La intervención del Ayuntamiento de Madrid en la reforma del monumento a las víctimas del 11 M en Atocha.

Este artículo fue escrito el día 1 de junio de 2019 y ha sido publicado en la revista 11Magina, de la Asocación 11 M Afectados de Terrorismo en el mes de julio de 2019.

Hacer memoria a las víctimas es afirmar una injusticia hecha a la víctima que está vigente y que no se puede pasar por alto. Por eso, el filósofo Reyes Mate vincula las ideas de Justicia y Memoria, al afirmar que la memoria es una forma de hacer Justicia, ya que ésta exige reparar a la víctima en lo reparable y hacer memoria de lo irreparable.

Nadie va a reparar el daño cometido a la víctima, pero la memoria puede rescatarle de la indiferencia y decirnos que se cometió una injusticia y que ésta sigue vigente. Esta forma modesta, pero persistente de justicia no es impunidad, aunque entiende la justicia no tanto como castigo al culpable cuanto, como se ha dicho, como memoria de lo irreparable.

En el ejercicio de este derecho a la memoria que corresponde no solo a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad, cobran singular importancia los memoriales, como espacios físicos en los que se materializa este acto de justicia. Espacios en los que se hace imprescindible la nominalización de cada una de las víctimas, como expresión de la necesidad de recuperar su individualidad y revertir la cosificación que la acción terrorista impone sobre ellas, al convertirlas en meros objetivos militares de carácter instrumental. Por eso, los memoriales han de contar con un espacio central destinado a los nombres de las víctimas.

Esta premisa fue asumida por los creadores del monumento a las víctimas de los atentados del terrorismo yihadista del 11 de marzo en Madrid, en Atocha, disponiendo no solo que figuraran los nombres de todas y cada una de las víctimas sino que se incorporaran también numerosos mensajes de solidaridad expresados por la ciudadanía en los días posteriores a los atentados.

El monumento constaba de una piel exterior exclusivamente de vidrio, sin ningún otro material estructural, donde se apoyaba levemente una membrana interior de un novedoso material denominado ETFE, similar a la silicona en lámina, en la que figuraban los mencionados mensajes de condolencia hacia las víctimas impresos en ella. Esta membrana, se mantenía erguida mediante un sistema de presurización de una sala visitable en la estación de cercanías de Atocha, lo que hacía imprescindible unas puertas esclusas, que también soportaban sobrepresión y que funcionalmente tenían que ser utilizadas mediante alternancia, nunca a la vez, ya que esto provocaba descompresión  de la sala y el desplome de la membrana interna.

Con el paso del tiempo, la membrana interior comenzó a presentar pequeñas roturas por varias partes, lo que hacía que su geometría  no se mantuviera según los límites proyectados y tuviera contacto con los focos, deteriorándose los dos sistemas: la lámina soporte de los mensajes de condolencia  y la iluminación.

Las esclusas de acceso a la sala, sometidas a sobrepresión, se estropeaban habitualmente, lo que forzó a contar con personal de mantenimiento para ayudar a abrir las puertas al público visitante, generándose en su conjunto un gasto energético y de personal insostenible.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Intervención en Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural, encargó en 2016 la redacción de un proyecto para paliar tanto el deterioro de la membrana como el desmesurado nivel de gasto energético de mantenimiento que soportaba el monumento, sometida a la sobrepresión de tres máquinas que debían estar funcionando 24 horas para mantenerla erguida, y que hacía que los gastos de mantenimiento fueran de 60.000 euros anuales, aproximadamente.

El proyecto debía dar solución al deterioro por obsolescencia de los materiales; especialmente  de la membrana interior de ETFE, soporte de los mensajes de condolencia y del sistema de  presurización de la sala. Se vio que era imprescindible replantear la situación para conseguir la funcionalidad del ámbito y la mejora energética y sostenibilidad del monumento. La solución propuesta consistía en la implantación de un nuevo sistema de cuelgue estructural de la membrana que la hacía autoportante, eliminándose la presurización de la sala.

En resumen, el proyecto implicaba el desarrollo de los 160 metros cuadrados de membrana que forman un paraboloide cilíndrico, compuesto por láminas de EFTE soldadas, transparentes y con impresión digital de texto, con los siguientes trabajos:

  • Ingeniería textil. Estudio de forma y patronaje de la membrana de EFTE
  • Diseño y redistribución de los mensajes.
  • Desmontaje de los focos de luz de la membrana.
  • Cálculo y diseño de los tensores de acero.
  • Cálculo del aro superior de soporte
  • Desmontaje de la membrana actual
  • Confección de la nueva membrana y termosoldado
  • Transporte, montaje y ajustes de tensado en obra.
  • Trabajos complementarios imprescindibles para la instalación.
  • Nuevo sistema de iluminación con tecnología LED

La membrana auto-portante lleva una nueva lámina de ETTE que recogerá los mensajes de condolencia.

A lo largo del año 2017, se solicitaron a los proyectistas una serie de pruebas de envejecimiento a situaciones extremas de la lámina y otras, para tener resultados objetivos. El resultado fue la confirmación de su viabilidad.

Durante el año 2018, y una vez recibido el proyecto definitivo, en el mes de febrero, desde el Ayuntamiento se procedió a presentarlo a las asociaciones de víctimas vinculadas a los atentados del 11-M, a fin contar no solo con su conocimiento sino también con su conformidad, como así resultó ser.

Con posterioridad, se inició la tramitación del expediente de contratación de la obra, al tiempo que se conseguía su financiación a  través de la aprobación por parte del Ayuntamiento de una Inversión Financieramente Sostenible, por un importe de 350.000 euros.

Conviene subrayar que cuando se erigió el monumento a las víctimas del 11-M de Atocha, se suscribió un Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, ADIF y RENFE, para repartir las tareas de mantenimiento del mismo, repartiéndose las cargas de la siguiente forma: el 50% para el Ayuntamiento, el 25% para ADIF y el otro 25% para RENFE. Pero dicho Convenio no contemplaba las obras de reparación, por el que, el Ayuntamiento se vio obligado a tramitar un nuevo convenio que fue firmado el 12 de diciembre de 2018, a fin de posibilitar la ejecución de obras en un monumento que es propiedad de tres administraciones. Los gastos tanto del proyecto como de la ejecución serán asumidos en la misma proporción acordada en su momento. El nuevo proyecto no pudo ser licitado hasta no ver concluida la firma del nuevo convenio, siendo ésta la razón fundamental del retraso de la operación.

Finalmente se adjudicó en el mes de mayo pasado, previéndose su ejecución para el segundo semestre del presente año 2019. Confiamos plenamente en que la solución ofrecida y ya en marcha, ponga fin a los numerosos problemas con los que se ha encontrado un monumento que es – y debe seguir siendo – referencia memorial esencial del episodio más grave de terrorismo vivido por la ciudad de Madrid.

Marisol Mena Rubio (Directora General de Intervención en Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid).

Txema Urkijo Azkarate (Responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid).

 

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Stolpersteine

Parece increíble, pero todavía mucha gente entre nosotros desconoce que varios miles de españoles, de republicanos españoles exiliados tras el final de la Guerra Civil, fueron deportados desde Francia a campos de concentración nazis, especialmente el de Mauthausen. Casi diez mil, de los cuáles murieron prácticamente el 60%.

El proyecto “Stolpersteine”, puesto en marcha por el escultor aleman Gunter Demnig hace ya 27 años, consiste en una pequeño bloque de cemento cubierto en una de sus caras por una fina lámina de latón donde graba artesanalmente el nombre de una víctima del horror de esos campos. Se coloca en suelo público, cerca del último domicilio conocido de la víctima.

El proyecto se ha extendido por toda Europa, convirtiéndose, como decía Alicia Torija, en el micromonumento más grande el mundo. Ahora llega a Madrid y hemos podido contar con la presencia del escultor alemán, en un acto cargado de emotividad por la presencia de numerosos familiares de deportados, reconfortados con y por la iniciativa.

Qué importante es recordar a las víctimas de las injusticias…Qué importante es preservar la memoria. que conforma también nuestra identidad.

 

 

25.4.19

Las tribulaciones del Capitán Haya y el Juez.

Nuestro sistema de justicia se caracteriza por su estructura jerárquica y piramidal, lo cual supone que las resoluciones que dicta un juez pueden ser revisadas y, en su caso, corregidas, por una instancia superior. Con ello se pretende evitar posibles errores en la aplicación de las leyes y garantizar la unificación de los criterios interpretativos de las mismas.

Teniendo muy presente esta premisa, asisto con normalidad, desde hace unos meses, al goteo de sentencias sobre el cambio de denominación de algunas calles de Madrid, en aplicación de la Ley conocida como de Memoria Histórica. Consciente de que lo determinante de la partida se juega en la segunda instancia, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva todos los recursos interpuestos contra las sentencias recaídas en la primera.

