La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, y a falta de testigos, declara contra nosotros. MICHEL DE MONTAIGNE.
La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Memoria Democrática. Una ley abocada a la polémica, en tanto que la derecha se niega en redondo a abordar aquellas partes de nuestra historia que no le convienen o no le interesan (otras sí). Sus políticas de memoria tienen que ver más con el concepto de la nación española que con los de libertad, democracia o derechos humanos y despachan las cuestiones de memoria histórica con el manido reproche “reabre heridas del pasado ya cerradas”.
Sin embargo, la previsibilidad de esta polémica se ha visto alterada por la incorporación al texto legal de una Disposición adicional nueva, que dice lo siguiente:
“El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.”
Esta previsión ha soliviantado aún más a la derecha, que ha incrementado el nivel de sus críticas, sumándose además a las mismas un sector de veteranos socialistas. Todos ellos se han apresurado a interpretar la citada Disposición Adicional en clave de ruptura de los pactos de la transición española, además de vincularla directamente con el discurso etarra, defendido hoy por los que califican de sus sucesores, EH Bildu.
Por mi parte, siempre he defendido la transición española. Cierto que la viví muy joven, pero con lucidez suficiente para apreciar con claridad lo que suponía de conquista de libertad y democracia. Fue una transición modélica, a condición de que este calificativo se entienda, no como sinónimo de perfecta, que obviamente no lo fue, sino como un ejemplo o referente de proceso político de transformación de un régimen dictatorial en una democracia, superando con creces los elementos positivos a las evidentes deficiencias que dicho proceso padeció.
No es preciso detallar las dificultades a las que se enfrentó en sus primeros años el bisoño régimen democrático surgido de la Constitución de 1978, si bien sí es necesario recordar la sangre vertida en ese período no solo por el terrorismo etarra, sino también por la violencia ejercida por grupos de extrema derecha, incontrolados, grupos parapoliciales y la derivada de actuaciones desmedidas e ilegales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y buena parte de esta violencia asentada sobre la impunidad. Tan débil era nuestra recién estrenada democracia que estuvimos a punto de perderla el 23 de febrero de 1981, en un bufido de algunas estructuras franquistas del ejército de entonces.
Con todo, el balance global fue positivo. Se consiguió la implantación de un sistema democrático con libertades, a través de una constitución que amparaba también el respeto a las singularidades territoriales de nuestro país. El recordado eslogan “Libertad, amnistía, estatuto de autonomía” acabó siendo una realidad. Imperfecta, sí, pero realidad.
Con el tiempo, han ido aflorado otros déficits de nuestra transición. Cosas que no se hicieron o se hicieron de manera manifiestamente mejorable. Pero se trata, sobre todo, de asuntos impensables en aquella época o bien de otros que se arrumbaron ante la prioridad de objetivos más importantes en aquel momento.
También el paso del tiempo ha permitido que se den las condiciones adecuadas para subsanar y corregir algunas de esas deficiencias detectadas con posterioridad. La tarea de subsanación de errores contribuye a mejorar nuestro sistema democrático de convivencia y, en este sentido, la ley de Memoria Democrática es claramente un intento en esa dirección, como así lo reconoce explícitamente su exposición de motivos.
Pero volvamos a las acusaciones vertidas contra esta Ley, a consecuencia de la mencionada Disposición Adicional que abre la puerta a investigar violaciones de Derechos Humanos cometidas entre 1978 y 1983.
El artículo 1 del texto legal establece con claridad cuál es el ámbito temporal para el reconocimiento a las víctimas de la represión política y establece claramente que llega hasta la aprobación de la Constitución; es decir, diciembre de 1978. Por tanto, no cabe afirmar, en modo alguno, que la ley extienda su ámbito temporal más allá de esa fecha.
¿Cómo es posible que se esté calificando como blanqueo del discurso etarra la investigación de las violaciones de Derechos Humanos cometidas por grupos parapoliciales, incontrolados y las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, fueran pocas o muchas (nadie prejuzga cuántas) entre 1978 y 1983? De hecho, la iniciativa anunciada sigue los pasos de lo que ya se está haciendo en Euskadi con la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. Algo no solo normalizado sino mayoritariamente bien visto en la sociedad vasca como necesario para profundizar en las imprescindibles garantías de no repetición y en la propia convivencia.
Hace falta ser muy obtuso y/o muy manipulador para vincular la defensa los Derechos Humanos y de las víctimas de sus vulneraciones, con la justificación de los crímenes de ETA. Y eso vale tanto para los políticos que difunden sin rubor esa especie, como para los medios de comunicación que le dan complaciente cobertura. Es insoportable la brocha gorda siempre, pero en estos temas, mucho más.
Resulta difícil admitir que el 7 de diciembre de 1978 nuestros policías, jueces y fiscales, formados teórica y prácticamente en un sistema dictatorial, se levantaran todos demócratas y dispuestos a respetar escrupulosamente los Derechos Humanos de la ciudadanía, también de los detenidos, fueran acusados del delito que fueran. La transición en la práctica de determinados estamentos del Estado no fue coetánea de la transición formal democrática. Policía y jueces necesitaron su propio período. Todos recordamos casos clamorosos. Baste traer a colación la muerte por torturas de Joxe Arregui o el caso Almería, ambos ocurridos en 1981.
Hay quienes sostienen que tanto la mencionada ley vasca como la previsión incorporada a la Ley de Memoria Democrática ponen en cuestión la legitimidad de los tribunales que resuelven sobre asuntos de derechos humanos desde 1978, al situar unas comisiones políticas por encima de los mismos, haciendo creer que estos no cumplieron bien su función. Es un debate posible e interesante, que, por otra parte, ya existió cuando se puso en marcha este proceso en Euskadi.
La investigación de los delitos cometidos entre 1978 y 1983 se enfrentará a su prescripción por lo que servirá, si no para satisfacer el derecho a la Justicia de la víctima, sí para conocer los hechos, si no fueran ya suficientemente conocidos, y para satisfacer, en consecuencia, sus derechos a la Verdad y a la Reparación, a través de su reconocimiento oficial e institucional. De ahí que sea perfectamente válida una comisión administrativa (su composición es importante) porque de sus conclusiones no se derivarán consecuencias penales sino meramente administrativas, aunque, eso sí, de gran valor. La iniciativa aprobada pone el foco en la víctima.
Hoy es necesario dar un paso más en el proceso de refuerzo de nuestra convivencia mediante el cierre de heridas que aún permanecían abiertas, a través de la investigación de estas violaciones de Derechos Humanos. Reconocer que se hicieron cosas mal, que no todo se hizo bien (jueces y policía) nos fortalece como sociedad y como democracia. Se lo debemos a muchas personas que sufrieron un daño injusto. Eso no es discurso etarra. Es discurso democrático, al que es una auténtica lástima que no nos sumemos todos. Es momento de dejar los complejos de lado, de no achantarse y de redoblar los esfuerzos para hacer una necesaria pedagogía en tal sentido en nuestra sociedad.
La apelación injustificada a ETA en el debate político es una falta de respeto hacia sus propias víctimas. Pero su utilización para negar derechos a otras víctimas de violaciones de Derechos Humanos raya en lo inmoral.
Este artículo fue publicado en el diario «Público» el día 19 de octubre.
La coincidencia en el tiempo del estreno de la película Maixabel, de Icíar Bollaín y la conmemoración del décimo aniversario de la declaración de cese definitivo de su actividad por parte de ETA, ha vuelto a poner de rabiosa actualidad mediática el «problema vasco», arrumbado a un recóndito rincón en la memoria de los españoles, una vez que se acabaron los muertos y las amenazas.
Y utilizo deliberadamente la expresión «problema vasco» porque comparto plenamente la reflexión de Imanol Zubero en la que afirma que «cuando ETA desapareció, hace diez años, desapareció EL PROBLEMA VASCO (así, con mayúsculas) porque, en realidad, ETA era nuestro problema mayúsculo (…) ETA desapareció y todos los problemas mayúsculos que supuestamente justificaban su existencia se convirtieron en lo que realmente eran y siguen siendo, en problemas políticos con minúsculas, susceptibles de ser abordados como cualquier problema político: reflexionando con inteligencia, diagnosticando con acierto, proponiendo alternativas, convenciendo, acumulando fuerza democrática…«
Así, estos días, todos los medios vuelven sus páginas, sus cámaras y sus micrófonos hacia Euskadi, en busca del balance de esta década, rescatando del ostracismo protagonistas que lo fueron de aquellos tiempos oscuros y dramáticos.
Creo, de entrada, que Maixabel, la película, nos deja el sabor melancólico de lo que pudo haber sido y no fue. Alguien calificó con acierto el programa de encuentros restaurativos entre presos disidentes de ETA críticos con la violencia, y víctimas de esa misma organización, como la «salida ética» al problema de la violencia. Es verdad que fomentar la disidencia ética, política y estratégica en el seno del colectivo de presos pudo haber sido un gran acierto de la Vía Nanclares y Rubalcaba, su mentor, pero la inminencia del final y la promesa de una salida colectiva transmitida desde la organización truncó las posibilidades de encontrar más valientes que dieran un paso al frente en la disidencia.
