El Gobierno vasco ante las víctimas del terrorismo 2002-2012: Una respuesta desde los derechos humanos y la memoria

Este texto constituye el capítulo 5 del libro “El movimiento de Víctimas del Terrorismo. Balance de una trayectoria”, editado por Antonio Rivera y Eduardo Mateo, a partir de las aportaciones realizadas por los participantes en el XVIII Seminario de la Fundación Fernando Buesa, celebrado, bajo ese mismo título, en el mes de noviembre del malhadado 2020.

Tengo que abrir estas líneas reconociendo el trabajo de la entidad que me invita a pensar y escribir en esta ocasión. Agradezco a la Fundación Fernando Buesa haber considerado que mi experiencia podría aportar algo a la reflexión planteada en esta publicación. Gracias también a esta Fundación, por haber constituido durante todos estos años una organización de referencia en el mundo de las víctimas, en general, y en el asociativo, en particular, donde las aguas no siempre han bajado tranquilas y donde los vaivenes son frecuentes y no siempre sencillos de gestionar y conducir. En un clima en el que predomina la visceralidad, la Fundación Fernando Buesa ha sido capaz de mantenerse como referencia imprescindible de sensatez ética y – por qué no – política, asumiendo con éxito una cierta responsabilidad para actuar como crisol del conjunto del movimiento asociativo en momentos, insisto, muy complicados.

Bien, la respuesta que ofrece el Estado a la comisión de un delito violento consiste básicamente en la investigación policial del mismo, la puesta a disposición de la administración de justicia del resultado de dicha investigación y la celebración de un juicio en el que se establezca, en caso de prueba suficiente, la autoría y las circunstancias relevantes del hecho delictivo, impartiendo justicia mediante la fijación de una condena para el responsable y una reparación exclusivamente material para la víctima. En definitiva, y en términos muy elementales, estamos hablando de verdad, justicia y reparación.

Esta respuesta del Estado a las víctimas de delitos violentos es aplicable también a las víctimas del terrorismo, si bien existen – o deben existir – algunos elementos adicionales que completen la triada “verdad, justicia y reparación”, básica en el derecho internacional de los derechos humanos.

En primer lugar, me referiré a la memoria. Cuando hablamos de terrorismo, especialmente el protagonizado por la organización ETA, nos referimos a una violencia política continuada en el tiempo que ha provocado un trauma en la sociedad, con vulneraciones sistemáticas de Derechos Humanos. Hoy en día existe un importante consenso a nivel internacional respecto a la necesidad de llevar a cabo políticas de memoria como factor esencial para consolidar las garantías de no repetición de las mencionadas violaciones de Derechos Humanos, así como para contribuir a la deslegitimación de esa violencia política.

En segundo lugar, hemos de considerar que la violencia terrorista padecida en nuestro país ha sido de naturaleza política, frente a otras que han justificado sus acciones, por ejemplo, en motivaciones religiosas. Ello tiene como consecuencia que sus víctimas queden impregnadas por esa significación política que impulsó al perpetrador.

En este sentido, es preciso subrayar que uno de los aspectos positivos, de los muchos que tiene la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por el Parlamento Vasco, es la incorporación en su texto articulado de la mencionada significación política de las víctimas del terrorismo como parte esencial de la memoria debida a ellas y con una magnífica explicación además de dicha idea en la exposición de motivos.

“Significado político, en tanto en cuanto con su eliminación (la de las víctimas) les está negando no solo su derecho a la vida sino su derecho a la ciudadanía”.

Esta significación política de las víctimas del terrorismo debe implicar una consideración especial a la hora de hacer realidad su derecho a la reparación. En efecto, si la reparación en los casos de delitos violentos se centra fundamentalmente en contenidos materiales, en los delitos de terrorismo, cuyas víctimas lo son de violaciones de derechos humanos, debe incorporarse como elemento esencial el elemento de la reparación moral. Y en lo que nos importa ahora, esa reparación moral ha de concretarse en reconocimiento. Un reconocimiento vinculado y correlativo a la significación política del acto que provoca la propia existencia de la víctima.

Como dice el artículo 8.2, in fine, de la citada Ley de Víctimas del Terrorismo del País Vasco “La significación política de las víctimas del terrorismo exige el reconocimiento social de su ciudadanía”.

Por último, como elemento diferencial, no podemos olvidar el carácter vicario de las víctimas del terrorismo. Estamos ante una violencia ejercida contra el conjunto de la sociedad. El terrorista atenta contra ese conjunto, si bien concreta su ataque en las personas que, en cada momento y en función de circunstancias diversas, son elegidas como víctimas.

Este carácter vicario genera una obligación de solidaridad por parte de la sociedad hacia las víctimas que no está presente de igual manera en el resto de los delitos violentos.

Cuanto antecede podría constituir la respuesta idónea del Estado a las víctimas del terrorismo. Pero es evidente que se trata de un desiderátum hacia el que debemos avanzar y que debe permanecer como aspiración final de las políticas públicas de víctimas. En este sentido, podemos afirmar que España presenta una situación bastante satisfactoria. Contamos con un sistema legislativo sobre víctimas del terrorismo, compuesto por la legislación estatal más las normas de carácter autonómico, allá donde han sido aprobadas, que se sitúa a la cabeza en la protección de los derechos de dicho colectivo.

Sin embrago, conviene recordar que esto no ha sido así en el tiempo, obviamente. La invisibilidad de las víctimas del terrorismo fue la tónica en la sociedad vasca y en la española – sí, también en la española – durante demasiado tiempo. Muchos años de ostracismo, ninguneo, desatención, falta de empatía y solidaridad que dejaron, en muchas de ellas, otra dolorosa huella añadida al dolor provocado por la violencia.

Fue en la segunda mitad de la década de los 90, cuando las víctimas del terrorismo comenzaron a ocupar un espacio central en la agenda pública, en la agenda política, y pasaron a ser visibles para la sociedad.

Un factor determinante para este cambio lo constituyó la acción firme y decidida de las propias víctimas y la iniciativa de algunas de ellas, a través de sus asociaciones, que se fijaron como objetivo la defensa de sus derechos y sus intereses y la consecución de su visibilidad ante una sociedad que miraba con demasiada frecuencia hacia otra parte.

Igualmente resultó también crucial en este proceso de mayor visibilidad de las víctimas en el espacio público, la nueva estrategia adoptada por ETA al elegir sus objetivos considerando de manera esencial la relevancia política de los mismos. Ello contribuyó a que las nuevas víctimas tuvieran un mayor renombre público, incrementándose así el eco de los atentados a nivel informativo y el consiguiente impacto social generado.

El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un elemento clave en este proceso. La extensión temporal del drama a varios días permitió consolidar la identidad y la personalización de la víctima, contribuyendo a crear un clima emocional que propició una respuesta social sin precedentes. A partir de ese momento, fue ya difícil disociar la tragedia de los atentados de la personalidad concreta de las víctimas. Los poderes públicos se hicieron eco de este cambio de percepción social hacia la problemática de las víctimas del terrorismo, plasmándose en la Ley de Solidaridad aprobada en octubre de 1999.

Por lo que respecta a Euskadi, la reacción social surgida contra la violencia en la segunda década de los años ochenta tampoco fue ajena al fenómeno de la invisibilidad de las víctimas del terrorismo. No nació como un movimiento de solidaridad con las personas que sufrían la violencia. Fueron movimientos de respuesta y rechazo a la violencia esencialmente. De alguna manera, podemos decir que también llegamos tarde a esa solidaridad.

Bien es verdad que el propio trabajo de sensibilización y concienciación en el seno de la sociedad vasca condujo indefectiblemente al movimiento pacifista hacia las víctimas del terrorismo en pocos años, dando lugar a las primeras muestras de solidaridad y proximidad antes de que ocuparan ese espacio central que les era negado por el conjunto de la sociedad en el espacio público y en la agenda política.

Pero la desatención sufrida por las víctimas del terrorismo no fue solo específica de Euskadi. Es más, nosotros hemos hecho autocrítica en ese sentido, reconociendo los déficits que hemos tenido en relación a la actitud mantenida hacia las personas que sufrieron la violencia terrorista. Por contra, no se han oído demasiadas voces respecto a esta misma cuestión en el resto de España, siendo así que el problema de la soledad y la desatención fue común a todo el territorio español, sus administraciones públicas y su ciudadanía.

Cuántas quejas tuvimos oportunidad de escuchar desde la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco procedentes de víctimas de primera hornada, de aquellos primeros años 80. Sobre todo, entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, viudas de agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil o heridos, que se quejaban amargamente de la desatención de la que eran objeto por parte de sus propias instituciones, no solamente del Estado, de la propia ciudadanía española y, lo que aún les resultaba más doloroso, incluso de los propios cuerpos a los que pertenecían, de sus propios mandos. Quejas amargas, en ocasiones, por lo que consideraban un auténtico maltrato.

Curiosamente es un fenómeno poco conocido, pero que evidencia cuanto venimos afirmando sobre la situación de invisibilidad que afectaba en aquellos tiempos a las víctimas del terrorismo.

Es importante subrayar que la primera Administración Pública que creó un alto cargo con responsabilidad política sobre esta materia específica fue el Gobierno Vasco. No fue una mera oficina administrativa, sino una auténtica dirección política: La Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, un órgano político, con responsabilidad política para establecer una política pública en relación a las víctimas del terrorismo. Este hecho permite constatar la importancia que esta cuestión tenía, ya en aquel momento, para el Gobierno Vasco.

Tal vez pueda ser ésta una afirmación discutible o cuestionable, a tenor de otras actitudes, declaraciones o planteamientos políticos del mismo Gobierno en aquella época, pero el hecho está ahí: en diciembre de 2001, el Gobierno Vasco decide dar cabida en su estructura orgánica, en concreto, en el Departamento de Interior, a una nueva Dirección, denominada de Atención a Víctimas del Terrorismo, con capacidad para poner en marcha una política pública sobre dicho colectivo.

Por su parte, el Gobierno de España, después de los atentados de marzo de 2004 y de la llegada al gobierno de los socialistas, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, creó el Alto Comisionado de las Víctimas del Terrorismo poniendo al frente del mismo a Gregorio Peces Barba.

Me centraré fundamentalmente en la labor de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo porque es relevante para lo que nos ocupa.

Cuando se pone en marcha la Dirección, la única normativa existente en el País Vasco sobre el asunto estaba dedicada a la regulación de indemnizaciones y ayudas por daños materiales sufridos en atentados terroristas y lo que se hacía desde la oficina administrativa preexistente era colaborar con las personas afectadas en la tramitación de esas ayudas, así como las recogidas en la Ley de Solidaridad de 1999.

La primera misión asumida por Maixabel Lasa – titular de la Dirección designada por el Lehendakari Ibarretxe – y su equipo fue poner en marcha una campaña de contacto personal o telefónico con todas y cada una de las víctimas del terrorismo residentes en el País Vasco. Un trabajo esencial de establecimiento de relación personal y directa con las personas que habían sufrido directamente la violencia.