En respuesta a las impugnaciones presentadas contra el acuerdo municipal que cambió los nombres de 52 calles, algunos jueces han dado la razón al Ayuntamiento, mientras que otros han considerado que su actuación no se ajustaba a derecho. Cada juez es un mundo y todos son mundos distintos- El mismo planteamiento puede dar a lugar a respuestas diferentes. Moneda corriente en los tribunales de justicia. Ya vendrán los superiores que determinarán el modo correcto de aplicar e interpretar la ley. Hasta aquí, todo entra dentro de lo normal.

El motivo de estas líneas tiene que ver con una de estas sentencias: la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid hace unos días, en un procedimiento relacionado con el cambio de nombre de la calle Capitán Haya.

Ya apuntaba maneras el asunto cuando un destacado medio nacional de prensa escrita recogió este titular en relación al caso:

Un juez anula el cambio «caprichoso» de Carmena de la calle del Capitán Haya”.

Aparentemente nada llama la atención. Podría haber sido uno más de los varios casos perdidos por el Ayuntamiento en lo tocante a los nombres de las calles. Pero leyendo la sentencia – que el medio no publica en su integridad – se descubre que el titular no se corresponde con la realidad.

El fallo de la resolución judicial obliga al Ayuntamiento a retrotraer el expediente de modificación de las calles, en lo que hace referencia exclusivamente a Capitán Haya, al momento en que la familia de este militar interpuso un recurso extraordinario de revisión, que debió ser “admitido” (y no lo fue), para que se admita, tramite y resuelva.

Nada más hace la sentencia porque nada más puede hacer, dado que el objeto del recurso no era el acuerdo del cambio de nombre de la calle, sino la inadmisión, por parte del Ayuntamiento, del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la familia porque se le pasó el plazo para interponer el recurso ordinario.

Lamentablemente, la progresiva pérdida de rigor y credibilidad de algunas prácticas periodísticas, hace que ya no sorprenda el uso de la falsedad y la manipulación como un agente más de propaganda en la disputa política. Falsedad que luego se difunde con profusión y entusiasmo por muchos de quienes abanderan y defienden la causa a la que la mentira sirve.

Pero llama más la atención alguna consideración que el titular del citado Juzgado realiza en su resolución.

Siendo el objeto del recurso el que ha quedado señalado anteriormente, no se entiende bien por qué el juzgador dedica una buena parte de su razonamiento a exponer sus peculiares puntos de vista, no solo sobre el cambio del nombre de la calle, sino, sorprendentemente, sobre nuestra Guerra Civil.

Vean:

(…) la decisión de proponer la Concejala Presidenta de esa Junta de Distrito, que esa calle se renombrara, (sin haber sido cuestionada por ninguna instancia ciudadana), bien podría tacharse de completamente subjetiva, y hasta de caprichosa, en tanto que no se sustentaba en documentos ciertos, o críticas ciudadanas reales que avalasen que su participación en acciones de guerra hubieran resultado esenciales para la sublevación, y directamente comandadas por él; con independencia de que como militar de carrera hubiera de optar por uno u otro bando (…)”;

No seré yo quien sostenga que la guerra que sufrió España no fue civil. Es una tesis defendida por algunos, con una finalidad loable (subrayar la singular relevancia de la participación extranjera en la misma, de la mano de los fascistas de Mussolini y los nazis de Hitler), pero a través de un medio equivocado (esa implicación no oculta la participación de cientos de miles de españoles reclutados obligatoriamente tanto por la República como por el gobierno de Franco, que se enfrentaron cruelmente en los campos de batalla. A los que habría que sumar quienes participaron voluntariamente, bien apoyando el golpe o bien defendiendo la legalidad republicana). No rechazo, por tanto, hablar de bandos, cuando se hace referencia a la guerra.

Pero sí en los términos en los que lo hace su señoría. Efectivamente, el juez coloca al bueno del Capitán Haya en una curiosa disyuntiva: al parecer, como militar de carrera se vio obligado a optar por uno u otro bando. Pues mire, no. El 18 de julio de 1936 no había aún guerra alguna en España. Hubo un golpe militar contra la legalidad republicana vigente. Por tanto, la disyuntiva que se les planteaba a los militares de carrera, en aquel momento, no era elegir entre dos bandos enfrentados en una guerra, sino adherirse a la sublevación que pretendía acabar con la legalidad vigente o permanecer fiel y leal a ésta.

El juzgador remata su visión de la historia con esta otra reflexión:

(…) pidiendo el cambio de nombre de la calle por venir atribuido el mismo a una persona que hubiera dado lugar con su conducta personal o profesional a la exaltación de la sublevación militar, o de la Guerra Civil, más allá de cumplir con su obligación de militar de carrera, y mostrar en aquellos momentos, sin duda confusos, su simpatía por el denominado bando nacional,

Vuelve a incurrir en el error de calificar como bando nacional lo que fue, cuando los militares tuvieron que posicionarse, una sublevación, hacia la que el Capitán Haya mostró sus simpatías.

Y luego, tampoco tiene empacho en justificar esta conducta del Capitán Haya al sumarse a dicha sublevación, con la singular excusa de que lo hacía en cumplimiento de su obligación como militar de carrera. En momentos confusos, eso sí.

Olvida que la obligación adquirida por los militares de carrera en sus solemnes juramentos, precisamente debería haberles conducido a mantenerse leales a las leyes y los valores que juraron respetar y defender; esto es, los correspondientes a la legalidad republicana vigente.

Resulta inaudito y preocupante que, en 2019, después de más de 40 años de democracia en España, haya servidores públicos sosteniendo estas visiones de nuestra historia, no en su vida particular, sino en su responsabilidad de administrar justicia.

Sin duda, pretende disimular la parte de la historia del Capitán Haya que no puede suprimir: su participación en determinadas acciones militares a favor del bando sublevado. Con ello, quiere justificar la supuesta insuficiencia de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para fundamentar la aplicación de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, la retirada del nombre de su calle en Madrid.

En este punto, resulta interesante seguir las filigranas del juzgador en su sentencia. Filigranas innecesarias, insisto, pues el objeto del recurso no era valorar si fue correctamente aplicada la Ley al caso del Capitán Haya. Pero vean:

Sí, por el contrario, los aquí recurrentes aportaron con su escrito promoviendo el Recurso Extraordinario de Revisión aquellos otros documentos que consideraron venían a demostrar que su padre, con anterioridad al inicio de la Contienda Civil, había acumulado méritos propios suficientes, que merecieron ser destacados, y que fueron esos méritos los que sirvieron al Ayuntamiento para que, en el año 1954, se pusiera a una calle de Madrid el nombre de “calle del Capitán Haya”.

Y más adelante, añade:

“(…) ante tales carencias se hace difícil vislumbrar que el Capitán Haya hubiera contribuido con su actividad de piloto militar dentro del bando nacional, (y de una manera esencial) a la exaltación de la sublevación militar, o de la Guerra Civil; y de otro, porque los incorporados después por los  recurrentes vendrían a evidenciar todo lo contrario, es decir, que la asignación del nombre de Capitán Haya, a una calle de Madrid, no se debió tanto a motivo alguno de evidente trascendencia relacionado con la sublevación militar del año 1.936, ni con la contienda civil de 1.936 a 1.939, como a méritos adquiridos antes, directamente relacionados con su profesión de aviador o piloto de aeronaves, dada su pericia y destreza en el manejo de esos aparatos.”

Sin embargo, una simple ojeada a los documentos que obran en los expedientes municipales correspondientes, evidencia la falacia de recurrentes y juzgador.

En abril de 1943 se inicia el expediente para modificar el nombre de entonces denominada Plaza de las Peñuelas, por el nuevo de Capitán Haya, “en memoria del glorioso aviador nacional, que tanto socorrió a los héroes del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza y que murió gloriosamente en el frente del Ebro“. Dicha propuesta se complementa con la colocación de una placa de mármol con letras de bronce que se inauguraría el 1 de mayo, fecha en la que se conmemoraba “la hazaña de los héroes del citado Santuario“. La propuesta se planteó continuando con la línea de “incluir en el nomenclátor de las calles de Madrid a las personalidades, organismos y héroes de nuestra cruzada que merecen esta distinción“.

Y es unos años más tarde, en junio de 1954, cuando el Ayuntamiento aprueba otro cambio en su callejero, por el cual, la Plaza del Capitán Haya recupera su antigua denominación de las Peñuelas, porque al militar se le concede el nombre de una amplia avenida “en una barriada en la que ya aparecen nombres prestigiosos de nuestra Cruzada”.

Sobran comentarios ante la evidencia del grave error en que incurre el juzgador al valorar una documental que, con comprensible parcialidad y capciosidad, habían presentado los familiares recurrentes, pretendiendo eludir la aplicación de la Ley, bajo el argumento de que le fue otorgada la calle al Capitán Haya por su méritos como aviador, previos a la contienda civil.

Sospecho que la ideología ha vencido la batalla al rigor. Provisionalmente, pierde la justicia. Confiemos en que otros jueces determinen con rigor si la decisión del Ayuntamiento fue ajustada a derecho o no y, por tanto, si procede o no el cambio del nombre de la calle Capitán Haya. El Poeta Joan Maragall espera paciente la decisión final.