Las cosas se hicieron finalmente adaptando al caso vasco pautas y modelos clásicos de resolución de conflictos, con visiones esencialmente pragmáticas que priorizaron la consecución del final. Eso sí, sin precios políticos y sin contrapartidas de ningún tipo, se pongan como se pongan algunos. Tan solo se permitió el atrezzo del final, que diluyó para algunos la imagen de una humillante rendición militar.
El 20-O constituyó un símbolo, más que un día especialmente memorable. La consciencia del final de ETA había permeado ya de tal manera al conjunto de la sociedad que el efecto emocional de una noticia tan esperada estaba muy descontado.
Afortunadamente, ya nadie discute que fuera el final. Algo hemos avanzado en estos diez años. Valorar el relato del final de la violencia es interpretar también las causas del proceso, su trayectoria, su eventual justificación y, por supuesto, cómo vaya a explicarse a las generaciones venideras. Por eso, diez años después, volvemos a reproducir la disputa sobre la etiología de aquel final, al igual que lo hicimos cuando el mismo se produjo.
En mi apreciación, fue proceso matizado y complejo en sus causas, donde el resultado final es fruto del conjunto de todas ellas. ETA desistió en su apuesta por la estrategia político-militar. Eso sí, no lo hizo de manera libre y voluntaria, sino condicionada por unas circunstancias que acercaban cada vez más el fracaso del proyecto político que defendía. La misma gente que les apoyó y legitimó durante años, así lo entendió y se lo demandó, configurando el paraguas que necesitaban para anunciar su final y posibilitando el trabajo de atrezzo con el que se vistió el acontecimiento.
Nadie debe dudar de que la efectividad de la acción policial, la colaboración internacional y el marco jurídico diseñado para el juego político fueron claves esenciales para forzar la decisión de ETA. El contexto de desprestigio internacional de la violencia política o religiosa favoreció el proceso. Y, por supuesto, el progresivo y mayoritario rechazo de la propia sociedad vasca a una actividad ética y políticamente intolerable, fue minando el factor de apoyo social, tan importante para una organización que se autocalificaba como vanguardia del pueblo.
¿Qué ha hecho la sociedad vasca en estos últimos diez años? Básicamente acostumbrase con rapidez a vivir tranquila. No desdeñemos el grado de paz y libertad existente ahora en Euskadi, pues no tiene parangón en muchas décadas y eso se ve y se palpa en las calles. Pero tampoco minimicemos la persistencia de discursos que aún justifican la violencia del pasado y no tienen pudor en manifestarlo públicamente ensalzando con júbilo a quienes recobran la libertad sin muestra alguna de contrición.
Una buena parte de la sociedad vasca vivió con sentimiento de ajenidad el problema de la violencia y no ha cambiado de actitud a la hora de afrontar la vida sin la organización terrorista. Demasiada indiferencia y demasiada ignorancia sobre lo sucedido, junto al riesgo inequívoco de un exceso de autocomplacencia acerca del papel desempeñado por la propia ciudadanía vasca en la reacción contra la violencia. Algunos abrazan el modelo gaullista de distorsión de la historia: Vichy fueron cuatro gatos; los franceses estaban todos en la resistance. Y, mire, no, que algunos tenemos memoria.
Euskadi se sitúa hoy en una encrucijada. Repetir el camino del olvido, ya recorrido en la transición española respecto a lo que supuso la dictadura de Franco, o apostar decididamente por políticas de memoria, basadas en los Derechos Humanos, que contribuyan a construir una convivencia más justa. Una memoria con sentido pedagógico que afiance en la sociedad el principio irrenunciable de la deslegitimación de la violencia, que afirme el sinsentido de la misma y del sufrimiento injusto por ella generado. Nunca debió suceder.
Forma parte también de esa encrucijada la exigencia de reflexión autocrítica. Una exigencia a quienes protagonizaron la violencia, pero también a quienes la justificaron y jalearon, a quienes vulneraron derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, a quienes permanecieron en silencio e indiferentes ante todo esto…
Con frecuencia, olvidamos que contra ETA no todo lo que se hizo estuvo bien. Que hubo víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos cometidos por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que tienen los mismos derechos que las de ETA. Verdad, Justicia y Reparación. Que el reconocimiento de su condición de tales es aún manifiestamente insuficiente. Y todo esto también forma parte del final de ETA.
No me atrevo a vaticinar cómo será la salida de esta encrucijada. Todo apunta a un futuro de claros y sombras, como casi siempre. Un amigo mío me dijo hace poco que él se conforma con que se desinflame definitivamente el sentimiento épico de la violencia entre quienes la jalearon. A lo mejor incluso eso es demasiado pedir. Mejor me dejo llevar por las palabras que leí este mismo domingo de Ramón Barea: «La imagen de este momento es el ramo de flores rojas con una blanca en el centro que aparece en Maixabel. Representa el futuro que tenemos que construir entre todos«.
Este texto constituye el capítulo 5 del libro «El movimiento de Víctimas del Terrorismo. Balance de una trayectoria», editado por Antonio Rivera y Eduardo Mateo, a partir de las aportaciones realizadas por los participantes en el XVIII Seminario de la Fundación Fernando Buesa, celebrado, bajo ese mismo título, en el mes de noviembre del malhadado 2020.
Tengo que abrir estas líneas reconociendo el trabajo de la entidad que me invita a pensar y escribir en esta ocasión. Agradezco a la Fundación Fernando Buesa haber considerado que mi experiencia podría aportar algo a la reflexión planteada en esta publicación. Gracias también a esta Fundación, por haber constituido durante todos estos años una organización de referencia en el mundo de las víctimas, en general, y en el asociativo, en particular, donde las aguas no siempre han bajado tranquilas y donde los vaivenes son frecuentes y no siempre sencillos de gestionar y conducir. En un clima en el que predomina la visceralidad, la Fundación Fernando Buesa ha sido capaz de mantenerse como referencia imprescindible de sensatez ética y – por qué no – política, asumiendo con éxito una cierta responsabilidad para actuar como crisol del conjunto del movimiento asociativo en momentos, insisto, muy complicados.
Bien, la respuesta que ofrece el Estado a la comisión de un delito violento consiste básicamente en la investigación policial del mismo, la puesta a disposición de la administración de justicia del resultado de dicha investigación y la celebración de un juicio en el que se establezca, en caso de prueba suficiente, la autoría y las circunstancias relevantes del hecho delictivo, impartiendo justicia mediante la fijación de una condena para el responsable y una reparación exclusivamente material para la víctima. En definitiva, y en términos muy elementales, estamos hablando de verdad, justicia y reparación.
Esta respuesta del Estado a las víctimas de delitos violentos es aplicable también a las víctimas del terrorismo, si bien existen – o deben existir – algunos elementos adicionales que completen la triada “verdad, justicia y reparación”, básica en el derecho internacional de los derechos humanos.
En primer lugar, me referiré a la memoria. Cuando hablamos de terrorismo, especialmente el protagonizado por la organización ETA, nos referimos a una violencia política continuada en el tiempo que ha provocado un trauma en la sociedad, con vulneraciones sistemáticas de Derechos Humanos. Hoy en día existe un importante consenso a nivel internacional respecto a la necesidad de llevar a cabo políticas de memoria como factor esencial para consolidar las garantías de no repetición de las mencionadas violaciones de Derechos Humanos, así como para contribuir a la deslegitimación de esa violencia política.
En segundo lugar, hemos de considerar que la violencia terrorista padecida en nuestro país ha sido de naturaleza política, frente a otras que han justificado sus acciones, por ejemplo, en motivaciones religiosas. Ello tiene como consecuencia que sus víctimas queden impregnadas por esa significación política que impulsó al perpetrador.
En este sentido, es preciso subrayar que uno de los aspectos positivos, de los muchos que tiene la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por el Parlamento Vasco, es la incorporación en su texto articulado de la mencionada significación política de las víctimas del terrorismo como parte esencial de la memoria debida a ellas y con una magnífica explicación además de dicha idea en la exposición de motivos.
“Significado político, en tanto en cuanto con su eliminación (la de las víctimas) les está negando no solo su derecho a la vida sino su derecho a la ciudadanía”.
Esta significación política de las víctimas del terrorismo debe implicar una consideración especial a la hora de hacer realidad su derecho a la reparación. En efecto, si la reparación en los casos de delitos violentos se centra fundamentalmente en contenidos materiales, en los delitos de terrorismo, cuyas víctimas lo son de violaciones de derechos humanos, debe incorporarse como elemento esencial el elemento de la reparación moral. Y en lo que nos importa ahora, esa reparación moral ha de concretarse en reconocimiento. Un reconocimiento vinculado y correlativo a la significación política del acto que provoca la propia existencia de la víctima.
Como dice el artículo 8.2, in fine, de la citada Ley de Víctimas del Terrorismo del País Vasco “La significación política de las víctimas del terrorismo exige el reconocimiento social de su ciudadanía”.
Por último, como elemento diferencial, no podemos olvidar el carácter vicario de las víctimas del terrorismo. Estamos ante una violencia ejercida contra el conjunto de la sociedad. El terrorista atenta contra ese conjunto, si bien concreta su ataque en las personas que, en cada momento y en función de circunstancias diversas, son elegidas como víctimas.
Este carácter vicario genera una obligación de solidaridad por parte de la sociedad hacia las víctimas que no está presente de igual manera en el resto de los delitos violentos.