Se imprimió a la acción política un componente fundamental de cercanía, de proximidad, de empatía que además permitió a la Dirección elaborar un diagnóstico sobre la situación real de las víctimas del terrorismo en el País Vasco en aquel momento, no solo respecto a su situación material (reconocimiento de derechos, tramitación de solicitudes de pensiones u otras ayudas) sino también referido a su estado psicológico o anímico. Es decir, afloraron los sentimientos de las víctimas. Lo que pensaban y sentían en un contexto político ciertamente complicado por su marcada polarización y crispación.

Esta minuciosa labor de conocimiento tuvo una relevancia muy singular y permitió a la Dirección orientar sus actuaciones futuras, definiendo objetivos y estrategias. Así, la primera conclusión fue la constatación de lo que entonces se denominó la deuda moral histórica de la sociedad vasca y sus instituciones con respecto a las víctimas del terrorismo por tantos años de desapego, de falta de solidaridad y de abandono.

Constatado el déficit de reconocimiento sufrido por las víctimas en Euskadi, su subsanación se convirtió en el objetivo principal de la Dirección. Había que saldar aquella deuda moral histórica. Y hablamos de reconocimiento en sus diferentes dimensiones: moral, social, institucional y político.

En aquel momento, las víctimas de otros terrorismos como el protagonizado por grupos de extrema derecha, por ejemplo, gozaban de un cierto nivel reconocimiento social y, en ocasiones, sobre todo en determinados lugares, también institucional. Carecía, sí, del reconocimiento de las grandes instituciones y, lamentablemente con demasiada frecuencia, del reconocimiento legal de su propia condición de víctimas.

Por el contrario, las víctimas del terrorismo de ETA, que sí contaban con el legal, justamente carecían de cualquier otro tipo de reconocimiento.

En consecuencia, la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo puso en marcha una política cuyo objetivo era saldar esta deuda, materializándose en tres grandes actos organizados bajo la denominación “Acto institucional en reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo”, en Bilbao (2007), Donostia (2008) y Vitoria-Gasteiz (2009).

El de Bilbao tuvo la trascendencia de ser la primera vez que la sociedad vasca, representada por la inmensa mayoría de su institucionalidad, tanto pública como privada, se dio cita en el Palacio Euskalduna, para escuchar el mensaje de perdón transmitido por el Lehendakari al conjunto de las víctimas del terrorismo, representadas por los dos centenares largos presentes en el recinto.

El celebrado en Donostia fue doloroso porque apenas cuatro días antes ETA asesinó al guardia civil Juan Manuel Piñuel, en el atentado contra la Casa Cuartel de Legutiano (Álava).

Por último, el acto que tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz el 29 de noviembre de 2009 tuvo un carácter propio. Constituyó el final de un ciclo, cerrándose la etapa del reconocimiento, al considerar debidamente saldada la deuda histórica con las víctimas del terrorismo. Y, al mismo tiempo, se abría una etapa nueva, marcada por el valor de la memoria.

El Gobierno Vasco tenía entonces meridianamente clara la necesidad de impulsar desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo una política de memoria. La memoria debía pasar a convertirse en el eje central de la política sobre víctimas del terrorismo.

En aquellas fechas se había puesto en marcha ya lo que se denominó el “mapa de la memoria”, impulsando en numerosos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca la creación de espacios de memoria referidos a las víctimas del terrorismo habidas en cada uno de esos municipios y elaborando un catálogo con todos los inaugurados hasta el momento.

Con posterioridad, surgió la idea de completar la iniciativa con la creación de un Día de la Memoria. Teníamos el espacio y nos faltaba el tiempo, para poder concentrar en ese binomio de coordenadas una buena parte de lo que debía ser la política de memoria de las víctimas del terrorismo en Euskadi. Así, el 10 de noviembre fue la fecha elegida para el recuerdo en el País Vasco de todas las víctimas de todos los terrorismos.

La política de memoria tenía que pivotar sobre dos elementos fundamentales. Por un lado, la deslegitimación de la violencia terrorista. Nunca hubo justificación para las vulneraciones de Derechos Humanos vinculadas a la violencia política. Y, por otro, el carácter pedagógico que debía impregnar el ejercicio de reconstrucción del pasado en el presente, como contribución esencial a la creación de condiciones y garantías de no repetición.

Un aspecto específico de la respuesta que el Gobierno Vasco ofreció a las víctimas del terrorismo fue la apertura de sus iniciativas al conjunto de víctimas del terrorismo del resto de España. Todo lo que el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca había hecho hasta entonces en relación a víctimas del terrorismo había sido referido a las víctimas del propio territorio. Sin embargo, era evidente que, si ETA asesinaba en nombre supuestamente del pueblo vasco y para conseguir su liberación, la ciudadanía vasca, representada por sus instituciones, tenía una responsabilidad en el desmentido de dicha afirmación y una obligación de solidaridad hacia aquellas personas que habían sufrido una violencia ejercida falsamente en nuestro nombre.

Por ello, la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo puso en marcha un plan de contactos con víctimas y asociaciones de víctimas de otras partes de España, iniciando una fructífera, aunque no siempre fácil, relación con todas ellas.  Un hito de aquel proceso fue la presencia del propio Lehendakari Ibarretxe en un acto que la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo organizó en Córdoba, en 2006.

Más relevante fue la gira que la Ponencia de Víctimas del Terrorismo de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco realizó, a propuesta de la Dirección, por distintos lugares de España en los que mantuvo interesantísimos encuentros con grupos de víctimas. Estos encuentros se caracterizaron por la ausencia de formalismos paralizantes y por la actitud de escucha que mantuvieron los parlamentarios asistentes, respecto a las quejas y demandas que les trasladaron las víctimas – anónimas, en su inmensa mayoría  – que se reunieron con ellos, lejos de los focos mediáticos.

No puedo dejar de señalar tres claves que fueron importantísimas para nosotros en el trato y la relación mantenida desde el Gobierno Vasco con las víctimas del terrorismo.

En primer lugar, un respeto absoluto hacia la forma de ser, la forma de pensar y la forma de sentir de cada víctima del terrorismo, entendiendo que todas las personas viven su condición de víctima de una manera diferente, como diferentes son. Y que, por lo tanto, no hay victimas mejores o peores desde un punto de vista moral. Todas fueron iguales y merecedoras de nuestro respeto y de nuestra consideración. Procuramos huir de la creación de modelos a seguir que pudieran ser consideradas moralmente superiores. Fue una clave fundamental en nuestra actuación.

En segundo lugar, tuvimos siempre muy claro que las víctimas merecen respeto, consideración, todo el cariño del mundo, toda la solidaridad, pero no son poseedores de un plus de legitimidad a la hora de opinar en política. Tuvimos claro que los poderes públicos deben velar siempre por el interés general y no por el particular, por muy comprensible que pueda ser desde el punto de vista humano.

Por último, y sobre todo referido a los últimos tiempos de nuestra etapa en el Gobierno Vasco, tuvimos muy presente el enorme potencial que tienen las víctimas como agentes activos en los procesos de reconstrucción de relaciones sociales en una sociedad, como la vasca, transida y quebrada por la violencia de tantos años. Así, procuramos aprovechar dicho potencial, a través de diversas iniciativas, como los encuentros restaurativos, el programa de víctimas educadoras o la iniciativa Glencree, cuyo detalle no viene ahora al caso.

En definitiva, a día de hoy, teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma carece de facultad para hacer justicia y que, por ello, solo puede incidir en el ámbito de la verdad, la reparación y la memoria, la relación de los poderes públicos vascos con las víctimas del terrorismo, presenta una situación razonablemente satisfactoria.

No puedo finalizar sin dejar un par de apuntes sobre algún aspecto relevante de cara al futuro.

Sigue siendo absolutamente necesario impulsar políticas públicas de memoria que, superando el testimonialismo institucional puntual en que se ha convertido, por ejemplo, el Día de la Memoria, promuevan la participación social, con especial incidencia en las nuevas generaciones. Siempre bajo el parámetro fundamental de la deslegitimación de la violencia terrorista y la vulneración de los Derechos Humanos y la creación de condiciones de no repetición.

Un paso necesario en el camino hacia la normalización de la convivencia en Euskadi es la reorientación decidida e inmediata de la política penitenciaria, que permita a todos los presos vascos (de ETA y no de ETA) cumplir su condena en centros penitenciarios de nuestra Comunidad Autónoma o en lugares próximos a ella. Al mismo tiempo, acabar con todas las excepcionalidades legislativas en la materia, creadas en tiempos en los que la política penitenciaria también servía para combatir a ETA.

Al margen de cualquier otra consideración, hoy carecen de justificación, so pena de aceptar que apostamos por una política penitenciaria que permite, cuando no alienta, la venganza, el daño o el dolor añadido, al margen de la pena impuesta.

Por último, nuestra sociedad y nuestras instituciones tienen que incrementar su nivel de exigencia de respeto a unos valores de ética pública fundamentales. No se puede transigir con actos públicos que constituyen ensalzamiento de personas cuyo único mérito es haber pertenecido a una organización terrorista y haber cometido delitos gravísimos. No se deben permitir en espacio público y se debe exigir a los sectores políticos que los apoyan que se retracten. Esta exigencia debe ser permanente y no vinculada a valores privados de las víctimas del terrorismo, porque afectan al conjunto de la ciudadanía.

12.11.20

ARES

Hace unos días se inauguró en Vitoria-Gasteiz el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Diez años después de la aprobación de la Ley que mandató su creación, es ya una realidad. Estuvieron presentes en el acto las más altas autoridades locales, provinciales, autonómicas y de la Administración Central, con el mismo Rey en la cúspide, presidente de honor del Patronato que rige los destinos del centro inaugurado.

Con todo ese alboroto, a buen seguro muy poca gente se acordó de Rodolfo Ares.

El Consejero de Interior del Gobierno socialista de Patxi López no era un ideólogo, ni probablemente un hombre de reconocida talla intelectual. En cambio, era una persona con gran capacidad de trabajo y, sobre todo, un político extremadamente inteligente y avispado. A modo de ejemplo, cabe recordar que, sin contar con un programa electoral o de gobierno que contuviera grandes proyectos en materia de paz y convivencia, supo analizar y valorar las posibilidades que le brindó la coyuntura para extraer de ellas el máximo partido, apadrinando o protegiendo la realización de iniciativas importantes. Los encuentros restaurativos, celebrados fundamentalmente a lo largo del 2011, son un claro ejemplo.

Pero, a los efectos que nos ocupan, interesa otro ejemplo: los primeros balbuceos en la creación de un centro de la memoria en Euskadi.

En 2011, como un paso más de las políticas de memoria que se impulsaban desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, con Maixabel Lasa al frente de la misma, Rodolfo Ares tuvo sobre su mesa la propuesta de crear un órgano que gestionara las políticas de memoria en el País Vasco. Su reacción fue cauta, como era habitual en él, pero permisiva, dejando hacer.