2.2.19

Una coherencia necesaria

Publicado en “Eldiarionorte.es”, el 30 de diciembre de 2016.

En Euskadi ha habido violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, generadas en un contexto de intensa violencia de motivación política, especialmente protagonizada por ETA y sostenida a lo largo de varias décadas.

Por otra parte, en el conjunto de España, tras el final de la guerra civil y con la instauración del férreo régimen dictatorial militar del general Franco, se llevó a cabo una política sistemática de represión política, con vulneraciones graves de los derechos humanos, también en un periodo temporal que se prolongó varias décadas.

Evidenciamos así que hay, al menos, un elemento común en ambos supuestos: la existencia de violaciones graves de derechos humanos.

Conforme a la doctrina internacional de estos derechos, recogida en tratados internacionales suscritos por España y que, por ello, resultan de aplicación como legislación interna, las víctimas de estas vulneraciones ostentan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La legislación sobre víctimas del terrorismo en España, a través de la ley 29/2011, vino a recoger esta idea al afirmar su exposición de motivos lo siguiente:

“Esta Ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo de la víctima, vinculando sus derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democráticas y señalando correlativamente obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensación de quienes han sufrido el terrorismo.”

Su artículo 2º incorpora la idea al texto normativo así:

“Artículo 2. Valores y finalidad. 1. Esta Ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.”

Con mayor atrevimiento, la legislación vasca sobre víctimas del terrorismo ya había abordado, tres años antes, en su ley 4/2008, el mismo planteamiento, tanto en su exposición de motivos como en su texto articulado.

En efecto, memoria, dignidad, justicia y verdad, son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente Ley buscando en última instancia la reparación integral de la víctima.

(…) se han tomado como fuente de inspiración documentos internacionales, de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea, sobre la protección de las víctimas ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

En el caso vasco (…) podemos hablar, por tanto, de la existencia de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, tanto las cometidas por el terrorismo de ETA como las protagonizadas en el pasado por los grupos de extrema derecha y el propio GAL. En este sentido, no se trata de llevar a cabo una transposición al Derecho interno de normas de carácter internacional, sino tan solo de reconocer la conexión interpretativa y doctrinal de las disposiciones recogidas fundamentalmente en el mencionado título II del texto legal. Una de las consecuencias claras y evidentes de esta inspiración se refleja en la definición de derechos de las víctimas. No es baladí que la presente ley trate a las víctimas del terrorismo como sujetos de derechos, aunque el contenido de estos sea esencialmente programático. Y así se enuncia precisamente el mencionado título II. Acogiendo las referencias de los instrumentos internacionales en la materia, afirmamos que los derechos de las víctimas que se originan ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos reposan sobre tres pilares básicos, a saber: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación”.

Las administraciones públicas han tenido y tienen referencias legislativas ciertas y precisas para desarrollar sus políticas sobre víctimas del terrorismo, en las cuáles han destacado especialmente las iniciativas de reparación material y reparación moral.

La pregunta que cabe hacerse en este momento, transcurridos cinco años desde el final del terrorismo de ETA y cuarenta después del final de la dictadura es ¿Por qué las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista no tienen una legislación equiparable a la de las víctimas del terrorismo en cuanto al reconocimiento de sus derechos, si todas ellas lo son de vulneraciones graves de derechos humanos?

Los esfuerzos bienintencionados de la ley 52/2007, conocida como ley de memoria histórica, no han permitido alcanzar el nivel de protección de derechos de las víctimas de la dictadura franquista que luego se plasmaría en las legislaciones sobre víctimas del terrorismo.

Por otro lado, en los últimos años, al amparo de la legislación citada anteriormente, se impulsan numerosas iniciativas públicas de memoria en favor de las víctimas del terrorismo. Hay sectores políticos que se significan especialmente (con razones que comparto) en la defensa y promoción de estas iniciativas. Sin embargo, cuesta aceptar la incongruencia que supone la actitud no solo renuente sino obstativa que estos mismos sectores políticos adoptan cuando se trata de abordar iniciativas de memoria en favor de las víctimas de la dictadura franquista. Una incongruencia que recuerda a la de aquéllos que, en Euskadi, se afanan en dirigir su mirada solo al futuro, mostrando serias reticencias a revisar un pasado que no les deja en muy buen lugar, al tiempo que enarbolan sin pudor la bandera de una memoria histórica algo más remota.

Es imprescindible e inaplazable una revisión de la legislación sobre memoria histórica en España que reconozca los derechos de las víctimas del franquismo a la verdad, la justicia y la reparación, aún con las limitaciones recogidas en la legislación sobre víctimas del terrorismo. Igualmente se impone una reflexión en el ámbito político, presidida por la necesidad de congruencia. Hemos de impulsar políticas de memoria donde las tensiones y polémicas no provengan de las sombras generadas por una insuficiente deslegitimación de la dictadura o del terrorismo, objetivos irrenunciables de cualquier política pública de memoria.

18.12.16

¡No me toques los símbolos! A cuenta del General Millán Astray.

Ya lo he dicho en más de una ocasión. Nunca dejaré de sorprenderme con el potencial movilizador que tienen los símbolos. Creo que lo comenté cuando hablé aquí mismo de la tarea del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid y de la repercusión de su labor cuando se trata de abordar el tan polémico asunto de la revisión del callejero, en aplicación de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica. Pues bien, llevamos unas semanas a vueltas con una de las propuestas que el citado Comisionado planteó en el mes de julio: la retirada de la calle al General Millán Astray y la denominación de la misma como Avenida de la Inteligencia.

Varias Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios presentaron ante el Ayuntamiento de Madrid un escrito en el que mostraban su desacuerdo con la propuesta y las razones en las que basaban dicha oposición. La Presidenta del Comisionado, Paquita Sauquillo y yo mismo, mantuvimos una reunión con ellos en la que pudieron además, trasladarnos de viva voz sus argumentaciones. Esta misma semana, el Comisionado se ha reunido y ha resuelto las alegaciones presentadas por las Hermandades y, mediante escrito debidamente motivado, presentado y explicado también de viva voz en reunión posterior con sus representantes, rechazó su petición, junto a las razones de la misma.

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Suscitada la polémica, aunque de tono menor, creo de interés dar a conocer aquí la posición mantenida al respecto por el Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, en lo tocante a la justificación de la propuesta de retirar la calle al General Millán Astray, de manera que reproduzco lo sustancial del escrito entregado a los alegantes.

En primer lugar, el Comisionado quiere dejar muy claro que la decisión adoptada en su propuesta nada tiene que ver con la Legión ni con la fundación de dicha unidad del ejército.

En este sentido, el Comisionado manifiesta su más profundo respeto hacia el cuerpo de la Legión, al tiempo que un reconocimiento sincero de la labor que viene desarrollando en los últimos tiempos, en diversos lugares del mundo, como partícipes de misiones de paz y cooperación en las que participa activamente el gobierno de España.

Tan es así, que este organismo no habría tenido inconveniente alguno en aceptar el estudio de una propuesta para denominar una calle como “Calle de la Legión”, si no fuera porque ya existe una con el nombre de calle del Tercio, en el Distrito de Carabanchel. Como dice Luis Miguel Aparisi en su estudio Toponimia Madrileña (página 1118), la denominación de esta calle constituye un “homenaje a la Legión Española y su Tercio de Voluntarios, fundado por Millán Astray, del que fue primer lugarteniente el comandante Francisco Franco Bahamonde”.

En segundo término, quiere aclarar el Comisionado que la propuesta de retirar la calle al General Millán Astray no se fundamenta en un juicio de valor sobre la biografía completa del citado militar. No se niegan por parte del Comisionado aquellos aspectos dignos de alabanza y aplauso que presenta la trayectoria vital de Millán Astray. Incluso no hay empacho en reconocerlos. Claro que nadie niega la tarea social que llevó a cabo en los últimos años de su vida. Pero ése no es el quid de la cuestión. Y sospechamos que tampoco fueron estos los motivos determinantes que influyeron en los mandatarios municipales madrileños cuando le concedieron el nombre de la calle en la ciudad de Madrid.

Lo que se valora fundamentalmente en la figura de Millán Astray, a efectos de entender aplicable el artículo 15 de la Ley 52/2007, es su condición de Jefe de Prensa y Propaganda del bando sublevado primero y del régimen de dictadura militar implantado tras el final de la guerra civil, después. Entre los cometidos que, en el ejercicio de tal responsabilidad, llevó a cabo, estuvo la creación de Radio Nacional de España.

Es sabida la trascendencia que la radio tuvo como medio de comunicación en el transcurso de la contienda bélica, por su importantísimo potencial propagandístico. La Guerra Civil Española también se disputaba en el terreno de las ondas. La comunicación jugaba un papel fundamental y, en ese contexto, Franco decidió fundar Radio Nacional de España en enero de 1937 y desde entonces tendrá un papel dominante en la maquinaria propagandística franquista. Y colocó al frente de dicha empresa a su leal amigo, el General Millán Astray.

