Una coherencia necesaria

Publicado en “Eldiarionorte.es”, el 30 de diciembre de 2016.

En Euskadi ha habido violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, generadas en un contexto de intensa violencia de motivación política, especialmente protagonizada por ETA y sostenida a lo largo de varias décadas.

Por otra parte, en el conjunto de España, tras el final de la guerra civil y con la instauración del férreo régimen dictatorial militar del general Franco, se llevó a cabo una política sistemática de represión política, con vulneraciones graves de los derechos humanos, también en un periodo temporal que se prolongó varias décadas.

Evidenciamos así que hay, al menos, un elemento común en ambos supuestos: la existencia de violaciones graves de derechos humanos.

Conforme a la doctrina internacional de estos derechos, recogida en tratados internacionales suscritos por España y que, por ello, resultan de aplicación como legislación interna, las víctimas de estas vulneraciones ostentan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La legislación sobre víctimas del terrorismo en España, a través de la ley 29/2011, vino a recoger esta idea al afirmar su exposición de motivos lo siguiente:

“Esta Ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo de la víctima, vinculando sus derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democráticas y señalando correlativamente obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensación de quienes han sufrido el terrorismo.”

Su artículo 2º incorpora la idea al texto normativo así:

“Artículo 2. Valores y finalidad. 1. Esta Ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.”

Con mayor atrevimiento, la legislación vasca sobre víctimas del terrorismo ya había abordado, tres años antes, en su ley 4/2008, el mismo planteamiento, tanto en su exposición de motivos como en su texto articulado.

En efecto, memoria, dignidad, justicia y verdad, son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente Ley buscando en última instancia la reparación integral de la víctima.

(…) se han tomado como fuente de inspiración documentos internacionales, de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea, sobre la protección de las víctimas ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

En el caso vasco (…) podemos hablar, por tanto, de la existencia de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, tanto las cometidas por el terrorismo de ETA como las protagonizadas en el pasado por los grupos de extrema derecha y el propio GAL. En este sentido, no se trata de llevar a cabo una transposición al Derecho interno de normas de carácter internacional, sino tan solo de reconocer la conexión interpretativa y doctrinal de las disposiciones recogidas fundamentalmente en el mencionado título II del texto legal. Una de las consecuencias claras y evidentes de esta inspiración se refleja en la definición de derechos de las víctimas. No es baladí que la presente ley trate a las víctimas del terrorismo como sujetos de derechos, aunque el contenido de estos sea esencialmente programático. Y así se enuncia precisamente el mencionado título II. Acogiendo las referencias de los instrumentos internacionales en la materia, afirmamos que los derechos de las víctimas que se originan ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos reposan sobre tres pilares básicos, a saber: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación”.

Las administraciones públicas han tenido y tienen referencias legislativas ciertas y precisas para desarrollar sus políticas sobre víctimas del terrorismo, en las cuáles han destacado especialmente las iniciativas de reparación material y reparación moral.

La pregunta que cabe hacerse en este momento, transcurridos cinco años desde el final del terrorismo de ETA y cuarenta después del final de la dictadura es ¿Por qué las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista no tienen una legislación equiparable a la de las víctimas del terrorismo en cuanto al reconocimiento de sus derechos, si todas ellas lo son de vulneraciones graves de derechos humanos?

Los esfuerzos bienintencionados de la ley 52/2007, conocida como ley de memoria histórica, no han permitido alcanzar el nivel de protección de derechos de las víctimas de la dictadura franquista que luego se plasmaría en las legislaciones sobre víctimas del terrorismo.

Por otro lado, en los últimos años, al amparo de la legislación citada anteriormente, se impulsan numerosas iniciativas públicas de memoria en favor de las víctimas del terrorismo. Hay sectores políticos que se significan especialmente (con razones que comparto) en la defensa y promoción de estas iniciativas. Sin embargo, cuesta aceptar la incongruencia que supone la actitud no solo renuente sino obstativa que estos mismos sectores políticos adoptan cuando se trata de abordar iniciativas de memoria en favor de las víctimas de la dictadura franquista. Una incongruencia que recuerda a la de aquéllos que, en Euskadi, se afanan en dirigir su mirada solo al futuro, mostrando serias reticencias a revisar un pasado que no les deja en muy buen lugar, al tiempo que enarbolan sin pudor la bandera de una memoria histórica algo más remota.

Es imprescindible e inaplazable una revisión de la legislación sobre memoria histórica en España que reconozca los derechos de las víctimas del franquismo a la verdad, la justicia y la reparación, aún con las limitaciones recogidas en la legislación sobre víctimas del terrorismo. Igualmente se impone una reflexión en el ámbito político, presidida por la necesidad de congruencia. Hemos de impulsar políticas de memoria donde las tensiones y polémicas no provengan de las sombras generadas por una insuficiente deslegitimación de la dictadura o del terrorismo, objetivos irrenunciables de cualquier política pública de memoria.

18.12.16

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¡No me toques los símbolos! A cuenta del General Millán Astray.

Ya lo he dicho en más de una ocasión. Nunca dejaré de sorprenderme con el potencial movilizador que tienen los símbolos. Creo que lo comenté cuando hablé aquí mismo de la tarea del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid y de la repercusión de su labor cuando se trata de abordar el tan polémico asunto de la revisión del callejero, en aplicación de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica. Pues bien, llevamos unas semanas a vueltas con una de las propuestas que el citado Comisionado planteó en el mes de julio: la retirada de la calle al General Millán Astray y la denominación de la misma como Avenida de la Inteligencia.

Varias Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios presentaron ante el Ayuntamiento de Madrid un escrito en el que mostraban su desacuerdo con la propuesta y las razones en las que basaban dicha oposición. La Presidenta del Comisionado, Paquita Sauquillo y yo mismo, mantuvimos una reunión con ellos en la que pudieron además, trasladarnos de viva voz sus argumentaciones. Esta misma semana, el Comisionado se ha reunido y ha resuelto las alegaciones presentadas por las Hermandades y, mediante escrito debidamente motivado, presentado y explicado también de viva voz en reunión posterior con sus representantes, rechazó su petición, junto a las razones de la misma.

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Suscitada la polémica, aunque de tono menor, creo de interés dar a conocer aquí la posición mantenida al respecto por el Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, en lo tocante a la justificación de la propuesta de retirar la calle al General Millán Astray, de manera que reproduzco lo sustancial del escrito entregado a los alegantes.

En primer lugar, el Comisionado quiere dejar muy claro que la decisión adoptada en su propuesta nada tiene que ver con la Legión ni con la fundación de dicha unidad del ejército.

En este sentido, el Comisionado manifiesta su más profundo respeto hacia el cuerpo de la Legión, al tiempo que un reconocimiento sincero de la labor que viene desarrollando en los últimos tiempos, en diversos lugares del mundo, como partícipes de misiones de paz y cooperación en las que participa activamente el gobierno de España.

Tan es así, que este organismo no habría tenido inconveniente alguno en aceptar el estudio de una propuesta para denominar una calle como “Calle de la Legión”, si no fuera porque ya existe una con el nombre de calle del Tercio, en el Distrito de Carabanchel. Como dice Luis Miguel Aparisi en su estudio Toponimia Madrileña (página 1118), la denominación de esta calle constituye un “homenaje a la Legión Española y su Tercio de Voluntarios, fundado por Millán Astray, del que fue primer lugarteniente el comandante Francisco Franco Bahamonde”.

En segundo término, quiere aclarar el Comisionado que la propuesta de retirar la calle al General Millán Astray no se fundamenta en un juicio de valor sobre la biografía completa del citado militar. No se niegan por parte del Comisionado aquellos aspectos dignos de alabanza y aplauso que presenta la trayectoria vital de Millán Astray. Incluso no hay empacho en reconocerlos. Claro que nadie niega la tarea social que llevó a cabo en los últimos años de su vida. Pero ése no es el quid de la cuestión. Y sospechamos que tampoco fueron estos los motivos determinantes que influyeron en los mandatarios municipales madrileños cuando le concedieron el nombre de la calle en la ciudad de Madrid.

Lo que se valora fundamentalmente en la figura de Millán Astray, a efectos de entender aplicable el artículo 15 de la Ley 52/2007, es su condición de Jefe de Prensa y Propaganda del bando sublevado primero y del régimen de dictadura militar implantado tras el final de la guerra civil, después. Entre los cometidos que, en el ejercicio de tal responsabilidad, llevó a cabo, estuvo la creación de Radio Nacional de España.

Es sabida la trascendencia que la radio tuvo como medio de comunicación en el transcurso de la contienda bélica, por su importantísimo potencial propagandístico. La Guerra Civil Española también se disputaba en el terreno de las ondas. La comunicación jugaba un papel fundamental y, en ese contexto, Franco decidió fundar Radio Nacional de España en enero de 1937 y desde entonces tendrá un papel dominante en la maquinaria propagandística franquista. Y colocó al frente de dicha empresa a su leal amigo, el General Millán Astray.