En julio de aquel año, aceptó el reto de ir a conocer los grandes centros de Memoria de Berlín y el Memorial Democrátic de Catalunya. Ese mismo mes, las negociaciones en el parlamento español entre el PSOE y el PP (a través fundamentalmente de Antonio Hernando y Alfonso Alonso) cristalizaron en la aprobación por el Congreso de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, cuyo artículo 57 concretaba el mandato para la creación de un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que se habría de ubicar en Euskadi.

En la segunda mitad de ese mismo año, la Consejería de Rodolfo Ares promovió la constitución de una comisión de expertos, coordinada por el prestigioso historiador catalán y especialista en políticas de memoria, Ricard Vinyes, a la que se encargó la elaboración de un informe que sirviera de base para la creación del organismo que gestionara las políticas públicas de memoria en Euskadi.

Eran tiempos de circunstancias óptimas para hacer cosas en este terreno. Por primera vez en la historia de la reciente democracia, Madrid y Vitoria tenían gobiernos del mismo color político. Rodríguez Zapatero gobernaba en Madrid y Patxi López lideraba el ejecutivo vasco. Ares contaba con un marco idóneo para dar pasos coordinados. Así, se abordó la complicada tarea de imbricar el órgano encargado de la memoria referida al ámbito vasco, desde una perspectiva temporal amplia (Sublevación militar, Guerra Civil, Represión de la Dictadura, Terrorismo de ETA y otros terrorismos), con otro de ámbito estatal dedicado en exclusiva a las víctimas del terrorismo, de todos los terrorismos, en España.

No se consiguió plenamente el objetivo. En el camino quedaron discusiones y diferencias importantes entre algunos de los protagonistas del trabajo realizado. Ello derivó en una cierta ralentización del proceso de creación del instituto vasco de la memoria, pero, al mismo tiempo, permitió que Ares impulsara la colaboración con el Gobierno de España para avanzar en la creación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo previsto en la Ley.

Él fue el muñidor del Protocolo firmado ya en el mes de enero de 2012, con Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior de un PP reciente ganador de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. No pudo avanzar mucho más, porque la falta de sintonía entre ambos gobiernos se evidenció pronto, y las elecciones autonómicas de octubre de 2012 pusieron fin al gobierno de Patxi López, siendo sustituido por un PNV liderado por Iñigo Urkullu.

El resto del proceso, en lo que respecta al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, correspondió ya a otros protagonistas. Fue lento, eso es cierto, pero el resultado es ya una realidad tangible desde hace unos días.

Con sintonías y con discrepancias, fueron tres años bajo el mandato de Rodolfo Ares en la Consejería de Interior. Tres años de trabajo fructífero y honesto, caracterizado por el respeto mutuo y la lealtad recíproca. El “equipo”, como él llamaba al trío que formábamos Maixabel, Jaime y yo, pudo hacer cosas con él porque gozamos de su confianza, un elemento imprescindible en política.

Fue una de las personas cuyo impulso resultó determinante para la cristalización del proyecto que acaba de iniciar su andadura. Por eso, me parecía justo traer al recuerdo a Rodolfo precisamente ahora.

Durante el tiempo de su mandato, y a pesar, insisto, de todas las discrepancias habidas, fue posible aquello que dijo en su día Ricard Vinyes: “El mero hecho de que haya consenso sobre la necesidad de memoria es un disparo a la línea de flotación de quienes no la quieren, los que dicen que la única que se puede compartir es el dolor”.

5.6.21

Cuando rompimos el silencio con el silencio

Fue Ana Borderas quien se puso en contacto conmigo para proponerme participar en el programa. Yo conocía “Ochéntame” y me gustaba el formato. Quedamos un día en una cafetería de Madrid y me explicó su idea. El asesinato de Miguel Ángel Blanco era un episodio esencial de la década pero ella quería abordarlo a partir de lo que fue la reacción social contra la violencia en Euskadi desde sus primeros pasos, allá por la segunda mitad de los ochenta. Creía que era una historia poco conocida fuera del País Vasco y quería contarla, además de creer que merecía la pena hacerlo.

Fue más que suficiente para mí. Imposible decir que no. Frente a quienes creen que la movilización de aquellos días de julio de 1997 fueron fruto exclusivo de la indignación popular, un estallido de rabia, algunos sabíamos que había detrás una trayectoria de concienciación y sensibilización llevada a cabo en pueblos y barrios de Euskadi durante toda una década. Un trabajo silencioso y anónimo. Persistente, tenaz, firme y de una gran convicción. Son precedentes imprescindibles para entender lo que vino después.

El resto está en estos 53 minutos de excelente documental. Un trabajo muy cuidado, respetuoso y delicado con las opiniones expresadas por todos los participantes, que fluye a través de un guion sólidamente estructurado. Creo sinceramente que merece la pena verlo. E incluso, volver a verlo.

Novéntame otra vez – Cuando se rompió el silencio (rtve.es)

Imposible contener la emoción, con el recuerdo de aquellos años, de los esfuerzos y sacrificios de tantas personas detrás de las decenas de pancartas que poblaron los rincones de nuestra Euskal Herria. Lo dijo Ana y lo ratifico:. El programa tiene mucho de homenaje a toda esa gente.

Hubo más en la larga entrevista en ese sillón tan peculiar, allá en el mes de julio. Mucho más. Pero entiendo que el relato finalizara ahí. Era ascendente y perdía mucho adentrarse en lo que sucedió con posterioridad. Llegaba el barro, con bastante miseria y no era el caso. Me encanta ese cierre: “…y la plaza no volvió a llenarse”. Cada quien sabe lo que ocurrió después y es otra historia.

Quiero dar de nuevo las gracias a Ana, al Grupo Ganga y al programa Novéntame por este regalo con forma de memoria. No me canso de repetirlo cuando tengo ocasión. La memoria es identidad y no solo ayuda a entender el pasado sino que, sobre todo, nos proyecta sobre el futuro. Hay valores sobre los que seguir construyendo convivencia y ciudadanía. Y muchos de ellos estaban detrás de esas pancartas.

30.3.21

El reconocimiento a las víctimas del terrorismo en Madrid: ¿Desidia o incapacidad?

Martes festivo, último día del puente de la Constitución. Paseo por Madrid en una mañana soleada y fría. Voy hacia el norte, más allá de Canal y llego hasta el cruce de la avenida Pablo Iglesias con San Francisco de Sales. Opto por bajar desde ahí hacia la plaza Cristo Rey. Paso junto a la Dirección General de la Guardia Civil y recuerdo que no había estado por allí desde febrero del año pasado, cuando el Ayuntamiento, gobernado por Manuela Carmena, colocó la placa que recuerda a Jaime Bilbao Iglesias y Luis Delgado Villalonga, víctimas de un cruel atentado terrorista que ETA cometió el 22 de noviembre de 1988. Busco el lugar donde está instalada la placa y saco una foto de la misma.

Recuerdo bien aquellos últimos meses de la legislatura, de actividad febril en la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento, aunque han ocurrido tantas cosas y tan extraordinarias en este tiempo, que parece un siglo lo que ha transcurrido desde entonces.

Observando la placa, me ha venido a la cabeza la docena larga de mociones que el PP presentó ante las Juntas de Distrito del Ayuntamiento de Madrid, a lo largo del último trimestre de 2018 y los primeros meses de 2019. En ellas, urgían la colocación de las placas previstas para recordar a todas las víctimas de todos los terrorismos habidas en Madrid en las últimas décadas.

Una tras otra, las mociones fueron tratadas en los plenos de Distrito – aprobándose, como no podía ser de otra manera – a pesar de que, en aquellas fechas, ya se había iniciado el proceso de colocación de las mencionadas placas. Pero los representantes populares debieron entender conveniente meter presión política al gobierno municipal.

Con el impulso de la Oficina de Memoria del Ayuntamiento, y en colaboración con las Juntas de Distrito, conseguimos colocar 17 placas en aquellos meses, antes del final de la legislatura. La primera de ellas, el 22 de octubre de 2018.

Leía esta mañana los nombres de Jaime Bilbao y Luis Delgado y recordaba las conversaciones que mantuve con las familias de ambos para concretar la fecha y los pormenores del acto de colocación de la placa, mientras pensaba en todo ello.

541 días lleva el Partido Popular en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Sí, aquellos que urgían y presionaban políticamente con sus mociones para que se colocaran cuanto antes las placas a las víctimas del terrorismo. Pues bien, en todo este tiempo, no han colocado ni una sola. Cero.

Y veamos: Si es desidia, una vergüenza la magnitud de su hipocresía. Y si es incapacidad, no quiero ni pensar que su ineficacia pueda extenderse al resto de su gestión en el ayuntamiento. Elijan ustedes.

Más Madrid ya lo denunció hace un mes y medio en un pleno del Ayuntamiento, a través de su concejala Marta Gómez, pero no parece que se hayan inmutado los responsables políticos de la gestión municipal. Tenían 13 placas en el almacén municipal dispuestas para ser colocadas cuando tomaron posesión. Y 47 más fueron recibidas en diciembre del año pasado, según afirmó el Director General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento. No hay disculpas, pues. Ni reacción.

Como suele ocurrir con demasiada frecuencia, el PP volvió a utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo. Ahora se hace evidente que sus urgencias de entonces se han tornado en desidia o incapacidad.

Tampoco parece que ninguna asociación de víctimas del terrorismo, otrora vigilantes y demandantes para el efectivo cumplimiento del acuerdo municipal de colocación de las placas, haya alzado la voz por esta incomprensible demora. Curioso, cuando menos. O no tanto, a juzgar por el alborozo con el que alguno de sus dirigentes recibió el cambio en el gobierno municipal.

Todo muy triste.

8.12.20

¿Por qué languidece el Día de la Memoria en Euskadi?

Noviembre del año 2009. El Gobierno Vasco, entonces liderado por el Lehendakari socialista Patxi López, ponía en marcha en Vitoria-Gasteiz el III Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, cerrando así el ciclo iniciado en 2007 en Bilbao, pasando por Donosti, 2008.

En Bilbao comenzó una difícil pero necesaria travesía hacia el reconocimiento moral, social y político de las víctimas del terrorismo. En aquella primera ocasión, la sociedad vasca asumió una deuda pendiente y las instituciones, en su nombre, empezaron a saldarla. Se pidió perdón a las víctimas por el abandono sufrido durante muchos años y se formalizó una promesa que nos comprometía a todos, de cara al futuro: Nunca más, una víctima del terrorismo sin el reconocimiento de la sociedad vasca.

El acto de San Sebastián, un año después, sirvió para dar carta de naturaleza a otro principio básico en la deslegitimación del terrorismo: No hay causa ni razón que justifique la utilización de la violencia para la consecución de objetivos políticos.

Y, por fin, en Vitoria, se cerraba una etapa, al tiempo que se iniciaba otra. El esfuerzo social e institucional debía encaminarse entonces a materializar uno de los derechos proclamados en la recién aprobada Ley Vasca de las Víctimas del Terrorismo: la memoria.

