La decisión más dolorosa

Hoy se cumplen 20 años del episodio. Hago memoria; ese ejercicio de reconstrucción del pasado en la actualidad que me ayuda a reflexionar sobre el presente y también sobre el futuro. La imagen de la fotografía me sigue interpelando hoy en día. Me ayuda en la reflexión y en el proceso de construcción permanente de mi identidad y de mis convicciones. Tiene mucha fuerza, muchísima fuerza.

Ir en medio. Mitad ligazón de los dos bloques, mitad denuncia por su desunión. Fue probablemente la decisión más dolorosa de cuantas adoptamos en Gesto por la Paz de Euskal Herria. En absoluto deseada. Sentimos el peso de lo que consideramos en aquel momento un imperativo ético e incluso político. También, con la tranquilidad de conciencia que proporcionaba el haber llevado a cabo todas las gestiones e iniciativas a nuestro alcance para evitar el desgarro de la desunión.

Recuerdo el penoso papel jugado por quien entonces ya era Secretario General de Presidencia, Jesús Peña, interlocutor de Lehendakaritza con nosotros en las gestiones realizadas para intentar reconducir el desencuentro político existente en relación a la convocatoria de la manifestación de protesta por los asesinatos de Fernando Buesa y Jorge Díez. Falto de sensibilidad y sobrado de intransigencia. Actitud impropia del cargo y de la representación que ostentaba. No me lo contaron. Me tocó a mí hablar con él por teléfono.

También tengo muy viva la sensación de nerviosismo que se apoderó de nosotros en los instantes iniciales de la manifestación, cuando encontramos dificultades para acceder al recorrido y elegir la ubicación deseada, “en el medio”. Muy reconfortante en aquel momento la compañía de un auténtico referente en Euskadi en cuestiones de paz y política, como era José Luis Zubizarreta. El alivio que sintió al conocer nuestra iniciativa – condición de comodidad imprescindible para su presencia en la manifestación, como él mismo reconoció – fue, al mismo tiempo, un verdadero espaldarazo moral para nosotros.

Después fueron más las personas que nos confesaron su agradecimiento por haberles brindado la posibilidad de evitar la incomodidad de la división existente, pudiendo mantener su compromiso con la protesta pública por los asesinatos. Asistían entre incrédulos e indignados al paso de la parte de manifestación que confundió su objetivo, con gritos de apoyo al Lehendakari, en lugar de hacerlo condenando los asesinatos, contra ETA o, como siempre, con el simbólico silencio de protesta. Y al llegar nuestro pequeño grupo, lo engrosaban decididos y aliviados.

Lo ocurrido aquel día, al igual que los anteriores, desde el mismo momento del atentado, no constituyó una gran sorpresa. Sin ir más lejos, Joseba Egibar ya nos había anunciado un par de años antes, en privado, tras el estallido del denominado “espíritu de Ermua”, que ellos no volverían a compartir la calle con el PP para manifestarse contra la violencia. Ya lo mencioné aquí.

Con este triste episodio iniciamos esa etapa negra de división social ante la violencia, de duplicidad de concentraciones, a espaldas unos de otros, tras los asesinatos de ETA que protagonizó el trágico comienzo de siglo en Euskadi. Supuso, claro, la travesía del desierto para un movimiento como Gesto por la Paz, con vocación nítidamente integradora (el silencio como expresión máxima de la síntesis que nos unía frente a la violencia). La condena al ostracismo a quien incomodaba por su vocación de puente.

La herida sangró durante mucho tiempo. Y la de nuestro gesto en aquella manifestación, también lo suyo. Algunos no llegaron a entenderlo y se alejaron de nosotros, probablemente abrazando otros movimientos cívicos que existían en aquel momento. Durante un tiempo, fueron numerosas las explicaciones que tuvimos que ofrecer sobre decisión tomada. El principal escollo, lo que más nos dolió, fue no estar con los familiares de los asesinados. Antepusimos nuestra responsabilidad y la convicción de que hacíamos lo correcto, a la compañía y la solidaridad incondicional con los familiares de Fernando y de Jorge. Por imperativo de nuestra conciencia individual y por un irrenunciable objetivo de pedagogía social.

Era inaceptable una vuelta atrás en la posición de unidad que había mostrado ya con reiteración la inmensa mayoría de la sociedad vasca opuesta a la violencia terrorista. No podíamos asistir impasibles a la dilución del objetivo más preciado del Pacto de Ajuria Enea, largamente perseguido y tortuosamente alcanzado. Aparecía de nuevo la línea de división y separación entre nosotros. Un paso atrás del que solo podían obtener beneficio quienes apostaban por la continuidad del terror. Ya lo he dicho: no fue una decisión fácil ni exenta de dolor.

Con todo, y pese a su dureza, creo que ninguno de quienes participamos entonces en ella, hemos dudado jamás del acierto de nuestra elección, a pesar del escaso éxito de nuestro llamamiento. En unas fechas dramáticas y difíciles como pocas, fuimos capaces de mantener con fuerza nuestras convicciones y nuestra responsabilidad, por encima de las circunstancias del momento. Como dijo Lourdes Pérez en su crónica del Diario Vasco de hace unos días, “En medio, el silencio atronador de Gesto por la Paz tratando de que el país no se rompiera definitivamente”. Una decisión serena y meditada.

Hoy, cuando demandamos reflexión autocrítica para pasar página sanando heridas del pasado, algunos deberían sentirse interpelados por su conducta en aquellos días. El espejo de la memoria les devolverá imágenes poco amables. Primaron orgullos personales e intereses partidistas, en un momento en que la prioridad máxima solo podía ser la condena sin paliativos del crimen y la solidaridad con las víctimas del mismo. Y la sociedad vasca ganaría si esa autocrítica se hiciera con la misma publicidad con la que cometieron sus errores.

Un relato más completo y detallado del 26 de febrero de 2000, esta crónica que escribió Alberto Ayala en el diario El Correo diez años después.

 

26.2.20

Mi relato sobre los encuentros restaurativos.

A lo largo del año 2011 y parte del 2012, se llevaron a la práctica los denominados encuentros restaurativos. Un programa impulsado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior y la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, a través del cuál se posibilitaron diálogos sinceros entre presos disidentes de ETA y víctimas del terrorismo practicado por dicha organización. Hace unos meses fui invitado a relatar mi experiencia en el programa como impulsor del mismo. El resultado fueron las líneas que conforman este capítulo con el que participé en la obra colectiva “Tras las huellas del terrorismo en Euskadi: Justicia restaurativa, convivencia y reconciliación”, coordinada y editada por Annabel Martín y Mª Pilar Rodríguez y publicada por la Editorial Dykinson en 2019.

 

Tras la ruptura del proceso de paz protagonizado por el presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero y la organización terrorista ETA, a lo largo del año 2006, y a pesar de la vuelta a la actividad violenta de esta organización, se palpaba en amplios sectores de la sociedad vasca y en los medios bien informados de la opinión pública española, el agotamiento inminente del fenómeno terrorista etarra.

En aquel momento, algunas personas que ostentábamos responsabilidades en el área de atención a las víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco pensamos que era conveniente empezar a trabajar en la reconstrucción de las relaciones sociales en el seno de la ciudadanía vasca, muy deterioradas a consecuencia de una situación de violencia persistente desde hacía décadas. A la acción de ETA, había que sumar la de otros grupos de extrema derecha y para estatales, así como la actividad ilegítima de la propia policía al vulnerar los límites legales en el ejercicio de sus funciones, provocando violaciones de derechos humanos.

Bajo el paraguas de esa reflexión global, desde el equipo de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, formado por su titular, Maixabel Lasa, Jaime Arrese y yo mismo, impulsamos diversas iniciativas, a lo largo de los siguientes años, que tuvieron como denominador común el carácter activo y participativo de las víctimas. Tres de ellas destacaron sobre las demás, permitiendo visualizar la condición de agentes de paz y constructores de convivencia de las personas que habían sufrido directamente la acción de la violencia y el terrorismo: El programa de víctimas educadoras (testimonios de las personas afectadas por la violencia, a través de documentos escritos, audiovisuales y la presencia física directa de víctimas en las propias aulas); la experiencia Glencree (encuentro entre víctimas de ETA, víctimas del GAL y grupos de extrema derecha y víctimas de abusos policiales); y los encuentros restaurativos, de los que hablaré a continuación.

Creo conveniente subrayar de nuevo la importancia de este marco referencial: Las víctimas, protagonistas involuntarias del sufrimiento provocado por la violencia, se convertían en agentes activos del proceso de reconstrucción de relaciones sociales, en actores de la reconstrucción moral de Euskadi.

Fueron pocos los presos de ETA que mostraron públicamente su arrepentimiento; que realizaron el recorrido de su pasado de manera crítica y estuvieron dispuestos a desmarcarse de la banda terrorista, ganándose con ello el repudio de sus ex compañeros y también el aislamiento social de sus familiares en el exterior de las prisiones, con la estigmatización como traidores.

Ciertamente, la experiencia de los encuentros restaurativos fue cuantitativamente pequeña. Pero es difícil cuestionar su relevancia cualitativa, tanto en su dimensión moral como también en su dimensión política, si nos atenemos especialmente a los fines que debe perseguir la política penitenciaria. Personas que cargaban sobre sus conciencias con decenas de asesinatos, cometidos a partir de una intencionalidad política, fueron capaces de mostrar su arrepentimiento y pedir perdón, cara a cara, a víctimas de la organización a la que pertenecían, ETA; e incluso a familiares directos de las propias víctimas causadas por ellos.

El contexto

Es necesario contextualizar, siquiera brevemente, el momento en que se produjo la experiencia de los encuentros restaurativos.

Con su atentado en Barajas a finales de diciembre de 2006, ETA sepultó no solo a las dos personas que se encontraban en el aparcamiento de la T-4, sino también el proceso de paz que se desarrolló a lo largo de dicho año. La respuesta del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, con el recientemente fallecido Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio de Interior, no se hizo esperar, orientando su política antiterrorista hacia una persecución policial implacable de ETA, que se tradujo en un elevado número de detenciones de sus miembros. Nunca habían durado tan poco tiempo las cúpulas de la organización y se sucedían sus números uno con la inusitada frecuencia que exigían las continuas detenciones policiales. Ya lo había advertido Rubalcaba: “votos o bombas”. Y ETA desaprovechó la oportunidad.

Al mismo tiempo, en el ámbito de la política penitenciaria, instrumento de la lucha antiterrorista, se puso en marcha lo que se conoció como “vía Nanclares”, que toma su nombre de la localidad próxima a Vitoria en la que se ubica el Centro Penitenciario de Alava.

Consistió básicamente esta denominada vía Nanclares en la aplicación más benigna de la normativa penitenciaria, incluidos los traslados para cumplimiento en centro próximos a los lugares de residencia, a aquellos internos disidentes de ETA que habían rechazado públicamente la violencia y se habían desligado del colectivo, reconociendo el daño causado a las víctimas. Por el contrario, los presos etarras que se mantenían bajo la disciplina de la organización eran objeto de una aplicación más rígida y dura de la legislación, manteniendo el cumplimiento de sus condenas en centros alejados de Euskadi.

El centro penitenciario de Nanclares de la Oca fue el destino de la gran mayoría de presos disidentes o arrepentidos. Todos ellos habían seguido un proceso individual de reflexión autocrítica, con distintas motivaciones, tiempos y circunstancias, pero todos ellos con el rasgo común de concluir con el reconocimiento del daño causado, asumiendo la responsabilidad del mismo, rompiendo sus vínculos con la organización y con el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), rechazando la violencia e incluso, pidiendo perdón a las víctimas.

Fue precisamente en este centro penitenciario y con este grupo de presos, autodenominado “Presos comprometidos con el irreversible proceso de paz”, donde se celebró, a lo largo del año 2011 (y en parte, en 2012, aunque al margen de la propia Administración Penitenciaria), la experiencia de los encuentros restaurativos.

