El reconocimiento a las víctimas del terrorismo en Madrid: ¿Desidia o incapacidad?

Martes festivo, último día del puente de la Constitución. Paseo por Madrid en una mañana soleada y fría. Voy hacia el norte, más allá de Canal y llego hasta el cruce de la avenida Pablo Iglesias con San Francisco de Sales. Opto por bajar desde ahí hacia la plaza Cristo Rey. Paso junto a la Dirección General de la Guardia Civil y recuerdo que no había estado por allí desde febrero del año pasado, cuando el Ayuntamiento, gobernado por Manuela Carmena, colocó la placa que recuerda a Jaime Bilbao Iglesias y Luis Delgado Villalonga, víctimas de un cruel atentado terrorista que ETA cometió el 22 de noviembre de 1988. Busco el lugar donde está instalada la placa y saco una foto de la misma.

Recuerdo bien aquellos últimos meses de la legislatura, de actividad febril en la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento, aunque han ocurrido tantas cosas y tan extraordinarias en este tiempo, que parece un siglo lo que ha transcurrido desde entonces.

Observando la placa, me ha venido a la cabeza la docena larga de mociones que el PP presentó ante las Juntas de Distrito del Ayuntamiento de Madrid, a lo largo del último trimestre de 2018 y los primeros meses de 2019. En ellas, urgían la colocación de las placas previstas para recordar a todas las víctimas de todos los terrorismos habidas en Madrid en las últimas décadas.

Una tras otra, las mociones fueron tratadas en los plenos de Distrito – aprobándose, como no podía ser de otra manera – a pesar de que, en aquellas fechas, ya se había iniciado el proceso de colocación de las mencionadas placas. Pero los representantes populares debieron entender conveniente meter presión política al gobierno municipal.

Con el impulso de la Oficina de Memoria del Ayuntamiento, y en colaboración con las Juntas de Distrito, conseguimos colocar 17 placas en aquellos meses, antes del final de la legislatura. La primera de ellas, el 22 de octubre de 2018.

Leía esta mañana los nombres de Jaime Bilbao y Luis Delgado y recordaba las conversaciones que mantuve con las familias de ambos para concretar la fecha y los pormenores del acto de colocación de la placa, mientras pensaba en todo ello.

541 días lleva el Partido Popular en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Sí, aquellos que urgían y presionaban políticamente con sus mociones para que se colocaran cuanto antes las placas a las víctimas del terrorismo. Pues bien, en todo este tiempo, no han colocado ni una sola. Cero.

Y veamos: Si es desidia, una vergüenza la magnitud de su hipocresía. Y si es incapacidad, no quiero ni pensar que su ineficacia pueda extenderse al resto de su gestión en el ayuntamiento. Elijan ustedes.

Más Madrid ya lo denunció hace un mes y medio en un pleno del Ayuntamiento, a través de su concejala Marta Gómez, pero no parece que se hayan inmutado los responsables políticos de la gestión municipal. Tenían 13 placas en el almacén municipal dispuestas para ser colocadas cuando tomaron posesión. Y 47 más fueron recibidas en diciembre del año pasado, según afirmó el Director General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento. No hay disculpas, pues. Ni reacción.

Como suele ocurrir con demasiada frecuencia, el PP volvió a utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo. Ahora se hace evidente que sus urgencias de entonces se han tornado en desidia o incapacidad.

Tampoco parece que ninguna asociación de víctimas del terrorismo, otrora vigilantes y demandantes para el efectivo cumplimiento del acuerdo municipal de colocación de las placas, haya alzado la voz por esta incomprensible demora. Curioso, cuando menos. O no tanto, a juzgar por el alborozo con el que alguno de sus dirigentes recibió el cambio en el gobierno municipal.

Todo muy triste.

8.12.20

¿Por qué languidece el Día de la Memoria en Euskadi?

Noviembre del año 2009. El Gobierno Vasco, entonces liderado por el Lehendakari socialista Patxi López, ponía en marcha en Vitoria-Gasteiz el III Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, cerrando así el ciclo iniciado en 2007 en Bilbao, pasando por Donosti, 2008.

En Bilbao comenzó una difícil pero necesaria travesía hacia el reconocimiento moral, social y político de las víctimas del terrorismo. En aquella primera ocasión, la sociedad vasca asumió una deuda pendiente y las instituciones, en su nombre, empezaron a saldarla. Se pidió perdón a las víctimas por el abandono sufrido durante muchos años y se formalizó una promesa que nos comprometía a todos, de cara al futuro: Nunca más, una víctima del terrorismo sin el reconocimiento de la sociedad vasca.

El acto de San Sebastián, un año después, sirvió para dar carta de naturaleza a otro principio básico en la deslegitimación del terrorismo: No hay causa ni razón que justifique la utilización de la violencia para la consecución de objetivos políticos.

Y, por fin, en Vitoria, se cerraba una etapa, al tiempo que se iniciaba otra. El esfuerzo social e institucional debía encaminarse entonces a materializar uno de los derechos proclamados en la recién aprobada Ley Vasca de las Víctimas del Terrorismo: la memoria.

La memoria, el recuerdo de lo acaecido, era, sin duda, el mejor reconocimiento que la sociedad vasca y sus instituciones podían prestar a las personas que habían padecido la lacra de la violencia terrorista.

Entendíamos que, en consonancia con las corrientes doctrinales más consolidadas en materia de derecho internacional humanitario, la memoria constituía un derecho primordial de las víctimas de vulneraciones graves de derechos humanos y, por ello, también del terrorismo.

Así mismo, como patrimonio y recurso moral al servicio de la ciudadanía, la memoria nos permitía avanzar y afianzar un relato más humano y genuino de lo ocurrido, desde la visión de la víctima. Constituía una condición básica para una convivencia más justa y libre.