A modo de ejemplo del citado valor y del papel que jugó en la contienda, viene a cuento traer a colación la manera en que el bando nacional pretendió tergiversar la autoría del bombardeo de Guernica, apenas escasos días después del luctuoso acontecimiento, utilizando para ello, las ondas de Radio Nacional de España, con el conocido comunicado “Mentiras, mentiras, mentiras”.

La responsabilidad del general Millán Astray en la maquinaria propagandística durante la propia guerra no es menor, como queda dicho. Y qué duda cabe de que, si bien es cierto que no tuvo una participación directa en acciones bélicas, sí la tuvo y muy activa en el importante frente de la propaganda, que no deja de ser otra manera de participar en la contienda.

El artículo 15 de la Ley 52/2007 dice literalmente:

“Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Pues bien, a los efectos de la aplicación de este artículo, las acciones referidas de la vida de Millán Astray son subsumibles en el concepto de exaltación de la guerra civil y de la dictadura franquista, a juicio de este Comisionado.

Entiende este organismo que el General Millán Astray participó de forma notoria y singular en estructuras políticas que fueron relevantes para el sostenimiento del sistema dictatorial implantado por Franco durante y después de la guerra.

En un plano menor, pero con significación también en la tarea desarrollada por el Comisionado, cabe señalar que el General Millán Astray fue uno de los grandes valedores del General Franco, en su ascenso al liderazgo único de la sublevación militar, con las consecuencias posteriores, en términos de jefatura única del estado.

Cabe recordar que, si bien Millán Astray no estuvo en el mismo momento de la sublevación, por hallarse fuera de España, acudió con la mayor celeridad a sumarse al levantamiento y a ponerse a las órdenes del General Franco, quien, como ha quedado dicho, le asignó las responsabilidades de prensa y propaganda sólo por su condición de general, tal y como lo recuerda en sus memorias quien fue su segundo o mano derecha en esa responsabilidad, el escritor Ernesto Giménez Caballero (“Memorias de un dictador”. 1979).

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En última instancia, y también con rango menor en la motivación de la propuesta realizada, los estudios elaborados sobre el incidente ocurrido en Salamanca el 12 de octubre de 1936, en el que participó don Miguel de Unamuno, y que el Comisionado ha tenido en consideración, apuntan en una dirección distinta a la recogida en el escrito de alegaciones interpuesto. Más bien ratifican la versión más extendida y conocida del mismo. El propio Ernesto Giménez Caballero admite la autoría de Millán Astray respecto al grito “Mueran los intelectuales” (Ibídem, página 88).

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Por último, y al margen ya del fondo de la cuestión, el Comisionado quiere subrayar dos cuestiones:

Por un lado, una afirmación rotunda y contundente respecto a la ausencia absoluta de odio o revanchismo en sus razonamientos y propuestas.

Por otro, el nada baladí recordatorio de que el trabajo del Comisionado se limita a elaborar una propuesta que se elevará al Pleno a finales de año, momento en el cual, cabe suponer que, previo el correspondiente debate, se adoptará el acuerdo pertinente por el Ayuntamiento. No hay acuerdo aún, por tanto, sino solo propuesta.

23.9.16

El Comisionado de Memoria Histórica de Madrid y la modificación del callejero. “Una medida pedagógica”.

A nadie se le escapa la brutal carga simbólica que Madrid tiene en todos los órdenes respecto al conjunto de España. Sin duda, su condición de capital del Estado obra de manera determinante en tal sentido. Todo es más grande, todo es más importante, todo es más trascendente. Y tal vez es esa diferente dimensión de todas las cosas lo que más me ha chocado en los dos meses largos que llevo trabajando allí.

La memoria histórica, incluso a pesar de lo controvertido del propio término, ha sido uno de los asuntos presentes en la política española desde mediados de la primera década del presente siglo, constituyendo uno de los momentos álgidos de esta notoriedad, la aprobación por las Cortes Generales  de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La aplicación de esta Ley, en términos generales, ha sido más bien irregular y ha dejado mucho que desear, con notorios y graves incumplimientos por parte de numerosas administraciones. Entre ellas, se encuentran las de Madrid, tanto su Comunidad como su Ayuntamiento, que se han caracterizado por su renuencia a dar paso alguno en la dirección impuesta por la referida Ley. No es mi intención ahora analizar con minuciosidad este incumplimiento, más allá del significado político de dicha actitud.

Como decía al principio, Madrid es el gran símbolo nacional. Por ello, el muro de contención levantado por el Partido Popular desde la Comunidad y el Ayuntamiento en sus años de gobierno frente a la aplicación de la Ley y frente a las reivindicaciones de los sectores que lo demandaban, gozaba de una significación especial: La resistencia a aceptar plenamente la filosofía que trufa la Ley de 2007, desarrollada en su cuidada exposición de motivos, como postulado político esencial del partido. La realidad es que el PP no ha tenido empacho alguno – al contrario – en levantar la bandera de la oposición a cualquier medida que supusiera cumplimiento legal. Cumplimiento de una Ley vigente, por cierto, puesto que ni con la mayoría absoluta de la que ha gozado en esta última legislatura, se ha avenido a derogarla, al menos de derecho (lo del vaciado del presupuesto supuso una suerte de derogación de facto).

Con el nuevo gobierno municipal surgido tras las últimas elecciones y bajo el mandato de la alcaldesa Manuela Carmena, el Ayuntamiento está dando los pasos necesarios para subsanar esa anomalía y, a través de una figura creada hace tres meses, el Comisionado de Memoria Histórica, pretende implementar cuantas medidas resulten convenientes para dar cumplimiento a la Ley y para promover una política pública de Memoria en la ciudad de Madrid. Los primeros pasos ya se han dado y, entre ellos, destaca su primera propuesta en relación a la modificación del callejero de la capital, cuestión mediática y polémica donde las haya, que levanta pasiones y suscita polémicas.

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Publicitada la pasada semana esta primera propuesta elaborada por el Comisionado, de retirada de algunas calles y consiguiente nueva denominación de las mismas, los miembros del citado órgano han querido defender su trabajo a través de un artículo publicado en el periódico El País el día 26 de julio. Por su gran interés, lo reproduzco a continuación:

 

Una medida pedagógica

“Los abajo firmantes hemos sido encargados por el Ayuntamiento de Madrid de revisar el callejero y la simbología existente en lugares públicos con el fin de cumplir el artículo 15 de la Ley 52/2007 (habitualmente conocida como Ley de la Memoria Histórica y referida a la reparación debida a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo), que exige la retirada de todo símbolo público que exalte la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura franquista. Querríamos hoy justificar públicamente nuestra tarea.

Las medidas reparatorias que unas autoridades democráticas deben tomar después de un período de guerra civil o dictadura constituyen un terreno de gran complejidad en términos de filosofía y ética política. Hay que rechazar, desde luego, todo ánimo revanchista. No se trata de enmendar la historia, ni de demostrar que han llegado ahora al poder quienes perdieron la guerra hace ochenta años.

Tampoco nos hemos dejado llevar por la idea, expuesta por el filósofo Georges Santayana, de que los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo.

El recuerdo ayuda, sin duda, a prevenir riesgos futuros. Pero el pasado no se repite de manera mecánica y fatal. La ley de la historia es más bien el cambio, y uno de esos cambios son las transiciones a la democracia. En el caso español, hay muchas razones para creer que acontecimientos trágicos como los iniciados en 1936 no volverán a ocurrir. La sociedad ha cambiado radicalmente, se ha elevado nuestro nivel económico y cultural, hay una democracia estabilizada y han desaparecido aquellas pasiones políticas que llevaron a la gente a la barbarie del exterminio mutuo.

Tampoco nos guía la idea de hacer justicia, en sentido literal del término, es decir, restaurar la situación en el estado en que estuvo antes de que se conculcara el derecho. Esto es raras veces posible, y menos aún cuando ha transcurrido tanto tiempo.

Nadie puede devolver la vida a los que la perdieron, ni la juventud a quienes la pasaron en la cárcel, en el exilio o como miembros de una familia que, además de haber perdido a un ser querido, se vio obligada a vivir en el oprobio y la marginación. Lo único que ahora podemos hacer es rehabilitarles moralmente, pagar la deuda política y simbólica que tenemos con esas víctimas. Hay que proclamar en voz alta y delante de todos que muchos españoles sufrieron un tratamiento inmerecido y que sus familias pueden y deben caminar hoy con la cabeza bien alta. Si alguien debe sentir vergüenza somos los demás, por haber tardado tanto tiempo en rendirles este homenaje.

La razón más profunda que inspira medidas de este tipo fue explicada hace tiempo por Pablo de Greiff, comisionado de la ONU para el caso español, que visitó este país hace tres años y elaboró un informe muy crítico hacia la actitud de las autoridades españolas en este problema. Según él, estas medidas se justifican porque es necesario aumentar la confianza de los ciudadanos entre sí y entre ellos y las instituciones públicas. Las instituciones que toleran que una parte de la ciudadanía cargue con un tratamiento injusto se desprestigian. Quienes gobiernan una sociedad deben dejar patente que se guían por los valores y normas dominantes entre el conjunto de los ciudadanos.