Sin embargo, esta iniciativa no formó parte de la política penitenciaria en marcha. Ésta seguía siendo un instrumento de combate contra la organización terrorista ETA, siendo su derrota el objetivo al que se supeditaban todos los movimientos y acciones. Se favorecía la disidencia en la organización por el resultado efectivo que pudiera tener provocando la merma de fuerzas del enemigo. Formalmente se vinculaba el proceso de reinserción de los condenados a su alejamiento explícito de ETA, al reconocimiento del daño causado y al compromiso de reparación a las víctimas, que es lo que dice la Ley, pero siempre con la mira puesta en el objetivo de conseguir el final de la actividad de ETA.

La puesta en marcha de los encuentros restaurativos no fue fruto de una decisión estratégica ni derivada de un análisis policial o político, ni siquiera de tratamiento penitenciario. Por prosaico que pueda parecer, fue el resultado de un deseo y de una casualidad.

El nacimiento del proyecto

A finales del año 2010, los integrantes del colectivo de presos disidentes de ETA que cumplían su condena en aquel momento en la prisión de Nanclares de la Oca, expresaron el deseo de acercarse al mundo de sus víctimas. Un deseo manifestado de forma difusa y poco elaborada, sabedores de las limitaciones que su situación personal de falta de libertad les generaba y temerosos, a buen seguro, de lo que suponía plantear ese acercamiento a personas a las que ellos sabían que habían ocasionado un gran sufrimiento.

Pero se trataba de un deseo que expresaba una convicción: la necesidad de aportar lo que pudiera estar en su mano al proceso de sanación de las heridas causadas por ellos mismos.

Nunca me cansaré de enfatizar la importancia de esta circunstancia. De no haber existido y haber sido expresada esta voluntad de acercamiento por parte de los presos disidentes de ETA, jamás se habrían producido los encuentros.

Junto a este deseo, hablaba antes también de una casualidad, como factores que explican la existencia del proyecto. Y de tal ha de calificarse el conjunto de circunstancias que concurrieron en el momento concreto de manifestarse la mencionada voluntad de los presos de acercarse a las víctimas de la organización terrorista en la que habían militado. Unas circunstancias en las que el factor humano fue determinante.

Las instituciones penitenciarias están concebidas para unos fines y objetivos entre los cuáles no aparece nada relacionado con el mundo de las víctimas, que les es completamente ajeno (por desgracia). Así, cuando los responsables del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca intentaron dar cumplimiento a los deseos de los presos disidentes de ETA de acercarse a sus víctimas, se encontraron con la dificultad de acceder a ellas para trasladarles esa iniciativa; no había demasiadas vías de contacto. De ahí que, agotados un par de intentos con resultado negativo, se vieran en la necesidad de acudir a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco en demanda de colaboración.

Ese contacto lo realizó el político socialista Jesús Loza, enlace entre el gobierno central y el vasco (ambos socialistas) para todo cuanto tuviera que ver con la vía Nanclares. Parlamentario vasco de amplia trayectoria en asuntos relacionados con la paz, la convivencia y las víctimas del terrorismo, con el que, precisamente por ello, manteníamos una estrecha relación basada en la confianza mutua.

Los responsables de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo pensamos que el acercamiento pretendido por los presos disidentes solo podía producirse en condiciones muy especiales, con preparación previa de las víctimas y, sobre todo, con garantías suficientes para ellas. Confieso que cuando propuse a Jesús Loza la idea de la intervención de profesionales de la mediación para desarrollar y facilitar el proceso de acercamiento, ya tenía en mente a las personas idóneas concretas para esa responsabilidad, con las que me unía una relación de absoluta confianza tanto profesional como personal. Por eso, cuando obtuvimos la luz verde para presentar un proyecto, nos faltó tiempo para darle el susto a Esther Pascual, proponiéndole embarcarse en tan inédita y arriesgada empresa. Era una persona que tenía experiencia en el campo de la mediación penal y penitenciaria, aunque su práctica en el ámbito de los delitos de terrorismo fuera absolutamente inédita y novedosa.

Se elaboró un pequeño proyecto, estableciendo fundamentalmente objetivos y metodología y fue remitido a los responsables de Instituciones Penitenciarias para su validación.

En ese momento, al frente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se encontraba la política socialista Mercedes Gallizo, con quien me unía una excelente relación personal y no poca sintonía en lo tocante a asuntos penitenciarios, derivada de mis tiempos al frente de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. La confianza volvía a erigirse en factor decisivo a favor de la apuesta planteada.

También los responsables del equipo de mediadores propuesto tenían una relación previa muy positiva con quien era responsable máxima de Instituciones Penitenciarias, con lo que se cerraba el círculo de confianza.

Hay que destacar también en este proceso el papel desempeñado por el magnífico equipo de profesionales y directivos del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca, dispuestos a comprometerse y dedicar lo mejor de sí mismos al desarrollo de su trabajo. Por cierto, en algunos momentos bajo circunstancias especialmente difíciles, por la actitud de incomprensión, cuando no de hostilidad, de algunos de sus compañeros de trabajo, que no llegaban a comprender ese acercamiento a quienes para ellos no dejaban de ser meros terroristas.

Así es como, desde muy pronto, comenzamos a hablar de la “comunidad del anillo”, nombre con el que bautizamos el círculo de relaciones personales establecido, que posibilitó el pequeño milagro de los encuentros, basado esencialmente en la confianza total y absoluta entre sus integrantes.

El desarrollo

Se decidió calificar la experiencia como encuentros restaurativos porque en estos procesos iba a haber muchas diferencias con la mediación penal o autor-víctima que se venía experimentado en relación a otros delitos. Pero en todo caso, se insertaba como un mecanismo más dentro del amplio abanico que ofrece la denominada justicia restaurativa.

En los encuentros restaurativos se iban a sentar frente a frente dos personas: una como ex miembro de ETA y otra como persona que ha sufrido la violencia de dicha organización.

Elaborado y aprobado el programa, Esther Pascual, la mediadora elegida, se puso en marcha. Se trataba de trabajar con cada una de las partes (preso y víctima) por separado con el fin de preparar el encuentro entre ambas.

Charla informativa primero con todos los presos de disidentes de la prisión de Nanclares, para explicarles cuál era la vía que se les ofrecía para dar respuesta al deseo expresado por ellos de acercarse a sus víctimas. Desconfianza, suspicacias, recelos…, todo ello fueron circunstancias que se vivieron en aquel primer encuentro. Pese a todo, surgieron voluntarios para estrenar el camino. Comenzaron las charlas individuales con cada uno de ellos.

Cobró importancia un requisito que se planteó desde el primer momento. No habría beneficios penitenciarios de ninguna naturaleza para los presos por el hecho de participar en los encuentros. Por tanto, tenían que analizar cada uno de ellos personalmente sus motivaciones para hacerlo y valorarlo suficientemente.

La ausencia de discurso justificativo en estos victimarios fue uno de los factores fundamentales a valorar por la mediadora, dado que era la pieza clave para la responsabilización individual de sus acciones y, en su caso, la petición de perdón a la víctima.

La mayoría de los presos intervinientes confiaron y creyeron que el encuentro restaurativo les ayudaría en su proceso de revisión crítica de su propio pasado.

En paralelo, la mediadora inició el proceso con las víctimas. Desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo seleccionamos un grupo de personas, familiares directas, de asesinados por ETA, con quienes se reunió Esther para explicarles con detalle el proceso, después de que nosotros les hubiéramos adelantado someramente el motivo de la cita.

Cierto es que la selección se basó en un elemento crucial: la confianza. Todas las personas que acudieron eran de nuestra absoluta confianza y presentaban características que permitían suponer una disposición razonable cuando menos a escuchar la propuesta sin salir corriendo escandalizadas.

También de aquella reunión salió un pequeño grupo de víctimas que mostraron su conformidad con la participación en el proyecto presentado.

Cabe destacar que todas ellas mostraron unas inquietudes comunes, centradas en conocer las garantías que ofrecía el proceso. Resultaba determinante en este sentido, la ya citada inexistencia de beneficios para los presos por su participación en los encuentros, en la medida en que ello despojaba su iniciativa de intereses espurios y fortalecía la sinceridad de sus planteamientos, cuestión importantísima para las víctimas.

Al mismo tiempo, cabe señalar que ninguna de las que aceptaron tomar parte en el programa creyó en ese instante inicial que necesitara dicho encuentro o siquiera que del mismo pudiera obtener algún tipo de satisfacción personal, entendiendo muchas de ellas que no necesitaban el perdón y que su duelo estaba perfectamente elaborado. Sin embargo, la convicción profunda, de carácter altruista, de que su gesto podía contribuir modestamente a superar el odio en la sociedad vasca y a transformar el miedo y el rencor en convivencia y respeto, animó la decisión de todas ellas.

A pesar de que se ha hablado mucho sobre ello después, es conveniente subrayar que los encuentros restaurativos no tenían como objetivo específico pedir perdón ni perdonar. Cuestión distinta es que tal acción se planteara en el curso de la conversación que ambos habían de mantener y que era realmente el objetivo perseguido. Un espacio de libertad y de diálogo para ellos, nada más.

Tras la reunión grupal con las víctimas, la mediadora inició el trabajo individual con cada una de ellas, siempre en paralelo al realizado con los presos, procediendo a diseñar los emparejamientos entre unos y otros de cara a la celebración de los encuentros.

Solo cuando entendió que se daban las condiciones idóneas para que pudieran cumplirse los objetivos señalados anteriormente, se procedió a fijar las fechas oportunas, celebrándose los cuatro previstos en esta fase. Dos de ellos en el interior del centro penitenciario de Nanclares de la Oca y los otros dos en dependencias discretas del gobierno vasco en el exterior, pues dos de los presos intervinientes gozaban de un régimen de semilibertad.

De estos encuentros, tres fueron protagonizados por víctimas indirectas, es decir, familiares de personas asesinadas por ETA, pero no por el preso concreto con quien mantenían el encuentro. El cuarto, sin embargo, sí correspondió a un miembro del comando que asesinó al marido de una de las víctimas participantes.

El carácter indirecto de esta relación no desmerecía el valor del encuentro porque tanto victimarios como víctimas asumían el carácter colectivo de la acción terrorista, pese a reconocer que la participación directa aportaba un plus de autenticidad a la iniciativa. Es decir, un preso de ETA asumía moralmente como propios todos los asesinatos de la organización y, por ello, no tenía inconveniente, al contrario, en afrontar el cara a cara con cualquier víctima de la misma.

Al mismo tiempo, una víctima de ETA, sabía que lo era de la organización terrorista, más allá de las personas que circunstancialmente llegaron a apretar el gatillo o colocar la bomba que segó la vida de su ser querido.

Algunas características del programa

La participación en el programa estaba presidida, como no podía ser de otra manera, por la más absoluta voluntariedad, la cual se daba tanto en el momento de adoptar la decisión de participar como en cualquier otro posterior del proceso, de forma que era perfectamente posible descabalgarse del mismo en cualquier momento.

El encuentro en sí mismo se conformaba como un espacio de libertad para la víctima, que carecía de obligaciones y cuyos únicos límites venían marcados por el respeto debido a cualquier persona, que excluía insultos o agresiones. En ese marco, la víctima podía escuchar, reprochar, preguntar, no responder…De hecho, ante una eventual petición de perdón, ni siquiera tenía obligación de contestar y mucho menos de hacerlo necesariamente en sentido afirmativo.

Por su parte, para los victimarios era imprescindible la asunción, como se ha indicado anteriormente, de la responsabilidad moral de sus actos, así como la declaración formal de no causar daño alguno.

