El necesario reconocimiento de todas las víctimas.

El 30 de junio de 2009, la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, comparecía ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, para presentar las líneas básicas de su actuación en la legislatura que entonces se iniciaba, bajo el mandato del Lehendakari Patix López con gobierno del PSE. En dicha comparecencia y entre otras muchas cuestiones, Maixabel Lasa,  planteó una reflexión sobre lo que ella consideraba que constituía, en aquel momento, un problema pendiente de un abordaje inaplazable. Dijo literalmente lo siguiente:

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Hoy estamos en condiciones de abrir otra etapa caracterizada por un nuevo contexto sociopolítico y por una voluntad que pretendemos sea incluyente en la política de víctimas que vayamos a desarrollar.

(…) Pero, igualmente, sabemos y constatamos la existencia de otros casos de victimización derivados de otras vulneraciones de derechos humanos producidas en el contexto de la situación de violencia que ha aquejado a la sociedad vasca. Frente a esta realidad incuestionable, tenemos dos opciones. Pasar página como si no hubieran existido o como si fueran una anomalía meteorológica pasajera o abordar esta cuestión desde el rigor, caso por caso, uno por uno. De forma exhaustiva. Acordando un método y un procedimiento de trabajo.

Nosotros no creemos en la teoría del conflicto político como causa justificante del crimen organizado y mucho menos en la ficción de dos violencias simétricas enfrentadas entre sí. Pensamos que tanto la una como la otra forman parte del relato perverso del verdugo que pretende legitimar su coartada criminal a la luz de una lectura retrospectiva y fraudulenta de la historia. Pues bien, en ese relato el sufrimiento es instrumental, es un mal menor con el que traficar. Más que la memoria o la atención o la asistencia al sufrimiento existente, a los terroristas les interesa, infinitamente más, el férreo control ideológico y social sobre “sus” víctimas.

A nuestro juicio, sin embargo, el desarrollo de la idea de la deslegitimación de la violencia terrorista requiere, para ser creíble y completa, una respuesta de los poderes públicos a todas las situaciones de victimización injusta provocadas en el marco del contexto violento vivido en Euskadi en las últimas décadas. Una respuesta que no equipare lo que no es equiparable, que prevea tratamientos diferenciados, no miméticos. Cierto. Pero que responda a parámetros de justicia, de la que son acreedoras todas aquellas personas que sufrieron un mal que no se merecían. Acrecentar la legitimidad del Estado a través de la revisión crítica de sus actuaciones es una singular contribución a la deslegitimación de una violencia terrorista que hunde una parte importante de sus razones, precisamente, en la alegación de los errores cometidos por el Estado.

Alguno dirá que esta reflexión no toca o que es inoportuna en estos momentos. Por una u otra circunstancia, siempre será inoportuna. Se trata, sin duda, de material muy inflamable que no se puede controlar con más combustible. Por ello, para afrontar esta cuestión son indispensables dos condiciones básicas: la responsabilidad y el consenso. A falta de cualquiera de ellas, el empeño naufraga y pierde su sentido.

Tenemos una legislatura por delante para hincarle el diente a un asunto complejo y complicado de gestionar. Les invito que lo hagamos sin prisa, pero sin pausa. No sería de recibo que al cabo de estos cuatro años nos encontráramos en la misma situación. Es algo que no nos podemos permitir como sociedad que pretenda suturar, algún día, heridas que aun condicionan nuestra convivencia.

Pues bien, aquel guante lanzado por la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo fue recogido por quien correspondía y, aceptado el reto, el gobierno fue capaz de tejer las complicidades y acuerdos necesarios con la mayoría de los grupos parlamentarios, para poner en marcha un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas aludidas por Maixabel en su intervención.

Casi siete años después, este sábado 21 de febrero, el Kursaal de Donosti fue testigo del último hito habido hasta la fecha en este proceso. En el mismo participó José Antonio Pérez Pérez, historiador y miembro de la Comisión de Valoración responsable, con su trabajo, del resultado final. En su muro de Facebook ha colgado el amigo Josean unas líneas cuya reproducción me parece obligada, para el buen entendimiento de la trascendencia y relevancia de todo este asunto.

El pasado sábado participamos en un acto de reconocimiento a las víctimas de los terribles abusos policiales cometidos entre 1960 y 1978 en el País Vasco. El acto supuso la culminación del decreto promulgado en julio de 2012 por el gobierno del Lehendakari Patxi López.