A modo de ejemplo del citado valor y del papel que jugó en la contienda, viene a cuento traer a colación la manera en que el bando nacional pretendió tergiversar la autoría del bombardeo de Guernica, apenas escasos días después del luctuoso acontecimiento, utilizando para ello, las ondas de Radio Nacional de España, con el conocido comunicado “Mentiras, mentiras, mentiras”.

La responsabilidad del general Millán Astray en la maquinaria propagandística durante la propia guerra no es menor, como queda dicho. Y qué duda cabe de que, si bien es cierto que no tuvo una participación directa en acciones bélicas, sí la tuvo y muy activa en el importante frente de la propaganda, que no deja de ser otra manera de participar en la contienda.

El artículo 15 de la Ley 52/2007 dice literalmente:

“Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Pues bien, a los efectos de la aplicación de este artículo, las acciones referidas de la vida de Millán Astray son subsumibles en el concepto de exaltación de la guerra civil y de la dictadura franquista, a juicio de este Comisionado.

Entiende este organismo que el General Millán Astray participó de forma notoria y singular en estructuras políticas que fueron relevantes para el sostenimiento del sistema dictatorial implantado por Franco durante y después de la guerra.

En un plano menor, pero con significación también en la tarea desarrollada por el Comisionado, cabe señalar que el General Millán Astray fue uno de los grandes valedores del General Franco, en su ascenso al liderazgo único de la sublevación militar, con las consecuencias posteriores, en términos de jefatura única del estado.

Cabe recordar que, si bien Millán Astray no estuvo en el mismo momento de la sublevación, por hallarse fuera de España, acudió con la mayor celeridad a sumarse al levantamiento y a ponerse a las órdenes del General Franco, quien, como ha quedado dicho, le asignó las responsabilidades de prensa y propaganda sólo por su condición de general, tal y como lo recuerda en sus memorias quien fue su segundo o mano derecha en esa responsabilidad, el escritor Ernesto Giménez Caballero (“Memorias de un dictador”. 1979).

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En última instancia, y también con rango menor en la motivación de la propuesta realizada, los estudios elaborados sobre el incidente ocurrido en Salamanca el 12 de octubre de 1936, en el que participó don Miguel de Unamuno, y que el Comisionado ha tenido en consideración, apuntan en una dirección distinta a la recogida en el escrito de alegaciones interpuesto. Más bien ratifican la versión más extendida y conocida del mismo. El propio Ernesto Giménez Caballero admite la autoría de Millán Astray respecto al grito “Mueran los intelectuales” (Ibídem, página 88).

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Por último, y al margen ya del fondo de la cuestión, el Comisionado quiere subrayar dos cuestiones:

Por un lado, una afirmación rotunda y contundente respecto a la ausencia absoluta de odio o revanchismo en sus razonamientos y propuestas.

Por otro, el nada baladí recordatorio de que el trabajo del Comisionado se limita a elaborar una propuesta que se elevará al Pleno a finales de año, momento en el cual, cabe suponer que, previo el correspondiente debate, se adoptará el acuerdo pertinente por el Ayuntamiento. No hay acuerdo aún, por tanto, sino solo propuesta.

23.9.16

El Comisionado de Memoria Histórica de Madrid y la modificación del callejero. “Una medida pedagógica”.

A nadie se le escapa la brutal carga simbólica que Madrid tiene en todos los órdenes respecto al conjunto de España. Sin duda, su condición de capital del Estado obra de manera determinante en tal sentido. Todo es más grande, todo es más importante, todo es más trascendente. Y tal vez es esa diferente dimensión de todas las cosas lo que más me ha chocado en los dos meses largos que llevo trabajando allí.

La memoria histórica, incluso a pesar de lo controvertido del propio término, ha sido uno de los asuntos presentes en la política española desde mediados de la primera década del presente siglo, constituyendo uno de los momentos álgidos de esta notoriedad, la aprobación por las Cortes Generales  de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La aplicación de esta Ley, en términos generales, ha sido más bien irregular y ha dejado mucho que desear, con notorios y graves incumplimientos por parte de numerosas administraciones. Entre ellas, se encuentran las de Madrid, tanto su Comunidad como su Ayuntamiento, que se han caracterizado por su renuencia a dar paso alguno en la dirección impuesta por la referida Ley. No es mi intención ahora analizar con minuciosidad este incumplimiento, más allá del significado político de dicha actitud.

Como decía al principio, Madrid es el gran símbolo nacional. Por ello, el muro de contención levantado por el Partido Popular desde la Comunidad y el Ayuntamiento en sus años de gobierno frente a la aplicación de la Ley y frente a las reivindicaciones de los sectores que lo demandaban, gozaba de una significación especial: La resistencia a aceptar plenamente la filosofía que trufa la Ley de 2007, desarrollada en su cuidada exposición de motivos, como postulado político esencial del partido. La realidad es que el PP no ha tenido empacho alguno – al contrario – en levantar la bandera de la oposición a cualquier medida que supusiera cumplimiento legal. Cumplimiento de una Ley vigente, por cierto, puesto que ni con la mayoría absoluta de la que ha gozado en esta última legislatura, se ha avenido a derogarla, al menos de derecho (lo del vaciado del presupuesto supuso una suerte de derogación de facto).

Con el nuevo gobierno municipal surgido tras las últimas elecciones y bajo el mandato de la alcaldesa Manuela Carmena, el Ayuntamiento está dando los pasos necesarios para subsanar esa anomalía y, a través de una figura creada hace tres meses, el Comisionado de Memoria Histórica, pretende implementar cuantas medidas resulten convenientes para dar cumplimiento a la Ley y para promover una política pública de Memoria en la ciudad de Madrid. Los primeros pasos ya se han dado y, entre ellos, destaca su primera propuesta en relación a la modificación del callejero de la capital, cuestión mediática y polémica donde las haya, que levanta pasiones y suscita polémicas.

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Publicitada la pasada semana esta primera propuesta elaborada por el Comisionado, de retirada de algunas calles y consiguiente nueva denominación de las mismas, los miembros del citado órgano han querido defender su trabajo a través de un artículo publicado en el periódico El País el día 26 de julio. Por su gran interés, lo reproduzco a continuación:

 

Una medida pedagógica

“Los abajo firmantes hemos sido encargados por el Ayuntamiento de Madrid de revisar el callejero y la simbología existente en lugares públicos con el fin de cumplir el artículo 15 de la Ley 52/2007 (habitualmente conocida como Ley de la Memoria Histórica y referida a la reparación debida a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo), que exige la retirada de todo símbolo público que exalte la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura franquista. Querríamos hoy justificar públicamente nuestra tarea.

Las medidas reparatorias que unas autoridades democráticas deben tomar después de un período de guerra civil o dictadura constituyen un terreno de gran complejidad en términos de filosofía y ética política. Hay que rechazar, desde luego, todo ánimo revanchista. No se trata de enmendar la historia, ni de demostrar que han llegado ahora al poder quienes perdieron la guerra hace ochenta años.

Tampoco nos hemos dejado llevar por la idea, expuesta por el filósofo Georges Santayana, de que los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo.

El recuerdo ayuda, sin duda, a prevenir riesgos futuros. Pero el pasado no se repite de manera mecánica y fatal. La ley de la historia es más bien el cambio, y uno de esos cambios son las transiciones a la democracia. En el caso español, hay muchas razones para creer que acontecimientos trágicos como los iniciados en 1936 no volverán a ocurrir. La sociedad ha cambiado radicalmente, se ha elevado nuestro nivel económico y cultural, hay una democracia estabilizada y han desaparecido aquellas pasiones políticas que llevaron a la gente a la barbarie del exterminio mutuo.

Tampoco nos guía la idea de hacer justicia, en sentido literal del término, es decir, restaurar la situación en el estado en que estuvo antes de que se conculcara el derecho. Esto es raras veces posible, y menos aún cuando ha transcurrido tanto tiempo.

Nadie puede devolver la vida a los que la perdieron, ni la juventud a quienes la pasaron en la cárcel, en el exilio o como miembros de una familia que, además de haber perdido a un ser querido, se vio obligada a vivir en el oprobio y la marginación. Lo único que ahora podemos hacer es rehabilitarles moralmente, pagar la deuda política y simbólica que tenemos con esas víctimas. Hay que proclamar en voz alta y delante de todos que muchos españoles sufrieron un tratamiento inmerecido y que sus familias pueden y deben caminar hoy con la cabeza bien alta. Si alguien debe sentir vergüenza somos los demás, por haber tardado tanto tiempo en rendirles este homenaje.