Todo el proceso estaba sometido a la más absoluta confidencialidad. Los participantes tenían la seguridad de que nada de cuanto se dijera en esas coordenadas de espacio y tiempo que iban a compartir, iba a ser conocido fuera de las paredes que los protegían, salvo que ellos mismos decidieran, de común acuerdo, darlo a conocer.

Es importante destacar que la celebración del encuentro no entrañaba, como bien eran advertidos en tal sentido, tanto la víctima como el victimario, ningún tipo de garantía de resultado final. Tan solo se cuidaba la evitación de consecuencias negativas para la víctima, aspecto que se trataba precisamente en las labores preparatorias del encuentro.

Por último, señalaré que, como he mencionado anteriormente, esta iniciativa se inserta en lo que llamamos mecanismos de la Justicia Restaurativa. Básicamente ello significa que conforma un instrumento válido para articular la reparación de la víctima, al tiempo que la recuperación del victimario, en expresión acuñada por el profesor Reyes Mate.

En efecto, el programa tenía presente que el encuentro buscaba también proporcionar a la víctima una satisfacción que le está vedada en el proceso penal ordinario. Es sabido que nuestro proceso penal busca básicamente el castigo del culpable, la declaración de responsabilidad penal del autor del delito, circunscribiendo la reparación de la víctima al aspecto material.

Sin embargo, en no pocas ocasiones, las víctimas en general – y puedo asegurar, por mi experiencia personal de relación con ellas, que las del terrorismo, en particular – muestran inquietudes y deseos insatisfechos en relación a otro tipo de cuestiones. Esther Pascual consiguió la explicitación por parte de las víctimas con las que trabajó, de varias de estas cuestiones: ¿Por qué mi padre? ¿Qué sentiste en el momento de matar? ¿Duermes la noche del asesinato? ¿Conocías a la persona asesinada? y otras similares surgen en la mente de las víctimas que tienen ocasión de reflexionar mínimamente sobre ello.

Igualmente hay víctimas que desean dar a conocer de primera mano al victimario el testimonio del dolor y el sufrimiento concretos causados. Trasladarle, cara a cara a quien provocó ese daño irreparable, el relato de las consecuencias precisas e individualizadas de sus actos. Escuchar el testimonio de Iñaki García Arrizabalaga referido a su encuentro con Fernando de Luis Astarloa no tiene precio, cuando explica este momento.

El proceso penal no da cabida a este interés de la víctima, quien tiene que abandonar sus pretensiones, arrinconándolas en la frustración.

Pues bien, el programa de encuentros, como mecanismo de justicia restaurativa brindaba a la víctima precisamente la posibilidad de obtener este tipo de satisfacción moral adicional, a través de la entrevista con el victimario, constituyendo esta circunstancia uno de los elementos cruciales de la iniciativa, especialmente a la hora de la evaluación de la misma.

Evaluación y conclusiones

El programa de encuentros restaurativos se desarrolló en dos fases, ambas materializadas a lo largo del año 2011, aunque luego hubo un epílogo de otros dos encuentros más, en el año 2012. A los cuatro primeros celebrados en la primera, se unieron otros ocho más en una segunda fase que se desarrolló ante la muy positiva valoración que se realizó de la primera celebrada en el mes de mayo.

También la segunda fase obtuvo unos resultados altamente satisfactorios.

Todos los participantes en los encuentros salieron de los mismos con la sensación de que les había resultado muy útil y gratificante el mismo. Podemos hablar del sentimiento positivo de todos los participantes.

A modo de ejemplo, una de las víctimas no llegó siquiera hasta su vehículo, al salir del centro penitenciario, antes de llamarnos a los impulsores del programa para mostrarnos de manera vehemente su agradecimiento por haberle invitado a participar.

No pocas de ellas descubrieron que, pese a entender, antes de comprometerse con el programa, que no obtendrían ninguna satisfacción personal del mismo, centrando su motivación para participar, en el aspecto altruista y de contribución a la convivencia en Euskadi, sí había tenido efectos positivos en su interioridad. Dicho de otra manera, las víctimas descubrieron que el arrepentimiento y el perdón sirven no solo a nivel general sino a nivel personal también.

Escuchar de viva voz, sosteniendo la mirada en los ojos, al victimario asumir su responsabilidad e incluso pedir perdón, valorando la sinceridad de tal posición y declaración, acabó proporcionando a no pocas de las víctimas asistentes un plus de sosiego y paz en su fuero interno que siempre agradecerán y que les sirvió para completar un genuino recorrido de reparación moral.

Al mismo tiempo, los encuentros contribuyeron a la recuperación para la sociedad de los victimarios que participaron con un discurso reparador, autocrítico y de deslegitimación de su propia violencia y contribuyendo decisivamente a la recuperación ética de la convivencia y al establecimiento de un relato justo de la violencia.

No me resisto a subrayar la importancia capital que esta cuestión tiene para el proceso de deslegitimación de la violencia que debe ser la piedra angular del ejercicio del derecho a la memoria de la sociedad. El relato de los presos disidentes de ETA en estos encuentros es un relato esencialmente moral y con un valor cualificado. Es la voz precisamente de quienes apostaron en su día por la práctica de la violencia; quienes comprometieron lo mejor de su vida en una drama que solo generó sufrimiento; los más legitimados y autorizados para hablar de error ético y no solo de equivocación estratégica. Los presos lograron transmitir su arrepentimiento, su dolor por el daño causado y sus ganas de transformar el odio en paz.

Sin embargo, los poderes públicos del momento no optaron por amplificar estas voces, pese a que, por un lado, cumplían objetivos de tipo moral, y, por otro, contribuían a extender la reflexión política sobre la necesidad de acabar con la práctica de la violencia y apostar exclusivamente por las vías pacíficas y democráticas.

Como los propios miembros del colectivo de Nanclares afirmaban a quienes querían escucharles, ellos pretendían hacer política y predicar entre “su” gente, decir, la izquierda abertzale. No renunciaban, sino al contrario, al proselitismo de sus reflexiones, en la convicción absoluta de que su opción no era solo la mejor desde un punto de vista ético, sino también político.

Así las cosas, uno intenta comprender la excesiva prudencia, cuando no el miedo, que atenazaba a los responsables políticos del momento, que no quisieron, no supieron, o no pudieron, apostar decididamente y sin complejos por todas las consecuencias positivas que podían haberse derivado de la amplificación y difusión de lo que suponía la vía Nanclares y, como punta de lanza o práctica con un alto valor pedagógico, los encuentros restaurativos.

Esta circunstancia habla con elocuencia del clima de intolerancia y presión al que cierta derecha política y mediática sometió al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en lo tocante a la política antiterrorista y penitenciaria, a lo largo de todo su mandato.

Retomando las consecuencias del proyecto de los encuentros, supusieron la constatación, en cierto modo, de que la derrota del terrorismo no exigía la derrota de la persona. También quedó muy cuestionada la aparentemente indestructible vinculación entre la satisfacción de la víctima y el castigo del culpable, ante la evidencia de que otras vías eran posibles.

Si situamos el proceso de los encuentros en el contexto del desistimiento de ETA respecto a su actividad (20 de octubre de 2011, declaración de cese definitivo), podemos afirmar también que esta iniciativa contribuyó cualitativamente al proceso final de la violencia y a la reconstrucción de la convivencia en Euskadi.

Por otra parte, se trató de un proyecto alternativo. No era razonable pensar que este fuera un programa susceptible de aplicación generalizada al conjunto de los presos, como tampoco había muchas víctimas dispuestas, a priori a sentarse frente a un miembro de ETA, por mucho que se hubiera desvinculado de la organización. Ninguna de las actitudes personales que permitían los encuentros eran exigibles ni a los presos ni a las víctimas, más allá de que pudieran ser deseables. No eran conductas obligatorias. Sin embargo, sí extrajimos como conclusión la convicción de que la Administración Penitenciaria debía articular los mecanismos que hicieran posible este diálogo-encuentro entre presos arrepentidos y víctimas que quisieran, en cualquier momento, recorrer ese camino.

Lamentablemente, no sucedió eso, sino todo lo contrario. El programa fue interrumpido con el cambio de partido gobernante en España. La llegada del Partido Popular y sus nuevos responsables penitenciarios, en enero de 2012, muy poco sensibilizados con la reinserción y con las actuaciones seguidas por sus antecesores, no dudaron en poner innumerables trabas a la acción de los mediadores, hasta el punto de dar al traste con los procesos en marcha en ese momento y cegar por completo la vía de los encuentros restaurativos.

Ello deja la duda de qué alcance podría haber llegado a tener el programa en el caso de que hubiera tenido continuidad, se hubiera trabajado con más presos en los procesos de revisión autocrítica, favoreciendo, con una aplicación más flexible de la normativa penitenciaria, la situación de quienes avanzaran por este camino.

Aún con esa oposición, el equipo de mediadores que coordinó Esther Pascual durante la fase de los encuentros continuó trabajando en pro de la continuación del programa, aunque no fuera ya con apoyo institucional. Se consiguieron realizar dos nuevos encuentros fuera de la prisión, confirmando, por un lado, la bondad del proyecto y, por otro, las enormes dificultades de seguir adelante con el mismo sin la complicidad de los servicios penitenciarios.

Con el cambio de gobierno también en Vitoria, a finales de 2012, recobrando el PNV el poder autonómico, se consolidó el ocaso de la vía Nanclares. La dirección de la política de paz y convivencia del Gobierno Vasco se marcó como objetivo claro coadyuvar al fin de la actividad de ETA mediante un acuerdo con la organización terrorista. A tal fin, todas las iniciativas debían estar supeditadas o, al menos, no debían entorpecer el avance hacia la consecución de dicho objetivo. Así las cosas, era difícil que se mantuviera un apoyo decidido por parte del gobierno vasco al colectivo de presos de la vía Nanclares, pues éstos tenían la consideración de traidores para la organización armada, y su defensa no era precisamente el mejor aval para conseguir negociar o favorecer acuerdos de ningún tipo con la banda.

De esa forma, los últimos años fueron de ausencia de cobertura política y apoyo material para los ex etarras disidentes críticos con la violencia. Sencillamente quedaron huérfanos de apoyos institucionales.

Con el paso del tiempo, se han ido produciendo las excarcelaciones de quienes protagonizaron los encuentros restaurativos, si bien, no han diferido mucho de las que se han llevado a cabo con los ortodoxos del colectivo etarra, en los que no ha existido el más mínimo indicio de arrepentimiento o postura autocrítica.

Siempre nos quedará la duda de cuál podía haber sido el recorrido del proyecto de encuentros. Hay quien sostiene la conveniencia de retomarla, si bien fuera de los muros de las prisiones; es decir, no con presos, sino con expresos. Eso no sería ya política penitenciaria, sino políticas de convivencia y de reconstrucción de relaciones sociales.

A día de hoy, uno piensa en el tiempo que vive. En Euskadi gozamos de cotas de paz y libertad que, sin ser aún suficientes, sí resultan inéditas en las últimas décadas.

Es tiempo de transformar la política penitenciaria, de abandonar su condición de instrumento de una política antiterrorista afortunadamente ya innecesaria, con ETA derrotada, para convertirse en una pieza más de una política favorecedora de la convivencia.

Para quienes tuvimos la inmensa fortuna de estar cerca, la experiencia de los encuentros restaurativos nos permitió acercarnos a aspectos maravillosos del ser humano: a la generosidad, a la fortaleza, entereza, valentía y sinceridad de las víctimas; personas que, después de su tragedia, han sabido salir sin odio, sin afán de venganza, creyendo en la capacidad de transformación del ser humano y dispuestas a conceder una segunda oportunidad a quienes les ocasionaron tanto daño. Y no identificándose con su condición de víctimas, que es una parte de su vida y de su ser, pero no su identidad.