Cuanto antecede podría constituir la respuesta idónea del Estado a las víctimas del terrorismo. Pero es evidente que se trata de un desiderátum hacia el que debemos avanzar y que debe permanecer como aspiración final de las políticas públicas de víctimas. En este sentido, podemos afirmar que España presenta una situación bastante satisfactoria. Contamos con un sistema legislativo sobre víctimas del terrorismo, compuesto por la legislación estatal más las normas de carácter autonómico, allá donde han sido aprobadas, que se sitúa a la cabeza en la protección de los derechos de dicho colectivo.
Sin embrago, conviene recordar que esto no ha sido así en el tiempo, obviamente. La invisibilidad de las víctimas del terrorismo fue la tónica en la sociedad vasca y en la española – sí, también en la española – durante demasiado tiempo. Muchos años de ostracismo, ninguneo, desatención, falta de empatía y solidaridad que dejaron, en muchas de ellas, otra dolorosa huella añadida al dolor provocado por la violencia.
Fue en la segunda mitad de la década de los 90, cuando las víctimas del terrorismo comenzaron a ocupar un espacio central en la agenda pública, en la agenda política, y pasaron a ser visibles para la sociedad.
Un factor determinante para este cambio lo constituyó la acción firme y decidida de las propias víctimas y la iniciativa de algunas de ellas, a través de sus asociaciones, que se fijaron como objetivo la defensa de sus derechos y sus intereses y la consecución de su visibilidad ante una sociedad que miraba con demasiada frecuencia hacia otra parte.
Igualmente resultó también crucial en este proceso de mayor visibilidad de las víctimas en el espacio público, la nueva estrategia adoptada por ETA al elegir sus objetivos considerando de manera esencial la relevancia política de los mismos. Ello contribuyó a que las nuevas víctimas tuvieran un mayor renombre público, incrementándose así el eco de los atentados a nivel informativo y el consiguiente impacto social generado.
El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un elemento clave en este proceso. La extensión temporal del drama a varios días permitió consolidar la identidad y la personalización de la víctima, contribuyendo a crear un clima emocional que propició una respuesta social sin precedentes. A partir de ese momento, fue ya difícil disociar la tragedia de los atentados de la personalidad concreta de las víctimas. Los poderes públicos se hicieron eco de este cambio de percepción social hacia la problemática de las víctimas del terrorismo, plasmándose en la Ley de Solidaridad aprobada en octubre de 1999.
Por lo que respecta a Euskadi, la reacción social surgida contra la violencia en la segunda década de los años ochenta tampoco fue ajena al fenómeno de la invisibilidad de las víctimas del terrorismo. No nació como un movimiento de solidaridad con las personas que sufrían la violencia. Fueron movimientos de respuesta y rechazo a la violencia esencialmente. De alguna manera, podemos decir que también llegamos tarde a esa solidaridad.
Bien es verdad que el propio trabajo de sensibilización y concienciación en el seno de la sociedad vasca condujo indefectiblemente al movimiento pacifista hacia las víctimas del terrorismo en pocos años, dando lugar a las primeras muestras de solidaridad y proximidad antes de que ocuparan ese espacio central que les era negado por el conjunto de la sociedad en el espacio público y en la agenda política.
Pero la desatención sufrida por las víctimas del terrorismo no fue solo específica de Euskadi. Es más, nosotros hemos hecho autocrítica en ese sentido, reconociendo los déficits que hemos tenido en relación a la actitud mantenida hacia las personas que sufrieron la violencia terrorista. Por contra, no se han oído demasiadas voces respecto a esta misma cuestión en el resto de España, siendo así que el problema de la soledad y la desatención fue común a todo el territorio español, sus administraciones públicas y su ciudadanía.
Cuántas quejas tuvimos oportunidad de escuchar desde la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco procedentes de víctimas de primera hornada, de aquellos primeros años 80. Sobre todo, entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, viudas de agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil o heridos, que se quejaban amargamente de la desatención de la que eran objeto por parte de sus propias instituciones, no solamente del Estado, de la propia ciudadanía española y, lo que aún les resultaba más doloroso, incluso de los propios cuerpos a los que pertenecían, de sus propios mandos. Quejas amargas, en ocasiones, por lo que consideraban un auténtico maltrato.
Curiosamente es un fenómeno poco conocido, pero que evidencia cuanto venimos afirmando sobre la situación de invisibilidad que afectaba en aquellos tiempos a las víctimas del terrorismo.
Es importante subrayar que la primera Administración Pública que creó un alto cargo con responsabilidad política sobre esta materia específica fue el Gobierno Vasco. No fue una mera oficina administrativa, sino una auténtica dirección política: La Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, un órgano político, con responsabilidad política para establecer una política pública en relación a las víctimas del terrorismo. Este hecho permite constatar la importancia que esta cuestión tenía, ya en aquel momento, para el Gobierno Vasco.
Tal vez pueda ser ésta una afirmación discutible o cuestionable, a tenor de otras actitudes, declaraciones o planteamientos políticos del mismo Gobierno en aquella época, pero el hecho está ahí: en diciembre de 2001, el Gobierno Vasco decide dar cabida en su estructura orgánica, en concreto, en el Departamento de Interior, a una nueva Dirección, denominada de Atención a Víctimas del Terrorismo, con capacidad para poner en marcha una política pública sobre dicho colectivo.
Por su parte, el Gobierno de España, después de los atentados de marzo de 2004 y de la llegada al gobierno de los socialistas, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, creó el Alto Comisionado de las Víctimas del Terrorismo poniendo al frente del mismo a Gregorio Peces Barba.
Me centraré fundamentalmente en la labor de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo porque es relevante para lo que nos ocupa.
Cuando se pone en marcha la Dirección, la única normativa existente en el País Vasco sobre el asunto estaba dedicada a la regulación de indemnizaciones y ayudas por daños materiales sufridos en atentados terroristas y lo que se hacía desde la oficina administrativa preexistente era colaborar con las personas afectadas en la tramitación de esas ayudas, así como las recogidas en la Ley de Solidaridad de 1999.
La primera misión asumida por Maixabel Lasa – titular de la Dirección designada por el Lehendakari Ibarretxe – y su equipo fue poner en marcha una campaña de contacto personal o telefónico con todas y cada una de las víctimas del terrorismo residentes en el País Vasco. Un trabajo esencial de establecimiento de relación personal y directa con las personas que habían sufrido directamente la violencia.
Se imprimió a la acción política un componente fundamental de cercanía, de proximidad, de empatía que además permitió a la Dirección elaborar un diagnóstico sobre la situación real de las víctimas del terrorismo en el País Vasco en aquel momento, no solo respecto a su situación material (reconocimiento de derechos, tramitación de solicitudes de pensiones u otras ayudas) sino también referido a su estado psicológico o anímico. Es decir, afloraron los sentimientos de las víctimas. Lo que pensaban y sentían en un contexto político ciertamente complicado por su marcada polarización y crispación.
Esta minuciosa labor de conocimiento tuvo una relevancia muy singular y permitió a la Dirección orientar sus actuaciones futuras, definiendo objetivos y estrategias. Así, la primera conclusión fue la constatación de lo que entonces se denominó la deuda moral histórica de la sociedad vasca y sus instituciones con respecto a las víctimas del terrorismo por tantos años de desapego, de falta de solidaridad y de abandono.
Constatado el déficit de reconocimiento sufrido por las víctimas en Euskadi, su subsanación se convirtió en el objetivo principal de la Dirección. Había que saldar aquella deuda moral histórica. Y hablamos de reconocimiento en sus diferentes dimensiones: moral, social, institucional y político.
En aquel momento, las víctimas de otros terrorismos como el protagonizado por grupos de extrema derecha, por ejemplo, gozaban de un cierto nivel reconocimiento social y, en ocasiones, sobre todo en determinados lugares, también institucional. Carecía, sí, del reconocimiento de las grandes instituciones y, lamentablemente con demasiada frecuencia, del reconocimiento legal de su propia condición de víctimas.
Por el contrario, las víctimas del terrorismo de ETA, que sí contaban con el legal, justamente carecían de cualquier otro tipo de reconocimiento.
En consecuencia, la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo puso en marcha una política cuyo objetivo era saldar esta deuda, materializándose en tres grandes actos organizados bajo la denominación “Acto institucional en reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo”, en Bilbao (2007), Donostia (2008) y Vitoria-Gasteiz (2009).
El de Bilbao tuvo la trascendencia de ser la primera vez que la sociedad vasca, representada por la inmensa mayoría de su institucionalidad, tanto pública como privada, se dio cita en el Palacio Euskalduna, para escuchar el mensaje de perdón transmitido por el Lehendakari al conjunto de las víctimas del terrorismo, representadas por los dos centenares largos presentes en el recinto.
El celebrado en Donostia fue doloroso porque apenas cuatro días antes ETA asesinó al guardia civil Juan Manuel Piñuel, en el atentado contra la Casa Cuartel de Legutiano (Álava).
Por último, el acto que tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz el 29 de noviembre de 2009 tuvo un carácter propio. Constituyó el final de un ciclo, cerrándose la etapa del reconocimiento, al considerar debidamente saldada la deuda histórica con las víctimas del terrorismo. Y, al mismo tiempo, se abría una etapa nueva, marcada por el valor de la memoria.
El Gobierno Vasco tenía entonces meridianamente clara la necesidad de impulsar desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo una política de memoria. La memoria debía pasar a convertirse en el eje central de la política sobre víctimas del terrorismo.