No se trata, pues, de establecer una versión canónica del pasado que fije los méritos y responsabilidades de cada uno en conflictos internos muy complejos y las deudas derivadas de tales actuaciones. Tampoco de adentrarnos en pantanosos debates sobre la personalidad colectiva ni de hacer proyecciones de culpas y méritos pretéritos sobre grupos sociales del presente. Se trata de resolver un problema de los ciudadanos españoles actuales. Se trata de fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra moral cívica.

A partir de estas consideraciones, nuestro grupo ha trabajado sobre una treintena de calles cuya nomenclatura había sido cuestionada por Juntas de Distrito, asociaciones de vecinos o de memoria histórica o ciudadanos particulares. Y hemos acordado una primera propuesta sobre los casos más llamativos: principalmente, personajes que participaron de manera destacada en la rebelión militar de 1936 u ostentaron altos cargos del régimen represivo establecido en 1939.

Aunque otorgar nuevas denominaciones a esas vías públicas no era exactamente nuestra función (pues esto implica una voluntad política y debe corresponder por tanto a los órganos representativos de la ciudadanía madrileña), nos hemos atrevido también a lanzar, como sugerencias, una serie de propuestas alternativas. Con ello tratamos de facilitar la adecuación del callejero de esta ciudad a los valores cívicos y democráticos que corresponden al Madrid del siglo XXI. En este espíritu, hemos pensado que se debía homenajear a mujeres ilustres, a instituciones pedagógicas o personajes del mundo de la cultura que contribuyeron a engrandecer nuestro patrimonio inmaterial en tiempos difíciles y a políticos destacados por haber adoptado posiciones conciliatorias.

De los 27 nombres que proponemos, un tercio son meras reposiciones de denominaciones anteriores a 1939, o referencias geográficas políticamente neutras. Casi otros tantos se refieren a literatos o títulos literarios de relieve. Y el resto se reparten entre ideales abstractos (Inteligencia, Memoria, Concordia), personajes políticos (un comunista, un socialista y un anarquista, conocidos los tres por su espíritu apaciguador), mujeres (una falangista / feminista y una fiscal de violencia de género), militares (un republicano de 1936 y un liberal progresista del XIX) y asociaciones pedagógicas como la Institución Libre de Enseñanza.

El conjunto nos parece equilibrado. Hay, desde luego, lagunas, como la de los científicos, menos abundantes de lo deseable en la historia de este país, pero que por esa misma razón deben ser exaltados y celebrados con mayor fuerza. Habrá una segunda propuesta donde se intentará compensar esta y otras carencias.

La función de una medida de este tipo debe ser, sobre todo, pedagógica. No en sentido estricto, pues no queremos dar una lección de historia, ni mucho menos imponer una determinada versión del pasado. Pero sí en el de restaurar y fortalecer esa confianza entre los conciudadanos que una guerra civil rompe; la confianza de ellos entre sí y la de todos en unas instituciones que por ser democráticas debemos sentir como nuestras.

Unas instituciones que han de encarnar la justicia y han de reconocer y proclamar, en nombre de la comunidad, que entre 1939 y 1975 se cometieron actos y se vivieron situaciones de violencia que afectaron de manera injusta a muchos de nuestros conciudadanos. La democracia debe reconocerlo para disfrutar así de la confianza de todos. Sólo cuando se restablezca esa confianza se podrán considerar cerradas las heridas y extinguidas las deudas y responsabilidades.

Firmado: La Presidenta del Comisionado, Paquita Sauquillo, el vicepresidente, José Álvarez Junco y el resto de sus vocales: Teresa Arenillas, Octavio Ruiz Manjón, Andrés Trapiello, Santos Uría y Amelia Valcárcel.”

 

26.7.16

Montejurra, 40 años después. Mi memoria.

Era un acontecimiento especial para nosotros, niños entonces. Preparativos de víspera, filetes albardados y tortillas en las fiambreras, taxpela roja (cada uno la suya), nervios por el madrugón, el largo viaje con parada en Vitoria para comprar el pan y, por fin, la llegada a Estella y, poco después, a las campas de Iratxe. Con los comienzos de mayo, la cita de Montejurra era sagrada para nosotros, los carlistas.

Recuerdo la subida al monte, por camino pedregoso, duro y serpenteante. Un camino que se convertía en río rojo junto al verde de los arbustos y el sempiterno gris de la roca. Un colorido inolvidable. El descenso era un lento desperdigarse de grupos por los campas, prestos a dar cuenta de las viandas o de las calderetas que los navarros preparaban en el lugar. Sobremesa de anécdotas, jotas y cánticos y, al final, el paseo por Estella y regreso a casa.

Sin embargo, llegó un Montejurra en el que todo aquello cambiaría a los ojos de un chaval que se asomaba a la adolescencia. Ya el año anterior recuerdo una destacada presencia de guardias civiles en la cima del monte, incluso con helicóptero sobrevolando la concentración montañera. Pero aquel día de mayo, a la tradicional misa en la cueva, se unió la intervención pública de un individuo cuyo aspecto me llamó mucho la atención. Con una melena y unas barbas impropias, por su largura, incluso para la época y unas gafas de pasta a las que solo le faltaba la nariz adherida para parecer de nochevieja y subido en algún lugar, con un megáfono, aquel individuo dijo algo que se me quedaría grabado: “Cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. Solo un tiempo después fui capaz de entender el significado de aquella frase, pronunciada el primer domingo de mayo de 1974, apenas unos días después de la revolución de los claveles en Portugal.

Más tarde vinieron las manifestaciones en Estella, el apedreamiento de la vieja “casa de sindicatos”, gritos cuya comprensión se me quedaba a medias, como “Por fascista y por cabrón, Garicano al paredón”, la aparición de banderas nuevas en las concentraciones carlistas, la presencia de militantes de otras organizaciones políticas…

La conversión del Carlismo en un partido socialista, autogestionario y federal, junto a su participación en plataformas de oposición democrática al régimen de Franco, como la Junta Democrática, primero y la Plataforma de Convergencia Democrática, después, que acabaron fusionadas en la conocida como “Platajunta”, me pilló en los albores de un despertar político real y autónomo.

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Y con 15 años recién cumplidos, aquel 9 de mayo de 1976, repitiendo los rituales de cada año, nos embutimos toda la familia en el R-12, camino de la cita carlista de Montejurra.

Confieso que éramos ajenos a los rumores y noticias que, con posterioridad, supimos que existían acerca de los movimientos extraños protagonizados por grupos de mercenarios y de extrema derecha. Lo cierto es que aquel día llegamos a las campas de Iratxe, como siempre, y nos disponíamos a visitar primero el Monasterio, cuando nos encontramos con gente que volvía de allí, aconsejándonos que no fuéramos, que había habido lío y alguna agresión, con tiros incluidos. Se hablaba de heridos. El ambiente era por momentos más tenso entre la gente y, en medio de la confusión, comenzaban a llegarnos comentarios, rumores y manifestaciones de rabia e indignación. El día estaba nublado y el monte apenas se divisiva entre una espesa neblina.

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Al poco, se extendió la consigna de iniciar la subida y los grupos de carlistas arremolinados en las campas, comenzaron a enfilar el tortuoso camino de la cumbre, sin disimular la incertidumbre y los nervios. No habíamos cubierto aún media ascensión cuando se oyeron aplausos y gritos, evidencia de la presencia de Carlos Hugo, el líder del carlismo y su esposa Irene de Holanda. Los gritos reivindicativos eran constantes. Montejurra se había convertido en un acto político de oposición al régimen franquista.

La verdad es que, entre el nerviosismo, la estrechez del camino de subida y la aglomeración de gente, me vi separado de familia y amigos, ascendiendo junto a otros carlistas, jóvenes y mayores, que no ocultaban su preocupación por el ambiente y lo que ya se daba por hecho: que había habido heridos de bala en las campas de Iratxe.

De pronto, cuando ya no quedaba mucho para la cima, oculta a nuestra vista por la niebla, oí con nitidez unos ruidos similares a los de los petardos, que tan bien conocía. Fueron varios, seguidos, en ráfagas y sueltos. Lejanos, como amortiguados por la humedad, pero reales. Tanto que la gente se detuvo. Se oyeron gritos procedentes de la parte de arriba que pronto se hicieron comprensibles: “¡Abrid paso, por favor! ¡Abrid paso!”. Recuerdo que me encaramé en el costado del camino, agarrándome a unos arbustos, como hizo la gente a mi lado y fue entonces cuando vi que bajaba un grupo todo lo rápido que permitía lo pedregoso y estrecho del camino. Varias personas sujetaban algo parecido a una parihuela gris sobre la que yacía un joven. Su cabeza bamboleando sobre la improvisada camilla, al compás desordenado del paso de sus porteadores, con los ojos vueltos, en blanco, es una imagen que jamás olvidaré. Se enganchó en lo más profundo de mi memoria. Luego supe que aquel joven se llamaba Ricardo García Pellejero, que era de Estella y tenía 20 años, apenas cinco más que yo.