La razón más profunda que inspira medidas de este tipo fue explicada hace tiempo por Pablo de Greiff, comisionado de la ONU para el caso español, que visitó este país hace tres años y elaboró un informe muy crítico hacia la actitud de las autoridades españolas en este problema. Según él, estas medidas se justifican porque es necesario aumentar la confianza de los ciudadanos entre sí y entre ellos y las instituciones públicas. Las instituciones que toleran que una parte de la ciudadanía cargue con un tratamiento injusto se desprestigian. Quienes gobiernan una sociedad deben dejar patente que se guían por los valores y normas dominantes entre el conjunto de los ciudadanos.

No se trata, pues, de establecer una versión canónica del pasado que fije los méritos y responsabilidades de cada uno en conflictos internos muy complejos y las deudas derivadas de tales actuaciones. Tampoco de adentrarnos en pantanosos debates sobre la personalidad colectiva ni de hacer proyecciones de culpas y méritos pretéritos sobre grupos sociales del presente. Se trata de resolver un problema de los ciudadanos españoles actuales. Se trata de fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra moral cívica.

A partir de estas consideraciones, nuestro grupo ha trabajado sobre una treintena de calles cuya nomenclatura había sido cuestionada por Juntas de Distrito, asociaciones de vecinos o de memoria histórica o ciudadanos particulares. Y hemos acordado una primera propuesta sobre los casos más llamativos: principalmente, personajes que participaron de manera destacada en la rebelión militar de 1936 u ostentaron altos cargos del régimen represivo establecido en 1939.

Aunque otorgar nuevas denominaciones a esas vías públicas no era exactamente nuestra función (pues esto implica una voluntad política y debe corresponder por tanto a los órganos representativos de la ciudadanía madrileña), nos hemos atrevido también a lanzar, como sugerencias, una serie de propuestas alternativas. Con ello tratamos de facilitar la adecuación del callejero de esta ciudad a los valores cívicos y democráticos que corresponden al Madrid del siglo XXI. En este espíritu, hemos pensado que se debía homenajear a mujeres ilustres, a instituciones pedagógicas o personajes del mundo de la cultura que contribuyeron a engrandecer nuestro patrimonio inmaterial en tiempos difíciles y a políticos destacados por haber adoptado posiciones conciliatorias.

De los 27 nombres que proponemos, un tercio son meras reposiciones de denominaciones anteriores a 1939, o referencias geográficas políticamente neutras. Casi otros tantos se refieren a literatos o títulos literarios de relieve. Y el resto se reparten entre ideales abstractos (Inteligencia, Memoria, Concordia), personajes políticos (un comunista, un socialista y un anarquista, conocidos los tres por su espíritu apaciguador), mujeres (una falangista / feminista y una fiscal de violencia de género), militares (un republicano de 1936 y un liberal progresista del XIX) y asociaciones pedagógicas como la Institución Libre de Enseñanza.

El conjunto nos parece equilibrado. Hay, desde luego, lagunas, como la de los científicos, menos abundantes de lo deseable en la historia de este país, pero que por esa misma razón deben ser exaltados y celebrados con mayor fuerza. Habrá una segunda propuesta donde se intentará compensar esta y otras carencias.

La función de una medida de este tipo debe ser, sobre todo, pedagógica. No en sentido estricto, pues no queremos dar una lección de historia, ni mucho menos imponer una determinada versión del pasado. Pero sí en el de restaurar y fortalecer esa confianza entre los conciudadanos que una guerra civil rompe; la confianza de ellos entre sí y la de todos en unas instituciones que por ser democráticas debemos sentir como nuestras.

Unas instituciones que han de encarnar la justicia y han de reconocer y proclamar, en nombre de la comunidad, que entre 1939 y 1975 se cometieron actos y se vivieron situaciones de violencia que afectaron de manera injusta a muchos de nuestros conciudadanos. La democracia debe reconocerlo para disfrutar así de la confianza de todos. Sólo cuando se restablezca esa confianza se podrán considerar cerradas las heridas y extinguidas las deudas y responsabilidades.

Firmado: La Presidenta del Comisionado, Paquita Sauquillo, el vicepresidente, José Álvarez Junco y el resto de sus vocales: Teresa Arenillas, Octavio Ruiz Manjón, Andrés Trapiello, Santos Uría y Amelia Valcárcel.”

 

26.7.16

Montejurra, 40 años después. Mi memoria.

Era un acontecimiento especial para nosotros, niños entonces. Preparativos de víspera, filetes albardados y tortillas en las fiambreras, taxpela roja (cada uno la suya), nervios por el madrugón, el largo viaje con parada en Vitoria para comprar el pan y, por fin, la llegada a Estella y, poco después, a las campas de Iratxe. Con los comienzos de mayo, la cita de Montejurra era sagrada para nosotros, los carlistas.

Recuerdo la subida al monte, por camino pedregoso, duro y serpenteante. Un camino que se convertía en río rojo junto al verde de los arbustos y el sempiterno gris de la roca. Un colorido inolvidable. El descenso era un lento desperdigarse de grupos por los campas, prestos a dar cuenta de las viandas o de las calderetas que los navarros preparaban en el lugar. Sobremesa de anécdotas, jotas y cánticos y, al final, el paseo por Estella y regreso a casa.

Sin embargo, llegó un Montejurra en el que todo aquello cambiaría a los ojos de un chaval que se asomaba a la adolescencia. Ya el año anterior recuerdo una destacada presencia de guardias civiles en la cima del monte, incluso con helicóptero sobrevolando la concentración montañera. Pero aquel día de mayo, a la tradicional misa en la cueva, se unió la intervención pública de un individuo cuyo aspecto me llamó mucho la atención. Con una melena y unas barbas impropias, por su largura, incluso para la época y unas gafas de pasta a las que solo le faltaba la nariz adherida para parecer de nochevieja y subido en algún lugar, con un megáfono, aquel individuo dijo algo que se me quedaría grabado: “Cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. Solo un tiempo después fui capaz de entender el significado de aquella frase, pronunciada el primer domingo de mayo de 1974, apenas unos días después de la revolución de los claveles en Portugal.

Más tarde vinieron las manifestaciones en Estella, el apedreamiento de la vieja “casa de sindicatos”, gritos cuya comprensión se me quedaba a medias, como “Por fascista y por cabrón, Garicano al paredón”, la aparición de banderas nuevas en las concentraciones carlistas, la presencia de militantes de otras organizaciones políticas…

La conversión del Carlismo en un partido socialista, autogestionario y federal, junto a su participación en plataformas de oposición democrática al régimen de Franco, como la Junta Democrática, primero y la Plataforma de Convergencia Democrática, después, que acabaron fusionadas en la conocida como “Platajunta”, me pilló en los albores de un despertar político real y autónomo.

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Y con 15 años recién cumplidos, aquel 9 de mayo de 1976, repitiendo los rituales de cada año, nos embutimos toda la familia en el R-12, camino de la cita carlista de Montejurra.

Confieso que éramos ajenos a los rumores y noticias que, con posterioridad, supimos que existían acerca de los movimientos extraños protagonizados por grupos de mercenarios y de extrema derecha. Lo cierto es que aquel día llegamos a las campas de Iratxe, como siempre, y nos disponíamos a visitar primero el Monasterio, cuando nos encontramos con gente que volvía de allí, aconsejándonos que no fuéramos, que había habido lío y alguna agresión, con tiros incluidos. Se hablaba de heridos. El ambiente era por momentos más tenso entre la gente y, en medio de la confusión, comenzaban a llegarnos comentarios, rumores y manifestaciones de rabia e indignación. El día estaba nublado y el monte apenas se divisiva entre una espesa neblina.

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Al poco, se extendió la consigna de iniciar la subida y los grupos de carlistas arremolinados en las campas, comenzaron a enfilar el tortuoso camino de la cumbre, sin disimular la incertidumbre y los nervios. No habíamos cubierto aún media ascensión cuando se oyeron aplausos y gritos, evidencia de la presencia de Carlos Hugo, el líder del carlismo y su esposa Irene de Holanda. Los gritos reivindicativos eran constantes. Montejurra se había convertido en un acto político de oposición al régimen franquista.

La verdad es que, entre el nerviosismo, la estrechez del camino de subida y la aglomeración de gente, me vi separado de familia y amigos, ascendiendo junto a otros carlistas, jóvenes y mayores, que no ocultaban su preocupación por el ambiente y lo que ya se daba por hecho: que había habido heridos de bala en las campas de Iratxe.

De pronto, cuando ya no quedaba mucho para la cima, oculta a nuestra vista por la niebla, oí con nitidez unos ruidos similares a los de los petardos, que tan bien conocía. Fueron varios, seguidos, en ráfagas y sueltos. Lejanos, como amortiguados por la humedad, pero reales. Tanto que la gente se detuvo. Se oyeron gritos procedentes de la parte de arriba que pronto se hicieron comprensibles: “¡Abrid paso, por favor! ¡Abrid paso!”. Recuerdo que me encaramé en el costado del camino, agarrándome a unos arbustos, como hizo la gente a mi lado y fue entonces cuando vi que bajaba un grupo todo lo rápido que permitía lo pedregoso y estrecho del camino. Varias personas sujetaban algo parecido a una parihuela gris sobre la que yacía un joven. Su cabeza bamboleando sobre la improvisada camilla, al compás desordenado del paso de sus porteadores, con los ojos vueltos, en blanco, es una imagen que jamás olvidaré. Se enganchó en lo más profundo de mi memoria. Luego supe que aquel joven se llamaba Ricardo García Pellejero, que era de Estella y tenía 20 años, apenas cinco más que yo.