En aquellas fechas se había puesto en marcha ya lo que se denominó el “mapa de la memoria”, impulsando en numerosos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca la creación de espacios de memoria referidos a las víctimas del terrorismo habidas en cada uno de esos municipios y elaborando un catálogo con todos los inaugurados hasta el momento.
Con posterioridad, surgió la idea de completar la iniciativa con la creación de un Día de la Memoria. Teníamos el espacio y nos faltaba el tiempo, para poder concentrar en ese binomio de coordenadas una buena parte de lo que debía ser la política de memoria de las víctimas del terrorismo en Euskadi. Así, el 10 de noviembre fue la fecha elegida para el recuerdo en el País Vasco de todas las víctimas de todos los terrorismos.
La política de memoria tenía que pivotar sobre dos elementos fundamentales. Por un lado, la deslegitimación de la violencia terrorista. Nunca hubo justificación para las vulneraciones de Derechos Humanos vinculadas a la violencia política. Y, por otro, el carácter pedagógico que debía impregnar el ejercicio de reconstrucción del pasado en el presente, como contribución esencial a la creación de condiciones y garantías de no repetición.
Un aspecto específico de la respuesta que el Gobierno Vasco ofreció a las víctimas del terrorismo fue la apertura de sus iniciativas al conjunto de víctimas del terrorismo del resto de España. Todo lo que el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca había hecho hasta entonces en relación a víctimas del terrorismo había sido referido a las víctimas del propio territorio. Sin embargo, era evidente que, si ETA asesinaba en nombre supuestamente del pueblo vasco y para conseguir su liberación, la ciudadanía vasca, representada por sus instituciones, tenía una responsabilidad en el desmentido de dicha afirmación y una obligación de solidaridad hacia aquellas personas que habían sufrido una violencia ejercida falsamente en nuestro nombre.
Por ello, la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo puso en marcha un plan de contactos con víctimas y asociaciones de víctimas de otras partes de España, iniciando una fructífera, aunque no siempre fácil, relación con todas ellas. Un hito de aquel proceso fue la presencia del propio Lehendakari Ibarretxe en un acto que la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo organizó en Córdoba, en 2006.
Más relevante fue la gira que la Ponencia de Víctimas del Terrorismo de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco realizó, a propuesta de la Dirección, por distintos lugares de España en los que mantuvo interesantísimos encuentros con grupos de víctimas. Estos encuentros se caracterizaron por la ausencia de formalismos paralizantes y por la actitud de escucha que mantuvieron los parlamentarios asistentes, respecto a las quejas y demandas que les trasladaron las víctimas – anónimas, en su inmensa mayoría – que se reunieron con ellos, lejos de los focos mediáticos.
No puedo dejar de señalar tres claves que fueron importantísimas para nosotros en el trato y la relación mantenida desde el Gobierno Vasco con las víctimas del terrorismo.
En primer lugar, un respeto absoluto hacia la forma de ser, la forma de pensar y la forma de sentir de cada víctima del terrorismo, entendiendo que todas las personas viven su condición de víctima de una manera diferente, como diferentes son. Y que, por lo tanto, no hay victimas mejores o peores desde un punto de vista moral. Todas fueron iguales y merecedoras de nuestro respeto y de nuestra consideración. Procuramos huir de la creación de modelos a seguir que pudieran ser consideradas moralmente superiores. Fue una clave fundamental en nuestra actuación.
En segundo lugar, tuvimos siempre muy claro que las víctimas merecen respeto, consideración, todo el cariño del mundo, toda la solidaridad, pero no son poseedores de un plus de legitimidad a la hora de opinar en política. Tuvimos claro que los poderes públicos deben velar siempre por el interés general y no por el particular, por muy comprensible que pueda ser desde el punto de vista humano.
Por último, y sobre todo referido a los últimos tiempos de nuestra etapa en el Gobierno Vasco, tuvimos muy presente el enorme potencial que tienen las víctimas como agentes activos en los procesos de reconstrucción de relaciones sociales en una sociedad, como la vasca, transida y quebrada por la violencia de tantos años. Así, procuramos aprovechar dicho potencial, a través de diversas iniciativas, como los encuentros restaurativos, el programa de víctimas educadoras o la iniciativa Glencree, cuyo detalle no viene ahora al caso.
En definitiva, a día de hoy, teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma carece de facultad para hacer justicia y que, por ello, solo puede incidir en el ámbito de la verdad, la reparación y la memoria, la relación de los poderes públicos vascos con las víctimas del terrorismo, presenta una situación razonablemente satisfactoria.
No puedo finalizar sin dejar un par de apuntes sobre algún aspecto relevante de cara al futuro.
Sigue siendo absolutamente necesario impulsar políticas públicas de memoria que, superando el testimonialismo institucional puntual en que se ha convertido, por ejemplo, el Día de la Memoria, promuevan la participación social, con especial incidencia en las nuevas generaciones. Siempre bajo el parámetro fundamental de la deslegitimación de la violencia terrorista y la vulneración de los Derechos Humanos y la creación de condiciones de no repetición.
Un paso necesario en el camino hacia la normalización de la convivencia en Euskadi es la reorientación decidida e inmediata de la política penitenciaria, que permita a todos los presos vascos (de ETA y no de ETA) cumplir su condena en centros penitenciarios de nuestra Comunidad Autónoma o en lugares próximos a ella. Al mismo tiempo, acabar con todas las excepcionalidades legislativas en la materia, creadas en tiempos en los que la política penitenciaria también servía para combatir a ETA.
Al margen de cualquier otra consideración, hoy carecen de justificación, so pena de aceptar que apostamos por una política penitenciaria que permite, cuando no alienta, la venganza, el daño o el dolor añadido, al margen de la pena impuesta.
Por último, nuestra sociedad y nuestras instituciones tienen que incrementar su nivel de exigencia de respeto a unos valores de ética pública fundamentales. No se puede transigir con actos públicos que constituyen ensalzamiento de personas cuyo único mérito es haber pertenecido a una organización terrorista y haber cometido delitos gravísimos. No se deben permitir en espacio público y se debe exigir a los sectores políticos que los apoyan que se retracten. Esta exigencia debe ser permanente y no vinculada a valores privados de las víctimas del terrorismo, porque afectan al conjunto de la ciudadanía.
Hace unos días se inauguró en Vitoria-Gasteiz el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Diez años después de la aprobación de la Ley que mandató su creación, es ya una realidad. Estuvieron presentes en el acto las más altas autoridades locales, provinciales, autonómicas y de la Administración Central, con el mismo Rey en la cúspide, presidente de honor del Patronato que rige los destinos del centro inaugurado.
Con todo ese alboroto, a buen seguro muy poca gente se acordó de Rodolfo Ares.
El Consejero de Interior del Gobierno socialista de Patxi López no era un ideólogo, ni probablemente un hombre de reconocida talla intelectual. En cambio, era una persona con gran capacidad de trabajo y, sobre todo, un político extremadamente inteligente y avispado. A modo de ejemplo, cabe recordar que, sin contar con un programa electoral o de gobierno que contuviera grandes proyectos en materia de paz y convivencia, supo analizar y valorar las posibilidades que le brindó la coyuntura para extraer de ellas el máximo partido, apadrinando o protegiendo la realización de iniciativas importantes. Los encuentros restaurativos, celebrados fundamentalmente a lo largo del 2011, son un claro ejemplo.
Pero, a los efectos que nos ocupan, interesa otro ejemplo: los primeros balbuceos en la creación de un centro de la memoria en Euskadi.
En 2011, como un paso más de las políticas de memoria que se impulsaban desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, con Maixabel Lasa al frente de la misma, Rodolfo Ares tuvo sobre su mesa la propuesta de crear un órgano que gestionara las políticas de memoria en el País Vasco. Su reacción fue cauta, como era habitual en él, pero permisiva, dejando hacer.
En julio de aquel año, aceptó el reto de ir a conocer los grandes centros de Memoria de Berlín y el Memorial Democrátic de Catalunya. Ese mismo mes, las negociaciones en el parlamento español entre el PSOE y el PP (a través fundamentalmente de Antonio Hernando y Alfonso Alonso) cristalizaron en la aprobación por el Congreso de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, cuyo artículo 57 concretaba el mandato para la creación de un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que se habría de ubicar en Euskadi.
En la segunda mitad de ese mismo año, la Consejería de Rodolfo Ares promovió la constitución de una comisión de expertos, coordinada por el prestigioso historiador catalán y especialista en políticas de memoria, Ricard Vinyes, a la que se encargó la elaboración de un informe que sirviera de base para la creación del organismo que gestionara las políticas públicas de memoria en Euskadi.
Eran tiempos de circunstancias óptimas para hacer cosas en este terreno. Por primera vez en la historia de la reciente democracia, Madrid y Vitoria tenían gobiernos del mismo color político. Rodríguez Zapatero gobernaba en Madrid y Patxi López lideraba el ejecutivo vasco. Ares contaba con un marco idóneo para dar pasos coordinados. Así, se abordó la complicada tarea de imbricar el órgano encargado de la memoria referida al ámbito vasco, desde una perspectiva temporal amplia (Sublevación militar, Guerra Civil, Represión de la Dictadura, Terrorismo de ETA y otros terrorismos), con otro de ámbito estatal dedicado en exclusiva a las víctimas del terrorismo, de todos los terrorismos, en España.