Se decidió no continuar la ascensión hacia la cima y, de hecho, recuerdo que se celebró la tradicional misa allí mismo, en un recodo del camino.

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El posterior descenso del monte lo recuerdo como de una tensión extraordinaria. Ira, indignación, preocupación, entre los carlistas, jóvenes y mayores. En las campas de Iratxe, una nutrida formación – creo recordar que de policía armada – ocupaba el lateral del camino y era duramente increpada por la gente, que les recriminaba su pasividad e inhibición ante la agresión sufrida.

No recuerdo mucho más de aquel día. No, al menos, de lo que hicimos, aunque sí de cómo me sentí. La impresión y el impacto que me produjo lo vivido fueron tremendos. Nunca he olvidado esa sensación y hoy es el día que, escribiendo estas líneas, aún me estremezco emocionado, con una mezcla de tristeza y rabia.

Más tarde supe mucho más de todo. Supe de los dos muertos, el mencionado Ricardo García Pellejero y de Aniano Jiménez Santos, herido en Iratxe que falleció días después; de la existencia de más heridos; de las implicaciones en las agresiones de los mercenarios y fascistas venidos de otras latitudes; de las manipulaciones informativas que pretendieron hacer ver que los sucesos fueron fruto del enfrentamiento entre dos sectores del Carlismo; de las implicaciones de las fuerzas de seguridad y de los servicios secretos españoles; de la nunca asumida responsabilidad de políticos del más alto nivel (Fraga de nuevo, como ministro de Interior, apenas dos meses después de los asesinatos de Vitoria); de la inexistente investigación policial y judicial; de la impunidad para todos los responsables de los asesinatos, por falta de investigación o por beneficiarse de la Ley de Amnistía; de las trabas puestas por el Estado para reconocer a los asesinados como víctimas del terrorismo y de la tenacidad de José Angel Pérez Nievas para conseguirlo, por fin, por vía judicial.

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El año siguiente la autoridad gubernativa prohibió la celebración de Montejurra y derivamos la convocatoria, sobre la marcha, el mismo día, al castillo de Javier. Por fin, en 1978 el partido celebró lo que se denominó el primer Montejurra en libertad. Siempre me he resistido a reconocer las elecciones de junio de 1977 como las primeras democráticas en España, tras la dictadura. El Partido Carlista y algún otro partido más, no fueron legalizados para la ocasión y tuvieron que presentarse como agrupación de electores.

Seguí militando en el Partido Carlista, a través de EKA (Euskadiko Karlista Alderdia). Participé en el Congreso que se celebró en Alcobendas (Madrid) en diciembre de 1979, tras el fracaso electoral y con la marcha de Carlos Hugo y la anterior dirección del partido. Y formé parte de la candidatura de EKA por Alava, en las primeras elecciones al parlamento vasco, en 1980, en el que fue mi último acto de militancia política en el Carlismo.

Con el tiempo he vuelto alguna vez por Estella y Montejurra, sin llegar a subir al monte. Los sentimientos han sido recurrentes. El impacto de lo vivido sigue ahí, fresco e intenso, cada vez que algo me lo trae al recuerdo. Soy consciente de que aquel episodio contribuyó a forjar una parte no desdeñable de mi forma de ser y de pensar en lo que concierne a la política.

Hoy, 40 años después de aquel día, sigo emocionándome al revivir lo sucedido. Y creo de justicia que esa emoción se traduzca en memoria de las dos personas que fueron injustamente asesinadas: Ricardo y Aniano. A su recuerdo les dedico estas líneas.

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P.S. El Partido Carlista sigue existiendo formalmente, aunque sea con carácter meramente residual. El pasado sábado, 7 de mayo, organizó un acto en Iratxe, consistente en una ofrenda floral, en el cual solicitó públicamente al gobierno de España la desclasificación de los documentos oficiales de los episodios de Montejurra 76.

 

9.5.16

El necesario reconocimiento de todas las víctimas.

El 30 de junio de 2009, la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, comparecía ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, para presentar las líneas básicas de su actuación en la legislatura que entonces se iniciaba, bajo el mandato del Lehendakari Patix López con gobierno del PSE. En dicha comparecencia y entre otras muchas cuestiones, Maixabel Lasa,  planteó una reflexión sobre lo que ella consideraba que constituía, en aquel momento, un problema pendiente de un abordaje inaplazable. Dijo literalmente lo siguiente:

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Hoy estamos en condiciones de abrir otra etapa caracterizada por un nuevo contexto sociopolítico y por una voluntad que pretendemos sea incluyente en la política de víctimas que vayamos a desarrollar.

(…) Pero, igualmente, sabemos y constatamos la existencia de otros casos de victimización derivados de otras vulneraciones de derechos humanos producidas en el contexto de la situación de violencia que ha aquejado a la sociedad vasca. Frente a esta realidad incuestionable, tenemos dos opciones. Pasar página como si no hubieran existido o como si fueran una anomalía meteorológica pasajera o abordar esta cuestión desde el rigor, caso por caso, uno por uno. De forma exhaustiva. Acordando un método y un procedimiento de trabajo.

Nosotros no creemos en la teoría del conflicto político como causa justificante del crimen organizado y mucho menos en la ficción de dos violencias simétricas enfrentadas entre sí. Pensamos que tanto la una como la otra forman parte del relato perverso del verdugo que pretende legitimar su coartada criminal a la luz de una lectura retrospectiva y fraudulenta de la historia. Pues bien, en ese relato el sufrimiento es instrumental, es un mal menor con el que traficar. Más que la memoria o la atención o la asistencia al sufrimiento existente, a los terroristas les interesa, infinitamente más, el férreo control ideológico y social sobre “sus” víctimas.

A nuestro juicio, sin embargo, el desarrollo de la idea de la deslegitimación de la violencia terrorista requiere, para ser creíble y completa, una respuesta de los poderes públicos a todas las situaciones de victimización injusta provocadas en el marco del contexto violento vivido en Euskadi en las últimas décadas. Una respuesta que no equipare lo que no es equiparable, que prevea tratamientos diferenciados, no miméticos. Cierto. Pero que responda a parámetros de justicia, de la que son acreedoras todas aquellas personas que sufrieron un mal que no se merecían. Acrecentar la legitimidad del Estado a través de la revisión crítica de sus actuaciones es una singular contribución a la deslegitimación de una violencia terrorista que hunde una parte importante de sus razones, precisamente, en la alegación de los errores cometidos por el Estado.

Alguno dirá que esta reflexión no toca o que es inoportuna en estos momentos. Por una u otra circunstancia, siempre será inoportuna. Se trata, sin duda, de material muy inflamable que no se puede controlar con más combustible. Por ello, para afrontar esta cuestión son indispensables dos condiciones básicas: la responsabilidad y el consenso. A falta de cualquiera de ellas, el empeño naufraga y pierde su sentido.

Tenemos una legislatura por delante para hincarle el diente a un asunto complejo y complicado de gestionar. Les invito que lo hagamos sin prisa, pero sin pausa. No sería de recibo que al cabo de estos cuatro años nos encontráramos en la misma situación. Es algo que no nos podemos permitir como sociedad que pretenda suturar, algún día, heridas que aun condicionan nuestra convivencia.

Pues bien, aquel guante lanzado por la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo fue recogido por quien correspondía y, aceptado el reto, el gobierno fue capaz de tejer las complicidades y acuerdos necesarios con la mayoría de los grupos parlamentarios, para poner en marcha un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas aludidas por Maixabel en su intervención.

Casi siete años después, este sábado 21 de febrero, el Kursaal de Donosti fue testigo del último hito habido hasta la fecha en este proceso. En el mismo participó José Antonio Pérez Pérez, historiador y miembro de la Comisión de Valoración responsable, con su trabajo, del resultado final. En su muro de Facebook ha colgado el amigo Josean unas líneas cuya reproducción me parece obligada, para el buen entendimiento de la trascendencia y relevancia de todo este asunto.

El pasado sábado participamos en un acto de reconocimiento a las víctimas de los terribles abusos policiales cometidos entre 1960 y 1978 en el País Vasco. El acto supuso la culminación del decreto promulgado en julio de 2012 por el gobierno del Lehendakari Patxi López.