La memoria, el recuerdo de lo acaecido, era, sin duda, el mejor reconocimiento que la sociedad vasca y sus instituciones podían prestar a las personas que habían padecido la lacra de la violencia terrorista.

Entendíamos que, en consonancia con las corrientes doctrinales más consolidadas en materia de derecho internacional humanitario, la memoria constituía un derecho primordial de las víctimas de vulneraciones graves de derechos humanos y, por ello, también del terrorismo.

Así mismo, como patrimonio y recurso moral al servicio de la ciudadanía, la memoria nos permitía avanzar y afianzar un relato más humano y genuino de lo ocurrido, desde la visión de la víctima. Constituía una condición básica para una convivencia más justa y libre.

En aquel acto de noviembre de 2009, La Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo presentó el Mapa de la Memoria, recogiendo la totalidad de los espacios de memoria que se iban creando a lo largo y ancho de la geografía vasca, allá donde se habían cometido atentados terroristas con víctimas mortales.

Apenas unos meses más tarde, entendimos que teníamos el mapa de la memoria como concepto espacial, pero nos faltaba el temporal y así surgió la idea del Día de la Memoria. Una fecha en la que convergieran todos los recuerdos de las víctimas y – siguiendo a Reyes Mate – abriéramos “los expedientes que la historia y el derecho daban por definitivamente cerrados, porque la memoria no se arruga ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia”. Lo importante era reconocer la actualidad de la injusticia cometida.

La propuesta elaborada para la instauración de esta conmemoración decía así:

“El Día de la Memoria es un ejercicio práctico y sostenible de memoria incluyente. Complementa el Mapa de la Memoria, pero trasciende su sentido. Cuando, por fin, acabemos de trazar el dibujo definitivo, la memoria no se agotará por ello.  El recuerdo y la memoria de las víctimas inocentes seguirán siendo reivindicados a lo largo de esa jornada, y ya todos los años, siempre, como un hito importante de nuestro calendario político y moral. Una fecha que nos recordará lo que ha ocurrido y lo que, jamás, puede volver a ocurrir. Ese es el objetivo y el significado del DÍA DE LA MEMORIA.”

A través de esta iniciativa, se pretendía que, a lo largo de esa jornada, las instituciones vascas y la sociedad, en su conjunto, celebraran actos conmemorativos y otras actividades, con el objetivo de recordar a las personas asesinadas por la violencia terrorista. Y subrayo que el compromiso afectaba al conjunto de las instituciones vascas y a la propia sociedad.

La propuesta recogía actividades simbólicas apropiadas a la relevancia de la conmemoración pretendida. Así, se mencionaba la aprobación de bandos municipales por los alcaldes de los ayuntamientos vascos, llamando al pueblo a participar en los actos que se celebraran; plenos extraordinarios en Parlamento Vasco y Juntas Generales, en los cuáles se aprobara la declaración institucional previamente consensuada; un acto central solemne en el parlamento, con presencia de víctimas; ofrendas florales en todos los espacios de memoria erigidos en el País Vasco; y – ¡atención! – participación de los centros escolares en las actividades de distinto signo que pudieran desarrollarse en cada municipio. Se decía, literalmente:

Memoria y educación son dos condiciones que hacen del ser humano un ser más sensible, más responsable y más libre. Por ello, se propone invitar a los centros escolares a que lleven a cabo  este día iniciativas que faciliten la reflexión en torno a lo que significa la memoria en el País Vasco y los retos que impone a las nuevas generaciones y, estimulen asimismo, su participación en las actividades de distinto signo que puedan desarrollarse en cada municipio.”

El elemento clave del planteamiento realizado era la implicación social en las actividades organizadas, de tal manera que se pusiera de manifiesto y cobrara sentido el carácter pedagógico de las políticas de memoria.

Pues bien, finalmente, en noviembre de 2010, nació el Día de la Memoria en Euskadi, después de suscribirse un acuerdo interinstitucional para su celebración que, como casi todo en este país, costó lo suyo.

El compromiso asumido se concertó así:

PRIMERO.- Celebrar cada 10 de NOVIEMBRE, el DÍA DE LA MEMORIA.

SEGUNDO.- Promover que durante esta jornada las diferentes instituciones aprueben una declaración institucional con motivo de la celebración.

TERCERO.- Realizar durante esta jornada ofrendas florales en todos aquellos lugares de la Comunidad Autónoma Vasca donde se recuerde y se honre la memoria de las víctimas inocentes.

Desde aquella primera edición, la polémica y el desencuentro han constituido una constante año tras año. Sin duda, ello ha contribuido notablemente a la progresiva irrelevancia del acontecimiento.

Este 2020 apenas puede guarecerse tras la excusa de la pandemia. Ya hace unos años que la celebración se reduce a una ofrenda floral solemne pero muda en el parlamento vasco y algunos actos simbólicos en localidades como Bilbao, Donosti, Getxo, Barakaldo, Portugalete y algún otro más, de marcado carácter institucional, visible en la participación en los mismos.

Más allá de lo que pretendió ser esta conmemoración en su origen, la situación actual me suscita algunas reflexiones en forma de interrogantes: ¿Un acto solemne y exclusivamente institucional que pasa desapercibido para la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, es una herramienta adecuada para una auténtica política de conmemoraciones? ¿Por qué no se busca la implicación de la sociedad, a través de los distintos pueblos y lugares donde hay espacios de memoria? ¿Preocupa esta cuestión a la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL? ¿Por qué no se dinamizan actividades que permitan la implicación social, especialmente del ámbito educativo? ¿Qué falla en las políticas de memoria en Euskadi para que se renuncie a una oportunidad tan valiosa y significativa como ésta para hacer pedagogía?

Se antoja imprescindible superar el testimonialismo institucional puntual en que se ha convertido el Día de la Memoria, y buscar la participación social en los procesos de memoria, con especial incidencia en las nuevas generaciones. Siempre bajo el parámetro fundamental de la deslegitimación de la violencia terrorista y la vulneración de los DDHH y la creación de condiciones de no repetición.

Diría que la polémica surgida en torno a la inclusión en la conmemoración oficial de las llamadas víctimas de “abusos policiales”, no ha hecho sino brindar una tranquilizadora excusa a algunos para permanecer impasibles e indiferentes ante el proceso en el que languidece dicho acontecimiento.

Dicho de otra manera, empieza a parecer un preocupante reflejo de la actitud desentendida de una gran parte de la sociedad vasca que ya presentó síntomas similares cuando la violencia campaba entre nosotros.

O, tal vez, algunos ya intuyen que las imágenes que puede devolver el espejo de la memoria no son incómodas solo para quienes practicaron o justificaron la violencia. También para los silentes.

Y entonces, me acuerdo de la lluvia de Vichy sobre Euskadi de la que hablaba Ana Rosa Gómez Moral en un, nunca mejor dicho, memorable artículo, hace ya seis años.

 

10.11.2020

 

 

 

Un ejercicio curioso.

La semana pasada se debatió en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, una Proposición No de Ley sobre memoria histórica y democrática, presentada por Unidas Podemos. Vaya por delante que tanto el momento elegido como su contenido me parecieron muy desafortunados.

El momento, porque estamos en vísperas del gran debate sobre memoria democrática que se suscitará en el parlamento, con ocasión del trámite del Proyecto de Ley impulsado por el Gobierno y carecía de sentido plantear una propuesta en la que se insta a éste a promover iniciativas directamente relacionadas precisamente con el contenido del texto legal. Parece razonable reservar fuerzas y argumentos para el momento clave y no perder energías en fuegos de artificio de carácter meramente simbólico. Aparte de la incongruencia que supone solicitar algo que ya se está promoviendo desde el propio gobierno, tratándose de uno de los grupos políticos que forman parte del mismo. No parece lógico hacer usar una PNL cuando se tiene el BOE.

Y el contenido, porque se tomó como hecho justificativo de la propuesta la situación creada en torno al memorial del cementerio de La Almudena, en Madrid, en reconocimiento a las personas allí fusiladas entre abril de 1939 y febrero de 1944, proponiendo que el Gobierno de España tome la iniciativa para erigir otro memorial en el mismo cementerio. Tal pretensión supone abandonar el conjunto escultórico promovido por el Gobierno municipal de Ahora Madrid, con Manuela Carmena al frente del mismo y Mauricio Valiente, de su Oficina de Derechos Humanos y Memoria.

Y lo cierto es que el actual gobierno municipal del PP y Ciudadanos no ha destruido el citado memorial, sino que lo resignificó. Eso quiere decir que tiene vuelta atrás y creo que no debemos renunciar a un proyecto muy querido por los familiares de las víctimas. Muchos no deseamos otro; queremos ése, con su sentido y su significado original y lo seguiremos reivindicando.

Pero el motivo de estas líneas no tiene que ver directamente con el objeto de la propuesta planteada.

Ocurrió que, escuchando con interés el debate de la Comisión Constitucional, me llamaron la atención dos intervenciones en particular. No por novedosas pues, casi todos los alegatos de los representantes políticos fueron previsibles, a tenor de las ya conocidas posiciones que mantienen en relación al objeto de la iniciativa, sino porque me sugirieron un experimento muy estimulante, que les propongo a ustedes ahora.

Les dejo el vídeo de ambas intervenciones y les pido que los escuchen con atención, pero atendiendo a la sugerencia que les hago.

1.- Cada vez que la portavoz de Bildu hable de Franco y el franquismo, sustitúyanlo mentalmente por ETA y el movimiento de apoyo a dicha organización.

2.- Y cuando escuchen a la representante del PP hablar de su rechazo de la memoria y sus facultades para generar división e ir contra la reconciliación, piensen que lo está haciendo respecto de la memoria de ETA y las víctimas provocadas por su terrorismo.

Luego, saquen sus propias conclusiones.

La mía es que ojalá realizaran los propios intervinientes el ejercicio propuesto. ¿Quién sabe? A lo mejor la reflexión suscitada traía algo bueno para esta sociedad.

28.9.20

La decisión más dolorosa

Hoy se cumplen 20 años del episodio. Hago memoria; ese ejercicio de reconstrucción del pasado en la actualidad que me ayuda a reflexionar sobre el presente y también sobre el futuro. La imagen de la fotografía me sigue interpelando hoy en día. Me ayuda en la reflexión y en el proceso de construcción permanente de mi identidad y de mis convicciones. Tiene mucha fuerza, muchísima fuerza.

Ir en medio. Mitad ligazón de los dos bloques, mitad denuncia por su desunión. Fue probablemente la decisión más dolorosa de cuantas adoptamos en Gesto por la Paz de Euskal Herria. En absoluto deseada. Sentimos el peso de lo que consideramos en aquel momento un imperativo ético e incluso político. También, con la tranquilidad de conciencia que proporcionaba el haber llevado a cabo todas las gestiones e iniciativas a nuestro alcance para evitar el desgarro de la desunión.