También nos permitió conocer la complejidad de seres humanos que utilizaron equivocadamente una injustificable violencia, que pisotearon la dignidad humana, pero que tuvieron la capacidad y la valentía de pasar de verse a sí mismos como héroes a descubrirse como asesinos y salir de este trance fortalecidos, capaces de ponerse delante de una víctima de ETA, escuchar su sufrimiento, responder a sus preguntas, asumir la injusticia del daño causado, comprender el sufrimiento provocado y pedir perdón; deseosos de construir paz en Euskadi y de aportar su experiencia y sus reflexiones a la revisión crítica del pasado.

Participar en la vida pública tiene, a veces, estas pequeñas grandes satisfacciones. Tomar parte en iniciativas como la de los encuentros restaurativos justifica el sentimiento de satisfacción y orgullo que sentimos hacia nuestro paso por la responsabilidad pública. El orgullo de haber hecho política en un sentido genuino, obteniendo además un resultado gratificante para quienes sufrieron directamente la violencia que azotó nuestra tierra. Solo por esto, ya puede estar uno satisfecho.

 

7.1.20

El final de los agravios comparativos entre víctimas del terrorismo.

Acaba de hacerse pública la noticia del fallo emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a la indemnización que la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, prevé para éstas, declarando no ser contraria a derecho la denegación de dichas indemnizaciones por parte del Estado Español a familiares de víctimas que pertenecían a organizaciones terroristas.

Se da la circunstancia, como bien explican algunos de los medios que han tratado la noticia con un cierto rigor, de que no se trata de cuestionar el reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo de dichas personas, pues esta circunstancia ya fue resuelta conforme a la Ley de Solidaridad de 1999 y muchas de ellas ya ostentaban esa condición de víctimas, habiendo además percibido por ello, las cantidades que dicha norma legal asignaba en concepto de indemnización a todas las víctimas legalmente reconocidas como tales.

Una de las novedades que incorporó la Ley de 2011 respecto de la de 1999 fue precisamente la actualización al alza de las cantidades concedidas en concepto de muerte o incapacidad, entendiendo que las cuantías de 1999 habían quedado un tanto raquíticas, a la vista de las responsabilidades civiles que la Audiencia Nacional venía fijando en las sentencias dictadas en casos de terrorismo y cuyo abono correspondía al Estado, precisamente en virtud del mecanismo de subrogación que traduce el principio de solidaridad inspirador de la Ley.

En el fondo, latía también la idea de equiparar en lo posible las cantidades percibidas por las víctimas, en aras de un principio de igualdad cuya ausencia ha generado siempre notable inquietud en el mundo de las víctimas y sus asociaciones.

Lo cierto es que la reciente resolución del TEDH viene a pronunciarse únicamente sobre aquello que le fue cuestionado y que consistió en determinar si la resolución denegatoria de la indemnización por parte de la administración central, basándose exclusivamente en informes policiales para determinar la pertenencia a banda armada u organización terrorista, vulneraba el principio de presunción de inocencia o no. Y lo hace concluyendo que no, con lo cual valida la actuación administrativa. Se acabó pues el camino judicial para conseguir un objetivo que, se mire como se mire, era y es loable y plausible: respetar el principio de igualdad y no establecer agravios comparativos en el tratamiento que el Estado debe brindar a todas las víctimas del terrorismo. En este caso, a sus familiares.

La cosa tiene bemoles, si tenemos de nuevo en consideración la paradoja que ya hemos mencionado anteriormente. Muchos de estos familiares ya percibieron la cantidad que les correspondía conforme a la legislación de 1999. Cabe preguntarse: Si se les trató igual entonces ¿por qué se les discriminó después? ¿Qué cambió entre 1999 y 2012?

Reparemos en el proceso seguido para llegar a este frustrante resultado final.

La Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo fue aprobada por la totalidad de los grupos políticos del Congreso, a excepción de la única diputada de UPyD. El esfuerzo de consenso realizado por todos los partidos políticos fue digno de admiración y estuvo a la altura del fin perseguido.

Sin embargo, unos meses después, tras las elecciones generales que otorgan al Partido Popular la mayoría absoluta, el gobierno de Rajoy cuela por la puerta de atrás que supone el cajón de sastre de la Ley de Presupuestos, una modificación de la mencionada Ley 29/2011. Eso sí, se esfumó el esfuerzo de consenso con todos los grupos políticos realizado para la aprobación del texto legal. En esta ocasión solo contaron con el PSOE, que apoyó la iniciativa. Un apoyo, por cierto, que tal vez hayan lamentado después, a la vista de los resultados.

Para constancia de los interesados, esta modificación se llevó a efecto a través de la Ley 17/2012, de 27 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, Disposición Transitoria decimoséptima, que introduce un nuevo artículo 3 bis de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre que guarda relación, a su vez, con los artículos 2, 3 y 8 del Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre indemnizaciones a las víctimas de Delitos violentos, hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983 (BOE, número 312, sábado 29 de diciembre de 2001).

¿Por qué no estuvo esta cuestión encima de la mesa de quienes pactaron con tanto esfuerzo y denuedo el contenido de la Ley, antes de julio de 2011? ¿Qué circunstancia nueva ocurrida entre esa fecha y junio de 2012, pudo justificar una iniciativa que contravenía actuaciones precedentes de la propia administración del estado, la cual había indemnizado ya a esos mismos familiares de víctimas? Es difícil encontrar una explicación confesable, tratándose de una administración, que debe respetar el principio de interdicción de la arbitrariedad, contemplado en el artículo 9.3 de la Constitución.

Pero, con todo, y llegado el punto en que nos encontramos, con el agotamiento de la vía judicial, hay otra circunstancia en este asunto, que merece atención.

La reforma legal de la que venimos hablando se limita, en lo que afecta al tema aquí tratado, a establecer la aplicabilidad de lo dispuesto en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, a los casos de indemnizaciones a víctimas del terrorismo previstas en la ley de 2011. (“La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en la presente ley se someterá a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos”).

Por su parte, este Convenio, en su artículo 8.2, que es el aplicable al caso, establece que Se podrá reducir o suprimir asimismo la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos.

Como es sencillo colegir, este texto legal, lejos de establecer un mandato de cumplimiento obligatorio, concede una potestad al Estado que lo aplique, de manera que la decisión denegatoria de la administración constituye un acto discrecional y, por tanto, un ejercicio de la libre voluntad política.

En otras palabras, las indemnizaciones a familiares de víctimas del terrorismo que pudieron pertenecer a bandas armadas fueron denegadas única y exclusivamente por un acto estricto de voluntad política. Legal, sí, pero voluntad, al fin y al cabo.

Y pienso yo: Lo mismo que se dijo que no, se pudo haber dicho que sí; y lo mismo que se dijo que no, se podrá decir que sí, dado que no hay obstáculo legal que lo impida.

En consecuencia, y ahora que estamos inmersos en un nuevo proceso de revisión de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, impulsada y motivada por el deseo de poner fin a otra situación de agravio comparativo que genera notable malestar entre los colectivos de víctimas, como es el de la diferente cantidad indemnizatoria que perciben quienes tienen sentencia frente a quienes no la tienen, sugiero que se aproveche para poner fin a este otro agravio comparativo. Puede y debe iniciarse un proceso en el que la voluntad política – la misma que creó el problema – lo solucione ahora, reconociendo el derecho de estas personas a percibir las indemnizaciones que legalmente les corresponde, en igualdad de condiciones respecto a las demás víctimas del terrorismo.

Un reto del nuevo parlamento y del nuevo gobierno.

 

21.7.19

Breve memoria de un esfuerzo institucional

Este texto forma parte de la publicación “Memorias del terrorismo en España”. Es mi aportación al libro coordinado y editado por Raúl López Romo, en Ediciones Catarata, este mismo mes de septiembre de 2018.

Corría el año 2003 en Euskadi. La crispación política y la polarización social que habían tenido su punto álgido en las elecciones de mayo de 2001, apenas habían remitido algo. El parlamento vasco aprobó una proposición no de ley sobre víctimas del terrorismo que se convirtió en auténtica hoja de ruta para quienes apostábamos por una política pública de víctimas diferente a lo que se había hecho hasta ese momento.

Uno de los puntos de aquella resolución, emplazaba al propio parlamento vasco a celebrar un pleno monográfico sobre la problemática de las víctimas del terrorismo y su situación. Cómo estarían las cosas, que el cumplimiento de esa parte del acuerdo, no pudo ser una realidad hasta octubre de 2007. Solo en ese momento, otra legislatura, se llevó, por fin, a cabo aquel pleno, el día 5 de octubre.

Ese mismo año, en el mes de abril, el Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo que dirigía Maixabel Lasa, organizó el primer acto institucional de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo, con una idea clave: reconocer y saldar la deuda moral histórica que el conjunto de la sociedad vasca y sus instituciones, públicas y privadas, tenía con las víctimas de ETA, por tantos años de abandono, indiferencia y ausencia de compasión y solidaridad. El mensaje era el discurso del perdón, expresado por el Lehendakari Ibarretxe, en nombre de toda la ciudadanía vasca.

Desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, ya habíamos previsto que, una vez saldada esa deuda, a través de un acto solemne como el organizado, más la continuidad y el impulso de políticas de apoyo que con posterioridad se concretarían en la Ley de 2008, tocaba abrir la mirilla del dolor y el sufrimiento injusto a otras víctimas, cuya realidad nos resultaba conocida tan solo en parte y sobre la que apreciábamos también el manto del olvido y del no reconocimiento de derechos.

Es por ello que, de cara al Pleno de octubre de 2007, sugerimos a los grupos políticos que apoyaban al gobierno, que impulsaran una resolución por la cual se instaba al ejecutivo, a través de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, a la realización de un estudio sobre las víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, de extrema derecha y el GAL. Este era el grupo de víctimas sobre el que queríamos poner en ese momento nuestra atención estratégica, en orden a igualar reconocimientos y tratamientos en las políticas públicas de víctimas desde el Gobierno Vasco. Y así fue cómo el parlamento vasco, en aquel pleno monográfico, aprobó, entre otras, una resolución con el referido mandato a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo.

Este trabajo fue desarrollado por la Dirección entre los meses de noviembre de 2007 y junio de 2008. Durante ese tiempo, Maixabel Lasa, Jaime Arrese y yo mismo realizamos una labor de investigación que nos llevó, incluso, hasta los archivos de la Audiencia Nacional, donde nos encontramos con la impagable colaboración del Fiscal Delegado para Víctimas del Terrorismo, Fernando Burgos, quien nos abrió puertas y nos permitió examinar expedientes que, lamentablemente, en gran medida, no nos proporcionaron gran información, aunque sí alguna perla que luego pudimos recoger en el informe de manera literal.

En paralelo, el contacto con los familiares y afectados se convirtió en el gran reto. Con Maixabel de punta de lanza, no siempre la recepción y la acogida fueron amables, aunque hay que reseñar que, quien aceptó entrevistarse con nosotros, lo hizo desde una actitud ejemplar. Incluso nos llevamos alguna sorpresa porque pudimos detectar situaciones legales que eran susceptibles de notable mejora como derechos no reclamados, etc. En definitiva, se produjo un importante acercamiento a un mundo con el que, hasta ese momento, sí había habido un contacto inicial por parte de la Dirección con algunas personas, pero no de manera exhaustiva y sistematizada, como se hizo en aquel momento.

Como anécdota, Maixabel y yo siempre recordamos una entrevista con la hija de un asesinado por el Batallón Vasco Español, que no conocía de nada a la viuda de Juan Mari Jauregui. Estábamos en un bar y llevábamos de charla algo más de una hora cuando le preguntamos si ella sería capaz de verse con una víctima de ETA cara a cara (ya llevábamos un par de años liados con lo de Glencree). Ella se puso seria y aseguró rotunda que de ninguna manera, que le resultaría imposible; a lo que yo le comenté que llevaba más de una hora hablando con una de ellas. Su reacción fue de cierta vergüenza, casi pidió disculpas, pero se dio cuenta de inmediato de que el supuesto que le habíamos propuesto no era realmente tan traumático, si se plantea y se vive adecuadamente.