Han sido tres años y medio de intenso trabajo donde hemos estudiado 240 solicitudes presentadas por otras tantas personas. Tras el análisis de todos estos casos, la búsqueda de documentación y las entrevistas realizadas se ha reconocido su condición de víctimas a 187 personas. Se trata de hombres y mujeres (algunos de ellos eran apenas unos niños entonces) que vivieron unos hechos dramáticos. Algunos fueron tiroteados en controles de carretera por miembros de las Fuerzas del Orden Público sin ningún motivo, en medio de un contexto marcado por la violencia política y el terrorismo. En otros casos resultaron heridos o muertos en manifestaciones laborales o en todas aquellas movilizaciones que exigían la amnistía de los últimos presos políticos del franquismo. Victimas en manifestaciones que protestaban contra las emanaciones de gas de las empresas próximas, como ocurrió en Erandio en octubre de 1969, víctimas como las del 3 de marzo de 1976, donde resultaron muertos cinco trabajadores y más de cien heridos, muchos de ellos de bala, víctimas que presenciaban una manifestación desde su ventana y fueron tiroteadas, víctimas que perdieron ojos, brazos, víctimas sobre las que también cayó la sombra de una duda y que en muchos casos fueron tachadas de terroristas, víctimas, a pesar de todo, que nunca perdieron la dignidad. También hemos reconocido a un importante grupo de personas que sufrieron torturas en cuarteles y comisarías, especialmente crueles durante los duros estados de excepción que se vivieron en aquella época. La mayor parte de todos estos casos quedaron impunes.

Como tuve oportunidad de expresar el sábado, en un acto que contó con la presencia del Lehendakari Urkullu, ni la dura conflictividad laboral de aquellos años ni la aparición de ETA y sus terribles acciones terroristas justifican la tremenda violencia que desplegó la policía. Sus abusos fueron intolerables. Del mismo modo, esta durísima represión tampoco puede servir en ningún caso para justificar el terrorismo de ETA.

Han sido unos años intensos de duro trabajo. Gracias a todos los miembros de la Comisión de abusos policiales: a Inés Ibáñez de Maeztu y a Monika Hernando, las dos directoras de DDHH del Gobierno Vasco en las últimas legislaturas, a Carlos Beristain, a Álvaro Gil-Robles, a Manuela Carmena, a Txema Urkijo, a Sabino Ormazábal, a Aintzane Ezenarro, a José, a Marian (sin tu ayuda nada de esto hubiera sido posible) y a todo el equipo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Hace unos pocos meses lo expresé con claridad ante algunas importantes personalidades del actual Gobierno central y ante numerosas víctimas del terrorismo: la labor realizada en el marco del decreto de reconocimiento de abusos policiales no constituye un ataque al Estado de Derecho ni el reconocimiento de ningún terrorista. Todo lo contrario, reconocer a todas estas víctimas fortalece y engrandece al Estado de Derecho.

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No puedo estar más de acuerdo con todas y cada una de las palabras de la cita, al tiempo que valoro la enorme trascendencia de cuanto se menciona, en el proceso de reconstrucción de relaciones sociales en una Euskadi dolorida por tantos años de violencia y terror. Y no puedo dejar de sentirme orgulloso por haber tenido la oportunidad y el privilegio de colaborar modestamente con el impulso de la iniciativa, primero, y parcialmente en su desarrollo, después.

Como en otro momento desarrollaré con más extensión y profundidad, este proceso supone además la constatación de que es factible suplir desde la iniciativa de una Comunidad Autónoma, la inacción del Estado en asuntos que son de su responsabilidad, sin que ello vaya en detrimento de la satisfacción obtenida por el cumplimiento de los objetivos perseguidos en lo tocante a reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. En definitiva, parte de una política pública de memoria.

22.2.16

La reunión de alcaldes del 4 de septiembre. Anexo obligado.

Celebrado ya, en Bilbao, el acto convocado por el Lehendakari del Gobierno Vasco, reuniendo a 114 alcaldes de nuestra Comunidad Autónoma, me parece oportuno realizar algunas consideraciones sobre lo allí visto y escuchado.

a) Lo menos importante (pero no irrelevante).

Se pudo constatar, una vez más, la obsesión de los responsables del área de Paz y Convivencia del gobierno vasco por obviar y suprimir cualquier referencia al trabajo realizado en ese ámbito por gobiernos anteriores. Al abandono del símbolo de la memoria, la flor “siempreviva”, se une la utilización de un nuevo término, retratos municipales de la memoria, para obviar el mucho más asentado “Mapa de la Memoria”, siendo así que su significado esencial es el mismo. La pretensión de ruptura con lo anterior se reitera con la presentación del proyecto como si fuera algo novedoso, cuando es sabido que viene a ser continuación e impulso del proceso de reconocimiento individualizado a todas las víctimas, precisamente en la localidad donde fueron asesinadas, que iniciaron gobiernos anteriores, bajo la idea ya expresada del Mapa de la Memoria. La novedad, ahora, reside en la incorporación, como destinatarios del reconocimiento, de las víctimas de abusos policiales con resultado de muerte.

La inclusión en los listado entregados a los alcaldes de los nombres de las víctimas de la violencia policial ilegítima se efectúa de manera un tanto precipitada, debido a la ausencia de un procedimiento de reconocimiento oficial, que permita la verificación de cada caso, obteniendo un resultado indubitado, en previsión de problemas y polémicas innecesarias. Es poco presentable, por su escaso rigor, manejar con el carácter que se pretende, listas donde se incluyan casos “confusos” que hay que investigar. Lo razonable sería priorizar el proceso de reconocimiento de estas víctimas, ya iniciado por el gobierno anterior, y estar a su resultado para incorporarlo después a los listados correspondientes, actuando así con el rigor que el tema requiere.

El encuentro no fue concebido como un acto en el cual pudieran producirse avances en acuerdos entre partidos políticos respecto a las cuestiones de reconocimiento a las víctimas o, en general, sobre la paz y la convivencia. Ni se diseñó con ese objetivo, ni se trabajó para conseguir tal fin. El problema es que se vendió con tanta alharaca que llegó a parecer mucho más de lo que pretendía. ¡Ay, los vendedores de humo!  Era evidente que el objetivo era tan sencillo – pero tan importante – como publicitar la voluntad del gobierno de completar el proceso de reconocimiento a todas las víctimas de la violencia con intencionalidad política, habidas en nuestra tierra, implicando a las entidades locales y desde la imprescindible individualización de las mismas. Un problema de comunicación, del gobierno hacia los partidos y hacia la propia opinión pública.

b) Lo importante (lo que realmente debe contar).

El acto puso de manifiesto la implicación personal del Lehendakari en el proceso mencionado, destacando la rotundidad con que alentó a los regidores presentes a que respondieran a su emplazamiento: todos tenemos que ser capaces de reconocer la injusticia de todas las violencias que generaron este sufrimiento, en clara alusión a la izquierda abertzale, respecto a la violencia de ETA.

La participación activa de Urkullu debería servir para que funcione no solo la persuasión ética, sino también la disciplina partidista y, al menos, sus huestes respondan de manera efectiva a la interpelación, extendiéndose la creación de espacios de memoria en los lugares donde aún no se han creado y celebrando actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas de esas localidades.

La fuerza de la imagen del centenar largo de alcaldes de Euskadi detrás del Lehendakari es alentadora, en ese sentido. No creo que el efecto vaya a ser inmediato y dudo que se perciba de manera notable de cara al próximo 10 de noviembre, pero lo importante no es un día, sino la fortaleza del proceso, la convicción con que cada quien aborde la tarea. Lo esencial es la extensión de la concienciación y la sensibilización respecto a la necesidad del reconocimiento pretendido, en el marco de una política pública de memoria que sea crítica con cualquier práctica vulneradora de derechos humanos y que contribuya a deslegitimar la violencia terrorista. Y, en este aspecto, el acto constituyó un notable avance.

Por lo demás, sigo pensando que, más allá del simbolismo que pueda tener, será más importante el discurso público, el desarrollo claro y rotundo de las ideas, que la teatralidad o la imagen de cada acto concreto, a la hora de asumir, por un lado, la igualdad en derechos de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y de subrayar, por otro y, sobre todo, las diferencias entre las violencias que las generaron y su virtualidad para negar la teoría del conflicto y la justificación de alguna de ellas.

5.6.15

La reunión de alcaldes del 4 de septiembre y el Mapa de la Memoria

El Lehendakari Urkullu ha convocado el 4 de septiembre, a todos los alcaldes de Euskadi, en la sede del Instituto de la Memoria en Bilbao, al objeto de hacerles partícipes de una invitación expresa para que organicen actos de reconocimiento y homenaje tanto a las víctimas del terrorismo como a las de abusos policiales, el 10 de noviembre, Día de la Memoria en nuestra Comunidad Autónoma, conforme a lo establecido por nuestras instituciones hace ya varios años. Al mismo tiempo, les instará a que creen espacios de memoria dedicados a todas esas personas que han sufrido vulneración del derecho a la vida por violencia de motivación política.

El Lehendakari hará entrega a cada primer edil asistente de una relación de las víctimas habidas en su localidad, para que puedan trabajar sobre esa base, subrayando así la individualización del recuerdo y la repersonalización de quienes perdieron su vida de manera totalmente cruel e injustificada. Con esta iniciativa, se pretende, en definitiva, involucrar a las instituciones locales, más próximas a los ciudadanos, en las políticas públicas de memoria que se pongan en marcha en nuestra Comunidad. Cierto es que la novedad de estos listados viene dada por la inclusión en los mismos de las personas que perdieron la vida a consecuencia de abusos policiales, siendo así que este colectivo aún no ha sido debidamente reconocido con carácter oficial y previa certificación administrativa, que evite cualquier duda al respecto, como ha ocurrido con las víctimas del terrorismo. En tal sentido, es una lástima la paralización producida en esta legislatura en el proceso de reconocimiento de las víctimas de abusos policiales, fruto de una cierta incapacidad negociadora de este gobierno en el área correspondiente.