Se decidió no continuar la ascensión hacia la cima y, de hecho, recuerdo que se celebró la tradicional misa allí mismo, en un recodo del camino.

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El posterior descenso del monte lo recuerdo como de una tensión extraordinaria. Ira, indignación, preocupación, entre los carlistas, jóvenes y mayores. En las campas de Iratxe, una nutrida formación – creo recordar que de policía armada – ocupaba el lateral del camino y era duramente increpada por la gente, que les recriminaba su pasividad e inhibición ante la agresión sufrida.

No recuerdo mucho más de aquel día. No, al menos, de lo que hicimos, aunque sí de cómo me sentí. La impresión y el impacto que me produjo lo vivido fueron tremendos. Nunca he olvidado esa sensación y hoy es el día que, escribiendo estas líneas, aún me estremezco emocionado, con una mezcla de tristeza y rabia.

Más tarde supe mucho más de todo. Supe de los dos muertos, el mencionado Ricardo García Pellejero y de Aniano Jiménez Santos, herido en Iratxe que falleció días después; de la existencia de más heridos; de las implicaciones en las agresiones de los mercenarios y fascistas venidos de otras latitudes; de las manipulaciones informativas que pretendieron hacer ver que los sucesos fueron fruto del enfrentamiento entre dos sectores del Carlismo; de las implicaciones de las fuerzas de seguridad y de los servicios secretos españoles; de la nunca asumida responsabilidad de políticos del más alto nivel (Fraga de nuevo, como ministro de Interior, apenas dos meses después de los asesinatos de Vitoria); de la inexistente investigación policial y judicial; de la impunidad para todos los responsables de los asesinatos, por falta de investigación o por beneficiarse de la Ley de Amnistía; de las trabas puestas por el Estado para reconocer a los asesinados como víctimas del terrorismo y de la tenacidad de José Angel Pérez Nievas para conseguirlo, por fin, por vía judicial.

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El año siguiente la autoridad gubernativa prohibió la celebración de Montejurra y derivamos la convocatoria, sobre la marcha, el mismo día, al castillo de Javier. Por fin, en 1978 el partido celebró lo que se denominó el primer Montejurra en libertad. Siempre me he resistido a reconocer las elecciones de junio de 1977 como las primeras democráticas en España, tras la dictadura. El Partido Carlista y algún otro partido más, no fueron legalizados para la ocasión y tuvieron que presentarse como agrupación de electores.

Seguí militando en el Partido Carlista, a través de EKA (Euskadiko Karlista Alderdia). Participé en el Congreso que se celebró en Alcobendas (Madrid) en diciembre de 1979, tras el fracaso electoral y con la marcha de Carlos Hugo y la anterior dirección del partido. Y formé parte de la candidatura de EKA por Alava, en las primeras elecciones al parlamento vasco, en 1980, en el que fue mi último acto de militancia política en el Carlismo.

Con el tiempo he vuelto alguna vez por Estella y Montejurra, sin llegar a subir al monte. Los sentimientos han sido recurrentes. El impacto de lo vivido sigue ahí, fresco e intenso, cada vez que algo me lo trae al recuerdo. Soy consciente de que aquel episodio contribuyó a forjar una parte no desdeñable de mi forma de ser y de pensar en lo que concierne a la política.

Hoy, 40 años después de aquel día, sigo emocionándome al revivir lo sucedido. Y creo de justicia que esa emoción se traduzca en memoria de las dos personas que fueron injustamente asesinadas: Ricardo y Aniano. A su recuerdo les dedico estas líneas.

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P.S. El Partido Carlista sigue existiendo formalmente, aunque sea con carácter meramente residual. El pasado sábado, 7 de mayo, organizó un acto en Iratxe, consistente en una ofrenda floral, en el cual solicitó públicamente al gobierno de España la desclasificación de los documentos oficiales de los episodios de Montejurra 76.

 

9.5.16

El necesario reconocimiento de todas las víctimas.

El 30 de junio de 2009, la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, comparecía ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, para presentar las líneas básicas de su actuación en la legislatura que entonces se iniciaba, bajo el mandato del Lehendakari Patix López con gobierno del PSE. En dicha comparecencia y entre otras muchas cuestiones, Maixabel Lasa,  planteó una reflexión sobre lo que ella consideraba que constituía, en aquel momento, un problema pendiente de un abordaje inaplazable. Dijo literalmente lo siguiente:

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Hoy estamos en condiciones de abrir otra etapa caracterizada por un nuevo contexto sociopolítico y por una voluntad que pretendemos sea incluyente en la política de víctimas que vayamos a desarrollar.

(…) Pero, igualmente, sabemos y constatamos la existencia de otros casos de victimización derivados de otras vulneraciones de derechos humanos producidas en el contexto de la situación de violencia que ha aquejado a la sociedad vasca. Frente a esta realidad incuestionable, tenemos dos opciones. Pasar página como si no hubieran existido o como si fueran una anomalía meteorológica pasajera o abordar esta cuestión desde el rigor, caso por caso, uno por uno. De forma exhaustiva. Acordando un método y un procedimiento de trabajo.

Nosotros no creemos en la teoría del conflicto político como causa justificante del crimen organizado y mucho menos en la ficción de dos violencias simétricas enfrentadas entre sí. Pensamos que tanto la una como la otra forman parte del relato perverso del verdugo que pretende legitimar su coartada criminal a la luz de una lectura retrospectiva y fraudulenta de la historia. Pues bien, en ese relato el sufrimiento es instrumental, es un mal menor con el que traficar. Más que la memoria o la atención o la asistencia al sufrimiento existente, a los terroristas les interesa, infinitamente más, el férreo control ideológico y social sobre “sus” víctimas.

A nuestro juicio, sin embargo, el desarrollo de la idea de la deslegitimación de la violencia terrorista requiere, para ser creíble y completa, una respuesta de los poderes públicos a todas las situaciones de victimización injusta provocadas en el marco del contexto violento vivido en Euskadi en las últimas décadas. Una respuesta que no equipare lo que no es equiparable, que prevea tratamientos diferenciados, no miméticos. Cierto. Pero que responda a parámetros de justicia, de la que son acreedoras todas aquellas personas que sufrieron un mal que no se merecían. Acrecentar la legitimidad del Estado a través de la revisión crítica de sus actuaciones es una singular contribución a la deslegitimación de una violencia terrorista que hunde una parte importante de sus razones, precisamente, en la alegación de los errores cometidos por el Estado.

Alguno dirá que esta reflexión no toca o que es inoportuna en estos momentos. Por una u otra circunstancia, siempre será inoportuna. Se trata, sin duda, de material muy inflamable que no se puede controlar con más combustible. Por ello, para afrontar esta cuestión son indispensables dos condiciones básicas: la responsabilidad y el consenso. A falta de cualquiera de ellas, el empeño naufraga y pierde su sentido.

Tenemos una legislatura por delante para hincarle el diente a un asunto complejo y complicado de gestionar. Les invito que lo hagamos sin prisa, pero sin pausa. No sería de recibo que al cabo de estos cuatro años nos encontráramos en la misma situación. Es algo que no nos podemos permitir como sociedad que pretenda suturar, algún día, heridas que aun condicionan nuestra convivencia.

Pues bien, aquel guante lanzado por la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo fue recogido por quien correspondía y, aceptado el reto, el gobierno fue capaz de tejer las complicidades y acuerdos necesarios con la mayoría de los grupos parlamentarios, para poner en marcha un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas aludidas por Maixabel en su intervención.

Casi siete años después, este sábado 21 de febrero, el Kursaal de Donosti fue testigo del último hito habido hasta la fecha en este proceso. En el mismo participó José Antonio Pérez Pérez, historiador y miembro de la Comisión de Valoración responsable, con su trabajo, del resultado final. En su muro de Facebook ha colgado el amigo Josean unas líneas cuya reproducción me parece obligada, para el buen entendimiento de la trascendencia y relevancia de todo este asunto.

El pasado sábado participamos en un acto de reconocimiento a las víctimas de los terribles abusos policiales cometidos entre 1960 y 1978 en el País Vasco. El acto supuso la culminación del decreto promulgado en julio de 2012 por el gobierno del Lehendakari Patxi López.