Cabe señalar también que ciertos sectores de la izquierda abertzale no debían ver con buenos ojos esta aproximación institucional a un mundo que ellos habían considerado siempre propio. Algo parecido a que nos hubiéramos atrevido a predicar a su parroquia. Probablemente este sentimiento es el que estaba detrás de algunas negativas a recibirnos que tuvimos en aquel momento y, un paso más allá, siempre tuvimos la sospecha de que a Maixabel acabaron por ponerle escolta, después de aparecer en un comunicado de ETA, después de este movimientos de aproximación y buena relación con no pocas víctimas de su mundo ideológico.

Lo cierto es que, meses después, en junio de 2008, la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo presentó en el parlamento vasco el Informe requerido.

Creo que es importante subrayar algunas de las características del mismo;  algunas de sus conclusiones que ya entonces quedaron reflejadas en el mismo. Especialmente porque creo que siguen de actualidad a la hora de abordar los derechos de las víctimas del terrorismo y de violaciones de derechos humanos, en general.

El valor fundamental del informe fue el de constituir un instrumento de trabajo para lograr una mejor y más completa respuesta de las administraciones públicas a todas las víctimas del terrorismo, sin exclusiones. Un supuesto que ilustra este comentario sería el de los casos de personas que solicitaron el reconocimiento de su condición de víctima del terrorismo al Ministerio del Interior, derivada de acciones reivindicadas por el GAL y les fue denegada, siendo así que había motivos más que suficientes para entender que esta denegación se justificó en defectos formales que no cuestionaban el fondo de su condición de víctimas.

Es preciso calificar este informe cuando se elaboró como una obra en absoluto definitiva y, por ello, susceptible de ser completada mediante un trabajo que, desde aquel mismo momento comprometió a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo de cara al futuro.

El ámbito temporal del informe partió de la constatación de que, vigente el sistema dictatorial de Franco, las actuaciones violentas de naturaleza política tuvieron algún tipo de cobertura pseudolegal, lo cual las excluía de la definición adoptada. El primer caso analizado databa del año 1.975.

En cuanto a los datos, cabe señalar que el informe abordó el estudio de 74 actos terroristas cometidos por distintos grupos criminales que emplearon distintas denominaciones en las reivindicaciones de sus atentados (Batallón Vasco Español, Triple A, Grupos Anti ETA, GAE, etc.), así como por otros que no fueron reivindicados tras ser perpetrados por grupos incontrolados.

En estos 74 actos terroristas fueron asesinadas 66 personas y heridas de distinta consideración otras 63. Hubo así mismo un secuestro. El GAL asesinó a 24 e hirió a 27 más. El Batallón Vasco Español cometió 18 asesinatos y causó heridas a otras 18. La Triple A cuenta, por su parte, con 8 asesinatos en su haber, por otros 6 del GAE, como los grupos más relevantes en su acción criminal.

En 44 de los 74 caso analizados, bien los heridos supervivientes o bien, en su caso, los familiares directos de las personas asesinadas, presentaron ante el Ministerio del Interior la solicitud de reconocimiento de su condición de víctimas del terrorismo, con aplicación de los derechos legales correspondientes; básicamente el de la percepción de las indemnizaciones fijadas en la referida norma. En 35 casos la respuesta de la Administración del Estado fue estimatoria, mientras que en los otros 9 les fue denegado el reconocimiento de la condición de víctimas del terrorismo por diversos motivos. Las personas afectadas por otros 30 de los atentados analizados no formularon ningún tipo de solicitud al Ministerio del Interior.

El grado de conocimiento sobre la autoría concreta de los atentados terroristas analizados en el informe era manifiestamente insuficiente en orden a la satisfacción del derecho que corresponde a las víctimas tanto a conocer la verdad como a la aplicación de la justicia sobre los hechos acaecidos. Igualmente, la escasa y deficiente investigación policial llevada a cabo en una parte muy importante de estas acciones violentas impidió el esclarecimiento de un dato de especial relevancia en esta cuestión, como era el grado de complicidad, colaboración o inhibición que pudo existir por parte de determinadas instancias policiales con dichos actos criminales.

No hay que olvidar que una nota común de este tipo de actuaciones violentas fue la vinculación, en mayor o menor grado, pero vinculación o conexión en todo caso, con estructuras policiales del estado. En ocasiones se produjo una participación directa de miembros de sus cuerpos de seguridad (acreditada en resoluciones judiciales firmes); en otros casos hubo grados de colaboración o actuaciones de protección, cobertura o tolerancia; y siempre, notable desinterés o dejación de obligaciones profesionales a la hora de realizar una  investigación suficiente para permitir la intervención de los Tribunales de Justicia.

Estas deficiencias son lamentables no solo por el valor en sí que habría tenido tal información, de haberse obtenido, en orden a los ya mencionados derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, sino de manera singular, por las implicaciones de naturaleza política que pudieron existir y que hubieran puesto sobre la mesa una perspectiva novedosa con indudable repercusión en el discurso del reconocimiento social y especialmente político que también se merecían estas víctimas.

En este sentido conviene resaltar que entonces acudimos a una opinión tan autorizada y poco sospechosa de sembrar dudas infundadas en relación al Estado o sus fuerzas de seguridad como es la de los propios tribunales de justicia españoles y, en particular, la  manifestada en la sentencia 24/99 de 4 de junio de 1999 dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Nacional en relación al asesinato de Christophe Matxikote y Catherine Brion, sucedido en Bidarrai, el día 17 de febrero de 1986 y en la que se considera al GAL como banda armada.

Uno de los fragmentos de dicha resolución judicial resulta especialmente elocuente y revelador.

Fue el Ministerio del Interior el organismo desde el que finalmente se pudo atajar, en colaboración con el Ministerio del Interior francés, la lucha ilícita contra ETA. Si eso fue así, significaría que ambos departamentos tenían información sobre personas involucradas y que solo a partir de un momento dado lograron neutralizar. Ello conduce a la convicción de que existen responsabilidades de diversa naturaleza que estarían aún por deducir”.  

Aquel informe tuvo continuidad con otras iniciativas que, desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, pusimos en marcha para atender esta ampliación objetiva de la política de víctimas. El intento de reconocer su protagonismo en el siguiente acto institucional de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo, celebrado en el Kursaal donostiarra en mayo de 2008, el impulso a la iniciativa Glencree, la inclusión de este colectivo entre las víctimas educadoras, etc.

Lamentablemente, posteriores actuaciones del Gobierno central no sintonizaron con este planteamiento. Muy criticable fue, en este sentido, la modificación unilateral de la Ley de Víctimas de 2011, en la cual se facultaba al propio Gobierno para denegar las indemnizaciones que correspondían a todas las víctimas del terrorismo, en los casos en los que los afectados o los solicitantes tuvieran algún tipo de relación con organización terrorista, realizando una interpretación extensiva de este extremo, en la práctica, a cualquier tipo de organización del ámbito de la izquierda abertzale.

Aún queda camino por recorrer en el tratamiento igualitario de todas las víctimas del terrorismo. Con demasiada frecuencia, los mismos discursos políticos olvidan la diversidad de los terrorismos sufridos en nuestro país. Y, en no pocas ocasiones, este olvido se convierte en omisión deliberada, en favor de un discurso concreto que busca una determinada hegemonía política en el mundo de las víctimas.

Por eso hoy recuerdo con cariño y emoción aquellos esfuerzos que realizamos, con mejor o peor fortuna, desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, por sentar las bases de un tratamiento igualitario de todas las víctimas del terrorismo.

13.9.18

 

El último vals

Artículo publicado en El Correo el día 5 de mayo de 2018.

 

Lo sé. Sé que ésta es la noticia que llevamos tiempo esperando, el objeto de nuestros anhelos, Sé que han sido muchos años de sufrimiento de demasiada gente, para llegar, por fin, a esto. Sé que debería generar alivio, que esa pesadilla que fue ETA pasa definitivamente a ser historia; trágica, pero historia, al fin y al cabo. Sé que todo eso solo debería constituir una buena noticia y que, como tal deberíamos sentirla y vivirla. Y, sin embargo, por más que hurgo no consigo encontrar esa sensación de bienestar. En su lugar, mi ánimo chapotea entre la indiferencia y un sentimiento agridulce y contradictorio.

El proceso de final de la violencia ha sido lo suficientemente largo y fragmentado como para que hayamos descontado hace tiempo ya las alegrías. Un final tan anunciado no podía contar con momento de estallido de confetis y champán. Las emociones han ido dosificándose en fascículos con el declive de la propia ETA, la tregua, el alto el fuego definitivo, el desarme y, ahora, por fin, la disolución. Hemos llegado al final sin ganas de celebrar nada. Carentes de fuerza, ánimo y convicción.

Movidos por el fuerte simbolismo que, sin duda, la noticia tiene, los medios de comunicación están realizando un despliegue informativo con el que realmente están sacando a ETA de la propia irrelevancia de su final, aceptando que es su responsabilidad como informadores.

En medio de todo ello, es inevitable activar la memoria y traer los recuerdos al presente. Y con ellos, los sentimientos y las sensaciones.

Emoción. Dejo a un lado la corrección política, para colocar en primer lugar de esos recuerdos a los centenares de amigos y compañeras con los que tuve el lujo de compartir reflexiones, debates y trabajo en Gesto por la Paz. Un proceso permanente de aprendizaje con todos ellos. Las miles de caras de ciudadanos anónimos que acumularon horas de silencios en plazas y calles de nuestra tierra. Caras que no veías desde la pancarta, pero que sabías que no fallaban; estaban ahí detrás. Todos ellos fueron constructores tan imprescindibles como olvidados de una parte de la paz que hoy disfrutamos.

Desasosiego. Inevitable recordar episodios que hemos arrumbado a la más recóndita buhardilla de nuestro cerebro y que nos interpelan cada vez que los sacamos de ahí. ¿Qué hacíamos, dónde estábamos, mientras tanta gente gritaba “ETA mátalos” en la calle? Mientras se asesinaba con frecuencia escalofriante, sin que se alterara lo más mínimo la cotidianeidad de nuestras vidas. Algunos enfrentamientos en los que lo peor era el odio inyectado en los ojos que nos querían expulsar de la calle.

Escepticismo. Tiempos en los que aparecen artesanos de paz cuando no hay violencia, justamente allá donde durante años se refugiaban quienes la practicaban. Ausencia de reflexiones autocríticas sinceras en quienes desaparecen, que pudieran contribuir a la reconstrucción de relaciones sociales quebradas o dañadas. Persistencia de hilos argumentativos justificadores de cuanto hicieron mal. El conflicto político como sempiterno legitimador de la violencia.

Hastío. Teatralizaciones y dramatizaciones cuya falta de credibilidad resulta patética en su puesta en escena. Pasamos por Aiete, los mediadores internacionales, el grupo de contacto, las conclusiones, las declaraciones… Había que aguantar, porque lo exigía la responsabilidad: era la pista de aterrizaje, se decía. Después el desarme, en sus distintos intentos, a cual más grotesco. Ahora otro más, que a punto ha estado de ser “desmovilización”, por evitar lo de “disolución” y porque sonaba más – y mejor – a conflictos internacionales. Debo confesar que lamento la presencia, a estas alturas, de algunas buenas gentes que sacaron entrada para esta última función en Cambó. Y no me refiero precisamente al partido guía, que ese pesca en otras aguas.