Recuerdo el penoso papel jugado por quien entonces ya era Secretario General de Presidencia, Jesús Peña, interlocutor de Lehendakaritza con nosotros en las gestiones realizadas para intentar reconducir el desencuentro político existente en relación a la convocatoria de la manifestación de protesta por los asesinatos de Fernando Buesa y Jorge Díez. Falto de sensibilidad y sobrado de intransigencia. Actitud impropia del cargo y de la representación que ostentaba. No me lo contaron. Me tocó a mí hablar con él por teléfono.

También tengo muy viva la sensación de nerviosismo que se apoderó de nosotros en los instantes iniciales de la manifestación, cuando encontramos dificultades para acceder al recorrido y elegir la ubicación deseada, “en el medio”. Muy reconfortante en aquel momento la compañía de un auténtico referente en Euskadi en cuestiones de paz y política, como era José Luis Zubizarreta. El alivio que sintió al conocer nuestra iniciativa – condición de comodidad imprescindible para su presencia en la manifestación, como él mismo reconoció – fue, al mismo tiempo, un verdadero espaldarazo moral para nosotros.

Después fueron más las personas que nos confesaron su agradecimiento por haberles brindado la posibilidad de evitar la incomodidad de la división existente, pudiendo mantener su compromiso con la protesta pública por los asesinatos. Asistían entre incrédulos e indignados al paso de la parte de manifestación que confundió su objetivo, con gritos de apoyo al Lehendakari, en lugar de hacerlo condenando los asesinatos, contra ETA o, como siempre, con el simbólico silencio de protesta. Y al llegar nuestro pequeño grupo, lo engrosaban decididos y aliviados.

Lo ocurrido aquel día, al igual que los anteriores, desde el mismo momento del atentado, no constituyó una gran sorpresa. Sin ir más lejos, Joseba Egibar ya nos había anunciado un par de años antes, en privado, tras el estallido del denominado “espíritu de Ermua”, que ellos no volverían a compartir la calle con el PP para manifestarse contra la violencia. Ya lo mencioné aquí.

Con este triste episodio iniciamos esa etapa negra de división social ante la violencia, de duplicidad de concentraciones, a espaldas unos de otros, tras los asesinatos de ETA que protagonizó el trágico comienzo de siglo en Euskadi. Supuso, claro, la travesía del desierto para un movimiento como Gesto por la Paz, con vocación nítidamente integradora (el silencio como expresión máxima de la síntesis que nos unía frente a la violencia). La condena al ostracismo a quien incomodaba por su vocación de puente.

La herida sangró durante mucho tiempo. Y la de nuestro gesto en aquella manifestación, también lo suyo. Algunos no llegaron a entenderlo y se alejaron de nosotros, probablemente abrazando otros movimientos cívicos que existían en aquel momento. Durante un tiempo, fueron numerosas las explicaciones que tuvimos que ofrecer sobre decisión tomada. El principal escollo, lo que más nos dolió, fue no estar con los familiares de los asesinados. Antepusimos nuestra responsabilidad y la convicción de que hacíamos lo correcto, a la compañía y la solidaridad incondicional con los familiares de Fernando y de Jorge. Por imperativo de nuestra conciencia individual y por un irrenunciable objetivo de pedagogía social.

Era inaceptable una vuelta atrás en la posición de unidad que había mostrado ya con reiteración la inmensa mayoría de la sociedad vasca opuesta a la violencia terrorista. No podíamos asistir impasibles a la dilución del objetivo más preciado del Pacto de Ajuria Enea, largamente perseguido y tortuosamente alcanzado. Aparecía de nuevo la línea de división y separación entre nosotros. Un paso atrás del que solo podían obtener beneficio quienes apostaban por la continuidad del terror. Ya lo he dicho: no fue una decisión fácil ni exenta de dolor.

Con todo, y pese a su dureza, creo que ninguno de quienes participamos entonces en ella, hemos dudado jamás del acierto de nuestra elección, a pesar del escaso éxito de nuestro llamamiento. En unas fechas dramáticas y difíciles como pocas, fuimos capaces de mantener con fuerza nuestras convicciones y nuestra responsabilidad, por encima de las circunstancias del momento. Como dijo Lourdes Pérez en su crónica del Diario Vasco de hace unos días, “En medio, el silencio atronador de Gesto por la Paz tratando de que el país no se rompiera definitivamente”. Una decisión serena y meditada.

Hoy, cuando demandamos reflexión autocrítica para pasar página sanando heridas del pasado, algunos deberían sentirse interpelados por su conducta en aquellos días. El espejo de la memoria les devolverá imágenes poco amables. Primaron orgullos personales e intereses partidistas, en un momento en que la prioridad máxima solo podía ser la condena sin paliativos del crimen y la solidaridad con las víctimas del mismo. Y la sociedad vasca ganaría si esa autocrítica se hiciera con la misma publicidad con la que cometieron sus errores.

Un relato más completo y detallado del 26 de febrero de 2000, esta crónica que escribió Alberto Ayala en el diario El Correo diez años después.

 

26.2.20

Turingia como ejemplo

Texto cuya lectura ha sido emitida el día 20 de febrero en el espacio radiofónico “La ventana de la memoria”, de la cadena SER en Euskadi.

 

La formación de gobierno en el lander alemán de Turingia, tras las elecciones de hace unas semanas, levantó un considerable revuelo, al resultar elegido el candidato liberal con los votos del conservador CDU y el partido de extrema derecha AfD.  Tanto el partido de Merkel como los socialistas exigieron la repetición de las elecciones, al descartar la formación de un gobierno y de mayorías políticas con los votos de la ultraderechista Alternativa para Alemania.

Hace unos meses, escribió Ignacio Martínez de Pisón un magnífico artículo en La Vanguardia a cuenta de la publicación del libro, “Los amnésicos”, de Geraldine Schwarz, en el cual se hace un repaso a cómo distintos países europeos encararon su traumático pasado colectivo.

Decía Martínez de Pisón que “Igual que De Gaulle en Francia, Adenauer impuso en la Alemania Occidental una política del olvido, y también en ese país pasaron varias décadas antes de que la sociedad se atreviera a encarar su pasado colectivo. Es lo que Schwarz llama “hacer su trabajo de memoria”. Aunque con retraso, la RFA lo hizo, y acabó construyendo una de las democracias más sólidas del continente. En cambio, la otra Alemania, la RDA, siempre negó su pasado nazi y la consecuencia, tras la reunificación, ha sido el surgimiento de una potente y peligrosa ultraderecha.”

Recientemente, Angela Merkel pronunció un discurso en Auschwitz en el que, refiriéndose a las atrocidades nazis, afirmaba que “Es importante nombrar claramente a los responsables, nosotros, los alemanes… Y esa es una responsabilidad que no termina, que no es negociable y que es indisociable de nuestra identidad nacional”.

En efecto, nuestra identidad es indisociable de nuestra memoria. Y una memoria democrática conforma identidad democrática. Alemania se convirtió en el modelo de un buen “trabajo de memoria”, con una aceptación honesta y crítica de su pasado que permitió el desarrollo de actitudes democráticas y tolerantes, construyendo una sociedad civil y una democracia excepcionalmente sólidas. Turingia ha sido su última demostración.

Martínez de Pisón planteaba una interrogante, al hilo de la irrupción reciente de Vox: “¿Hemos hecho en España el trabajo de memoria que nos correspondía o más bien hemos preferido buscar cobijo en la amnesia?”. Yo respondo que faltan políticas de memoria y que nuestra identidad democrática es mejorable. Y añado, que este planteamiento es trasladable a Euskadi, donde también tenemos pendiente trabajo de memoria con el que asentar una identidad colectiva democrática que no olvide jamás el horror totalitario de ETA y la memoria de sus víctimas.

 

20.2.20

Maixabel Lasa: los márgenes de libertad en los partidos políticos.

Este artículo ha sido publicado hoy, 1 de febrero de 2020, en El Diario Vasco.

 

Escribo desde la tristeza y el desánimo, a cuenta del expediente disciplinario notificado a mi querida Maixabel por burofax, por haber mostrado públicamente su “apoyo a Más País” en la última campaña electoral. Fui yo quien recabó ese apoyo, aunque no fuera expresamente al partido sino a su candidato, y me siento culpable. Esa invitación ha traído como consecuencia la pérdida de su condición de afiliada al PSOE, que, sin duda, supone para ella la pena de haber puesto fin a muchos años de militancia, muchos de ellos compartida con Juanmari. Pero, sobre todo, le ha provocado la humillación de un procedimiento sancionador, notificado con la frialdad de un burofax, después del servicio que Maixabel ha prestado a nuestra comunidad durante once largos, duros y fructíferos años.

Creo en la sinceridad de cuantos dirigentes y militantes socialistas han lamentado verse en esta tesitura, apurando el trago con desagrado e incomodidad. Pero también creo honestamente que la trayectoria vital y política de Maixabel Lasa no se merecía la actitud fría y legalista con la que ha sido acogida la denuncia en su partido. Cabían otras opciones menos lesivas para todos los intereses en juego y lamento que no se hayan explorado.

Es curioso que Maixabel Lasa haya sido expedientada por aparecer junto a un candidato de otro partido, en una circunscripción que no era la suya, manifestando su apoyo personal a este candidato, con quien compartió experiencias, emociones, disgustos y satisfacciones, en años de trabajo en el Gobierno Vasco, junto con Jaime Arrese también. Una amistad profunda, trenzada en ese tiempo, de reconocimiento y admiración mutua, que quiso exteriorizar en un acto puntual y excepcional, en el que ni siquiera llegó a mencionar el nombre del partido por el que se presentaba ese candidato.

Y es curioso porque durante años Maixabel colaboró con un gobierno dirigido por un partido político diferente del suyo, en tiempos en los que las divergencias entre ambos, PNV y PSOE, eran profundas y constantes, con enconados enfrentamientos cuya superación no resultó después tarea sencilla. En todo ese tiempo, Maixabel trabajó bajo la dirección política del gran adversario político del Partido Socialista. Es muy probable que los estatutos fueran entonces los mismos que ahora. Sí, ya sé que hubiera sido incomprensible, más bien inconcebible, que el PSOE hubiera arremetido entonces contra la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo. Solo me pregunto ¿Era inevitable hacerlo así ahora?

Dice Eneko Andueza, Secretario General de Gipuzkoa del PSE, que “sintiéndolo mucho ante una denuncia, no cabe más que actuar”. Y tiene razón. Para eso están las normas. Añade que el PSOE ha valorado la denuncia y que, con los estatutos en la mano, “es una expulsión como la copa de un pino”. Y probablemente tenga razón de nuevo. Solo que esa constatación, que a Andueza le permite estar a bien con su conciencia, pues ha hecho lo “legalmente” correcto, a mí me alarma porque denota, una vez más, el estrecho margen que los partidos ofrecen al ciudadano como sujeto político. Aunque ciertamente, en ocasiones, aparece una llamativa laxitud en la aplicación de las normas. Y no es el caprichoso azar el que determina cuándo toca firmeza y cuándo flexibilidad, sino un ponderado análisis de las repercusiones políticas de una u otra decisión. Pongamos aquí el caso de Rosa Díez, pero también podemos hacerlo, sin remontarnos tanto en el tiempo, con algunos ilustres prebostes del partido socialista inquietos por las actuaciones de su actual presidente.