Han sido tres años y medio de intenso trabajo donde hemos estudiado 240 solicitudes presentadas por otras tantas personas. Tras el análisis de todos estos casos, la búsqueda de documentación y las entrevistas realizadas se ha reconocido su condición de víctimas a 187 personas. Se trata de hombres y mujeres (algunos de ellos eran apenas unos niños entonces) que vivieron unos hechos dramáticos. Algunos fueron tiroteados en controles de carretera por miembros de las Fuerzas del Orden Público sin ningún motivo, en medio de un contexto marcado por la violencia política y el terrorismo. En otros casos resultaron heridos o muertos en manifestaciones laborales o en todas aquellas movilizaciones que exigían la amnistía de los últimos presos políticos del franquismo. Victimas en manifestaciones que protestaban contra las emanaciones de gas de las empresas próximas, como ocurrió en Erandio en octubre de 1969, víctimas como las del 3 de marzo de 1976, donde resultaron muertos cinco trabajadores y más de cien heridos, muchos de ellos de bala, víctimas que presenciaban una manifestación desde su ventana y fueron tiroteadas, víctimas que perdieron ojos, brazos, víctimas sobre las que también cayó la sombra de una duda y que en muchos casos fueron tachadas de terroristas, víctimas, a pesar de todo, que nunca perdieron la dignidad. También hemos reconocido a un importante grupo de personas que sufrieron torturas en cuarteles y comisarías, especialmente crueles durante los duros estados de excepción que se vivieron en aquella época. La mayor parte de todos estos casos quedaron impunes.

Como tuve oportunidad de expresar el sábado, en un acto que contó con la presencia del Lehendakari Urkullu, ni la dura conflictividad laboral de aquellos años ni la aparición de ETA y sus terribles acciones terroristas justifican la tremenda violencia que desplegó la policía. Sus abusos fueron intolerables. Del mismo modo, esta durísima represión tampoco puede servir en ningún caso para justificar el terrorismo de ETA.

Han sido unos años intensos de duro trabajo. Gracias a todos los miembros de la Comisión de abusos policiales: a Inés Ibáñez de Maeztu y a Monika Hernando, las dos directoras de DDHH del Gobierno Vasco en las últimas legislaturas, a Carlos Beristain, a Álvaro Gil-Robles, a Manuela Carmena, a Txema Urkijo, a Sabino Ormazábal, a Aintzane Ezenarro, a José, a Marian (sin tu ayuda nada de esto hubiera sido posible) y a todo el equipo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Hace unos pocos meses lo expresé con claridad ante algunas importantes personalidades del actual Gobierno central y ante numerosas víctimas del terrorismo: la labor realizada en el marco del decreto de reconocimiento de abusos policiales no constituye un ataque al Estado de Derecho ni el reconocimiento de ningún terrorista. Todo lo contrario, reconocer a todas estas víctimas fortalece y engrandece al Estado de Derecho.

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No puedo estar más de acuerdo con todas y cada una de las palabras de la cita, al tiempo que valoro la enorme trascendencia de cuanto se menciona, en el proceso de reconstrucción de relaciones sociales en una Euskadi dolorida por tantos años de violencia y terror. Y no puedo dejar de sentirme orgulloso por haber tenido la oportunidad y el privilegio de colaborar modestamente con el impulso de la iniciativa, primero, y parcialmente en su desarrollo, después.

Como en otro momento desarrollaré con más extensión y profundidad, este proceso supone además la constatación de que es factible suplir desde la iniciativa de una Comunidad Autónoma, la inacción del Estado en asuntos que son de su responsabilidad, sin que ello vaya en detrimento de la satisfacción obtenida por el cumplimiento de los objetivos perseguidos en lo tocante a reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. En definitiva, parte de una política pública de memoria.

22.2.16

La reunión de alcaldes del 4 de septiembre. Anexo obligado.

Celebrado ya, en Bilbao, el acto convocado por el Lehendakari del Gobierno Vasco, reuniendo a 114 alcaldes de nuestra Comunidad Autónoma, me parece oportuno realizar algunas consideraciones sobre lo allí visto y escuchado.

a) Lo menos importante (pero no irrelevante).

Se pudo constatar, una vez más, la obsesión de los responsables del área de Paz y Convivencia del gobierno vasco por obviar y suprimir cualquier referencia al trabajo realizado en ese ámbito por gobiernos anteriores. Al abandono del símbolo de la memoria, la flor “siempreviva”, se une la utilización de un nuevo término, retratos municipales de la memoria, para obviar el mucho más asentado “Mapa de la Memoria”, siendo así que su significado esencial es el mismo. La pretensión de ruptura con lo anterior se reitera con la presentación del proyecto como si fuera algo novedoso, cuando es sabido que viene a ser continuación e impulso del proceso de reconocimiento individualizado a todas las víctimas, precisamente en la localidad donde fueron asesinadas, que iniciaron gobiernos anteriores, bajo la idea ya expresada del Mapa de la Memoria. La novedad, ahora, reside en la incorporación, como destinatarios del reconocimiento, de las víctimas de abusos policiales con resultado de muerte.

La inclusión en los listado entregados a los alcaldes de los nombres de las víctimas de la violencia policial ilegítima se efectúa de manera un tanto precipitada, debido a la ausencia de un procedimiento de reconocimiento oficial, que permita la verificación de cada caso, obteniendo un resultado indubitado, en previsión de problemas y polémicas innecesarias. Es poco presentable, por su escaso rigor, manejar con el carácter que se pretende, listas donde se incluyan casos “confusos” que hay que investigar. Lo razonable sería priorizar el proceso de reconocimiento de estas víctimas, ya iniciado por el gobierno anterior, y estar a su resultado para incorporarlo después a los listados correspondientes, actuando así con el rigor que el tema requiere.

El encuentro no fue concebido como un acto en el cual pudieran producirse avances en acuerdos entre partidos políticos respecto a las cuestiones de reconocimiento a las víctimas o, en general, sobre la paz y la convivencia. Ni se diseñó con ese objetivo, ni se trabajó para conseguir tal fin. El problema es que se vendió con tanta alharaca que llegó a parecer mucho más de lo que pretendía. ¡Ay, los vendedores de humo!  Era evidente que el objetivo era tan sencillo – pero tan importante – como publicitar la voluntad del gobierno de completar el proceso de reconocimiento a todas las víctimas de la violencia con intencionalidad política, habidas en nuestra tierra, implicando a las entidades locales y desde la imprescindible individualización de las mismas. Un problema de comunicación, del gobierno hacia los partidos y hacia la propia opinión pública.

b) Lo importante (lo que realmente debe contar).

El acto puso de manifiesto la implicación personal del Lehendakari en el proceso mencionado, destacando la rotundidad con que alentó a los regidores presentes a que respondieran a su emplazamiento: todos tenemos que ser capaces de reconocer la injusticia de todas las violencias que generaron este sufrimiento, en clara alusión a la izquierda abertzale, respecto a la violencia de ETA.

La participación activa de Urkullu debería servir para que funcione no solo la persuasión ética, sino también la disciplina partidista y, al menos, sus huestes respondan de manera efectiva a la interpelación, extendiéndose la creación de espacios de memoria en los lugares donde aún no se han creado y celebrando actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas de esas localidades.

La fuerza de la imagen del centenar largo de alcaldes de Euskadi detrás del Lehendakari es alentadora, en ese sentido. No creo que el efecto vaya a ser inmediato y dudo que se perciba de manera notable de cara al próximo 10 de noviembre, pero lo importante no es un día, sino la fortaleza del proceso, la convicción con que cada quien aborde la tarea. Lo esencial es la extensión de la concienciación y la sensibilización respecto a la necesidad del reconocimiento pretendido, en el marco de una política pública de memoria que sea crítica con cualquier práctica vulneradora de derechos humanos y que contribuya a deslegitimar la violencia terrorista. Y, en este aspecto, el acto constituyó un notable avance.

Por lo demás, sigo pensando que, más allá del simbolismo que pueda tener, será más importante el discurso público, el desarrollo claro y rotundo de las ideas, que la teatralidad o la imagen de cada acto concreto, a la hora de asumir, por un lado, la igualdad en derechos de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y de subrayar, por otro y, sobre todo, las diferencias entre las violencias que las generaron y su virtualidad para negar la teoría del conflicto y la justificación de alguna de ellas.

5.6.15

La reunión de alcaldes del 4 de septiembre y el Mapa de la Memoria

El Lehendakari Urkullu ha convocado el 4 de septiembre, a todos los alcaldes de Euskadi, en la sede del Instituto de la Memoria en Bilbao, al objeto de hacerles partícipes de una invitación expresa para que organicen actos de reconocimiento y homenaje tanto a las víctimas del terrorismo como a las de abusos policiales, el 10 de noviembre, Día de la Memoria en nuestra Comunidad Autónoma, conforme a lo establecido por nuestras instituciones hace ya varios años. Al mismo tiempo, les instará a que creen espacios de memoria dedicados a todas esas personas que han sufrido vulneración del derecho a la vida por violencia de motivación política.