Responsabilidad. En el fondo, era iluso pensar que esto podía haber sido mucho mejor. Un sector nada desdeñable de nuestra sociedad vasca se ha tenido que enfrentar a la frustración que implica constatar el fracaso de su apuesta estratégica. Esa que tanto dolor ha provocado, pero que también tanto dolor les ha causado a ellos mismos. ¿Al final, para qué? Para nada. Díganselo a los dos centenares largos de miembros de ETA que aún permanecen cumpliendo condena. Y sus familiares preguntándose para qué todo ese sacrificio. Una frustración colectiva mal digerida, es un factor de dificultad añadida para la convivencia presente e incluso futura. Por ello, un mínimo sentido de la responsabilidad nos aconseja no ser muy beligerantes con los paripés. No se preocupen tanto por el blanqueo de su historia. No podrán hacerlo.

Nostalgia. Maixabel, Jaime, Adela, Txabi, Esther, Galo, Carlos, Julián, Xabier… Muchos brazos y corazones construyendo, desde la fe en una sociedad sin violencia. Las víctimas de otros lugares de España que conseguimos que volvieran a Euskadi, después de haberse negado a hacerlo tras su atentado o el de sus familiares. Qué pequeños grandes triunfos. El perdón, la generosidad, el respeto. Tantas trayectorias personales de sufrimiento que nos confiaron sus testimonios de dolor, pero también sus ganas de vivir y su alegría.

Se acabó. Suena el último vals mientras se cierra el telón. No los abroncaré. No tendrán aplauso tampoco. Mi veredicto es sencillo. Les brindaré lo mejor que puedo ofrecerles en este momento postrero: mi más absoluta indiferencia.

5.5.18

Cuatro días de julio y el espíritu de Ermua

Xabier y yo esperábamos en una sala pequeña. Estábamos citados a las 18 horas y habíamos llegado con algo de adelanto. Sin embargo, sobrepasada la hora de la cita en varios minutos, la secretaria del ministro se acercó para pedirnos disculpas y comunicarnos que había surgido un problema de última hora y que el ministro nos recibiría enseguida. Así fue, poco después de las 18’30, Jaime Mayor Oreja nos hizo pasar a su despacho. La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria había acordado un tiempo antes, transmitir al ministro del Interior su posición sobre la conveniencia de modificar la política penitenciaria, especialmente en lo que hacía referencia a la necesidad de proceder a un acercamiento de los presos vascos a centros penitenciarios próximos a sus lugares de origen, por razones humanitarias. Así que, con tal fin, Xabier y yo viajamos a Madrid la calurosa tarde del día 10 de julio de 1997.

Al sentarnos en el despacho del ministro, fue él mismo quien nos informó del motivo de su demora, siendo así, de su mano, como conocimos que ETA había secuestrado a un joven concejal de Ermua llamado Miguel Ángel Blanco. Sea cual sea la distancia política e ideológica que me separe de Jaime Mayor Oreja – que es mucha -, siempre reconoceré el detalle que tuvo de habernos dedicado aquel tiempo, en circunstancias realmente extraordinarias y complicadas. Ni qué decir tiene que el motivo de nuestra visita se esfumó y todo el tiempo que compartimos lo dedicamos a valoraciones especulativas sobre la situación y, sobre todo, a pensar en la necesaria respuesta de la sociedad vasca y el conjunto de las instituciones democráticas al enorme desafío que se había planteado. En aquel despacho ya hicimos ver a Mayor Oreja que Gesto por la Paz de Euskalherria estaría en primera línea, poniendo toda su capacidad de movilización al servicio de la reacción ciudadana, como había hecho siempre. El encuentro no dio mucho más de sí. Regresamos a Euskadi compungidos y sobrepasados por la responsabilidad de lo que se nos venía encima.

De lo que ocurrió los días siguientes no voy a hablar. Es bien conocido. La confirmación del secuestro por parte de ETA, con el chantaje como único planteamiento; la convocatoria de manifestación del sábado por la mañana, en Bilbao; la desbordante asistencia a la misma; el asesinato y las reacciones sociales posteriores, presididas por la indignación, la rabia y por su carácter masivo. Y, en fin, el inicio del llamado espíritu de Ermua.

En la edición de este pasado domingo de “El Correo”, José Luis Zubizarreta abordó con su reconocida maestría analítica,  fortalecida, en este caso, por su conocimiento directo del asunto, como asesor del Lehendakari Ardanza, el trasfondo político existente ya en aquel julio de 1997. Recordaba cómo el paraguas político bajo el cual la sociedad vasca había reaccionado frente a la violencia terrorista desde enero de 1988, el Pacto de Ajuria Enea, navegaba con extrema dificultad, en condiciones cada vez más complicadas y promisorias de una zozobra segura. La movilización producida en Euskadi y Navarra aquellos días de julio constituyeron una suerte de espejismo; un paréntesis que no pudo impedir el cambio producido en los meses siguientes, con consecuencias que se extendieron durante demasiados años. Es importante el recordatorio que hace Zubizarreta porque la movilización social de Ermua se produjo en un contexto político muy especifico y eso marcó su devenir.

Pero ¿qué fue el espíritu de Ermua? Hago mías las palabras con las que Mario Onaindia se refería a tal cuestión, recogidas en el impagable “Ermua, 4 días de julio” coordinado por la periodista María Antonia Iglesias y con la colaboración especial de Ana Rosa Gómez Moral:

Y entonces se produjo el espíritu de Ermua. Lo que unía a todos los vecinos de este pueblo no era solo la rabia contra ETA, ni el hecho de que fueran convecinos. Arropaban con sus aplausos a las autoridades. A todas por igual. (…)  Es decir, que durante estos años no todo habían sido diferencias y enfrentamientos sino que también había habido algo más que había hermanado a gente de ideologías, procedencias y culturas muy distintas. (…)

La gente de Ermua no hizo caso a lo que dicen los partidos políticos en los mítines de fin de semana, y tuvo más en cuenta lo que han construido en veinte años de democracia: no la convivencia de dos comunidades nacionalistas, sino una única nacionalidad plural, democrática y tolerante. Y actuaron como una nacionalidad. Se movilizaron en favor de la democracia. De esta democracia. (…) Las cosas estaban claras, por fin. A un lado, los demócratas. Al otro, los fascistas, que, por serlo, utilizan la violencia. Resucitaron en sus gargantas los mismos gritos que contra Franco.”

Sin embargo, como todo el mundo sabe, esa reacción social duró muy poco. En apenas semanas fueron brotando a la superficie dos intereses y planteamientos tan rotundamente contrapuestos, como llamativamente convergentes en sus intereses, que dinamitaron ese sentido del espíritu de Ermua, definido como lo hizo Mario Onaindia.

Surgieron voces nuevas en el ámbito de la sociedad civil que reivindicaron una filosofía de movilización social mucho más política, alejada del pacifismo al uso hasta entonces, de bases estrictamente éticas. No queremos la Paz, sino la Libertad, decían. Luchamos no solo contra la violencia terrorista, sino contra el nacionalismo obligatorio que la alimenta. Foro de Ermua o Basta Ya fueron los exponentes máximos de este movimiento, en el cual, salvo contadas y muy honrosas excepciones, tipo Savater o Calleja, no abundaban caras conocidas en las movilizaciones contra la violencia en tiempos anteriores. Creció el bloque denominado constitucionalista, al abrigo del pacto tácito y no tan tácito entre PP y PSE, Mayor Oreja y Redondo Terreros. El primero, convertido en el adalid de la nueva versión del espíritu de Ermua. La que convenía a sus intereses. Dispuestos al choque de trenes con el nacionalismo, en pos de una victoria política que permitiera acabar con la hegemonía de éste en Euskadi. Un fin políticamente lícito, escudado tras un fin éticamente exigible, vinculando ambos y excluyendo a quien no lo hiciera.

Jon Juaristi fue uno de los primero en verbalizar este nuevo planteamiento. Esta es una parte de su testimonio en “Ermua, 4 días de julio”, que creo que se comenta por sí solo:

La reacción de la ciudadanía fue una verdadera muestra de civismo, pero a los pacifistas empezó a alarmarles la acelerada merma de su protagonismo que supuso la recuperación de la calle por la mayoría hasta entonces silenciosa y trataron desesperadamente de frenar el movimiento con insinuaciones apocalípticas. (…) Absolutamente inoperantes fuera de sus condenas abstractas y testimoniales del terrorismo, estas organizaciones (pacifistas) han introducido aún más confusión en la sociedad de la que ya habían sembrado los partidos nacionalistas. (…) Hasta ahora, sin embargo, sus únicos logros incontestables han sido  la promoción de una suicida cultura del desarme (a la que denominan eufemísticamente “cultura de la paz”) (…) El terror de los pacifistas a perder el control del movimiento y su propio predicamento social quedó claramente expresado en la sorprendente denuncia que alguno de sus más significados dirigentes hizo de las supuestas salvajadas de los manifestante. A los pacifistas les interesaba cortar el ascenso del movimiento, y lo hicieron bajo el pretexto de impedir una guerra civil.

Por otra parte, no necesitó mucho tiempo el nacionalismo institucional, especialmente el PNV, en experimentar temblores ante la posibilidad de que aquella marea humana de julio pudiera derivar en una tsunami de cariz político que arrastrara a su paso el ideal nacionalista. Hubo quien no acabó de digerir la ausencia de ikurriñas en el número al uso en las manifestaciones, los gritos de “libertad” y otras expresiones nuevas en el paisaje habitual de las movilizaciones en Euskadi.

Tuve la ocasión de volver a representar a Gesto por la Paz de Euskalherria en una ronda de reuniones con partidos políticos poco tiempo después de julio del 97 y no olvidaré jamás las rotundas y categóricas palabras que Joseba Egibar pronunció ante nosotros: “No volveremos a compartir la calle contra la violencia con el PP”. Sin ambages ni medias tintas.

El movimiento de repliegue del nacionalismo fue paralelo al crecimiento del bloque constitucionalista, asomando ambos a la superficie del mar, como dos monstruos rugientes dispuestos a una pelea sangrienta por la supervivencia y abriendo uno de los períodos más oscuros y dramáticos de la vida social y política de la Euskadi democrática. Los asesinatos de ETA pasaron a ser respondidos con la esperpéntica imagen de dos concentraciones separadas, cada una de las cuáles agrupaba a representantes de cada uno de los bloques políticos confrontados. La desunión alcanzó el paroxismo a finales de febrero del año 2000, con la penosa imagen de la división en la manifestación de repulsa por el asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez.

En septiembre de 1997, José Antonio Zarzalejos ya sentía el pálpito del futuro, cuando atinó certeramente con su prospección, al escribir:

La emergencia del movimiento cívico de julio de 1997, en lo que tiene de ético y, por lo tanto, de rompedor de esquemas anquilosados, es un dato para la esperanza. De momento, solo para la esperanza. No, sin embargo, para el optimismo. El hecho de que unos hayan querido manipular esa expresión popular, y otros reducirla, disminuirla, e incuso despreciarla, augura que el mensaje resulta molesto para quienes deben escucharlo y demasiado claro y contundente para quienes deben traducirlo en decisiones coherentes. Puede que el impulso de julio del 97 llegue incluso a frustrarse. Pero, en todo caso, permanecerá como referencia de una oportunidad histórica que se perdió”.

Y esto es lo que ocurrió. Aquella oportunidad se perdió y ya nunca se volvieron a llenar las calles y plazas de Euskal Herria como se llenaron aquellos días de julio de 1997. Sí, el impulso en la concienciación y en la movilización de la sociedad vasca quedó ahí y tuvo su reflejo posterior, pero la sensación de haber perdido un tren que nos podría, tal vez, haber acercado antes al final de la violencia, es difícil apartarla de esta reflexión.

12.7.17

 

 

 

Ecos de la función

Acabó la función y, como correspondía, cayó el telón. Las luces se apagaron y quedó el lugar solitario, flotando en el aire la trascendencia artificial buscada y perseguida con ahínco por la compañía promotora. Los actores regresaron a sus hogares y tanto los protagonistas de primer plano como aquellos que contaron con un distinguido papel en la sombra, realizaron sus interesadas críticas sobre lo acontecido. Aún colean los ecos de la función.