No se consiguió plenamente el objetivo. En el camino quedaron discusiones y diferencias importantes entre algunos de los protagonistas del trabajo realizado. Ello derivó en una cierta ralentización del proceso de creación del instituto vasco de la memoria, pero, al mismo tiempo, permitió que Ares impulsara la colaboración con el Gobierno de España para avanzar en la creación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo previsto en la Ley.
Él fue el muñidor del Protocolo firmado ya en el mes de enero de 2012, con Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior de un PP reciente ganador de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. No pudo avanzar mucho más, porque la falta de sintonía entre ambos gobiernos se evidenció pronto, y las elecciones autonómicas de octubre de 2012 pusieron fin al gobierno de Patxi López, siendo sustituido por un PNV liderado por Iñigo Urkullu.
El resto del proceso, en lo que respecta al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, correspondió ya a otros protagonistas. Fue lento, eso es cierto, pero el resultado es ya una realidad tangible desde hace unos días.
Con sintonías y con discrepancias, fueron tres años bajo el mandato de Rodolfo Ares en la Consejería de Interior. Tres años de trabajo fructífero y honesto, caracterizado por el respeto mutuo y la lealtad recíproca. El “equipo”, como él llamaba al trío que formábamos Maixabel, Jaime y yo, pudo hacer cosas con él porque gozamos de su confianza, un elemento imprescindible en política.
Fue una de las personas cuyo impulso resultó determinante para la cristalización del proyecto que acaba de iniciar su andadura. Por eso, me parecía justo traer al recuerdo a Rodolfo precisamente ahora.
Durante el tiempo de su mandato, y a pesar, insisto, de todas las discrepancias habidas, fue posible aquello que dijo en su día Ricard Vinyes: “El mero hecho de que haya consenso sobre la necesidad de memoria es un disparo a la línea de flotación de quienes no la quieren, los que dicen que la única que se puede compartir es el dolor”.
Martes festivo, último día del puente de la Constitución. Paseo por Madrid en una mañana soleada y fría. Voy hacia el norte, más allá de Canal y llego hasta el cruce de la avenida Pablo Iglesias con San Francisco de Sales. Opto por bajar desde ahí hacia la plaza Cristo Rey. Paso junto a la Dirección General de la Guardia Civil y recuerdo que no había estado por allí desde febrero del año pasado, cuando el Ayuntamiento, gobernado por Manuela Carmena, colocó la placa que recuerda a Jaime Bilbao Iglesias y Luis Delgado Villalonga, víctimas de un cruel atentado terrorista que ETA cometió el 22 de noviembre de 1988. Busco el lugar donde está instalada la placa y saco una foto de la misma.
Recuerdo bien aquellos últimos meses de la legislatura, de actividad febril en la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento, aunque han ocurrido tantas cosas y tan extraordinarias en este tiempo, que parece un siglo lo que ha transcurrido desde entonces.
Observando la placa, me ha venido a la cabeza la docena larga de mociones que el PP presentó ante las Juntas de Distrito del Ayuntamiento de Madrid, a lo largo del último trimestre de 2018 y los primeros meses de 2019. En ellas, urgían la colocación de las placas previstas para recordar a todas las víctimas de todos los terrorismos habidas en Madrid en las últimas décadas.
Una tras otra, las mociones fueron tratadas en los plenos de Distrito – aprobándose, como no podía ser de otra manera – a pesar de que, en aquellas fechas, ya se había iniciado el proceso de colocación de las mencionadas placas. Pero los representantes populares debieron entender conveniente meter presión política al gobierno municipal.
Con el impulso de la Oficina de Memoria del Ayuntamiento, y en colaboración con las Juntas de Distrito, conseguimos colocar 17 placas en aquellos meses, antes del final de la legislatura. La primera de ellas, el 22 de octubre de 2018.
Leía esta mañana los nombres de Jaime Bilbao y Luis Delgado y recordaba las conversaciones que mantuve con las familias de ambos para concretar la fecha y los pormenores del acto de colocación de la placa, mientras pensaba en todo ello.
541 días lleva el Partido Popular en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Sí, aquellos que urgían y presionaban políticamente con sus mociones para que se colocaran cuanto antes las placas a las víctimas del terrorismo. Pues bien, en todo este tiempo, no han colocado ni una sola. Cero.
Y veamos: Si es desidia, una vergüenza la magnitud de su hipocresía. Y si es incapacidad, no quiero ni pensar que su ineficacia pueda extenderse al resto de su gestión en el ayuntamiento. Elijan ustedes.
Más Madrid ya lo denunció hace un mes y medio en un pleno del Ayuntamiento, a través de su concejala Marta Gómez, pero no parece que se hayan inmutado los responsables políticos de la gestión municipal. Tenían 13 placas en el almacén municipal dispuestas para ser colocadas cuando tomaron posesión. Y 47 más fueron recibidas en diciembre del año pasado, según afirmó el Director General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento. No hay disculpas, pues. Ni reacción.
Como suele ocurrir con demasiada frecuencia, el PP volvió a utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo. Ahora se hace evidente que sus urgencias de entonces se han tornado en desidia o incapacidad.
Tampoco parece que ninguna asociación de víctimas del terrorismo, otrora vigilantes y demandantes para el efectivo cumplimiento del acuerdo municipal de colocación de las placas, haya alzado la voz por esta incomprensible demora. Curioso, cuando menos. O no tanto, a juzgar por el alborozo con el que alguno de sus dirigentes recibió el cambio en el gobierno municipal.
Noviembre del año 2009. El Gobierno Vasco, entonces liderado por el Lehendakari socialista Patxi López, ponía en marcha en Vitoria-Gasteiz el III Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, cerrando así el ciclo iniciado en 2007 en Bilbao, pasando por Donosti, 2008.
En Bilbao comenzó una difícil pero necesaria travesía hacia el reconocimiento moral, social y político de las víctimas del terrorismo. En aquella primera ocasión, la sociedad vasca asumió una deuda pendiente y las instituciones, en su nombre, empezaron a saldarla. Se pidió perdón a las víctimas por el abandono sufrido durante muchos años y se formalizó una promesa que nos comprometía a todos, de cara al futuro: Nunca más, una víctima del terrorismo sin el reconocimiento de la sociedad vasca.
El acto de San Sebastián, un año después, sirvió para dar carta de naturaleza a otro principio básico en la deslegitimación del terrorismo: No hay causa ni razón que justifique la utilización de la violencia para la consecución de objetivos políticos.
Y, por fin, en Vitoria, se cerraba una etapa, al tiempo que se iniciaba otra. El esfuerzo social e institucional debía encaminarse entonces a materializar uno de los derechos proclamados en la recién aprobada Ley Vasca de las Víctimas del Terrorismo: la memoria.
La memoria, el recuerdo de lo acaecido, era, sin duda, el mejor reconocimiento que la sociedad vasca y sus instituciones podían prestar a las personas que habían padecido la lacra de la violencia terrorista.
Entendíamos que, en consonancia con las corrientes doctrinales más consolidadas en materia de derecho internacional humanitario, la memoria constituía un derecho primordial de las víctimas de vulneraciones graves de derechos humanos y, por ello, también del terrorismo.
Así mismo, como patrimonio y recurso moral al servicio de la ciudadanía, la memoria nos permitía avanzar y afianzar un relato más humano y genuino de lo ocurrido, desde la visión de la víctima. Constituía una condición básica para una convivencia más justa y libre.
En aquel acto de noviembre de 2009, La Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo presentó el Mapa de la Memoria, recogiendo la totalidad de los espacios de memoria que se iban creando a lo largo y ancho de la geografía vasca, allá donde se habían cometido atentados terroristas con víctimas mortales.
Apenas unos meses más tarde, entendimos que teníamos el mapa de la memoria como concepto espacial, pero nos faltaba el temporal y así surgió la idea del Día de la Memoria. Una fecha en la que convergieran todos los recuerdos de las víctimas y – siguiendo a Reyes Mate – abriéramos “los expedientes que la historia y el derecho daban por definitivamente cerrados, porque la memoria no se arruga ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia”. Lo importante era reconocer la actualidad de la injusticia cometida.
La propuesta elaborada para la instauración de esta conmemoración decía así:
“El Día de la Memoria es un ejercicio práctico y sostenible de memoria incluyente. Complementa el Mapa de la Memoria, pero trasciende su sentido. Cuando, por fin, acabemos de trazar el dibujo definitivo, la memoria no se agotará por ello. El recuerdo y la memoria de las víctimas inocentes seguirán siendo reivindicados a lo largo de esa jornada, y ya todos los años, siempre, como un hito importante de nuestro calendario político y moral. Una fecha que nos recordará lo que ha ocurrido y lo que, jamás, puede volver a ocurrir. Ese es el objetivo y el significado del DÍA DE LA MEMORIA.”
A través de esta iniciativa, se pretendía que, a lo largo de esa jornada, las instituciones vascas y la sociedad, en su conjunto, celebraran actos conmemorativos y otras actividades, con el objetivo de recordar a las personas asesinadas por la violencia terrorista. Y subrayo que el compromiso afectaba al conjunto de las instituciones vascas y a la propia sociedad.