El Lehendakari hará entrega a cada primer edil asistente de una relación de las víctimas habidas en su localidad, para que puedan trabajar sobre esa base, subrayando así la individualización del recuerdo y la repersonalización de quienes perdieron su vida de manera totalmente cruel e injustificada. Con esta iniciativa, se pretende, en definitiva, involucrar a las instituciones locales, más próximas a los ciudadanos, en las políticas públicas de memoria que se pongan en marcha en nuestra Comunidad. Cierto es que la novedad de estos listados viene dada por la inclusión en los mismos de las personas que perdieron la vida a consecuencia de abusos policiales, siendo así que este colectivo aún no ha sido debidamente reconocido con carácter oficial y previa certificación administrativa, que evite cualquier duda al respecto, como ha ocurrido con las víctimas del terrorismo. En tal sentido, es una lástima la paralización producida en esta legislatura en el proceso de reconocimiento de las víctimas de abusos policiales, fruto de una cierta incapacidad negociadora de este gobierno en el área correspondiente.

Pero, por encima de las discrepancias que se han podido suscitar, fundamentalmente en relación a las equiparaciones y al supuesto aliento o pábulo a la teoría del conflicto y, por tanto, a la justificación o legitimación de alguna de las violencias, aplaudo con rotundidad la iniciativa. Es más, quiero reconocer expresamente la implicación personal del propio Urkullu, que será, por otra parte, la que posibilitará que sea real y sólido el impulso pretendido.

En efecto, cualquier política de memoria que se lleve a cabo en Euskadi, ha de pasar por los dos ejes fundamentales que caracterizan la iniciativa del día 4 de septiembre: la necesaria individualización de los reconocimientos y de todas las víctimas y la implicación de los ayuntamientos, a través de la creación de espacios de memoria y organización de actos en el día institucional elegido para ello.

Así lo vimos con claridad meridiana, Maixabel Lasa, Jaime Arrese y yo mismo, cuando, gestionando la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, iniciamos, allá a comienzos de 2007, la tarea de involucrar a los ayuntamientos en el reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo habidas en cada localidad. Más tarde, con el gobierno socialista de Patxi López, esta iniciativa tomó cuerpo en lo que denominamos Mapa de la Memoria, término que, con mayor o menor fortuna, ha venido empleándose hasta la actualidad.

Recuerdo la ardua – e ingrata, en no pocas ocasiones – labor que supuso la visita a múltiples alcaldes de los tres territorios históricos, proponiéndoles un proyecto que, en aquella época, aún resultaba delicado y perturbador para la relativa calma política de muchos municipios vascos. Comprobamos cómo, por encima de afiliaciones partidistas, las respuestas de los distintos alcaldes interpelados, dependía, sobre todo, de su sensibilidad y empatía hacia las víctimas, así como de su compromiso personal con la justicia que entrañaba para ellas su reconocimiento y homenaje en el mismo pueblo donde fueron asesinadas. Me resulta imposible no traer al recuerdo y mencionar la implicación e incluso entusiasmo de alcaldes como Alberto Ruiz de Azua, en Arrigorriaga, Loly de Juan, en Basauri o los difuntos Juan José Ziarrusta e Iñaki Azkuna, en Durango y Bilbao, respectivamente. Otros, como Mikel Cabieces, de Portugalete o en Donosti, Odón Elorza, ya nos llevaban ventaja y habían organizado, por iniciativa propia, actos de reconocimiento y homenaje y creado espacios de memoria en sus respectivas poblaciones.

BilbaoDonostiEibar

El actual asesor de la Secretaría General de Paz y Convivencia, Enrique Ullibarriarana, recordará bien las múltiples llamadas que había que hacer a algunos alcaldes remolones, tras la primera visita, en la que les trasladábamos la propuesta y les animábamos a que se implicaran, ofreciéndoles todo nuestro apoyo y dejándoles el listado con los nombres y contactos de todas las víctimas del terrorismo habidas en su localidad; recordará Enrique cómo se tornaban escurridizos, huidizos y con agendas imposibles, demostrando con su displicencia, la incomodidad que les generaba una actividad perturbadora de la “paz social” del pueblo. Cuando alguien mostraba ya de manera clara su negativa actitud ante la propuesta, acudíamos a las altas esferas del partido correspondiente (PNV y, en menor medida, PSE) para que recibiera las correspondientes instrucciones, aunque tengo que confesar que con escaso éxito, probablemente porque el grado de implicación era, como he mencionado antes, más fruto de la sensibilidad personal que de la disciplina partidista.

A lo largo de 2007, 2008 y 2009 conseguimos ir sumando una buen puñado de municipios a la causa del Mapa de la Memoria, al tiempo que proponíamos la creación del Día de la Memoria y lanzábamos como logo o distintivo singular, la flor “siempreviva”, hoy tristemente relegada al olvido, tal vez porque alguno la identifica en exceso con el gobierno anterior. GOB_VASCO_obsequio_victimas_4

Si bien numéricamente esos ayuntamientos eran minoría, lo cierto es que agrupaban un porcentaje muy mayoritario de población de Euskadi y un importante número de víctimas. Téngase en cuenta que, por razones obvias, no visitamos ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale.

Fue así que, coincidiendo con la celebración del III Acto de Homenaje y Reconocimiento Institucional a las Víctimas del Terrorismo que el Gobierno Vasco organizó en Vitoria-Gasteiz el 29 de noviembre de 2009 (después de los celebrados en Bilbao y Donosti en 2007 y 2008), elaboramos una publicación en la que se recogían imágenes de todos los espacios y lugares de memoria existentes hasta ese momento en Euskadi, promovidos por distintos ayuntamientos. Esta publicación fue entregada a los asistentes a dicho acto.

Maixabel Lasa decía en el preámbulo de esta publicación:

En efecto, las ciudades y los pueblos vascos van convenciéndose de que recordar el pasado es condición imprescindible para construir un futuro en paz y libertad. Cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio ofrecido por éstos, debe ser conocido y reconocido por las nuevas generaciones, como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que ya no están entre nosotros.

Pero el mapa de la memoria no es solo una guía útil y necesaria para viajar en el tiempo y en el espacio moral. El mapa de la memoria garantiza y preserva, además, un relato del pasado y una versión de la historia desde la visión del inocente. Una visión que denuncia la perversidad y la falsedad del discurso del verdugo y sus excusas. La memoria y su visibilización se convierten, así, en el mejor y más potente antídoto frente a la administración estratégica del olvido y contra las tentaciones del revisionismo histórico.”

No me resisto a la tentación de reproducir un texto incluido en la publicación, por su elocuencia respecto a la intencionalidad de la iniciativa.

El mapa de la memoria que se presenta en este documental es un mapa imperfecto e inacabado. La visibilización de las víctimas del terrorismo es un fenómeno que ha cobrado importancia durante los últimos años. Ese proceso, absolutamente necesario, no ha sido, sin embargo, justo con todas las personas que han sufrido la violencia terrorista. Conocemos a unas víctimas más que a otras. Recordamos más a las recientes que a las pasadas. Unas pocas, muy pocas, tienes calles y esculturas en su memoria. La gran mayoría, anónimas todas ellas, comienzan a ser recordadas ahora, aunque no de modo individual. Por ello, es conveniente e imprescindible destacar este hecho, también, como un acto de justicia y reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo. Porque todas ellas tienen nombres y apellidos y todas ellas tienen el mismo derecho a ocupar un lugar especial y visible en el mapa de la memoria colectiva de nuestro pueblo“.

En aquel acto, se proyectó este magnífico documental elaborado por Susana Iturrioz (Comisaria que fue de la excelente exposición Biltimak, del parlamento vasco, promovida por su entonces presidenta, Izaskun Bilbao), que sirvió, entre otras cosas, para abrir los ojos a mucha gente en relación a lo que se había hecho ya y a lo que se estaba haciendo en Euskadi en favor del reconocimiento de las víctimas del terrorismo y de su memoria. Dejo aquí el video, recomendando vivamente su visualización.

https://youtu.be/x9LC20TGSos

El viernes, día 4 de septiembre de 2015, el Lehendakari Urkullu, con su implicación personal, dará el impulso, espero que definitivo, para cerrar un proceso que se inició hace unos años. Pocos, pero parecen decenios, tan diferente es la situación en la que vivimos ahora respecto a la de entonces. Ojalá todo vaya bien, aunque ello dependerá de la respuesta final de los diferentes alcaldes y, especialmente, de la actitud que adopte Bildu, a quien se le presenta una magnífica oportunidad de seguir avanzando en su proceso de reconocimiento de los afectados por el terrorismo de ETA.

Y ojalá también, quienes sostenemos que todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos tienen los mismo derechos (Verdad, Justicia y Reparación) y que no caben discriminaciones en ese ámbito, podamos seguir defendiendo esta iniciativa, porque de ninguna manera comporte que esta equiparación se haga extensiva a las violencias que generaron los distintos sufrimientos. Todas ellas injustas, pero con legitimaciones sociales bien diferenciadas. La preservación de este tipo de actos respecto a la teoría del conflicto y a la no equiparación de violencias es tarea y responsabilidad de todos y especialmente de quienes elaboran discurso público. Ahí es donde debemos empeñarnos.

Confiemos, pero vigilantes.

3.9.15