nuestro juicio, sin embargo, el desarrollo de la idea de la deslegitimación de la violencia terrorista requiere, para ser creíble y completa, una respuesta de los poderes públicos a todas las situaciones de victimización injusta provocadas en el marco del contexto violento vivido en Euskadi en las últimas décadas. Una respuesta que no equipare lo que no es equiparable, que prevea tratamientos diferenciados, no miméticos. Cierto. Pero que responda a parámetros de justicia, de la que son acreedoras todas aquellas personas que sufrieron un mal que no se merecían. Acrecentar la legitimidad del Estado a través de la revisión crítica de sus actuaciones es una singular contribución a la deslegitimación de una violencia terrorista que hunde una parte importante de sus razones, precisamente, en la alegación de los errores cometidos por el Estado.

Alguno dirá que esta reflexión no toca o que es inoportuna en estos momentos. Por una u otra circunstancia, siempre será inoportuna. Se trata, sin duda, de material muy inflamable que no se puede controlar con más combustible. Por ello, para afrontar esta cuestión son indispensables dos condiciones básicas: la responsabilidad y el consenso. A falta de cualquiera de ellas, el empeño naufraga y pierde su sentido.

Tenemos una legislatura por delante para hincarle el diente a un asunto complejo y complicado de gestionar. Les invito que lo hagamos sin prisa, pero sin pausa. No sería de recibo que al cabo de estos cuatro años nos encontráramos en la misma situación. Es algo que no nos podemos permitir como sociedad que pretenda suturar, algún día, heridas que aun condicionan nuestra convivencia.

Pues bien, aquel guante lanzado por la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo fue recogido por quien correspondía y, aceptado el reto, el gobierno fue capaz de tejer las complicidades y acuerdos necesarios con la mayoría de los grupos parlamentarios, para poner en marcha un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas aludidas por Maixabel en su intervención.

Casi siete años después, este sábado 21 de febrero, el Kursaal de Donosti fue testigo del último hito habido hasta la fecha en este proceso. En el mismo participó José Antonio Pérez Pérez, historiador y miembro de la Comisión de Valoración responsable, con su trabajo, del resultado final. En su muro de Facebook ha colgado el amigo Josean unas líneas cuya reproducción me parece obligada, para el buen entendimiento de la trascendencia y relevancia de todo este asunto.

El pasado sábado participamos en un acto de reconocimiento a las víctimas de los terribles abusos policiales cometidos entre 1960 y 1978 en el País Vasco. El acto supuso la culminación del decreto promulgado en julio de 2012 por el gobierno del Lehendakari Patxi López.

Han sido tres años y medio de intenso trabajo donde hemos estudiado 240 solicitudes presentadas por otras tantas personas. Tras el análisis de todos estos casos, la búsqueda de documentación y las entrevistas realizadas se ha reconocido su condición de víctimas a 187 personas. Se trata de hombres y mujeres (algunos de ellos eran apenas unos niños entonces) que vivieron unos hechos dramáticos. Algunos fueron tiroteados en controles de carretera por miembros de las Fuerzas del Orden Público sin ningún motivo, en medio de un contexto marcado por la violencia política y el terrorismo. En otros casos resultaron heridos o muertos en manifestaciones laborales o en todas aquellas movilizaciones que exigían la amnistía de los últimos presos políticos del franquismo. Victimas en manifestaciones que protestaban contra las emanaciones de gas de las empresas próximas, como ocurrió en Erandio en octubre de 1969, víctimas como las del 3 de marzo de 1976, donde resultaron muertos cinco trabajadores y más de cien heridos, muchos de ellos de bala, víctimas que presenciaban una manifestación desde su ventana y fueron tiroteadas, víctimas que perdieron ojos, brazos, víctimas sobre las que también cayó la sombra de una duda y que en muchos casos fueron tachadas de terroristas, víctimas, a pesar de todo, que nunca perdieron la dignidad. También hemos reconocido a un importante grupo de personas que sufrieron torturas en cuarteles y comisarías, especialmente crueles durante los duros estados de excepción que se vivieron en aquella época. La mayor parte de todos estos casos quedaron impunes.

Como tuve oportunidad de expresar el sábado, en un acto que contó con la presencia del Lehendakari Urkullu, ni la dura conflictividad laboral de aquellos años ni la aparición de ETA y sus terribles acciones terroristas justifican la tremenda violencia que desplegó la policía. Sus abusos fueron intolerables. Del mismo modo, esta durísima represión tampoco puede servir en ningún caso para justificar el terrorismo de ETA.