La propuesta recogía actividades simbólicas apropiadas a la relevancia de la conmemoración pretendida. Así, se mencionaba la aprobación de bandos municipales por los alcaldes de los ayuntamientos vascos, llamando al pueblo a participar en los actos que se celebraran; plenos extraordinarios en Parlamento Vasco y Juntas Generales, en los cuáles se aprobara la declaración institucional previamente consensuada; un acto central solemne en el parlamento, con presencia de víctimas; ofrendas florales en todos los espacios de memoria erigidos en el País Vasco; y – ¡atención! – participación de los centros escolares en las actividades de distinto signo que pudieran desarrollarse en cada municipio. Se decía, literalmente:
“Memoria y educación son dos condiciones que hacen del ser humano un ser más sensible, más responsable y más libre. Por ello, se propone invitar a los centros escolares a que lleven a cabo este día iniciativas que faciliten la reflexión en torno a lo que significa la memoria en el País Vasco y los retos que impone a las nuevas generaciones y, estimulen asimismo, su participación en las actividades de distinto signo que puedan desarrollarse en cada municipio.”
El elemento clave del planteamiento realizado era la implicación social en las actividades organizadas, de tal manera que se pusiera de manifiesto y cobrara sentido el carácter pedagógico de las políticas de memoria.
Pues bien, finalmente, en noviembre de 2010, nació el Día de la Memoria en Euskadi, después de suscribirse un acuerdo interinstitucional para su celebración que, como casi todo en este país, costó lo suyo.
El compromiso asumido se concertó así:
PRIMERO.- Celebrar cada 10 de NOVIEMBRE, el DÍA DE LA MEMORIA.
SEGUNDO.- Promover que durante esta jornada las diferentes instituciones aprueben una declaración institucional con motivo de la celebración.
TERCERO.- Realizar durante esta jornada ofrendas florales en todos aquellos lugares de la Comunidad Autónoma Vasca donde se recuerde y se honre la memoria de las víctimas inocentes.
Desde aquella primera edición, la polémica y el desencuentro han constituido una constante año tras año. Sin duda, ello ha contribuido notablemente a la progresiva irrelevancia del acontecimiento.
Este 2020 apenas puede guarecerse tras la excusa de la pandemia. Ya hace unos años que la celebración se reduce a una ofrenda floral solemne pero muda en el parlamento vasco y algunos actos simbólicos en localidades como Bilbao, Donosti, Getxo, Barakaldo, Portugalete y algún otro más, de marcado carácter institucional, visible en la participación en los mismos.
Más allá de lo que pretendió ser esta conmemoración en su origen, la situación actual me suscita algunas reflexiones en forma de interrogantes: ¿Un acto solemne y exclusivamente institucional que pasa desapercibido para la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, es una herramienta adecuada para una auténtica política de conmemoraciones? ¿Por qué no se busca la implicación de la sociedad, a través de los distintos pueblos y lugares donde hay espacios de memoria? ¿Preocupa esta cuestión a la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL? ¿Por qué no se dinamizan actividades que permitan la implicación social, especialmente del ámbito educativo? ¿Qué falla en las políticas de memoria en Euskadi para que se renuncie a una oportunidad tan valiosa y significativa como ésta para hacer pedagogía?
Se antoja imprescindible superar el testimonialismo institucional puntual en que se ha convertido el Día de la Memoria, y buscar la participación social en los procesos de memoria, con especial incidencia en las nuevas generaciones. Siempre bajo el parámetro fundamental de la deslegitimación de la violencia terrorista y la vulneración de los DDHH y la creación de condiciones de no repetición.
Diría que la polémica surgida en torno a la inclusión en la conmemoración oficial de las llamadas víctimas de «abusos policiales», no ha hecho sino brindar una tranquilizadora excusa a algunos para permanecer impasibles e indiferentes ante el proceso en el que languidece dicho acontecimiento.
Dicho de otra manera, empieza a parecer un preocupante reflejo de la actitud desentendida de una gran parte de la sociedad vasca que ya presentó síntomas similares cuando la violencia campaba entre nosotros.
O, tal vez, algunos ya intuyen que las imágenes que puede devolver el espejo de la memoria no son incómodas solo para quienes practicaron o justificaron la violencia. También para los silentes.
Y entonces, me acuerdo de la lluvia de Vichy sobre Euskadi de la que hablaba Ana Rosa Gómez Moral en un, nunca mejor dicho, memorable artículo, hace ya seis años.
La semana pasada se debatió en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, una Proposición No de Ley sobre memoria histórica y democrática, presentada por Unidas Podemos. Vaya por delante que tanto el momento elegido como su contenido me parecieron muy desafortunados.
El momento, porque estamos en vísperas del gran debate sobre memoria democrática que se suscitará en el parlamento, con ocasión del trámite del Proyecto de Ley impulsado por el Gobierno y carecía de sentido plantear una propuesta en la que se insta a éste a promover iniciativas directamente relacionadas precisamente con el contenido del texto legal. Parece razonable reservar fuerzas y argumentos para el momento clave y no perder energías en fuegos de artificio de carácter meramente simbólico. Aparte de la incongruencia que supone solicitar algo que ya se está promoviendo desde el propio gobierno, tratándose de uno de los grupos políticos que forman parte del mismo. No parece lógico hacer usar una PNL cuando se tiene el BOE.
Y el contenido, porque se tomó como hecho justificativo de la propuesta la situación creada en torno al memorial del cementerio de La Almudena, en Madrid, en reconocimiento a las personas allí fusiladas entre abril de 1939 y febrero de 1944, proponiendo que el Gobierno de España tome la iniciativa para erigir otro memorial en el mismo cementerio. Tal pretensión supone abandonar el conjunto escultórico promovido por el Gobierno municipal de Ahora Madrid, con Manuela Carmena al frente del mismo y Mauricio Valiente, de su Oficina de Derechos Humanos y Memoria.
Y lo cierto es que el actual gobierno municipal del PP y Ciudadanos no ha destruido el citado memorial, sino que lo resignificó. Eso quiere decir que tiene vuelta atrás y creo que no debemos renunciar a un proyecto muy querido por los familiares de las víctimas. Muchos no deseamos otro; queremos ése, con su sentido y su significado original y lo seguiremos reivindicando.
Pero el motivo de estas líneas no tiene que ver directamente con el objeto de la propuesta planteada.
Ocurrió que, escuchando con interés el debate de la Comisión Constitucional, me llamaron la atención dos intervenciones en particular. No por novedosas pues, casi todos los alegatos de los representantes políticos fueron previsibles, a tenor de las ya conocidas posiciones que mantienen en relación al objeto de la iniciativa, sino porque me sugirieron un experimento muy estimulante, que les propongo a ustedes ahora.
Les dejo el vídeo de ambas intervenciones y les pido que los escuchen con atención, pero atendiendo a la sugerencia que les hago.
1.- Cada vez que la portavoz de Bildu hable de Franco y el franquismo, sustitúyanlo mentalmente por ETA y el movimiento de apoyo a dicha organización.
2.- Y cuando escuchen a la representante del PP hablar de su rechazo de la memoria y sus facultades para generar división e ir contra la reconciliación, piensen que lo está haciendo respecto de la memoria de ETA y las víctimas provocadas por su terrorismo.
Luego, saquen sus propias conclusiones.
La mía es que ojalá realizaran los propios intervinientes el ejercicio propuesto. ¿Quién sabe? A lo mejor la reflexión suscitada traía algo bueno para esta sociedad.
Texto cuya lectura ha sido emitida el día 20 de febrero en el espacio radiofónico «La ventana de la memoria», de la cadena SER en Euskadi.
La formación de gobierno en el lander alemán de Turingia, tras las elecciones de hace unas semanas, levantó un considerable revuelo, al resultar elegido el candidato liberal con los votos del conservador CDU y el partido de extrema derecha AfD. Tanto el partido de Merkel como los socialistas exigieron la repetición de las elecciones, al descartar la formación de un gobierno y de mayorías políticas con los votos de la ultraderechista Alternativa para Alemania.
Hace unos meses, escribió Ignacio Martínez de Pisón un magnífico artículo en La Vanguardia a cuenta de la publicación del libro, “Los amnésicos”, de Geraldine Schwarz, en el cual se hace un repaso a cómo distintos países europeos encararon su traumático pasado colectivo.
Decía Martínez de Pisón que “Igual que De Gaulle en Francia, Adenauer impuso en la Alemania Occidental una política del olvido, y también en ese país pasaron varias décadas antes de que la sociedad se atreviera a encarar su pasado colectivo. Es lo que Schwarz llama “hacer su trabajo de memoria”. Aunque con retraso, la RFA lo hizo, y acabó construyendo una de las democracias más sólidas del continente. En cambio, la otra Alemania, la RDA, siempre negó su pasado nazi y la consecuencia, tras la reunificación, ha sido el surgimiento de una potente y peligrosa ultraderecha.”
Recientemente, Angela Merkel pronunció un discurso en Auschwitz en el que, refiriéndose a las atrocidades nazis, afirmaba que “Es importante nombrar claramente a los responsables, nosotros, los alemanes… Y esa es una responsabilidad que no termina, que no es negociable y que es indisociable de nuestra identidad nacional”.