Pero dicho eso, vuelvo a lo que de sustancial tiene este penoso asunto y es que pone de manifiesto las deficiencias en los usos y el funcionamiento de los partidos políticos hoy en día. Malas prácticas que olvidan a las personas y desatienden los necesarios cuidados de quienes se acercan a la participación en el juego político. Y que, sobre todo, dejan escaso margen de libertad a los sujetos que forman parte de la organización. El famoso axioma que sacralizó Alfonso Guerra, “El que se mueve no sale en la foto”, cercena el espacio y la capacidad del militante. Los partidos se convierten en cuadros disciplinados ahítos de mansedumbre y huérfanos de capacidad crítica o de valentía para expresarla. El interés del partido se convierte en el centro de la actividad política, muchas veces alejado de los intereses generales. Cualquier gesto contrario a ese interés, puede acarrear el peso de la disciplina; de unos estatutos, que, sin duda, previenen y garantizan el estatus de la organización.

No debemos recelar de los partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política, tal y como recoge el artículo 6º de nuestra Constitución. Pero es aconsejable abominar de la deriva que los mismos han tenido hacia esas organizaciones cada vez más alejadas del espíritu que impregna el inciso final del mencionado precepto constitucional, ése que exige una estructura interna y un funcionamiento democráticos.

Por desgracia, no se trata de un problema exclusivo de los “viejos” partidos. Hemos asistido atónitos al desperdicio de la oportunidad que constituía crear nuevas organizaciones con espíritu presuntamente renovador, tanto a un lado como al otro del espectro ideológico. Han acabado siendo alumnos aventajados que recrean sin pudor la ausencia de una democracia interna real y desprecian el imprescindible margen de libertad individual con espíritu crítico que ennoblece el quehacer político también en un partido.

Sinceramente, creo que solo merece la pena participar en una organización política que respete estos parámetros de democracia real, transparencia, participación y que no solo tolere, sino que fomente, la libertad individual, el debate y el espíritu crítico.

En aquella comparecencia conjunta que le ha costado el expediente, Maixabel manifestó que lamentaba, siendo guipuzcoana, no poder votar mi candidatura, teniendo en cuenta, según ella, “su capacidad de llegar a acuerdos, de dialogar, de hablar con diferentes” que, “es lo que falta entre los políticos“. Ahora soy yo quien lamenta haber causado este desdichado incidente, del que, al menos, estamos obligados a extraer algún aprendizaje para el futuro.

31.1.20

Mi relato sobre los encuentros restaurativos.

A lo largo del año 2011 y parte del 2012, se llevaron a la práctica los denominados encuentros restaurativos. Un programa impulsado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior y la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, a través del cuál se posibilitaron diálogos sinceros entre presos disidentes de ETA y víctimas del terrorismo practicado por dicha organización. Hace unos meses fui invitado a relatar mi experiencia en el programa como impulsor del mismo. El resultado fueron las líneas que conforman este capítulo con el que participé en la obra colectiva “Tras las huellas del terrorismo en Euskadi: Justicia restaurativa, convivencia y reconciliación”, coordinada y editada por Annabel Martín y Mª Pilar Rodríguez y publicada por la Editorial Dykinson en 2019.

 

Tras la ruptura del proceso de paz protagonizado por el presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero y la organización terrorista ETA, a lo largo del año 2006, y a pesar de la vuelta a la actividad violenta de esta organización, se palpaba en amplios sectores de la sociedad vasca y en los medios bien informados de la opinión pública española, el agotamiento inminente del fenómeno terrorista etarra.

En aquel momento, algunas personas que ostentábamos responsabilidades en el área de atención a las víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco pensamos que era conveniente empezar a trabajar en la reconstrucción de las relaciones sociales en el seno de la ciudadanía vasca, muy deterioradas a consecuencia de una situación de violencia persistente desde hacía décadas. A la acción de ETA, había que sumar la de otros grupos de extrema derecha y para estatales, así como la actividad ilegítima de la propia policía al vulnerar los límites legales en el ejercicio de sus funciones, provocando violaciones de derechos humanos.

Bajo el paraguas de esa reflexión global, desde el equipo de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, formado por su titular, Maixabel Lasa, Jaime Arrese y yo mismo, impulsamos diversas iniciativas, a lo largo de los siguientes años, que tuvieron como denominador común el carácter activo y participativo de las víctimas. Tres de ellas destacaron sobre las demás, permitiendo visualizar la condición de agentes de paz y constructores de convivencia de las personas que habían sufrido directamente la acción de la violencia y el terrorismo: El programa de víctimas educadoras (testimonios de las personas afectadas por la violencia, a través de documentos escritos, audiovisuales y la presencia física directa de víctimas en las propias aulas); la experiencia Glencree (encuentro entre víctimas de ETA, víctimas del GAL y grupos de extrema derecha y víctimas de abusos policiales); y los encuentros restaurativos, de los que hablaré a continuación.

Creo conveniente subrayar de nuevo la importancia de este marco referencial: Las víctimas, protagonistas involuntarias del sufrimiento provocado por la violencia, se convertían en agentes activos del proceso de reconstrucción de relaciones sociales, en actores de la reconstrucción moral de Euskadi.

Fueron pocos los presos de ETA que mostraron públicamente su arrepentimiento; que realizaron el recorrido de su pasado de manera crítica y estuvieron dispuestos a desmarcarse de la banda terrorista, ganándose con ello el repudio de sus ex compañeros y también el aislamiento social de sus familiares en el exterior de las prisiones, con la estigmatización como traidores.

Ciertamente, la experiencia de los encuentros restaurativos fue cuantitativamente pequeña. Pero es difícil cuestionar su relevancia cualitativa, tanto en su dimensión moral como también en su dimensión política, si nos atenemos especialmente a los fines que debe perseguir la política penitenciaria. Personas que cargaban sobre sus conciencias con decenas de asesinatos, cometidos a partir de una intencionalidad política, fueron capaces de mostrar su arrepentimiento y pedir perdón, cara a cara, a víctimas de la organización a la que pertenecían, ETA; e incluso a familiares directos de las propias víctimas causadas por ellos.

El contexto

Es necesario contextualizar, siquiera brevemente, el momento en que se produjo la experiencia de los encuentros restaurativos.

Con su atentado en Barajas a finales de diciembre de 2006, ETA sepultó no solo a las dos personas que se encontraban en el aparcamiento de la T-4, sino también el proceso de paz que se desarrolló a lo largo de dicho año. La respuesta del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, con el recientemente fallecido Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio de Interior, no se hizo esperar, orientando su política antiterrorista hacia una persecución policial implacable de ETA, que se tradujo en un elevado número de detenciones de sus miembros. Nunca habían durado tan poco tiempo las cúpulas de la organización y se sucedían sus números uno con la inusitada frecuencia que exigían las continuas detenciones policiales. Ya lo había advertido Rubalcaba: “votos o bombas”. Y ETA desaprovechó la oportunidad.

Al mismo tiempo, en el ámbito de la política penitenciaria, instrumento de la lucha antiterrorista, se puso en marcha lo que se conoció como “vía Nanclares”, que toma su nombre de la localidad próxima a Vitoria en la que se ubica el Centro Penitenciario de Alava.

Consistió básicamente esta denominada vía Nanclares en la aplicación más benigna de la normativa penitenciaria, incluidos los traslados para cumplimiento en centro próximos a los lugares de residencia, a aquellos internos disidentes de ETA que habían rechazado públicamente la violencia y se habían desligado del colectivo, reconociendo el daño causado a las víctimas. Por el contrario, los presos etarras que se mantenían bajo la disciplina de la organización eran objeto de una aplicación más rígida y dura de la legislación, manteniendo el cumplimiento de sus condenas en centros alejados de Euskadi.

El centro penitenciario de Nanclares de la Oca fue el destino de la gran mayoría de presos disidentes o arrepentidos. Todos ellos habían seguido un proceso individual de reflexión autocrítica, con distintas motivaciones, tiempos y circunstancias, pero todos ellos con el rasgo común de concluir con el reconocimiento del daño causado, asumiendo la responsabilidad del mismo, rompiendo sus vínculos con la organización y con el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), rechazando la violencia e incluso, pidiendo perdón a las víctimas.

Fue precisamente en este centro penitenciario y con este grupo de presos, autodenominado “Presos comprometidos con el irreversible proceso de paz”, donde se celebró, a lo largo del año 2011 (y en parte, en 2012, aunque al margen de la propia Administración Penitenciaria), la experiencia de los encuentros restaurativos.

Sin embargo, esta iniciativa no formó parte de la política penitenciaria en marcha. Ésta seguía siendo un instrumento de combate contra la organización terrorista ETA, siendo su derrota el objetivo al que se supeditaban todos los movimientos y acciones. Se favorecía la disidencia en la organización por el resultado efectivo que pudiera tener provocando la merma de fuerzas del enemigo. Formalmente se vinculaba el proceso de reinserción de los condenados a su alejamiento explícito de ETA, al reconocimiento del daño causado y al compromiso de reparación a las víctimas, que es lo que dice la Ley, pero siempre con la mira puesta en el objetivo de conseguir el final de la actividad de ETA.

La puesta en marcha de los encuentros restaurativos no fue fruto de una decisión estratégica ni derivada de un análisis policial o político, ni siquiera de tratamiento penitenciario. Por prosaico que pueda parecer, fue el resultado de un deseo y de una casualidad.

El nacimiento del proyecto

A finales del año 2010, los integrantes del colectivo de presos disidentes de ETA que cumplían su condena en aquel momento en la prisión de Nanclares de la Oca, expresaron el deseo de acercarse al mundo de sus víctimas. Un deseo manifestado de forma difusa y poco elaborada, sabedores de las limitaciones que su situación personal de falta de libertad les generaba y temerosos, a buen seguro, de lo que suponía plantear ese acercamiento a personas a las que ellos sabían que habían ocasionado un gran sufrimiento.

Pero se trataba de un deseo que expresaba una convicción: la necesidad de aportar lo que pudiera estar en su mano al proceso de sanación de las heridas causadas por ellos mismos.

Nunca me cansaré de enfatizar la importancia de esta circunstancia. De no haber existido y haber sido expresada esta voluntad de acercamiento por parte de los presos disidentes de ETA, jamás se habrían producido los encuentros.

Junto a este deseo, hablaba antes también de una casualidad, como factores que explican la existencia del proyecto. Y de tal ha de calificarse el conjunto de circunstancias que concurrieron en el momento concreto de manifestarse la mencionada voluntad de los presos de acercarse a las víctimas de la organización terrorista en la que habían militado. Unas circunstancias en las que el factor humano fue determinante.

Las instituciones penitenciarias están concebidas para unos fines y objetivos entre los cuáles no aparece nada relacionado con el mundo de las víctimas, que les es completamente ajeno (por desgracia). Así, cuando los responsables del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca intentaron dar cumplimiento a los deseos de los presos disidentes de ETA de acercarse a sus víctimas, se encontraron con la dificultad de acceder a ellas para trasladarles esa iniciativa; no había demasiadas vías de contacto. De ahí que, agotados un par de intentos con resultado negativo, se vieran en la necesidad de acudir a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco en demanda de colaboración.