Han sido unos años intensos de duro trabajo. Gracias a todos los miembros de la Comisión de abusos policiales: a Inés Ibáñez de Maeztu y a Monika Hernando, las dos directoras de DDHH del Gobierno Vasco en las últimas legislaturas, a Carlos Beristain, a Álvaro Gil-Robles, a Manuela Carmena, a Txema Urkijo, a Sabino Ormazábal, a Aintzane Ezenarro, a José, a Marian (sin tu ayuda nada de esto hubiera sido posible) y a todo el equipo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Hace unos pocos meses lo expresé con claridad ante algunas importantes personalidades del actual Gobierno central y ante numerosas víctimas del terrorismo: la labor realizada en el marco del decreto de reconocimiento de abusos policiales no constituye un ataque al Estado de Derecho ni el reconocimiento de ningún terrorista. Todo lo contrario, reconocer a todas estas víctimas fortalece y engrandece al Estado de Derecho.

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No puedo estar más de acuerdo con todas y cada una de las palabras de la cita, al tiempo que valoro la enorme trascendencia de cuanto se menciona, en el proceso de reconstrucción de relaciones sociales en una Euskadi dolorida por tantos años de violencia y terror. Y no puedo dejar de sentirme orgulloso por haber tenido la oportunidad y el privilegio de colaborar modestamente con el impulso de la iniciativa, primero, y parcialmente en su desarrollo, después.

Como en otro momento desarrollaré con más extensión y profundidad, este proceso supone además la constatación de que es factible suplir desde la iniciativa de una Comunidad Autónoma, la inacción del Estado en asuntos que son de su responsabilidad, sin que ello vaya en detrimento de la satisfacción obtenida por el cumplimiento de los objetivos perseguidos en lo tocante a reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. En definitiva, parte de una política pública de memoria.

22.2.16

Aún colea el GAL en los Tribunales

Hace unos días se conocía una noticia que a mí personalmente me produjo una gran satisfacción: la Audiencia Nacional procedía a la reapertura de la causa por el asesinato de Juan Carlos García Goena, gracias al tenaz e incansable esfuerzo de su viuda, Laura Martín, firmemente empeñada en obtener la Justicia que corresponde a toda víctima de una vulneración grave de los derechos humanos.

http://www.elespanol.com/espana/20160121/96240440_0.html

Al mismo tiempo, la televisión pública vasca, ETB, emitía un documental sobre el atentado contra el Bar Aldana, de la localidad vizcaína de Alonsotegui, ocurrido hace ahora 36 años, en el que murieron cuatro personas y fueron heridas muchas más, a consecuencia de la explosión de un potente artefacto colocado por un grupo autodenominado GAE (Grupos Armados Españoles).

La coincidencia en el tiempo de ambas noticias me ha traído a la cabeza el informe que la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco elaboró en el año 2008, bajo el título “Informe sobre víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, de extrema derecha y GAL” y me parece oportuno revisar la situación de este colectivo específico de víctimas del terrorismo.

Es por ello que, amparándome en consideraciones ya recogidas en mi aportación al libro ““CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO”, coordinado por Antonio Duplá y Javier Villanueva y publicado por GAKOA Liburuak, en 2009, llevo a cabo un somero repaso a las deficiencias y carencias que aún presenta el colectivo mencionado, sin otro ánimo que constatar dicha realidad y permitir los análisis comparativos que puedan considerarse convenientes.

En primer lugar, precisaré que el colectivo analizado comprende a las víctimas ocasionadas por un terrorismo que, pese a ser difuso, desorganizado y desigual en sus formas de actuación, presenta algún elemento común. Me limitaré a destacar ahora dos que me parecen relevantes.

El primero son los destinatarios de los actos violentos. Habitualmente eran personas vinculadas al mundo nacionalista (en no pocas ocasiones con eso bastaba) y, dentro de él, también de manera específica, al de los refugiados en Francia y gentes que pudieran pertenecer a ETA. Y el segundo, los autores, entre los que citaremos grupos que se presentaban bajo denominaciones y siglas diversas, como Batallón Vasco Español (BVE), Triple A, Grupos Anti Eta (GAE), ATE o el más significativo y sanguinario de todos ellos, Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Todos ellos pasaron por tener, en mayor o menor medida, conexión con los aparatos policiales – y en algunos casos políticos – del Estado, lo cual tuvo algunas consecuencias importantes, de las cuales destacaré la que hace referencia a la impunidad.