En efecto, nuestra identidad es indisociable de nuestra memoria. Y una memoria democrática conforma identidad democrática. Alemania se convirtió en el modelo de un buen “trabajo de memoria”, con una aceptación honesta y crítica de su pasado que permitió el desarrollo de actitudes democráticas y tolerantes, construyendo una sociedad civil y una democracia excepcionalmente sólidas. Turingia ha sido su última demostración.
Martínez de Pisón planteaba una interrogante, al hilo de la irrupción reciente de Vox: “¿Hemos hecho en España el trabajo de memoria que nos correspondía o más bien hemos preferido buscar cobijo en la amnesia?”. Yo respondo que faltan políticas de memoria y que nuestra identidad democrática es mejorable. Y añado, que este planteamiento es trasladable a Euskadi, donde también tenemos pendiente trabajo de memoria con el que asentar una identidad colectiva democrática que no olvide jamás el horror totalitario de ETA y la memoria de sus víctimas.
Desde que el 22 de abril de 2007 se celebrara en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el I Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, organizado por el Gobierno Vasco, las instituciones vascas fueron sumándose progresivamente al proceso de reconocimiento social y político debido a las víctimas del terrorismo en Euskadi. En los años siguientes, numerosos ayuntamientos fueron sumándose a la conformación del denominado “mapa de la memoria”, consistente en pequeños espacios o símbolos físicos que recordaban la injusticia de los atentados terroristas en las personas de sus víctimas mortales, habidos en cada municipio. Placas, esculturas, cuadros, árboles, nombres de calles…Todo quedó recogido en una publicación que fue distribuida entre los asistentes al III Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje que el propio Gobierno Vasco celebró el 29 de noviembre de 2009, esta vez en Vitoria-Gasteiz y con Patxi López de Lehendakari. En el preámbulo de la mencionada publicación escribía Maixabel Lasa, Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo:
“Las ciudades y los pueblos vascos van convenciéndose de que recordar el pasado es condición imprescindible para construir un futuro en paz y libertad. Cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio ofrecido por estos desde ser conocido y reconocido por las nuevas generaciones como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que no están entre nosotros”.
Apenas unos meses más tarde, desde el Gobierno Vasco algunos entendimos que teníamos el mapa de la memoria como concepto espacial, pero nos faltaba el temporal y así surgió la idea del Día de la Memoria. Una fecha en la que convergieran todos los recuerdos de las víctimas y – siguiendo a Reyes Mate – abriéramos “los expedientes que la historia y el derecho daban por definitivamente cerrados, porque la memoria no se arruga ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia”. Lo importante era reconocer la actualidad de la injusticia cometida.
La elección de la fecha concreta vino determinada, en cierto modo, por el azar, al designar un día libre de la marca trágica de víctimas mortales por terrorismo: el 10 de noviembre.
Este año la fecha ha sido ocupada por la cita electoral, por lo que su celebración se ha trasladado a otros días posteriores. El Partido Popular del País Vasco, que mantiene diferencias con el resto de partidos, por defender la exclusividad de este día para el recuerdo a las víctimas del terrorismo y no a otras víctimas de violaciones de derechos humanos (polémica en la que no entro ahora para no desviar la atención del objetivo de este artículo) llevó ayer, día 11, su acto al mismo lugar donde viene celebrando esta fecha desde hace ya unos años: El memorial a las víctimas del terrorismo que el gran escultor vasco, Agustín Ibarrola, erigió en Vitoria-Gasteiz, en el año 2003.
Esta foto, es de ayer mismo, 11 de noviembre de 2019 y ha sido publicada en el diario “El Correo”.
Fue un acto de memoria a las víctimas del terrorismo, a TODAS las víctimas del terrorismo. El memorial consiste en una pequeña colina sobre la que se hallan colocadas unas losetas, cada una de las cuáles tiene inscrito el nombre de una víctima, salpicadas por el dibujo del anagrama que el escultor creó para el colectivo de víctimas del País Vasco.
Sin duda alguna, Agustín Ibarrola, al igual que los colectivos y asociaciones de víctimas del terrorismo, era plenamente consciente del valor de la individualización del recuerdo. La personalización y nominalización de las víctimas constituye un elemento esencial de la finalidad reparadora del memorial, al tiempo que brinda a cada familia la posibilidad de contar con un espacio pequeño, pero propio, en el ejercicio de memoria al que tienen derecho.
Pues bien, la inclusión de todas las víctimas del terrorismo en este memorial hace que en el mismo haya nombres como Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez, asesinados por ETA, al lado de otros como José María Etxaniz Maiztegi, Sabino Etxaide Ibarguren o Rafael Goikoetxea Errazkin, asesinados por el GAL y a quienes el gobierno de España no les concedió la indemnización complementaria que establecía la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011 por su presunta pertenencia a ETA. Hay más, son solo un ejemplo.
También aparece el nombre de Melitón Manzanas, guardia civil asesinado por ETA, cuya condición de torturador era bien conocida en la época. Curiosamente comparte espacio memorial con José Luis López de Lacalle, también víctima de ETA y víctima, a su vez, en vida, de las torturas del propio Melitón Manzanas, como recuerda Mª Paz Artolazabal en la conversación que mantiene con Maixabel Lasa en el impagable documental “Zubiak”, de Jon Sistiaga.
En definitiva, tenemos un memorial con los nombres de las víctimas, donde no se ha purgado a nadie por haber sido victimario en vida. Ni presuntos torturadores, ni presuntos terroristas han sido censurados, porque ha prevalecido su condición de víctimas, al haber sido injustamente asesinados todos ellos.
El Partido Popular del País Vasco no tiene problemas éticos para reconocer el memorial de Ibarrola como la mejor referencia para celebrar en él el Día de la Memoria en Euskadi. Nadie promueve escándalos porque convivan los nombres que he citado anteriormente. Nadie cuestiona su condición de víctimas y, por tanto, el derecho a la memoria de sus familiares y del conjunto de la sociedad. Todas unidas por la injusticia de su asesinato, que es precisamente lo que les confiere la condición de víctimas. Por cierto, administrativamente reconocidas la mayoría (presuntos miembros de ETA incluidos) por el gobierno del Partido Popular con Aznar de Presidente, al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999.
En el pasado mes de julio, el gobierno municipal de Madrid, del Partido Popular, con su alcalde Martínez Almeida al frente y el apoyo de Ciudadanos, su socio de gobierno, tomó la decisión de paralizar la construcción del memorial en recuerdo de las casi tres mil personas que fueron fusiladas por la dictadura militar de Franco en las tapias del cementerio de la Almudena, entre abril de 1939 y febrero de 1944. Todas ellas, a consecuencia de consejos de guerra celebrados sin las más elementales garantías procesales, como es unánimemente reconocido por historiadores y juristas.
Ahora han decidido continuar las obras, pero pervirtiendo por completo el sentido del memorial proyectado. Por un lado, eliminando los nombres de las víctimas que iban grabados en placas de granito que recubren los muros del conjunto artístico. Y, por otro destinándolo no al recuerdo de las personas allí fusiladas por la dictadura, como estaba previsto, sino al de todas las víctimas de la violencia política habida en Madrid entre 1936 y 1944.
En su día, sectores de la derecha política madrileña, en complicidad con algunos medios de comunicación afines, provocaron la polémica sobre la que el PP justifica ahora su decisión. No están dispuestos a que figuren en el memorial los nombres de trescientos presuntos “chequistas”. Rechazan como víctimas a quien, presuntamente, fueron victimarios en vida.
El Partido Popular acepta el reconocimiento como víctimas y defiende la memoria de aquellas personas que fueron injustamente asesinadas, más allá de su eventual condición de presuntos autores de execrables delitos en vida, si se trata de víctimas del terrorismo, pero no cuando se trata de víctimas de la dictadura militar franquista. Esta actitud apunta a hipocresía moral.
Emplazo a mis amigos del PP vasco a que ilustren a sus correligionarios madrileños respecto de este tipo de cuestiones morales, en beneficio de la vergüenza y la decencia y para que no se cometa la tropelía de privar a los familiares de las personas fusiladas por la dictadura franquista en el cementerio de la Almudena – pero también al conjunto de la sociedad madrileña – de un espacio de memoria digno, similar a los que se promueven merecidamente para otras víctimas de otras violaciones de derechos humanos (terrorismo), con el mismo derecho.
Coherencia moral obliga. Caso de seguir con los planes anunciados, el gobierno municipal de Madrid del Partido Popular y Ciudadanos cometerá una lamentable y penosa injusticia con las víctimas de la dictadura militar de Franco que fueron asesinadas en el cementerio de la Almudena, las cuales sufrirán una nueva victimización, a añadir a los ochenta años de olvido y abandono.
Porque recordar el pasado es condición imprescindible para construir un futuro en paz y libertad. Y porque cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio ofrecido por estos desde ser conocido y reconocido por las nuevas generaciones como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que no están entre nosotros.
PS: Advertencia para quienes van permanentemente con la balanza contrapesando víctimas de uno y otro bando, porque no son capaces (o no quieren) hablar de unas sin las otras: Cuanto afirmo en este artículo es aplicable a cualquier tipo de víctimas de violaciones de derechos humanos. En lo tocante a DDHH, no hay color político que justifique su vulneración.
Avenida de la Inteligencia. Hay que reconocer que suena bien. El 13 de julio de 2016, el Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, aprobó un informe con la primera parte del plan de revisión del callejero de la capital, que incluía el cambio de los nombres de 27 calles. Una de ellas, la calle general Millán Astray. Se proponía en su lugar “Avenida de la Inteligencia”.