Pero, por encima de las discrepancias que se han podido suscitar, fundamentalmente en relación a las equiparaciones y al supuesto aliento o pábulo a la teoría del conflicto y, por tanto, a la justificación o legitimación de alguna de las violencias, aplaudo con rotundidad la iniciativa. Es más, quiero reconocer expresamente la implicación personal del propio Urkullu, que será, por otra parte, la que posibilitará que sea real y sólido el impulso pretendido.

En efecto, cualquier política de memoria que se lleve a cabo en Euskadi, ha de pasar por los dos ejes fundamentales que caracterizan la iniciativa del día 4 de septiembre: la necesaria individualización de los reconocimientos y de todas las víctimas y la implicación de los ayuntamientos, a través de la creación de espacios de memoria y organización de actos en el día institucional elegido para ello.

Así lo vimos con claridad meridiana, Maixabel Lasa, Jaime Arrese y yo mismo, cuando, gestionando la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, iniciamos, allá a comienzos de 2007, la tarea de involucrar a los ayuntamientos en el reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo habidas en cada localidad. Más tarde, con el gobierno socialista de Patxi López, esta iniciativa tomó cuerpo en lo que denominamos Mapa de la Memoria, término que, con mayor o menor fortuna, ha venido empleándose hasta la actualidad.

Recuerdo la ardua – e ingrata, en no pocas ocasiones – labor que supuso la visita a múltiples alcaldes de los tres territorios históricos, proponiéndoles un proyecto que, en aquella época, aún resultaba delicado y perturbador para la relativa calma política de muchos municipios vascos. Comprobamos cómo, por encima de afiliaciones partidistas, las respuestas de los distintos alcaldes interpelados, dependía, sobre todo, de su sensibilidad y empatía hacia las víctimas, así como de su compromiso personal con la justicia que entrañaba para ellas su reconocimiento y homenaje en el mismo pueblo donde fueron asesinadas. Me resulta imposible no traer al recuerdo y mencionar la implicación e incluso entusiasmo de alcaldes como Alberto Ruiz de Azua, en Arrigorriaga, Loly de Juan, en Basauri o los difuntos Juan José Ziarrusta e Iñaki Azkuna, en Durango y Bilbao, respectivamente. Otros, como Mikel Cabieces, de Portugalete o en Donosti, Odón Elorza, ya nos llevaban ventaja y habían organizado, por iniciativa propia, actos de reconocimiento y homenaje y creado espacios de memoria en sus respectivas poblaciones.

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El actual asesor de la Secretaría General de Paz y Convivencia, Enrique Ullibarriarana, recordará bien las múltiples llamadas que había que hacer a algunos alcaldes remolones, tras la primera visita, en la que les trasladábamos la propuesta y les animábamos a que se implicaran, ofreciéndoles todo nuestro apoyo y dejándoles el listado con los nombres y contactos de todas las víctimas del terrorismo habidas en su localidad; recordará Enrique cómo se tornaban escurridizos, huidizos y con agendas imposibles, demostrando con su displicencia, la incomodidad que les generaba una actividad perturbadora de la “paz social” del pueblo. Cuando alguien mostraba ya de manera clara su negativa actitud ante la propuesta, acudíamos a las altas esferas del partido correspondiente (PNV y, en menor medida, PSE) para que recibiera las correspondientes instrucciones, aunque tengo que confesar que con escaso éxito, probablemente porque el grado de implicación era, como he mencionado antes, más fruto de la sensibilidad personal que de la disciplina partidista.

A lo largo de 2007, 2008 y 2009 conseguimos ir sumando una buen puñado de municipios a la causa del Mapa de la Memoria, al tiempo que proponíamos la creación del Día de la Memoria y lanzábamos como logo o distintivo singular, la flor “siempreviva”, hoy tristemente relegada al olvido, tal vez porque alguno la identifica en exceso con el gobierno anterior. GOB_VASCO_obsequio_victimas_4

Si bien numéricamente esos ayuntamientos eran minoría, lo cierto es que agrupaban un porcentaje muy mayoritario de población de Euskadi y un importante número de víctimas. Téngase en cuenta que, por razones obvias, no visitamos ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale.

Fue así que, coincidiendo con la celebración del III Acto de Homenaje y Reconocimiento Institucional a las Víctimas del Terrorismo que el Gobierno Vasco organizó en Vitoria-Gasteiz el 29 de noviembre de 2009 (después de los celebrados en Bilbao y Donosti en 2007 y 2008), elaboramos una publicación en la que se recogían imágenes de todos los espacios y lugares de memoria existentes hasta ese momento en Euskadi, promovidos por distintos ayuntamientos. Esta publicación fue entregada a los asistentes a dicho acto.

Maixabel Lasa decía en el preámbulo de esta publicación:

En efecto, las ciudades y los pueblos vascos van convenciéndose de que recordar el pasado es condición imprescindible para construir un futuro en paz y libertad. Cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio ofrecido por éstos, debe ser conocido y reconocido por las nuevas generaciones, como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que ya no están entre nosotros.

Pero el mapa de la memoria no es solo una guía útil y necesaria para viajar en el tiempo y en el espacio moral. El mapa de la memoria garantiza y preserva, además, un relato del pasado y una versión de la historia desde la visión del inocente. Una visión que denuncia la perversidad y la falsedad del discurso del verdugo y sus excusas. La memoria y su visibilización se convierten, así, en el mejor y más potente antídoto frente a la administración estratégica del olvido y contra las tentaciones del revisionismo histórico.”

No me resisto a la tentación de reproducir un texto incluido en la publicación, por su elocuencia respecto a la intencionalidad de la iniciativa.

El mapa de la memoria que se presenta en este documental es un mapa imperfecto e inacabado. La visibilización de las víctimas del terrorismo es un fenómeno que ha cobrado importancia durante los últimos años. Ese proceso, absolutamente necesario, no ha sido, sin embargo, justo con todas las personas que han sufrido la violencia terrorista. Conocemos a unas víctimas más que a otras. Recordamos más a las recientes que a las pasadas. Unas pocas, muy pocas, tienes calles y esculturas en su memoria. La gran mayoría, anónimas todas ellas, comienzan a ser recordadas ahora, aunque no de modo individual. Por ello, es conveniente e imprescindible destacar este hecho, también, como un acto de justicia y reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo. Porque todas ellas tienen nombres y apellidos y todas ellas tienen el mismo derecho a ocupar un lugar especial y visible en el mapa de la memoria colectiva de nuestro pueblo“.

En aquel acto, se proyectó este magnífico documental elaborado por Susana Iturrioz (Comisaria que fue de la excelente exposición Biltimak, del parlamento vasco, promovida por su entonces presidenta, Izaskun Bilbao), que sirvió, entre otras cosas, para abrir los ojos a mucha gente en relación a lo que se había hecho ya y a lo que se estaba haciendo en Euskadi en favor del reconocimiento de las víctimas del terrorismo y de su memoria. Dejo aquí el video, recomendando vivamente su visualización.

https://youtu.be/x9LC20TGSos

El viernes, día 4 de septiembre de 2015, el Lehendakari Urkullu, con su implicación personal, dará el impulso, espero que definitivo, para cerrar un proceso que se inició hace unos años. Pocos, pero parecen decenios, tan diferente es la situación en la que vivimos ahora respecto a la de entonces. Ojalá todo vaya bien, aunque ello dependerá de la respuesta final de los diferentes alcaldes y, especialmente, de la actitud que adopte Bildu, a quien se le presenta una magnífica oportunidad de seguir avanzando en su proceso de reconocimiento de los afectados por el terrorismo de ETA.

Y ojalá también, quienes sostenemos que todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos tienen los mismo derechos (Verdad, Justicia y Reparación) y que no caben discriminaciones en ese ámbito, podamos seguir defendiendo esta iniciativa, porque de ninguna manera comporte que esta equiparación se haga extensiva a las violencias que generaron los distintos sufrimientos. Todas ellas injustas, pero con legitimaciones sociales bien diferenciadas. La preservación de este tipo de actos respecto a la teoría del conflicto y a la no equiparación de violencias es tarea y responsabilidad de todos y especialmente de quienes elaboran discurso público. Ahí es donde debemos empeñarnos.

Confiemos, pero vigilantes.

3.9.15

A Maixabel Lasa

No es mi intención escribir un panegírico de la persona con quien trabajé codo a codo durante tantos, tan intensos y tan fructíferos años en el gobierno vasco; o tal vez sí, no lo sé. Lo que sí sé es que la quería hacer visible hoy de una manera especial en este rincón, precisamente el día que se cumplen 15 años del asesinato de su marido, el político socialista Juan Mari Jáuregui a manos de ETA, por el simbolismo de su figura, de su discurso y de su trayectoria.