Han sido tres años y medio de intenso trabajo donde hemos estudiado 240 solicitudes presentadas por otras tantas personas. Tras el análisis de todos estos casos, la búsqueda de documentación y las entrevistas realizadas se ha reconocido su condición de víctimas a 187 personas. Se trata de hombres y mujeres (algunos de ellos eran apenas unos niños entonces) que vivieron unos hechos dramáticos. Algunos fueron tiroteados en controles de carretera por miembros de las Fuerzas del Orden Público sin ningún motivo, en medio de un contexto marcado por la violencia política y el terrorismo. En otros casos resultaron heridos o muertos en manifestaciones laborales o en todas aquellas movilizaciones que exigían la amnistía de los últimos presos políticos del franquismo. Victimas en manifestaciones que protestaban contra las emanaciones de gas de las empresas próximas, como ocurrió en Erandio en octubre de 1969, víctimas como las del 3 de marzo de 1976, donde resultaron muertos cinco trabajadores y más de cien heridos, muchos de ellos de bala, víctimas que presenciaban una manifestación desde su ventana y fueron tiroteadas, víctimas que perdieron ojos, brazos, víctimas sobre las que también cayó la sombra de una duda y que en muchos casos fueron tachadas de terroristas, víctimas, a pesar de todo, que nunca perdieron la dignidad. También hemos reconocido a un importante grupo de personas que sufrieron torturas en cuarteles y comisarías, especialmente crueles durante los duros estados de excepción que se vivieron en aquella época. La mayor parte de todos estos casos quedaron impunes.

Como tuve oportunidad de expresar el sábado, en un acto que contó con la presencia del Lehendakari Urkullu, ni la dura conflictividad laboral de aquellos años ni la aparición de ETA y sus terribles acciones terroristas justifican la tremenda violencia que desplegó la policía. Sus abusos fueron intolerables. Del mismo modo, esta durísima represión tampoco puede servir en ningún caso para justificar el terrorismo de ETA.

Han sido unos años intensos de duro trabajo. Gracias a todos los miembros de la Comisión de abusos policiales: a Inés Ibáñez de Maeztu y a Monika Hernando, las dos directoras de DDHH del Gobierno Vasco en las últimas legislaturas, a Carlos Beristain, a Álvaro Gil-Robles, a Manuela Carmena, a Txema Urkijo, a Sabino Ormazábal, a Aintzane Ezenarro, a José, a Marian (sin tu ayuda nada de esto hubiera sido posible) y a todo el equipo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Hace unos pocos meses lo expresé con claridad ante algunas importantes personalidades del actual Gobierno central y ante numerosas víctimas del terrorismo: la labor realizada en el marco del decreto de reconocimiento de abusos policiales no constituye un ataque al Estado de Derecho ni el reconocimiento de ningún terrorista. Todo lo contrario, reconocer a todas estas víctimas fortalece y engrandece al Estado de Derecho.

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No puedo estar más de acuerdo con todas y cada una de las palabras de la cita, al tiempo que valoro la enorme trascendencia de cuanto se menciona, en el proceso de reconstrucción de relaciones sociales en una Euskadi dolorida por tantos años de violencia y terror. Y no puedo dejar de sentirme orgulloso por haber tenido la oportunidad y el privilegio de colaborar modestamente con el impulso de la iniciativa, primero, y parcialmente en su desarrollo, después.

Como en otro momento desarrollaré con más extensión y profundidad, este proceso supone además la constatación de que es factible suplir desde la iniciativa de una Comunidad Autónoma, la inacción del Estado en asuntos que son de su responsabilidad, sin que ello vaya en detrimento de la satisfacción obtenida por el cumplimiento de los objetivos perseguidos en lo tocante a reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. En definitiva, parte de una política pública de memoria.

22.2.16

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A vueltas con el arrepentimiento y la política penitenciaria

“Sentir haber hecho o dejado de hacer cierta cosa, bien por no encontrarla conveniente después de hecha, bien por ser una mala acción, o por el daño causado”. Esta es la primera entrada que el diccionario de uso del español, María Moliner, recoge para el vocablo “arrepentirse”.

La semana pasada, el colectivo de presos de ETA que siguen fieles a la organización, agrupados bajo las siglas EPPK, emitía un comunicado en el que, entre otros recados, venía a afirmar que “no se arrepentirán”, añadiendo que “estamos agradecidos porque hemos tenido la oportunidad de poner nuestro granito de arena en el camino de la libertad de Euskal Herria. Y ahí seguiremos: dispuestos para lo que sea”.

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Parece que los redactores del comunicado conocían sobradamente el significado del término arrepentimiento, dado que, tras anunciar su falta de contrición actual y futura, pasan a reafirmar la bondad y conveniencia de sus actos, demostrando con ello su total rechazo y oposición a cualquier atisbo de reflexión autocrítica respecto al uso de la violencia como medio para conseguir su proyecto político. (“Se nos pide que nos arrepintamos, sabiendo que no nos vamos a arrepentir”).