Ese contacto lo realizó el político socialista Jesús Loza, enlace entre el gobierno central y el vasco (ambos socialistas) para todo cuanto tuviera que ver con la vía Nanclares. Parlamentario vasco de amplia trayectoria en asuntos relacionados con la paz, la convivencia y las víctimas del terrorismo, con el que, precisamente por ello, manteníamos una estrecha relación basada en la confianza mutua.

Los responsables de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo pensamos que el acercamiento pretendido por los presos disidentes solo podía producirse en condiciones muy especiales, con preparación previa de las víctimas y, sobre todo, con garantías suficientes para ellas. Confieso que cuando propuse a Jesús Loza la idea de la intervención de profesionales de la mediación para desarrollar y facilitar el proceso de acercamiento, ya tenía en mente a las personas idóneas concretas para esa responsabilidad, con las que me unía una relación de absoluta confianza tanto profesional como personal. Por eso, cuando obtuvimos la luz verde para presentar un proyecto, nos faltó tiempo para darle el susto a Esther Pascual, proponiéndole embarcarse en tan inédita y arriesgada empresa. Era una persona que tenía experiencia en el campo de la mediación penal y penitenciaria, aunque su práctica en el ámbito de los delitos de terrorismo fuera absolutamente inédita y novedosa.

Se elaboró un pequeño proyecto, estableciendo fundamentalmente objetivos y metodología y fue remitido a los responsables de Instituciones Penitenciarias para su validación.

En ese momento, al frente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se encontraba la política socialista Mercedes Gallizo, con quien me unía una excelente relación personal y no poca sintonía en lo tocante a asuntos penitenciarios, derivada de mis tiempos al frente de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. La confianza volvía a erigirse en factor decisivo a favor de la apuesta planteada.

También los responsables del equipo de mediadores propuesto tenían una relación previa muy positiva con quien era responsable máxima de Instituciones Penitenciarias, con lo que se cerraba el círculo de confianza.

Hay que destacar también en este proceso el papel desempeñado por el magnífico equipo de profesionales y directivos del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca, dispuestos a comprometerse y dedicar lo mejor de sí mismos al desarrollo de su trabajo. Por cierto, en algunos momentos bajo circunstancias especialmente difíciles, por la actitud de incomprensión, cuando no de hostilidad, de algunos de sus compañeros de trabajo, que no llegaban a comprender ese acercamiento a quienes para ellos no dejaban de ser meros terroristas.

Así es como, desde muy pronto, comenzamos a hablar de la “comunidad del anillo”, nombre con el que bautizamos el círculo de relaciones personales establecido, que posibilitó el pequeño milagro de los encuentros, basado esencialmente en la confianza total y absoluta entre sus integrantes.

El desarrollo

Se decidió calificar la experiencia como encuentros restaurativos porque en estos procesos iba a haber muchas diferencias con la mediación penal o autor-víctima que se venía experimentado en relación a otros delitos. Pero en todo caso, se insertaba como un mecanismo más dentro del amplio abanico que ofrece la denominada justicia restaurativa.

En los encuentros restaurativos se iban a sentar frente a frente dos personas: una como ex miembro de ETA y otra como persona que ha sufrido la violencia de dicha organización.

Elaborado y aprobado el programa, Esther Pascual, la mediadora elegida, se puso en marcha. Se trataba de trabajar con cada una de las partes (preso y víctima) por separado con el fin de preparar el encuentro entre ambas.

Charla informativa primero con todos los presos de disidentes de la prisión de Nanclares, para explicarles cuál era la vía que se les ofrecía para dar respuesta al deseo expresado por ellos de acercarse a sus víctimas. Desconfianza, suspicacias, recelos…, todo ello fueron circunstancias que se vivieron en aquel primer encuentro. Pese a todo, surgieron voluntarios para estrenar el camino. Comenzaron las charlas individuales con cada uno de ellos.

Cobró importancia un requisito que se planteó desde el primer momento. No habría beneficios penitenciarios de ninguna naturaleza para los presos por el hecho de participar en los encuentros. Por tanto, tenían que analizar cada uno de ellos personalmente sus motivaciones para hacerlo y valorarlo suficientemente.

La ausencia de discurso justificativo en estos victimarios fue uno de los factores fundamentales a valorar por la mediadora, dado que era la pieza clave para la responsabilización individual de sus acciones y, en su caso, la petición de perdón a la víctima.

La mayoría de los presos intervinientes confiaron y creyeron que el encuentro restaurativo les ayudaría en su proceso de revisión crítica de su propio pasado.

En paralelo, la mediadora inició el proceso con las víctimas. Desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo seleccionamos un grupo de personas, familiares directas, de asesinados por ETA, con quienes se reunió Esther para explicarles con detalle el proceso, después de que nosotros les hubiéramos adelantado someramente el motivo de la cita.

Cierto es que la selección se basó en un elemento crucial: la confianza. Todas las personas que acudieron eran de nuestra absoluta confianza y presentaban características que permitían suponer una disposición razonable cuando menos a escuchar la propuesta sin salir corriendo escandalizadas.

También de aquella reunión salió un pequeño grupo de víctimas que mostraron su conformidad con la participación en el proyecto presentado.

Cabe destacar que todas ellas mostraron unas inquietudes comunes, centradas en conocer las garantías que ofrecía el proceso. Resultaba determinante en este sentido, la ya citada inexistencia de beneficios para los presos por su participación en los encuentros, en la medida en que ello despojaba su iniciativa de intereses espurios y fortalecía la sinceridad de sus planteamientos, cuestión importantísima para las víctimas.

Al mismo tiempo, cabe señalar que ninguna de las que aceptaron tomar parte en el programa creyó en ese instante inicial que necesitara dicho encuentro o siquiera que del mismo pudiera obtener algún tipo de satisfacción personal, entendiendo muchas de ellas que no necesitaban el perdón y que su duelo estaba perfectamente elaborado. Sin embargo, la convicción profunda, de carácter altruista, de que su gesto podía contribuir modestamente a superar el odio en la sociedad vasca y a transformar el miedo y el rencor en convivencia y respeto, animó la decisión de todas ellas.

A pesar de que se ha hablado mucho sobre ello después, es conveniente subrayar que los encuentros restaurativos no tenían como objetivo específico pedir perdón ni perdonar. Cuestión distinta es que tal acción se planteara en el curso de la conversación que ambos habían de mantener y que era realmente el objetivo perseguido. Un espacio de libertad y de diálogo para ellos, nada más.

Tras la reunión grupal con las víctimas, la mediadora inició el trabajo individual con cada una de ellas, siempre en paralelo al realizado con los presos, procediendo a diseñar los emparejamientos entre unos y otros de cara a la celebración de los encuentros.

Solo cuando entendió que se daban las condiciones idóneas para que pudieran cumplirse los objetivos señalados anteriormente, se procedió a fijar las fechas oportunas, celebrándose los cuatro previstos en esta fase. Dos de ellos en el interior del centro penitenciario de Nanclares de la Oca y los otros dos en dependencias discretas del gobierno vasco en el exterior, pues dos de los presos intervinientes gozaban de un régimen de semilibertad.

De estos encuentros, tres fueron protagonizados por víctimas indirectas, es decir, familiares de personas asesinadas por ETA, pero no por el preso concreto con quien mantenían el encuentro. El cuarto, sin embargo, sí correspondió a un miembro del comando que asesinó al marido de una de las víctimas participantes.

El carácter indirecto de esta relación no desmerecía el valor del encuentro porque tanto victimarios como víctimas asumían el carácter colectivo de la acción terrorista, pese a reconocer que la participación directa aportaba un plus de autenticidad a la iniciativa. Es decir, un preso de ETA asumía moralmente como propios todos los asesinatos de la organización y, por ello, no tenía inconveniente, al contrario, en afrontar el cara a cara con cualquier víctima de la misma.

Al mismo tiempo, una víctima de ETA, sabía que lo era de la organización terrorista, más allá de las personas que circunstancialmente llegaron a apretar el gatillo o colocar la bomba que segó la vida de su ser querido.

Algunas características del programa

La participación en el programa estaba presidida, como no podía ser de otra manera, por la más absoluta voluntariedad, la cual se daba tanto en el momento de adoptar la decisión de participar como en cualquier otro posterior del proceso, de forma que era perfectamente posible descabalgarse del mismo en cualquier momento.

El encuentro en sí mismo se conformaba como un espacio de libertad para la víctima, que carecía de obligaciones y cuyos únicos límites venían marcados por el respeto debido a cualquier persona, que excluía insultos o agresiones. En ese marco, la víctima podía escuchar, reprochar, preguntar, no responder…De hecho, ante una eventual petición de perdón, ni siquiera tenía obligación de contestar y mucho menos de hacerlo necesariamente en sentido afirmativo.

Por su parte, para los victimarios era imprescindible la asunción, como se ha indicado anteriormente, de la responsabilidad moral de sus actos, así como la declaración formal de no causar daño alguno.

Todo el proceso estaba sometido a la más absoluta confidencialidad. Los participantes tenían la seguridad de que nada de cuanto se dijera en esas coordenadas de espacio y tiempo que iban a compartir, iba a ser conocido fuera de las paredes que los protegían, salvo que ellos mismos decidieran, de común acuerdo, darlo a conocer.

Es importante destacar que la celebración del encuentro no entrañaba, como bien eran advertidos en tal sentido, tanto la víctima como el victimario, ningún tipo de garantía de resultado final. Tan solo se cuidaba la evitación de consecuencias negativas para la víctima, aspecto que se trataba precisamente en las labores preparatorias del encuentro.

Por último, señalaré que, como he mencionado anteriormente, esta iniciativa se inserta en lo que llamamos mecanismos de la Justicia Restaurativa. Básicamente ello significa que conforma un instrumento válido para articular la reparación de la víctima, al tiempo que la recuperación del victimario, en expresión acuñada por el profesor Reyes Mate.

En efecto, el programa tenía presente que el encuentro buscaba también proporcionar a la víctima una satisfacción que le está vedada en el proceso penal ordinario. Es sabido que nuestro proceso penal busca básicamente el castigo del culpable, la declaración de responsabilidad penal del autor del delito, circunscribiendo la reparación de la víctima al aspecto material.

Sin embargo, en no pocas ocasiones, las víctimas en general – y puedo asegurar, por mi experiencia personal de relación con ellas, que las del terrorismo, en particular – muestran inquietudes y deseos insatisfechos en relación a otro tipo de cuestiones. Esther Pascual consiguió la explicitación por parte de las víctimas con las que trabajó, de varias de estas cuestiones: ¿Por qué mi padre? ¿Qué sentiste en el momento de matar? ¿Duermes la noche del asesinato? ¿Conocías a la persona asesinada? y otras similares surgen en la mente de las víctimas que tienen ocasión de reflexionar mínimamente sobre ello.