En realidad, la obra ya comenzó con unos previos, días antes del señalado en el programa. En ellos, diversos protagonistas de relevancia media advertían sobre el peligro proveniente de la actitud que pudieran adoptar los gobiernos español y francés. No fuera a ser que apareciera la guardia civil antes de tiempo, confiscara el atrezzo y se llevara detenidos a un par de figurantes. Incluso hubo llamamientos solemnes a ambas instancias gubernamentales para que se comportaran con “altura de miras”. Se supone que tal cosa debía ser “dejar hacer” y no estorbar. Los actores que protagonizaron estos prolegómenos estuvieron en su sitio, sólidos, cumpliendo el papel asignado. Cierto sector del público, incluso, participó activamente, conteniendo el aliento ante esa peligrosa advertencia y especulando sobre lo que serían capaces de hacer o no hacer tan arteros “enemigos de la paz”. La incertidumbre contribuyó a incrementar la expectación – bien lo sabían los autores del guion – y de eso se trataba. Al fin y al cabo, era solemnidad añadida.

Me cuentan que, el dia D, la obra presentó dos escenarios muy diferenciados. Al parecer, mientras en el estrado principal se desarrollaba la parte noble de la función, con formalidades cuidadas y medidas, el patio de butacas se convertía en un alboroto de gritos perfectamente reconocibles como propios de una familia política concreta, reflejando con ello el escaso pluralismo de quienes pasaron por taquilla para ver el directo.

Acabada la parte central del espectáculo, resulta curioso observar la escasa trascendencia informativa alcanzada por lo que constituye el elemento más relevante de la “cacharrería” (como denomina un gran amigo mío al asunto) del día 8 de abril: el consentimiento del gobierno español respecto a la operación realizada y la aceptación de su resultado. De hecho, es lo que permite afirmar/oficializar que se ha producido el desarme de ETA, lo cual no es moco de pavo.

Singular ha sido también el comportamiento posterior de otros protagonistas muy destacados de la obra, no en el papel de actores de escena, sino en el de productores y, en buena medida, guionistas. El PNV y el gobierno vasco han mantenido un perfil deliberadamente bajo. Una vez garantizado el éxito de la función, se retiraron con discreción a sus cuarteles, dejando en el aire un par de esbozos críticos muy bien trabajados y calculados.

Todas y cada una de las víctimas son hoy sujetos y partícipes principales de este logro democrático de la sociedad, sus instituciones, la política y de los derechos humanos”. Soberbia e inmaculada la declaración institucional leída por el Lehendakari, colocando a las víctimas en el centro de un escenario del que habían estado completamente ausentes hasta ese momento.

Por su parte, el Presidente del PNV nos deleitó con esta perla : “Para mí fue más importante lo del metro (la inauguración de la línea 3 de Bilbao) que lo del desarme”.

Para quitarse el sombrero ante el libretista de la función, a la hora de escribir los papeles de estos personajes. Es realmente meritorio emplear el cinismo para proyectar esa imagen pulcra e institucional que han buscado. Porque cinismo es relativizar ahora en público aquello que ha constituido objetivo esencial de los líderes nacionalistas vascos en los últimos meses y de cuyo resultado tienen motivos para estar más que satisfechos.

Curioso, en definitiva, cómo dos de los tres grandes protagonistas de la obra han asumido – y ejecutado – su papel más importante entre bambalinas, para pasar después al disimulo y la mirada como distraída hacia delante. No solo el gobierno vasco. Bien poco relevante ha dicho el gobierno español al respecto. Incluso, como han denunciado algunos sindicatos de TVE, hubo instrucciones expresas de “esconder” la noticia de la función del 8 de abril en el fondo oscuro de los telediarios. Mejor que los españoles no se fijen mucho en lo que hacemos, no sea que se den cuenta de que aparecemos en los créditos de la obra como coproductores.

Pero que nadie se despiste. Entre dimes y diretes de los demás sobre si el desarme ha sido completo o no, la izquierda abertzale, tercer actor principal de la obra, está a otra cosa, a lo suyo: el relato.

A pocos se les escapaba que la importancia y la relevancia de “lo de la cacharrería”, no venía de las armas entregadas, por mucho que se hable de su eventual utilidad para investigar crímenes sin esclarecer, sino del simbolismo de la representación teatral a efectos de la narrativa defendida. Generosa y unilateral aportación a la paz versus derrota. El éxito de los guionistas es, en este punto, más que dudoso, a juzgar por el resultado del aplausómetro.

Pero no creo que tal cuestión – que caduca en apenas unos días, cuando deje de hablarse de la representación – preocupe en exceso a la izquierda abertzale, consciente de que el campo en el que se libra una buena parte de la batalla real por la hegemonía del relato es otro: el campo de las víctimas y el espacio público.

En los últimos diez años, el Partido Popular ha demostrado que los espacios ocupados en el ágora pública por las víctimas del terrorismo, de un lado, y las víctimas de la dictadura franquista, por otro, cumplen – si se maneja el asunto con habilidad – la ley de la impenetrabilidad. Por momentos, llega a parecer que no hay en el discurso público sobre las víctimas, otras que las del terrorismo (fundamentalmente de ETA), contribuyendo así al ostracismo de las víctimas del franquismo.

Bildu es buen conocedor del valor del espacio público y de la importancia de su ocupación. No digo que no haya convicción en ello, pero resulta llamativo el impulso que esta formación política ha dado, en los últimos tiempos, a su política en favor de la memoria histórica y muy especialmente, de los derechos de las víctimas del franquismo. A buen entendedor.

Hay víctimas que incomodan a algunos porque colocan un espejo enfrente que les devuelve imágenes poco agradables. Cada quién debe saber de qué víctimas se le llenan la boca y pensar en el espejo que le colocan aquéllas otras que omite.

Y esto tiene que ver con el relato más que la función.

17.4.17

Martí Fluxá y la foto del desarme de ETA

Cuando creía que se habían apagado en mi cabeza los ecos de la última reflexión sobre el desarme de ETA y el famoso final ordenado, resulta que tropiezo de nuevo con ello donde menos me lo esperaba.

Ando estos días leyendo uno de los libros de diarios de Andrés Trapiello; el último publicado, para ser exactos, el año pasado, de título “Solo hechos”, de Editorial Pretextos, y que recoge acontecimientos anotados por el autor en el año 2005. Un adecuado periodo de barbecho y sedimentación, tanto para su propia memoria, como para la perspectiva de los propios hechos.

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Emplea Trapiello esa curiosa forma de referirse a quienes aparecen en sus diarios, consistente en utilizar solo las iniciales de su nombre, dejando para el lector el estimulante juego de adivinar el nombre de los eventuales protagonistas de la anécdota. En el caso por el que traigo estos diarios aquí, apenas nombra el autor al personaje. En un sola ocasión habla de él como X y no vuelve a mencionarlo de forma directa. Cuanto relata Trapiello del encuentro, una cena, con Ricardo Martí Fluxá, pues tal es el personaje, lo hace con evidente interés y notable admiración, más que justificados ambos, a la luz de lo que cuenta.

Conviene recordar, llegado este punto, que Ricardo Martí Fluxá fue uno de los miembros de la delegación que José María Aznar envió a negociar con ETA durante la tregua de 1998, con el resultado fallido que todos conocemos. Transcribo aquí, en función de las cuestiones de fondo que quiero resaltar, unos fragmentos de la narración:

“(…) Cuando creíamos que quizá no hablaría de ello, lo hizo con verdadera y cervantina llaneza, sin entrar en detalles, y que las negociaciones son siempre algo a cambio de algo, y que lo que querían unos, la disolución de la banda y la entrega de las armas, se correspondía con lo que pedían los otros, la autodeterminación. ¿Y los presos? No, los presos, a los que están libres, les dan lo mismo, decía, porque lo que no quieren es hacer lotes abultados, porque eso baja mucho el valor de lo que se quiere vender. Es decir, como en el Rastro. En los lotes grandes se saca siempre menos que al menudeo. Creían y seguirán creyendo, supongo, que una vez alcancen la independencia, negociarán con el Estado español lo de los presos. No antes.”

(…) Las conversaciones eran casi siempre sobre asuntos políticos, no militares. En una ocasión abordó el asunto de los presos, y fue entonces cuando le confesaron que para ellos esa no era la cuestión prioritaria. O sea, que a los presos también “los dejaron caer”. Al parecer, los propios presos saben que cuando han caído, ya no son nada en la organización.

En cierta ocasión nuestro amigo pidió entrevistarse con el primer ministro británico, para que le contara cómo habían llevado a cabo los acuerdos con el IRA, y TB le dio un consejo, cómo no. Le dijo que fuesen cuales fuesen los acuerdos, deberían escenificar la entrega de armas. No porque las armas tengan mucha importancia (al fin y al cabo el mercado negro está lleno de ellas), sino porque de toda lucha armada, finalmente solo se recordaría esa foto, y quedarían derrotados psicológicamente. Una derrota sin escenificación no vale nada, le dijo. Una derrota sin vencidos es una victoria de los perdedores.(El subrayado es mío).

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Poco más se puede añadir a la elocuencia de las palabras que Trapiello pone en boca de Martí Fluxá, y de cuya veracidad no cabe ninguna duda. La cuestión de los presos no es una sorpresa, pues ya era sabido que nunca ha sido un asunto de interés para la organización a la hora de plantear la negociación con el Estado.

Pero el último párrafo es demoledor y definitivo, como factor a considerar en el proceso de desarme de ETA y disolución de la organización. Todo apunta a que, siguiendo las tesis de TB, debería imponerse una interlocución con ETA por parte del Estado, encaminada a buscar, de una u otra forma, el objetivo por él descrito: la fotografía simbólica. El problema es que hay otras instancias o agentes que, a través de la misma metodología de la fotografía, no solo no parecen perseguir idéntico objetivo, la inmortalización del símbolo de la victoria de unos y la derrota de otros, sino justamente el contrario. Ahí es donde TB deja claras las cosas.

La pregunta clave, por tanto, es: ¿Qué significado queremos dar nosotros a esa fotografía? En función de la importancia que concedamos a la respuesta, el desarme de ETA será objeto de mayor o menor disputa y polémica.

18.2.17

 

 

Desaires públicos, amoríos secretos

Cierto que no es tema de excesiva actualidad. Ha transcurrido una eternidad desde el “incidente” de Louhossoa, con las detenciones de los tres activistas franceses que pretendían destruir un puñado de armas de ETA. El vertiginoso ritmo mediático en el que vivimos se tragó aquéllo y no volverá a nosotros hasta nuevo y relevante episodio de la pesada y larga serie “el final ordenado”. Pero tal vez por eso, porque ahora no hay focos sobre el citado asunto, puede ser oportuno realizar alguna consideración, a la luz de ciertos detalles perceptibles incluso para cualquier observador no especialmente avezado.

Hace unos meses, en pleno fragor partidista pre-investidura y con las cábalas rondando todos los conciliábulos políticos y tertulias mediáticas, ya era bastante evidente que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco estaban condenados a entenderse. Era una avenencia que interesaba aquí y allí. Probablemente era muy precipitado que la misma se produjera en la investidura de Mariano Rajoy o en la de Iñigo Urkullu. Sin embargo, a no mucho tardar, quedó de manifiesto que el pronóstico era acertado. Desde hace ya unas semanas, asistimos al cortejo entre ambos partidos. Eso sí, un cortejo muy especial, además de sutil, pues, lejos de las normas de cortesía y galantería propias de tales ceremonias, los achuchones y piropos se presentan trufados de desaires y berrinches, en una representación del sí pero no, con la que se pretende disimular y maquillar lo evidente. Toca jugar al despiste ante sus respectivas huestes, especialmente el partenaire nacionalista del cortejo, que tiene más problemas para vender como presentable un acuerdo con aquéllos a los que ha zarandeado y descalificado con escasa piedad y menos escrúpulos hasta hace bien poco.