Y se me ha ocurrido que no había mejor manera de hacerlo que traer al recuerdo unos versos escritos por un poeta palestino, ya fallecido, Taha Muhammad Ali, traducidos al español por ese admirable activista por la paz en su tierra, Israel, que es Meir Margalit, con quien tuve el placer de compartir estancia, charlas, mesas redondas y actos diversos durante varios días en Catalunya, el mes de octubre del año pasado.

La página web “www.sin permiso.info” publicó la traducción del poema con ocasión del fallecimiento del líder judío Ariel Sharon en enero de 2014, después de permanecer ocho años en coma. El héroe militar sionista, responsable en la guerra del Líbano de 1982 de las masacres de los campos de refugiados de palestinos de Sabra y Chatila, fue varias veces ministro del Likud y provocó la intifada de Al Aqsa cuando entró armado en la Explanada de las Mezquitas. Primer Ministro en 2001, diseñó la estrategia de la retirada israelí de la franja de Gaza, sustituyendo la ocupación directa por el asedio.

La muerte de Sharon fue una ocasión propicia para recordar los versos de Taha Muhammad Ali y este decimoquinto aniversario del asesinato de Juan Mari Jáuregui creo que constituye una magnífica y muy oportuna circunstancia para volver a hacerlo, como pequeño homenaje a lo que representa su viuda, mi querida y entrañable amiga Maixabel.

Dice así el poeta palestino.

De momento,

tengo ganas de retar a duelo 

al hombre 

que asesinó a mi padre 

y demolió mi casa 

y me mandó desamparado 

a errar por el estrecho mundo. 

Si él me llegara a matar 

entonces yo lograría descansar en paz 

mientras que si fuera yo quién lo matara 

podría por lo menos vengarme.

  

Pero… 

si me enterara 

en medio de ese duelo 

que mi enemigo 

tiene madre 

que le está esperando, 

o padre 

que se agarra el pecho, angustiado, 

preocupado 

cada noche porque su hijo tarda en regresar a casa 

aunque sólo sea un cuarto de hora, 

en ese caso, 

no lo mataría, 

aunque lograra vencerlo.

 

 No solo eso, 

no lo mataría si me enterara 

que tiene hermanos y hermanas 

que le tienen cariño 

y no dejan de extrañarlo. 

O que tiene 

mujer que lo espera 

e hijos 

que lo añoran cuando se ausenta 

y son felices con los regalos que les compra. 

O que tiene 

amigos, compañeros 

vecinos y conocidos, 

compañeros de celda, 

gente con quien comparte habitación en el hospital, 

camaradas de estudio 

que se interesan por él 

y gustan saludarlo.

 

 Pero si es una persona solitaria, 

que carece de familia, 

de madre y de padre 

de hermanos y hermanas, 

Que no tiene mujer ni hijos, 

sin amigos, compañeros o vecinos 

con quien compartir momentos difíciles: 

no seré yo quién agrave su sufrimiento. 

Solo me consolaré 

tratándolo con indiferencia 

cuando por la calle me cruce con él. 

Y trataré de convencerme a mi mismo 

que mi indiferencia 

es también en si misma 

una forma de venganza.

A ti, pues, Maixabel, que has sido capaz de sustituir la indiferencia por el perdón y que representas como pocos el significado genuino de esos hermosos valores de paz y convivencia con memoria que tanto sigue necesitando Euskadi.

29.7.15

La revisión crítica de la que pocos hablan

Suelen pasar desapercibidas y apenas generan debate o polémica, pues pocas veces se discuten. Pareciera que se asume la idea de que aún es pronto, en medida de tiempo histórica, para realizar un examen de tal naturaleza a y desde la sociedad vasca. Sin embargo, algunas voces, esporádicamente sí se alzan para criticar lo que sus autores califican de “culpabilización” de los vascos cuando se analiza su actitud y su reacción frente a la violencia de ETA.

Cuentan que el último en hacerlo debió ser un alto responsable en la materia del gobierno vasco, al intentar explicar la razón del ostracismo al que fue sometido por el propio gobierno el Informe Foronda sobre “Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas en el período 1968-2010”. Con posterioridad, la polvareda levantada por tal actuación con un estudio realmente valiosísimo en términos de memoria, así como una reflexión más profunda, presidida por la sensatez, provocaron el cambio y la promesa de difusión del mismo desde el propio gobierno. Pero en su momento, no parece que gustó la radiografía que el citado Informe realiza sobre la respuesta de la ciudadanía vasca al fenómeno de la violencia terrorista padecida.

Recuerdo que a finales del año 2003 – uf, qué lejos ya -, cuando el gobierno vasco liderado por el Lehendakari Ibarretxe estaba a punto de lanzar la campaña de sensibilización pública a favor de la Paz y la Libertad y contra la situación de amenaza en la que vivían muchos de nuestros conciudadanos, no fueron pocas las voces que se alzaron en el seno del propio gobierno en contra de la misma, por considerarla ofensiva e injusta para con amplios sectores de la sociedad vasca. Recuerde el lector aquella campaña de publicidad, con el impactante cartel de la bala y el pintalabios y un eslogan inusitado en aquellos momentos de intensa polarización y crispación política para ser promovido por instancias públicas vascas: “Cuando silencian una voz, nos callan a todos; que no sellen tus labios”. Se añadía una referencia al número de ciudadanos vascos amenazados por la organización ETA, colocado bajo la bala y otra cifra, la del resto de población de la Comunidad Autónoma, bajo el pintalabios, con el emplazamiento a que no maquillara la realidad. Pues sí, ¿qué quieren que les diga? En su momento me pareció no solo acertada sino valiente y, sobre todo, atrevida, a tenor del contexto político que vivíamos y hoy, con la perspectiva que da el tiempo, aún me siento más orgulloso de haber participado en el impulso de la misma.

Las voces críticas dentro del gobierno sostenían que el mensaje era injusto para con la mayoría de la sociedad, pues rechazaban que se pudiese acusar o insinuar siquiera que ésta maquillara ninguna realidad y defendían la ejemplar reacción de la misma ante el terrorismo etarra. Había quien lo consideraba incluso ofensivo.

Justo es reconocer que el Lehendakari Ibarretxe no dudó un solo momento en apoyar la campaña diseñada y acompañar a la Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo (Maixabel Lasa) y al Director de Derechos Humanos (yo mismo) nada menos que a la capital del reino a presentar, en territorio comanche y con la peña política capitalina sublevada contra el gobierno y el propio Lehendakari, la referida campaña de sensibilización en enero de 2004.

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La prensa recogía entonces la noticia de la presentación con reseñas como ésta: “Aunque el Gobierno quiere lanzar un mensaje positivo a la sociedad vasca y evitar los reproches, el símil del pintalabios no deja de ser un toque de atención a la conciencia de todos “los que miran para otro lado, o maquillan” un problema que afecta a más de 42.000 ciudadanos en la comunidad autónoma amenazados por la banda y sus seguidores.”

Se trata de cuestiones no novedosas. ¿Ha sido correcta la actitud, la reacción de la sociedad vasca ante la acción de ETA? ¿Existe justificación para la crítica respecto de esa actitud? Cada cierto tiempo y por razones diversas, resurgen tímidamente algunas opiniones, para volver a desaparecer, sin llegar alcanzar el debate la extensión y profundidad necesarios para avanzar en la reflexión.

Obsérvese que son dos los planteamientos realizados, aunque íntimamente unidos. Por un lado, el análisis – y la valoración consiguiente – de la respuesta social en Euskadi al fenómeno del terrorismo. Una reflexión crítica. Por otro, la actitud mantenida por algunos sectores renuentes a aceptar críticas o censuras mínimamente severas para con la actitud de los vascos, desde una autocomplacencia tan excesiva como injustificada.

No es mi intención realizar un análisis profundo sobre todo ello en estas líneas. Pero no resisto la tentación de apuntar algunas referencias que contribuyan a la reflexión y al debate, en relación especialmente a cómo nos hemos mirado y cómo nos hemos visto los vascos frente a la violencia y el terror de ETA.

En este sentido, cabe indicar que la propia naturaleza y el objetivo del estudio realizado por el Instituto Valentín de Foronda, antes mencionado, ofrecen la posibilidad de acudir a él en primer término. Creo obligado antes de nada, reconocer el excelente trabajo realizado por sus autores, debiendo señalarse el mismo, no como fuente única, por supuesto, pero sí muy principal, para analizar la reacción de la sociedad vasca ante el fenómeno del terrorismo. Destaco algunas de sus constataciones, en la convicción de que la descontextualización no desmerece el valor de su significado.

 “Las visiones comprensivas de los miembros de ETA iban más allá de este sector. A la altura de 1978 un 48% de los vascos adjetivaba a los etarras como patriotas o idealistas (Linz, 1986)”. Página 44.