Cabe preguntarse qué significación y alcance tienen estas afirmaciones, procediendo de quienes proceden. En primer lugar, tratándose de personas que están cumpliendo penas privativas de libertad y sujetas, por tanto, a la legislación penitenciaria, no es difícil pronosticar una muy complicada evolución en procesos de auténtica reinserción. Por muy individualizadas que puedan llegar a ser sus conductas, si todas tienen en común la ratificación de la validez del asesinato y la percepción de que sus actos criminales constituyeron una “oportunidad para poner un granito de arena en la liberación de Euskal Herria”, pudiera ser no tengan precisamente un reflejo positivo en el tratamiento penitenciario.

Y ello porque dicha valoración tiene una suerte de caducidad: en tanto que la organización ha decretado el cese definitivo de su actividad, ya no es adecuada la estrategia de la violencia y hay una apuesta exclusiva por las vías políticas y pacíficas. Es decir, EN ESTE MOMENTO no resulta adecuada la estrategia de la violencia, y así es valorado, pero claro que lo fue en el pasado. (“No nos arrepentiremos”). La pregunta es: ¿Volvería a ser adecuada la apuesta por la violencia si cambiaran las circunstancias en el futuro?. También cabe preguntarse: ¿Quién y cómo valoraría esos eventuales cambios de coyuntura que podrían justificar el retorno a la violencia? Todo apunta a que sería la propia organización ETA, a la que siguen perteneciendo los miembros del EPPK. (“Ahí seguiremos, dispuestos para lo que sea”). Doy por supuesta la constante invariable de la vigencia de la democracia; todo lo mejorable que se quiera, pero democracia.

Tratándose de delitos de terrorismo, en los cuáles lo característico es atentar contra derechos fundamentales de terceras personas, supeditados a un móvil de naturaleza política que es considerado bien superior, el objetivo de la reinserción solo puede girar en torno a la renuncia de los medios empleados para conseguir esos fines. El objetivo del tratamiento penitenciario solo puede ser llevar al interno a la convicción de que los medios violentos no son válidos ni aceptables para defender ideas políticas; la renuncia a los medios, que no a las ideas.

Incorporar un elemento coyuntural en este proceso puede implicar su falseamiento. Una renuncia a los medios violentos marcada por su carácter estratégico puede resultar de dudosa consistencia para su ponderación a efectos de reinserción. Téngase en cuenta que no estamos en el presente ante un silencio brumoso que permita albergar la duda respecto a las convicciones íntimas de los internos del EPPK. Los miembros del colectivo han decidido pronunciarse comprometiendo su voluntad futura, con el riesgo que conlleva, al disminuir el grado de incertidumbre respecto a la valoración que realizan sobre los actos criminales que les han conducido a prisión. En definitiva, la radical aversión a un arrepentimiento genuino manifestada por los miembros del EPPK podría, tal vez, dificultar la determinación de un pronóstico favorable a efectos de su reinserción.

Lo que resulta evidente es que no parece que el comunicado aludido al comienzo de esta reflexión, vaya a contribuir positivamente a ninguna “solución” al problema de los presos que implique prontas excarcelaciones. En tal sentido, no puedo sino reiterar una obviedad legal: la reinserción es un derecho de la persona privada de libertad, no un deber. La obligación incumbe a la administración penitenciaria, que debería velar por poner todos los medios necesarios en orden a posibilitar que el interno ejerza, en su caso,  el derecho reconocido.

Pero la cuestión penitenciaria tiene otros motivos de actualidad más allá del comunicado del EPPK comentado.

Transcurridos cuatro años de absoluto inmovilismo en este área por parte del gobierno del PP, coincidentes con el tiempo sin actividad terrorista de ETA, se extiende, en el conjunto de la sociedad vasca, la convicción de que es el momento de cambios. Ya no se pueden interpretar estos cambios como cesiones o como material de intercambio en negociaciones inconfesables. Existe así una predisposición a que se adopten algunas medidas que modifiquen, al menos, las aristas más indigestas de la actual política penitenciaria, entre las cuales destaca sobremanera el alejamiento generalizado de los presos.