El informe antes citado del Gobierno Vasco, analiza como primer caso el asesinato de Iñaki Etxabe Orobengoa, el día 5 de octubre de 1976. Este informe recoge 74 actos terroristas cometidos por distintos grupos criminales, bajo las siglas y denominaciones que hemos mencionado anteriormente, así como algunos otros que no fueron identificados ni reivindicados y que se atribuyeron a grupos de “incontrolados”. En estos 74 actos fueron asesinadas 65 personas y heridas de distinta consideración otras 64. Hubo así mismo un secuestro. El último caso que recoge el informe es el atentado ocurrido en el Hotel Alcalá, de Madrid, el 20 de noviembre de 1989, en el que resultó asesinado el diputado de Herri Batasuna en el Parlamento español, Josu Muguruza Guarrotxena y herido el abogado Iñaki Esnaola Etxeberri.

La distribución de los actos objeto de reseña y sus resultados por años es la siguiente:

  AÑO             ATENTADOS                        MUERTOS                               HERIDOS
1975                      2                                        2                                             –
1976                      2                                        1                                             1
1977                      2                                        1                                             2
1978                      4                                        3                                             2
1979                      8                                        5                                             5
1980                    16                                      22                                           21
1981                      3                                        1                                             2
1982                      1                                        1                                             –
1983                      4                                        4                                             –
1984                    11                                        9                                             9
1985                    15                                       11                                          15
1986                      3                                         2                                            6
1987                      1                                         1                                            –
1988                      –                                          –                                             –
1989                      2                                         2                                            1

Llama la atención a simple vista en esta distribución cronológica la intensidad de la actividad terrorista de estos grupos en dos momentos concretos, correspondiendo con circunstancias específicas en cada uno de ellos.

Por un lado los años 1979 y 1980, coincidentes con la mayor presencia del terrorismo de ETA, que alcanza niveles de mortalidad nunca conocidos hasta ese momento y no repetidos después. Podría interpretarse la intervención de estos grupos en clave de “respuesta” a la acción de ETA.

El número de atentados se reduce, sin embargo, drásticamente en el año 1981, siendo así que, tras el asesinato de Francisco Javier Ansa Zinkunegi, cometido el día 3 de marzo de 1981, fueron detenidos Ladislao Zabala Solchaga e Ignacio Iturbide Alcain, quienes ingresaron en prisión y fueron condenados por nueve asesinatos. Ambos personajes fueron protagonistas destacados del autodenominado Batallón Vasco Español, que después de la detención de sus dos miembros citados no volvió a aparecer ni a reivindicar ningún atentado, excepción hecha de unos disparos que hirieron en París a Xavier Aguirre Unamuno el 23 de abril de 1981, si bien numerosas fuentes atribuyen la autoría de esta acción al conocido mercenario Jean Pierre Cherid.

La retirada de la circulación de Iturbide y Zabala tuvo sin duda una notable influencia en el número de acciones terroristas del signo de las estudiadas y explica, a buen seguro, el descenso en el número de atentados habido a partir de aquel momento y hasta el siguiente pico, que se produce en los años 1984 y 1985 y que corresponde a los años de intensa actividad de los Grupos Antiterroristas de Liberación.

Poco hay que explicar en cuanto a la actuación del GAL. Constituyeron el epílogo de la actividad terrorista proveniente de las cloacas del Estado. Su objetivo fundamental quiso estar centrado en miembros de ETA, pero fue notoria la frecuencia de sus errores en relación con la identidad de las personas elegidas como destinatarias de sus criminales intenciones.

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El cese de la actividad del GAL supuso la práctica desaparición de este tipo de violencia terrorista, con alguna excepción como fue el caso de un cartero de Rentería, José Antonio Cardosa Morales, fallecido el 20 de septiembre de 1989, cuando le explotó una carta bomba dirigida a un militante de HB de dicha localidad, así como el atentado ya citado del Hotel Alcalá de Madrid en el mismo año 1989.

El GAL asesinó a 24 personas e hirió a 27. El Batallón Vasco Español cometió 18 asesinatos y causó heridas a otras 18 personas. La Triple A cuenta, por su parte, con ocho asesinatos en su haber, por otros seis del GAE, como los grupos más relevantes en su acción criminal.

Repasados los fríos datos, conviene analizar los derechos de las víctimas y el grado de materialización de los mismos.