Igualmente hay víctimas que desean dar a conocer de primera mano al victimario el testimonio del dolor y el sufrimiento concretos causados. Trasladarle, cara a cara a quien provocó ese daño irreparable, el relato de las consecuencias precisas e individualizadas de sus actos. Escuchar el testimonio de Iñaki García Arrizabalaga referido a su encuentro con Fernando de Luis Astarloa no tiene precio, cuando explica este momento.

El proceso penal no da cabida a este interés de la víctima, quien tiene que abandonar sus pretensiones, arrinconándolas en la frustración.

Pues bien, el programa de encuentros, como mecanismo de justicia restaurativa brindaba a la víctima precisamente la posibilidad de obtener este tipo de satisfacción moral adicional, a través de la entrevista con el victimario, constituyendo esta circunstancia uno de los elementos cruciales de la iniciativa, especialmente a la hora de la evaluación de la misma.

Evaluación y conclusiones

El programa de encuentros restaurativos se desarrolló en dos fases, ambas materializadas a lo largo del año 2011, aunque luego hubo un epílogo de otros dos encuentros más, en el año 2012. A los cuatro primeros celebrados en la primera, se unieron otros ocho más en una segunda fase que se desarrolló ante la muy positiva valoración que se realizó de la primera celebrada en el mes de mayo.

También la segunda fase obtuvo unos resultados altamente satisfactorios.

Todos los participantes en los encuentros salieron de los mismos con la sensación de que les había resultado muy útil y gratificante el mismo. Podemos hablar del sentimiento positivo de todos los participantes.

A modo de ejemplo, una de las víctimas no llegó siquiera hasta su vehículo, al salir del centro penitenciario, antes de llamarnos a los impulsores del programa para mostrarnos de manera vehemente su agradecimiento por haberle invitado a participar.

No pocas de ellas descubrieron que, pese a entender, antes de comprometerse con el programa, que no obtendrían ninguna satisfacción personal del mismo, centrando su motivación para participar, en el aspecto altruista y de contribución a la convivencia en Euskadi, sí había tenido efectos positivos en su interioridad. Dicho de otra manera, las víctimas descubrieron que el arrepentimiento y el perdón sirven no solo a nivel general sino a nivel personal también.

Escuchar de viva voz, sosteniendo la mirada en los ojos, al victimario asumir su responsabilidad e incluso pedir perdón, valorando la sinceridad de tal posición y declaración, acabó proporcionando a no pocas de las víctimas asistentes un plus de sosiego y paz en su fuero interno que siempre agradecerán y que les sirvió para completar un genuino recorrido de reparación moral.

Al mismo tiempo, los encuentros contribuyeron a la recuperación para la sociedad de los victimarios que participaron con un discurso reparador, autocrítico y de deslegitimación de su propia violencia y contribuyendo decisivamente a la recuperación ética de la convivencia y al establecimiento de un relato justo de la violencia.

No me resisto a subrayar la importancia capital que esta cuestión tiene para el proceso de deslegitimación de la violencia que debe ser la piedra angular del ejercicio del derecho a la memoria de la sociedad. El relato de los presos disidentes de ETA en estos encuentros es un relato esencialmente moral y con un valor cualificado. Es la voz precisamente de quienes apostaron en su día por la práctica de la violencia; quienes comprometieron lo mejor de su vida en una drama que solo generó sufrimiento; los más legitimados y autorizados para hablar de error ético y no solo de equivocación estratégica. Los presos lograron transmitir su arrepentimiento, su dolor por el daño causado y sus ganas de transformar el odio en paz.

Sin embargo, los poderes públicos del momento no optaron por amplificar estas voces, pese a que, por un lado, cumplían objetivos de tipo moral, y, por otro, contribuían a extender la reflexión política sobre la necesidad de acabar con la práctica de la violencia y apostar exclusivamente por las vías pacíficas y democráticas.

Como los propios miembros del colectivo de Nanclares afirmaban a quienes querían escucharles, ellos pretendían hacer política y predicar entre “su” gente, decir, la izquierda abertzale. No renunciaban, sino al contrario, al proselitismo de sus reflexiones, en la convicción absoluta de que su opción no era solo la mejor desde un punto de vista ético, sino también político.

Así las cosas, uno intenta comprender la excesiva prudencia, cuando no el miedo, que atenazaba a los responsables políticos del momento, que no quisieron, no supieron, o no pudieron, apostar decididamente y sin complejos por todas las consecuencias positivas que podían haberse derivado de la amplificación y difusión de lo que suponía la vía Nanclares y, como punta de lanza o práctica con un alto valor pedagógico, los encuentros restaurativos.

Esta circunstancia habla con elocuencia del clima de intolerancia y presión al que cierta derecha política y mediática sometió al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en lo tocante a la política antiterrorista y penitenciaria, a lo largo de todo su mandato.

Retomando las consecuencias del proyecto de los encuentros, supusieron la constatación, en cierto modo, de que la derrota del terrorismo no exigía la derrota de la persona. También quedó muy cuestionada la aparentemente indestructible vinculación entre la satisfacción de la víctima y el castigo del culpable, ante la evidencia de que otras vías eran posibles.

Si situamos el proceso de los encuentros en el contexto del desistimiento de ETA respecto a su actividad (20 de octubre de 2011, declaración de cese definitivo), podemos afirmar también que esta iniciativa contribuyó cualitativamente al proceso final de la violencia y a la reconstrucción de la convivencia en Euskadi.

Por otra parte, se trató de un proyecto alternativo. No era razonable pensar que este fuera un programa susceptible de aplicación generalizada al conjunto de los presos, como tampoco había muchas víctimas dispuestas, a priori a sentarse frente a un miembro de ETA, por mucho que se hubiera desvinculado de la organización. Ninguna de las actitudes personales que permitían los encuentros eran exigibles ni a los presos ni a las víctimas, más allá de que pudieran ser deseables. No eran conductas obligatorias. Sin embargo, sí extrajimos como conclusión la convicción de que la Administración Penitenciaria debía articular los mecanismos que hicieran posible este diálogo-encuentro entre presos arrepentidos y víctimas que quisieran, en cualquier momento, recorrer ese camino.

Lamentablemente, no sucedió eso, sino todo lo contrario. El programa fue interrumpido con el cambio de partido gobernante en España. La llegada del Partido Popular y sus nuevos responsables penitenciarios, en enero de 2012, muy poco sensibilizados con la reinserción y con las actuaciones seguidas por sus antecesores, no dudaron en poner innumerables trabas a la acción de los mediadores, hasta el punto de dar al traste con los procesos en marcha en ese momento y cegar por completo la vía de los encuentros restaurativos.

Ello deja la duda de qué alcance podría haber llegado a tener el programa en el caso de que hubiera tenido continuidad, se hubiera trabajado con más presos en los procesos de revisión autocrítica, favoreciendo, con una aplicación más flexible de la normativa penitenciaria, la situación de quienes avanzaran por este camino.

Aún con esa oposición, el equipo de mediadores que coordinó Esther Pascual durante la fase de los encuentros continuó trabajando en pro de la continuación del programa, aunque no fuera ya con apoyo institucional. Se consiguieron realizar dos nuevos encuentros fuera de la prisión, confirmando, por un lado, la bondad del proyecto y, por otro, las enormes dificultades de seguir adelante con el mismo sin la complicidad de los servicios penitenciarios.

Con el cambio de gobierno también en Vitoria, a finales de 2012, recobrando el PNV el poder autonómico, se consolidó el ocaso de la vía Nanclares. La dirección de la política de paz y convivencia del Gobierno Vasco se marcó como objetivo claro coadyuvar al fin de la actividad de ETA mediante un acuerdo con la organización terrorista. A tal fin, todas las iniciativas debían estar supeditadas o, al menos, no debían entorpecer el avance hacia la consecución de dicho objetivo. Así las cosas, era difícil que se mantuviera un apoyo decidido por parte del gobierno vasco al colectivo de presos de la vía Nanclares, pues éstos tenían la consideración de traidores para la organización armada, y su defensa no era precisamente el mejor aval para conseguir negociar o favorecer acuerdos de ningún tipo con la banda.

De esa forma, los últimos años fueron de ausencia de cobertura política y apoyo material para los ex etarras disidentes críticos con la violencia. Sencillamente quedaron huérfanos de apoyos institucionales.

Con el paso del tiempo, se han ido produciendo las excarcelaciones de quienes protagonizaron los encuentros restaurativos, si bien, no han diferido mucho de las que se han llevado a cabo con los ortodoxos del colectivo etarra, en los que no ha existido el más mínimo indicio de arrepentimiento o postura autocrítica.

Siempre nos quedará la duda de cuál podía haber sido el recorrido del proyecto de encuentros. Hay quien sostiene la conveniencia de retomarla, si bien fuera de los muros de las prisiones; es decir, no con presos, sino con expresos. Eso no sería ya política penitenciaria, sino políticas de convivencia y de reconstrucción de relaciones sociales.

A día de hoy, uno piensa en el tiempo que vive. En Euskadi gozamos de cotas de paz y libertad que, sin ser aún suficientes, sí resultan inéditas en las últimas décadas.

Es tiempo de transformar la política penitenciaria, de abandonar su condición de instrumento de una política antiterrorista afortunadamente ya innecesaria, con ETA derrotada, para convertirse en una pieza más de una política favorecedora de la convivencia.

Para quienes tuvimos la inmensa fortuna de estar cerca, la experiencia de los encuentros restaurativos nos permitió acercarnos a aspectos maravillosos del ser humano: a la generosidad, a la fortaleza, entereza, valentía y sinceridad de las víctimas; personas que, después de su tragedia, han sabido salir sin odio, sin afán de venganza, creyendo en la capacidad de transformación del ser humano y dispuestas a conceder una segunda oportunidad a quienes les ocasionaron tanto daño. Y no identificándose con su condición de víctimas, que es una parte de su vida y de su ser, pero no su identidad.

También nos permitió conocer la complejidad de seres humanos que utilizaron equivocadamente una injustificable violencia, que pisotearon la dignidad humana, pero que tuvieron la capacidad y la valentía de pasar de verse a sí mismos como héroes a descubrirse como asesinos y salir de este trance fortalecidos, capaces de ponerse delante de una víctima de ETA, escuchar su sufrimiento, responder a sus preguntas, asumir la injusticia del daño causado, comprender el sufrimiento provocado y pedir perdón; deseosos de construir paz en Euskadi y de aportar su experiencia y sus reflexiones a la revisión crítica del pasado.

Participar en la vida pública tiene, a veces, estas pequeñas grandes satisfacciones. Tomar parte en iniciativas como la de los encuentros restaurativos justifica el sentimiento de satisfacción y orgullo que sentimos hacia nuestro paso por la responsabilidad pública. El orgullo de haber hecho política en un sentido genuino, obteniendo además un resultado gratificante para quienes sufrieron directamente la violencia que azotó nuestra tierra. Solo por esto, ya puede estar uno satisfecho.

 

7.1.20