Aquéllo parecía una suerte de justicia poética en relación al conocido incidente protagonizado por el citado Millán Astray y don Miguel de Unamuno, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, en el que el militar profirió aquel grito tan suyo de ¡Viva la muerte!, seguido de ¡Muera la inteligencia! El referido informe del Comisionado así lo justificaba, sin disimular con sutilezas: “Es propuesta de este Comisionado que quede en la palabra ‘inteligencia’ recuerdo de aquel suceso resuelto con arrojo por quien fue protagonista de uno de los hechos cívicos más ejemplares de que se guarda memoria en la historia reciente de España«.
Sin embargo, meses después, cuando el Comisionado elevó su propuesta definitiva de revisión del callejero, hizo desaparecer el sugerente “Avenida de la Inteligencia”, sustituyéndolo por el también meritorio de “Maestra Justa Freire”. La parte positiva del cambio fue el reconocimiento a la trayectoria de la discípula de Ángel Llorca y, con él – y algunos más -, al trabajo que tantas maestras y maestros realizaron poniendo en práctica las directrices pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza en la escuela pública durante el primer tercio del siglo XX. Su entrada en el callejero madrileño fue un soplo de aire fresco en el mismo. Bien está que quedara así, aunque se perdiera ese punto de osadía que suponía contraponer el valor de la inteligencia a aquellos otros que encarnaba un personaje como Millán Astray.
Sobre el personaje, Paul Preston escribió en Las tres Españas del 36 (Barcelona, 1998) lo siguiente: “José Millán Astray fue, quizá, la persona que más influencia ejerció en la formación moral e ideológica de Francisco Franco. (…) En él (Tercio de Extranjeros) institucionalizó y evangelizó los valores brutales y embrutecedores con que Franco libró y ganó la Guerra Civil española. Contribuyó al auge de la fama de Franco nombrándole su segundo jefe y comandante de campo de una fuerza pronto celebrada por su eficacia y su valentía. (…) Durante la Guerra Civil creó y divulgó incansablemente la imagen de Franco como salvador invencible. Más concretamente, su participación fue de vital importancia en las maquinaciones de la última semana de septiembre, mediante las cuáles Franco ascendió al puesto de jefe del Estado”.
Hay que recordar que Millán Astray fue el impulsor del Tercio de Extranjeros, más conocido como Legión Española, cuerpo militar creado en enero de 1920 y del que fue su primer jefe. Dos años antes, para conseguir convencer a los políticos de la conveniencia de esta iniciativa, el militar empleaba un argumento tan persuasivo como éste: “Si son españoles los que se alistan en el cuerpo que ha de constituirse, lo harán con gusto; si son extranjeros los que acuden, servirán doblemente, ya que se dispone de un soldado y se ahorra un español”. Una vez creado el cuerpo, nombró a su amigo Francisco Franco como segundo jefe del mismo.
El gran escritor Arturo Barea, que sirvió en el Ejército marroquí en los años veinte del siglo pasado, relató en su extraordinaria novela La forja de un rebelde (Londres, 1940-1945) cómo Millán Astray “rugía, sollozaba y gritaba; escupía a la cara de estos hombres toda su miseria, su vergüenza, su suciedad, sus crímenes, y luego los arrastraba, en una furia fanática, hacia la caballerosidad, a renunciar a toda esperanza salvo la de una muerte que borrara las manchas de su cobardía con el esplendor del heroísmo”.
El mismo Barea, en otra de sus obras, La lucha por el alma española (Londres, 1941), cuenta que cuando atacaba el Tercio “no reconocía límites a su venganza. Cuando abandonaba un pueblo, no quedaba más que incendios y los cadáveres de hombres, mujeres y niños. Así, fui testigo ocular de la destrucción total de los pueblos del Beni Arós en la primavera de 1921. Cuando se asesinaba a un legionario en una marcha solitaria por el campo, se degollaban a todos los hombres de los pueblos vecinos, a no ser que se presentara el asesino”.
Llegado el 18 de julio de 1936 y enterado Millán Astray de la sublevación militar, que le pilla en Argentina, cogió un barco de inmediato y se puso a disposición de su gran amigo Franco. Apenas bajó al muelle en Cádiz, pronunció un discurso en el que reconoció haber regresado a España tras oír el grito “¡A mí la Legión!”, como recogieron los diarios de la época (ABC entre ellos). Acompañó a Franco en Sevilla el 15 de agosto, junto a Queipo de Llano, en el acto de adopción de la bandera monárquica, frente a la tricolor de la República.
En los meses siguientes, por encargo del mismo Franco, desarrolló una frenética actividad propagandística, aprovechando su encendida retórica y su histrionismo. Como recuerda Guillermo Cabanellas (Cuatro generales. Planeta. Barcelona, 1977), solía destacar siempre la importancia vital de la Legión y ponía fin a sus arengas con un ¡Viva la muerte!
En su obra anteriormente citada, Preston subraya la influencia que Millán Astray tuvo en el proceso de designación de Franco como comandante en jefe de las fuerzas militares sublevadas primero y jefe de Estado después. “Cuando después de la primera reunión de los generales, celebrada el 21 de septiembre cerca de Salamanca, resultó claro que el alto mando dudaba, Millán se creyó en el deber de hacer entender cuánto se necesitaba a Franco, el deber tanto de generar como de expresar la presión popular. Personificó, sobre todo, la resolución de la Legión, con la que estaba irrevocablemente vinculado, de que a Franco lo nombraran jefe único”.
Sobre el ya citado incidente en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, durante el acto de la celebración del día de la Raza, con el ínclito don Miguel de Unamuno, no me extenderé, pues se han vertido ríos de tinta y, aún hoy, algunos mantienen dudas respecto a la veracidad de la versión más extendida de cuanto allí aconteció. Baste decir que, tal vez, a no mucho tardar, esta controversia sea vista con nuevas y definitivas luces.
Lo cierto es que, en el año 1969, el Ayuntamiento de Madrid debió descubrir que los generales Saliquet y Millán Astray, figuras señeras de la autodenominada cruzada nacional, carecían de honores y reconocimientos suficientes y acordes a sus méritos. Para subsanar este déficit, entendieron los munícipes franquistas que debían ser honradas con el nombre de una calle en la capital del Estado. Así se indicaba expresamente en el escrito en el que se solicitaba dicha designación:
Veo como se van poniendo a las calles nombres de personas que se han distinguido por algo, escritores como últimamente Menéndez Pidal, González Ruano, pero (mucho menos) generales, unos más distinguidos que otros, etc. Es raro que Millán Astray no tenga su nombre en alguna de ellas y el general Saliquet, primero que entró en esta capital al liberarse por su ejército del centro.
Y así se tramitó el correspondiente expediente municipal.
En el Pleno del 30 de junio de aquel año de 1969, se aprobó finalmente el otorgamiento de los nombres de las calles al general Saliquet y al general Millán Astray.
Y así ha sido hasta que el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de 4 de mayo de 2017 aprobó el Plan de revisión del callejero de la ciudad propuesto por el Comisionado de Memoria Histórica, que suponía la retirada del nombre de la calle general Millán Astray por la de calle Maestra Justa Freire.
Algunos admiradores y seguidores de la figura del militar que apoyó de manera tan efusiva y entusiasta a Franco en los primeros meses de la Guerra Civil, en las importantes tareas de comunicación propaganda, promotor principal del grito ¡Viva la muerte! y autor del exabrupto ¡Muera la inteligencia!, han ejercido su legítimo derecho de acudir a los tribunales de justicia para intentar revocar el referido acuerdo municipal y devolver al general Millán Astray el honor de formar parte del nomenclátor madrileño.
Esta iniciativa ha pretendido ofrecer una imagen beatífica del general, minimizando hasta la irrelevancia más absoluta su apoyo a la causa de la sublevación militar y al propio Franco y su participación en las tareas propagandísticas. Además, se refugian en el argumento de que el otorgamiento del nombre a la calle data de mediados de los años veinte y, por tanto, su justificación tiene que ver con los méritos militares de Millán Astray anteriores a los hechos en que se basa la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
Como hemos señalado anteriormente y puede comprobarse en el expediente municipal que obra en el Archivo de la Villa de Madrid, la aprobación del nombre de la calle general Millán Astray se lleva a cabo en 1969. Los defensores del militar intentar confundir con la alusión a una pequeña plaza que ciertamente existía con el nombre del militar desde mediados de los años veinte, situada en diferente lugar. De hecho, era tan “insignificante” que el Ayuntamiento decidió suprimirla para conceder al general una calle de similar importancia a la que tenían otros generales franquistas en la zona (Fanjul, Romero Basart, etc.), adoptando tal acuerdo de supresión en el mismo expediente tramitado en 1969.
A día de hoy, son los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quienes tienen en su mano la decisión sobre el futuro nombre de la calle: retomar los valores que encarna el fundador de la Legión (declarando que su nombre no constituye exaltación de la sublevación militar ni de la Guerra Civil) o respetar la decisión municipal, respaldando la modernización de los valores recogidos en el nomenclátor de la capital, llevada a cabo por el Ayuntamiento en la legislatura anterior y expresados, en este caso, por la Maestra Justa Freire y todo lo que ella representó.
Txema Urkijo 