Quiero dejar claro que no me parece en absoluto descabellado que el Estado, en el desarrollo de su tarea de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de sus ciudadanos, adopte determinadas medidas en el ámbito de la política penitenciaria que puedan contribuir al cumplimiento de dicho objetivo. En el caso concreto de delitos cometidos por personas que pertenecen a organizaciones cuya finalidad es justamente la de delinquir, parece más que razonable una intervención que, salvaguardando los derechos individuales de sus miembros, impida o dificulte la continuidad o el favorecimiento de la actividad delictiva a cargo de la organización a la que pertenecen dichas personas presas. Eso puede traducirse en lo que todo el mundo conoce como dispersión, medida contra la que, en el caso de los presos de ETA, nunca he estado – ni estoy – por considerarla perfectamente legal y legítima, en el ámbito competencial penitenciario.

Ocurre, sin embargo, que cuando se adoptó este criterio de distribución de los presos de ETA en distintos centros penitenciarios, se coló por la banda un efecto colateral inconfesable: el alejamiento. Al socaire de separar a los miembros de la organización, fueron alejados de sus lugares de residencia y de sus familiares, a quienes se les impuso el duro trance de tener que recorrer largas distancias para poder ejercer su derecho de visita y comunicación con los internos. Con ello se provocó un injustificado sufrimiento que se prolonga de manera increíble hasta la actualidad. Un castigo adicional carente de toda justificación. Para separar no hay porqué alejar. Las infraestructuras penitenciarias españolas permiten sobradamente cumplir el primer objetivo sin caer en el castigo que implica el segundo.

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Es esta una reivindicación antigua, una exigencia ya reiterada en innumerables ocasiones (Para muestra dejo dos propias; bien distantes en el tiempo, como puede comprobarse). Es una demanda cuya desatención ha provocado graves consecuencias en términos de sufrimiento al entorno de las personas privadas de libertad pertenecientes a ETA. Una realidad que no se puede obviar y que hay que reconocer.

http://www.gesto.org/archivos/201403/1c.-19941215-el-correo-rp-acercamiento.pdf?1

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20081212/politica/oficina-victimas-respalda-acercamiento-20081212.html

Se impone pues que los nuevos responsables del gobierno central – cuando quiera que éste se constituya – aborden con urgencia esta cuestión y pongan fin al alejamiento de los presos.

Pero volviendo al comunicado del EPPK de la semana pasada, para ir más allá de su alcance estrictamente jurídico y analizar, siquiera someramente, su significación política, veremos que la perspectiva tampoco es muy halagüeña.

Acto de presentación de las conclusiones del debate interno de EPPK. En la imagen, una de las secuencias del video que se ha proyectado durante el acto.

Llama la atención, en primer lugar, la deliberada y reiterativa vinculación que en el comunicado se establece entre arrepentimiento y delación (“no se arrepentirá ni denunciará a su miembros”), en un intento claro y evidente de superponer ambos hasta identificarlos y confundirlos, evitando así la consideración aislada de un arrepentimiento que no conlleve en modo alguno esa delación “traidora” respecto a los compañeros que, tan mala prensa tiene en ese mundo.

En el fondo, se trata con ello de arrojar una oscura sombra de desprestigio sobre aquellos excompañeros que sí han llevado a efecto reflexiones individuales autocríticas que han desembocado en el cuestionamiento radical del uso de la violencia (Vía Nanclares) deslegitimando con ello la actividad de ETA, al margen de contextualizaciones que solo esconden pretendidas justificaciones. Es tildándolos de traidores al sembrar la sospecha de infundadas denuncias a compañeros, y fomentando su desprestigio de esa manera, como creen poder conseguir frenar el impulso de la tan necesaria autocrítica deslegitimadora de la violencia.

Por otra parte, la negativa del colectivo de presos de ETA al arrepentimiento y a una reflexión crítica del uso de la violencia en el pasado supone un factor más que relevante de presión  para Sortu y el conjunto de la izquierda abertzale, pues se convierte en una boya de posición que delatará la magnitud de las diferencias que puedan darse en su ámbito en el proceso de reconocimiento del daño injusto causado por la violencia de ETA. El momento de la verdad, cuando se ponga en serio sobre el tapete la legitimidad de ETA y su actuación criminal. Cuando diriman preponderancia quienes acepten la naturaleza injusta de la violencia de ETA y quienes sostengan lo encomiable de su trayectoria en el camino de la liberación nacional, esta afirmación actuará como vara de medir distancias. En plena efervescencia por conformar la memoria colectiva de la sociedad vasca en lo que al trauma de la violencia de motivación política se refiere.

Realmente es una difícil papeleta para quienes acaban de comprender la necesidad de desprenderse cuanto antes de ciertos lastres del pasado, si quieren conectar con las nuevas corrientes políticas por las que navega una buena parte de la juventud vasca. Esa es, a mi juicio, una de las significaciones políticas más relevantes de lo manifestado por el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos.

16.2.16