“Tomemos 1979 como muestra. Aquel año hubo 64 atentados terroristas con víctimas mortales, 59 de ellos obra de ETA y grupos afines, con un total de 80 personas asesinadas. Apenas un 24% de estos atentados tuvo una contestación en la calle en forma de movilización de protesta, una cifra elocuente de ese abandono social al que nos referimos. El porcentaje se puede desglosar según el estatus de la víctima para obtener una visión más matizada y compleja. Cuando los asesinados eran policías apenas hubo movilización en un 7% de los casos (esto es, dos veces), un porcentaje que sube hasta el 43% en el de los militares y al 64% en el de los civiles, los atentados que generaron una mayor repulsa.” Página 45.

“Recapitulando, los datos de que disponemos indican que durante varios años continuó la dinámica de la transición, esto es, de escasas movilizaciones tras los atentados. Desde 1986, gracias a Gesto por la Paz, cambió el panorama. El rechazo existente se empezó a expresar en forma de campañas sostenidas en el tiempo, que involucraron a una parte pacifista y comprometida de la sociedad vasca, y que hubieron de afrontar fuertes resistencias de parte del nacionalismo vasco radical. Pintadas y consignas del tipo “Aldaia paga y calla” o “los asesinos llevan lazo azul” son un ejemplo significativo. Otra muestra la ofrecen las contramovilizaciones que, bajo el lema “Euskal Herria askatu” (libertad para Euskal Herria), eran convocadas enfrente de donde los pacifistas se reunían para exigir la libertad de los secuestrados por ETA. Ello dejaba imágenes explícitas de la división existente en Euskadi en torno al terrorismo, que ejercía, una vez más, como factor polarizador de la sociedad”. Página 72.

Concentración gesto y contra

(Cuántos minutos sumados en concentraciones que reclamaban la libertad de los secuestrados o simplemente la paz, impregnándose en nuestras retinas las miradas impávidas, indiferentes, temerosas o huidizas de tantísimas personas que pasaban a nuestro lado).

“Un 76% de los asesinatos de ETA carecieron de respuesta en forma de movilización social de protesta durante la transición (datos de 1979) y lo mismo ocurrió en un 82% de los casos durante la primera fase de la consolidación democrática (datos de 1984). Al contrario, todos los asesinatos de miembros de ETA contaron con réplicas en forma de huelgas y manifestaciones, incluyendo constantes expresiones de apología del terrorismo”. Página 120.

Pero, más allá de estudios y constataciones más o menos empíricas, merecen mi atención el criterio y razón de dos grandes hombres del mundo de la cultura euskaldun, con acreditada trayectoria literaria y de pensamiento crítico con su tiempo.

Para referirme al primero de ellos quiero aludir al I Acto Institucional de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, organizado por el Gobierno Vasco y celebrado en el Auditorio del Euskalduna, en Bilbao, el día 22 de abril de 2007. El conjunto de aquel acto tuvo un mensaje claro y nítido, constituyendo elemento esencial el discurso institucional del Lehendakari Ibarrtexe, con su solemne petición de perdón a las víctimas del terrorismo por el abandono y falta de solidaridad y cercanía mostrada por la sociedad y las instituciones vascas, a lo largo de tantos años de ostracismo.

Pero muy especialmente quiero destacar la impagable intervención del escritor Anjel Lertxundi ante las víctimas presentes, de la que extracto dos momentos:

Nos hemos callado ante la infamia. (…)

Podíamos habernos puesto en su lugar, porque pudo también pasarnos a nosotros. Todos poseemos los instrumentos precisos para imaginar la terrible soledad de una víctima, recluida involuntariamente en su dolor, los sentimientos, los recuerdos, el viento helado que barre unas voces que nunca más se escucharán. Se trataba de emprender un viaje moral. Sí, podíamos habernos acercado a ustedes, imaginarnos en su lugar, esbozar ante sus miradas un mínimo gesto de solidaridad. Sin embargo, nuestra conciencia, aletargada por el interés y el cálculo y amedrentada por la presión tenaz de los violentos sabía que su espejo nos remitiría a nuestro propio espejo, que su dolor nos interpelaría sobre nuestros silencios y nuestras omisiones, que denunciaría nuestras complicidades. La verdad del espejo incomoda, vaya si incomoda; sobre todo cuando hace luz en nuestras deserciones, en nuestras más íntimas debilidades, en el perverso orden de prioridades que nos llevaba a mirar a otro lado.

Y más tarde añade:

 “Ante el horror no hay gradación. Aunque los políticos y los medios de comunicación nos decían y nosotros repetíamos que la violencia había dado un salto cualitativo, éramos nosotros quienes habíamos dado ya el salto cualitativo al callar ante la barbaridad precedente y con nuestro silencio facilitar una nueva.”

El otro autor aludido es Ramón Saizarbitoria, quien, en su última novela publicada, “Martutene” (una obra extraordinaria cuya lectura recomiendo con entusiasmo), plantea, a través de una sus protagonistas, algunas reflexiones clave:

Lo cierto es que, a veces, a Julia se le hace difícil admitir que hayan podido llegar a convivir con tanto horror – conciudadanos rematados a tiros en la acera de sus casas ante la aparente indiferencia general – y sin embargo le da rabia la gente que dice no entenderlo.. Se siente interpelada desde una posición ética superior, desde otro estadio evolutivo cuando uno escucha eso de “Cómo habéis podido llegar a esto? Y eso duele.

¿Cómo han llegado a esto? Paso a paso. Hasta finales de los setenta, lo natural era estar con ETA. Incluso en Madrid se lanzaron jerséis al cielo, con alegría, cuando mataron a Carrero Blanco. El militante de ETA torturado, ametrallado en su huida, el que empezó pintando Gora Euskadi en las paredes y terminó poniendo bombas, era el hermano, el amigo, el vecino o alguien que podía serlo, que hacía lo que uno mismo no hacía no por impedimentos éticos sino por falta de coraje, y que haciéndolo dignificaba a todo un pueblo”

“A Melitón Manzanas no puede verle todavía como víctima. Desde su muerte – que la mayor parte de la ciudadanía vivió como una ejecución justa – hasta que la vileza y la locura se hicieron evidentes prácticamente para todo el mundo con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cada persona ha necesitado su tiempo, en función de sus circunstancias personales, para abrir los ojos, ver la sangre de las víctimas y compartir su dolor.

Aunque las parábolas resultan engañosas es tentador recurrir a ellas. Quien más quien menos se sostiene un tiempo agarrado a las bridas porque es duro caerse. Porque siempre es tarde para apearse. Aceptar que el hermano, el amigo del hermano, quien podría serlo, es un asesino, reconocer que uno mismo ha apoyado la locura, que ha justificado el crimen, que ha vivido en una miseria moral”.

“Supone que en euskera hay voces avergonzadas que se mantienen en un silencio culpable. Voces que no se sienten legitimadas para sumarse, tardíamente, a las que se alzaron cuando hacerlo era difícil. Voces ahogadas por la vergüenza. Voces hipócritas que pretenden disimular que permanecieron calladas. Silencios arrogantes de quienes no se resignan a ser voces de última hora. De quienes no hablan para no hacer evidente que estuvieron callados. De quienes no quieren reconocer que se confundieron. Quizá algunos silencios son respetuosos: el de quienes no se sienten legitimados a hacer uso del dolor, el de quienes no se atreven a utilizar el gris por temor a difuminar el bosque. Quizá hay también silencios pudorosos y silencios cobardes. Hubo sin duda silencios impuestos por las balas que asesinaron a López de Lacalle y por el desprecio que mató de muerte natural a Imanol Larzabal en Torrevieja. Silencios provocados por el hastío. Pero también están las voces de quienes tras caerse del caballo, sin tiempo para sacudirse el polvo, arremeten contra quienes cabalgaron a su lado, contra todo cuanto creyeron o sintieron, voces airadas que encuentran un aplauso fácil y han hecho oficio de citar a Primo Levi”.

Que cada quien extraiga sus propias conclusiones. Son estímulos para una necesaria reflexión, para una imprescindible revisión crítica de nuestro propio pasado como colectividad. Ahí lo dejo, en la seguridad de que, tarde o temprano, se impondrá la mirada sosegada ante el espejo, que nos devolverá la imagen que nos merecemos realmente. Y probablemente no coincidirá con la que algunos autocomplacientes quieren, no ver, sino que veamos los demás. Pues eso, veremos.

PS: Véase también sobre el mismo asunto:

“Aún estamos a tiempo” Manifiesto de 33 intelectuales vascos, de mayo de 1980. http://www.academia.edu/9167534/AUN_ESTAMOS_A_TIEMPO_Manifiesto_contra_el_terrorismo_de_ETA_mayo_1980_

http://imanol-zubero.blogspot.com.es/2011/12/la-sociedad-vasca-y-eta-un-poco-de.HTML

El libro “Cómo pudo pasarnos esto”, de Idoia Estornés