En este contexto, en la edición del diario El Correo del día 28 de enero, aparecía la reseña de un acto que organizó el Partido Popular en Bilbao, al que acudió, entre otros destacados líderes del PP español, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La periodista que cubrió el acto recoge unas declaraciones textuales de ésta, cuando se refirió, en un momento de su intervención, a la cuestión del final de ETA, con ocasión de la decisión de su partido de no participar en la recién creada ponencia de Paz y Convivencia en el parlamento vasco: “Hay que rematarlo bien. Tienen que disolverse y desaparecer“. A continuación, Olatz Barriuso, la redactora de la noticia, añade una interpretación propia de lo que, a su juicio, vienen a significar estas palabras y escribe: “(…) echó por tierra cualquier esperanza del PNV de que exista una acción coordinada entre los gobiernos central y vasco para impulsar lo que suelen llamar final ‘ordenado’ de la violencia“. Y remata con nuevas palabras textuales de la vicepresidenta: “No consiguieron nada cuando hacían lo que hacían y nada van a conseguir cuando han dejado de hacerlo” .

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Es sabido que el Gobierno Vasco lleva una legislatura y la parte que llevamos de la presente echando el resto para conseguir eso del final ordenado; apuesta cuyo máximo valedor es el Secretario General de Paz y Convivencia, abrazado a tal idea ya mucho antes de acceder al cargo que actualmente ocupa. Es sabido también que al PNV le gustaría poner encima de la mesa de negociación con el gobierno central algunas cuestiones relacionadas con la paz y convivencia, además de esas otras de naturaleza “espiritual” como el cupo, las inversiones en el TAV y otras que, sin duda alguna, le preocupan más. En cualquier caso, no es difícil imaginar que la cuestión del final ordenado podría estar en esa mesa que no se sabe muy bien si existe ya o si no existe aún.

Dicen los analistas políticos zurrados en mil batallas, que no hay mejor confirmación de una noticia que el desmentido previo de la misma por un político (especialmente si coloca la venda antes de producirse la herida), así que puede haber un alto grado de probabilidad de que los tiros – perdón – vayan por ahí.

Ya sé que Madrid es una ciudad atractiva y amable, pero no alcanzo a imaginar qué podían hacer en la capital del Reino dos destacados dirigentes del partido gobernante en Euskadi, los días 24 y 25 de enero. No sería aventurado presumir que su visita tuviera que ver con la gestión de asuntos de importancia capital para el partido (y por eso estuvieron los que mandan). ¿Gestionar, negociar?, ¿Qué, con quién? Ahí lo dejo.

Añadamos una observación. Si las políticas de memoria del gobierno vasco son gestionadas por el Instituto Gogora, con su responsable política al frente; las de derechos humanos, por la Dirección de tal negociado; y de los asuntos de víctimas del terrorismo se encarga el asesor nombrado en su día al efecto, ¿Qué hace el Secretario General de Paz y Convivencia?, ¿Cuál es su trabajo real y efectivo? Conocida su ambición respecto al objetivo del final ordenado y sus modos semiclandestinos de actuar, a uno no le cuesta imaginar que esté poniendo su empeño en ello. En la nueva dirección de Sortu hay un responsable del “Conflicto”. Por recordarlo, vaya.

Si en los próximos meses, por un casual, nos desayunamos con la noticia de que se ha alcanzado algún acuerdo para el desarme “ordenado” de ETA, en el que gobierno vasco, mediadores internacionales y alguna suerte de representación de la sociedad civil vasca, hayan tenido algún tipo de papel protagonista, no arquearé las cejas en muestra de asombro o perplejidad. Eso sí, si se diera semejante acontecimiento, que nadie intente convencerme, por favor, de que no cuenta con el visto bueno del mismísimo gobierno de España. Tampoco preguntaré dónde estaba el PSE.

1.2.17

El necesario reconocimiento de todas las víctimas.

El 30 de junio de 2009, la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, comparecía ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, para presentar las líneas básicas de su actuación en la legislatura que entonces se iniciaba, bajo el mandato del Lehendakari Patix López con gobierno del PSE. En dicha comparecencia y entre otras muchas cuestiones, Maixabel Lasa,  planteó una reflexión sobre lo que ella consideraba que constituía, en aquel momento, un problema pendiente de un abordaje inaplazable. Dijo literalmente lo siguiente:

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Hoy estamos en condiciones de abrir otra etapa caracterizada por un nuevo contexto sociopolítico y por una voluntad que pretendemos sea incluyente en la política de víctimas que vayamos a desarrollar.

(…) Pero, igualmente, sabemos y constatamos la existencia de otros casos de victimización derivados de otras vulneraciones de derechos humanos producidas en el contexto de la situación de violencia que ha aquejado a la sociedad vasca. Frente a esta realidad incuestionable, tenemos dos opciones. Pasar página como si no hubieran existido o como si fueran una anomalía meteorológica pasajera o abordar esta cuestión desde el rigor, caso por caso, uno por uno. De forma exhaustiva. Acordando un método y un procedimiento de trabajo.

Nosotros no creemos en la teoría del conflicto político como causa justificante del crimen organizado y mucho menos en la ficción de dos violencias simétricas enfrentadas entre sí. Pensamos que tanto la una como la otra forman parte del relato perverso del verdugo que pretende legitimar su coartada criminal a la luz de una lectura retrospectiva y fraudulenta de la historia. Pues bien, en ese relato el sufrimiento es instrumental, es un mal menor con el que traficar. Más que la memoria o la atención o la asistencia al sufrimiento existente, a los terroristas les interesa, infinitamente más, el férreo control ideológico y social sobre “sus” víctimas.

A nuestro juicio, sin embargo, el desarrollo de la idea de la deslegitimación de la violencia terrorista requiere, para ser creíble y completa, una respuesta de los poderes públicos a todas las situaciones de victimización injusta provocadas en el marco del contexto violento vivido en Euskadi en las últimas décadas. Una respuesta que no equipare lo que no es equiparable, que prevea tratamientos diferenciados, no miméticos. Cierto. Pero que responda a parámetros de justicia, de la que son acreedoras todas aquellas personas que sufrieron un mal que no se merecían. Acrecentar la legitimidad del Estado a través de la revisión crítica de sus actuaciones es una singular contribución a la deslegitimación de una violencia terrorista que hunde una parte importante de sus razones, precisamente, en la alegación de los errores cometidos por el Estado.

Alguno dirá que esta reflexión no toca o que es inoportuna en estos momentos. Por una u otra circunstancia, siempre será inoportuna. Se trata, sin duda, de material muy inflamable que no se puede controlar con más combustible. Por ello, para afrontar esta cuestión son indispensables dos condiciones básicas: la responsabilidad y el consenso. A falta de cualquiera de ellas, el empeño naufraga y pierde su sentido.

Tenemos una legislatura por delante para hincarle el diente a un asunto complejo y complicado de gestionar. Les invito que lo hagamos sin prisa, pero sin pausa. No sería de recibo que al cabo de estos cuatro años nos encontráramos en la misma situación. Es algo que no nos podemos permitir como sociedad que pretenda suturar, algún día, heridas que aun condicionan nuestra convivencia.

Pues bien, aquel guante lanzado por la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo fue recogido por quien correspondía y, aceptado el reto, el gobierno fue capaz de tejer las complicidades y acuerdos necesarios con la mayoría de los grupos parlamentarios, para poner en marcha un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas aludidas por Maixabel en su intervención.

Casi siete años después, este sábado 21 de febrero, el Kursaal de Donosti fue testigo del último hito habido hasta la fecha en este proceso. En el mismo participó José Antonio Pérez Pérez, historiador y miembro de la Comisión de Valoración responsable, con su trabajo, del resultado final. En su muro de Facebook ha colgado el amigo Josean unas líneas cuya reproducción me parece obligada, para el buen entendimiento de la trascendencia y relevancia de todo este asunto.

El pasado sábado participamos en un acto de reconocimiento a las víctimas de los terribles abusos policiales cometidos entre 1960 y 1978 en el País Vasco. El acto supuso la culminación del decreto promulgado en julio de 2012 por el gobierno del Lehendakari Patxi López.

Han sido tres años y medio de intenso trabajo donde hemos estudiado 240 solicitudes presentadas por otras tantas personas. Tras el análisis de todos estos casos, la búsqueda de documentación y las entrevistas realizadas se ha reconocido su condición de víctimas a 187 personas. Se trata de hombres y mujeres (algunos de ellos eran apenas unos niños entonces) que vivieron unos hechos dramáticos. Algunos fueron tiroteados en controles de carretera por miembros de las Fuerzas del Orden Público sin ningún motivo, en medio de un contexto marcado por la violencia política y el terrorismo. En otros casos resultaron heridos o muertos en manifestaciones laborales o en todas aquellas movilizaciones que exigían la amnistía de los últimos presos políticos del franquismo. Victimas en manifestaciones que protestaban contra las emanaciones de gas de las empresas próximas, como ocurrió en Erandio en octubre de 1969, víctimas como las del 3 de marzo de 1976, donde resultaron muertos cinco trabajadores y más de cien heridos, muchos de ellos de bala, víctimas que presenciaban una manifestación desde su ventana y fueron tiroteadas, víctimas que perdieron ojos, brazos, víctimas sobre las que también cayó la sombra de una duda y que en muchos casos fueron tachadas de terroristas, víctimas, a pesar de todo, que nunca perdieron la dignidad. También hemos reconocido a un importante grupo de personas que sufrieron torturas en cuarteles y comisarías, especialmente crueles durante los duros estados de excepción que se vivieron en aquella época. La mayor parte de todos estos casos quedaron impunes.

Como tuve oportunidad de expresar el sábado, en un acto que contó con la presencia del Lehendakari Urkullu, ni la dura conflictividad laboral de aquellos años ni la aparición de ETA y sus terribles acciones terroristas justifican la tremenda violencia que desplegó la policía. Sus abusos fueron intolerables. Del mismo modo, esta durísima represión tampoco puede servir en ningún caso para justificar el terrorismo de ETA.

Han sido unos años intensos de duro trabajo. Gracias a todos los miembros de la Comisión de abusos policiales: a Inés Ibáñez de Maeztu y a Monika Hernando, las dos directoras de DDHH del Gobierno Vasco en las últimas legislaturas, a Carlos Beristain, a Álvaro Gil-Robles, a Manuela Carmena, a Txema Urkijo, a Sabino Ormazábal, a Aintzane Ezenarro, a José, a Marian (sin tu ayuda nada de esto hubiera sido posible) y a todo el equipo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Hace unos pocos meses lo expresé con claridad ante algunas importantes personalidades del actual Gobierno central y ante numerosas víctimas del terrorismo: la labor realizada en el marco del decreto de reconocimiento de abusos policiales no constituye un ataque al Estado de Derecho ni el reconocimiento de ningún terrorista. Todo lo contrario, reconocer a todas estas víctimas fortalece y engrandece al Estado de Derecho.

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No puedo estar más de acuerdo con todas y cada una de las palabras de la cita, al tiempo que valoro la enorme trascendencia de cuanto se menciona, en el proceso de reconstrucción de relaciones sociales en una Euskadi dolorida por tantos años de violencia y terror. Y no puedo dejar de sentirme orgulloso por haber tenido la oportunidad y el privilegio de colaborar modestamente con el impulso de la iniciativa, primero, y parcialmente en su desarrollo, después.

Como en otro momento desarrollaré con más extensión y profundidad, este proceso supone además la constatación de que es factible suplir desde la iniciativa de una Comunidad Autónoma, la inacción del Estado en asuntos que son de su responsabilidad, sin que ello vaya en detrimento de la satisfacción obtenida por el cumplimiento de los objetivos perseguidos en lo tocante a reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. En definitiva, parte de una política pública de memoria.

22.2.16