El derecho a la verdad es un aspecto esencial para aliviar su sufrimiento. Supone el derecho a tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron y constituyeron la causa de su victimización, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas de las violaciones que se perpetraron y su motivación.

No es preciso profundizar demasiado en la revisión de nuestro pasado reciente para constatar que las actuaciones de los grupos terroristas de extrema derecha, grupos de incontrolados y del propio GAL, conforman un conjunto de episodios con un escasísimo nivel de conocimiento en todos los aspectos que resultan relevantes para la satisfacción del derecho a la verdad.

Una nota común de este tipo de actuaciones violentas es la vinculación, en mayor o menor grado, pero vinculación o conexión en todo caso, con estructuras policiales del estado. En ocasiones se produjo una participación directa de miembros de sus cuerpos de seguridad (acreditada en resoluciones judiciales firmes); en otros casos hubo grados de colaboración o actuaciones de protección, cobertura o tolerancia; y siempre, notable desinterés o dejación de obligaciones profesionales a la hora de realizar una investigación suficiente para permitir la intervención de los Tribunales de Justicia.

En este sentido, son numerosos los testimonios de familiares de asesinados por grupos como el Batallón Vasco Español y similares, a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, que relatan la manera en que se impedía o dificultaba la realización de actos simples de investigación que permitiera el esclarecimiento de los hechos acontecidos.

En segundo lugar, y en lógica consecuencia con lo anterior, el espejo de la actuación judicial refleja la realidad de las cosas con crudeza y nos muestra el alto nivel de impunidad existente para este tipo de terrorismo. Hablamos, por tanto, del derecho a la Justicia.

En España, fundamentalmente a través de la Audiencia Nacional, se han incoado y tramitado hasta donde ha sido posible a tenor de la información obrante en las diligencias, fruto de las investigaciones policiales, un total de 33 causas judiciales, de las cuales tan solo 17 han culminado con sentencia firme. En 16 de éstas ha habido un pronunciamiento condenatorio, con establecimiento de penas privativas de libertad cuyo cumplimiento, de una forma u otra (ésta es otra cuestión relevante), se ha materializado. Compárense estas cifras con el total de actos violentos con víctimas habido.

Cierto es que en los datos ofrecidos no se incluyen los correspondientes a la actuación de la Justicia francesa, en tanto en cuanto un número importante de estos actos terroristas fueron cometidos en suelo francés y, por tanto, bajo jurisdicción del país vecino. Pero ello no invalida en modo alguno la valoración realizada: de las cifras ofrecidas en cuanto al número de procedimientos judiciales habidos en España, así como del correspondiente a las sentencias condenatorias, solo se puede afirmar la existencia de un alto nivel de impunidad global.

Por otro lado, es preciso afirmar que la escasa y deficiente investigación policial llevada a cabo en una parte muy importante de estas acciones violentas impidió – e impide – el esclarecimiento de un dato de especial relevancia en esta cuestión, cual es el grado exacto de autoría, complicidad, colaboración o inhibición que pudo existir por parte de determinadas instancias policiales con dichos actos criminales y al que ya hemos aludido.

Y ello no solo por el valor en sí que tiene tal información en orden al establecimiento de las correspondientes responsabilidades penales, sino de manera singular, por las implicaciones de naturaleza política que pudieron existir y que pondrían sobre la mesa una perspectiva novedosa con indudable repercusión en el discurso del reconocimiento social y especialmente político que también se merecen estas víctimas.

En este sentido conviene traer a colación una opinión tan autorizada y poco sospechosa de sembrar dudas infundadas en relación al Estado o sus fuerzas de seguridad como es la de los propios tribunales de justicia españoles y, en particular, la manifestada en la sentencia 24/99 de 4 de junio de 1999 dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Nacional en relación al asesinato de Christophe Matxikote y Catherine Brion, sucedido en Bidarrai (Francia), el día 17 de febrero de 1986 y en la que se considera al GAL como banda armada.

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Uno de los fragmentos de dicha resolución judicial reza como sigue: “Fue el Ministerio del Interior el organismo desde el que finalmente se pudo atajar, en colaboración con el Ministerio del Interior francés, la lucha ilícita contra ETA. Si eso fue así, significaría que ambos departamentos tenían información sobre personas involucradas y que solo a partir de un momento dado lograron neutralizar. Ello conduce a la convicción de que existen responsabilidades de diversa naturaleza que estarían aún por deducir”.

Por último, el derecho a la reparación, analizado ahora solo en su dimensión material, obliga a dejar constancia de la lamentable actuación del gobierno del PP a la hora de aplicar la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.

Al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999, las personas afectadas, bien heridos supervivientes o bien familiares directos de las personas asesinadas, en 44 de los 74 actos terroristas cometidos por los grupos de extrema derecha, incontrolados y el GAL, solicitaron el reconocimiento de su condición de víctimas del terrorismo, con aplicación de los derechos legales correspondientes; básicamente el de la percepción de las indemnizaciones fijadas en la referida norma. En 35 casos la respuesta de la Administración del Estado fue estimatoria, mientras que en los otros nueve les fue denegado el reconocimiento de la condición de víctimas del terrorismo por diversos motivos. En definitiva, las víctimas de 39 atentados quedaron sin amparo, por una causa u otra.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley en 2011, se presentaron numerosas solicitudes por parte de este grupo de víctimas, unas para el reconocimiento ex-novo de su condición de tales y otras para solicitar el complemento de indemnización que les correspondía, pues ya habían sido previamente reconocidas como víctimas con la Ley del 99. Ante esta realidad, el Ministerio del Interior reaccionó modificando la Ley 29/2011, con los votos exclusivamente del grupo político que sustentaba el gobierno, y a través de una norma legal completamente ajena a la materia de víctimas. Tal modificación tenía como único objetivo el de impedir que familiares de personas que, habiendo sido víctimas de un acto terrorista, pudieran haber pertenecido a una organización que practicara la violencia, percibieran dinero alguno por parte del Estado.

Modificada la Ley, su aplicación ha resultado demoledora para el colectivo de víctimas al que me estoy refiriendo, puesto que las resoluciones gubernamentales han sido denegatorias en su inmensa mayoría, amparándose para ello en simples informes policiales que sostenían la vinculación de los fallecidos o heridos no solo con ETA sino con cualquier organización del entorno de la izquierda abertzale. Con ello, se ha obligado a todos ellos a acudir a la vía judicial, a fin de que sean los Tribunales los que restituyan el principio de igualdad y permita la materialización del derecho a la reparación que corresponde a toda víctima de vulneración de derechos humanos, por el hecho de serlo. Parece obvio que la reparación material debe estar vinculada al hecho de la victimización, que es, en sí mismo, injusto, y no a la valoración moral de los actos que en vida pudo desarrollar la víctima.

Omito el apartado de conclusiones, dejando que sea el lector quien lo elabore, apelando a que impere en tal tarea un ánimo constructivo.

Hablamos mucho – y con razón – de los asesinatos de ETA sin esclarecer aún y hablamos, justificadamente también, del proceso pendiente de reconocimiento y reparación de las víctimas de los excesos policiales, pero, con demasiada frecuencia olvidamos la problemática específica de estas víctimas que legalmente lo son del terrorismo, pero cuya voz no es tan escuchada como las de ETA.

Es evidente que el proceso de reconocimiento y reparación de todas las víctimas relacionadas de una forma u otra con la situación de violencia de motivación política que ha vivido Euskadi en las últimas décadas, es un camino largo y tortuoso y aún quedan trechos por delante que exigen esfuerzo, dedicación, convicción y ecuanimidad. La noticia de que aún es posible avanzar en los Tribunales no solo ha de alegrar a Laura Martín, sino a todos quienes deseamos un final, aunque desordenado e imperfecto, lo más justo posible para todas las víctimas.

24.1.16

La tarde en que Maixabel se citó con el etarra que asesinó a su marido

Quiero que el texto de esta entrevista forme parte también de este blog. Mi grado de vinculación e identificación con el proyecto de los encuentros restaurativos celebrados entre presos disidentes de ETA y víctimas, hace que me sienta presente en un rincón de esa foto que conforman Maixabel e Ibon; lejano y pequeñito, sí, pero desde el que se oye perfectamente cuanto hablan y se les ve con nitidez la sinceridad de sus miradas.

Mal haríamos si nos quedáramos solo con la emoción de la entrevista o con la admiración hacia los comportamientos y actitudes de sus protagonistas. Hay un discurso de fondo – y no tan de fondo – presente en su conversación con una enorme e interesantísima potencialidad de futuro. Y malo será que quienes son sus destinatarios no tomen nota y actúen en consecuencia.

Gracias infinitas a los dos.

http://www.elmundo.es/espana/2015/09/20/55fe0c5f46163fb01f8b457c.HTML

20.9.15