En aquel acto de noviembre de 2009, La Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo presentó el Mapa de la Memoria, recogiendo la totalidad de los espacios de memoria que se iban creando a lo largo y ancho de la geografía vasca, allá donde se habían cometido atentados terroristas con víctimas mortales.

Apenas unos meses más tarde, entendimos que teníamos el mapa de la memoria como concepto espacial, pero nos faltaba el temporal y así surgió la idea del Día de la Memoria. Una fecha en la que convergieran todos los recuerdos de las víctimas y – siguiendo a Reyes Mate – abriéramos “los expedientes que la historia y el derecho daban por definitivamente cerrados, porque la memoria no se arruga ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia”. Lo importante era reconocer la actualidad de la injusticia cometida.

La propuesta elaborada para la instauración de esta conmemoración decía así:

“El Día de la Memoria es un ejercicio práctico y sostenible de memoria incluyente. Complementa el Mapa de la Memoria, pero trasciende su sentido. Cuando, por fin, acabemos de trazar el dibujo definitivo, la memoria no se agotará por ello.  El recuerdo y la memoria de las víctimas inocentes seguirán siendo reivindicados a lo largo de esa jornada, y ya todos los años, siempre, como un hito importante de nuestro calendario político y moral. Una fecha que nos recordará lo que ha ocurrido y lo que, jamás, puede volver a ocurrir. Ese es el objetivo y el significado del DÍA DE LA MEMORIA.”

A través de esta iniciativa, se pretendía que, a lo largo de esa jornada, las instituciones vascas y la sociedad, en su conjunto, celebraran actos conmemorativos y otras actividades, con el objetivo de recordar a las personas asesinadas por la violencia terrorista. Y subrayo que el compromiso afectaba al conjunto de las instituciones vascas y a la propia sociedad.

La propuesta recogía actividades simbólicas apropiadas a la relevancia de la conmemoración pretendida. Así, se mencionaba la aprobación de bandos municipales por los alcaldes de los ayuntamientos vascos, llamando al pueblo a participar en los actos que se celebraran; plenos extraordinarios en Parlamento Vasco y Juntas Generales, en los cuáles se aprobara la declaración institucional previamente consensuada; un acto central solemne en el parlamento, con presencia de víctimas; ofrendas florales en todos los espacios de memoria erigidos en el País Vasco; y – ¡atención! – participación de los centros escolares en las actividades de distinto signo que pudieran desarrollarse en cada municipio. Se decía, literalmente:

Memoria y educación son dos condiciones que hacen del ser humano un ser más sensible, más responsable y más libre. Por ello, se propone invitar a los centros escolares a que lleven a cabo  este día iniciativas que faciliten la reflexión en torno a lo que significa la memoria en el País Vasco y los retos que impone a las nuevas generaciones y, estimulen asimismo, su participación en las actividades de distinto signo que puedan desarrollarse en cada municipio.”

El elemento clave del planteamiento realizado era la implicación social en las actividades organizadas, de tal manera que se pusiera de manifiesto y cobrara sentido el carácter pedagógico de las políticas de memoria.

Pues bien, finalmente, en noviembre de 2010, nació el Día de la Memoria en Euskadi, después de suscribirse un acuerdo interinstitucional para su celebración que, como casi todo en este país, costó lo suyo.

El compromiso asumido se concertó así:

PRIMERO.- Celebrar cada 10 de NOVIEMBRE, el DÍA DE LA MEMORIA.

SEGUNDO.- Promover que durante esta jornada las diferentes instituciones aprueben una declaración institucional con motivo de la celebración.

TERCERO.- Realizar durante esta jornada ofrendas florales en todos aquellos lugares de la Comunidad Autónoma Vasca donde se recuerde y se honre la memoria de las víctimas inocentes.

Desde aquella primera edición, la polémica y el desencuentro han constituido una constante año tras año. Sin duda, ello ha contribuido notablemente a la progresiva irrelevancia del acontecimiento.

Este 2020 apenas puede guarecerse tras la excusa de la pandemia. Ya hace unos años que la celebración se reduce a una ofrenda floral solemne pero muda en el parlamento vasco y algunos actos simbólicos en localidades como Bilbao, Donosti, Getxo, Barakaldo, Portugalete y algún otro más, de marcado carácter institucional, visible en la participación en los mismos.

Más allá de lo que pretendió ser esta conmemoración en su origen, la situación actual me suscita algunas reflexiones en forma de interrogantes: ¿Un acto solemne y exclusivamente institucional que pasa desapercibido para la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, es una herramienta adecuada para una auténtica política de conmemoraciones? ¿Por qué no se busca la implicación de la sociedad, a través de los distintos pueblos y lugares donde hay espacios de memoria? ¿Preocupa esta cuestión a la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL? ¿Por qué no se dinamizan actividades que permitan la implicación social, especialmente del ámbito educativo? ¿Qué falla en las políticas de memoria en Euskadi para que se renuncie a una oportunidad tan valiosa y significativa como ésta para hacer pedagogía?

Se antoja imprescindible superar el testimonialismo institucional puntual en que se ha convertido el Día de la Memoria, y buscar la participación social en los procesos de memoria, con especial incidencia en las nuevas generaciones. Siempre bajo el parámetro fundamental de la deslegitimación de la violencia terrorista y la vulneración de los DDHH y la creación de condiciones de no repetición.

Diría que la polémica surgida en torno a la inclusión en la conmemoración oficial de las llamadas víctimas de “abusos policiales”, no ha hecho sino brindar una tranquilizadora excusa a algunos para permanecer impasibles e indiferentes ante el proceso en el que languidece dicho acontecimiento.

Dicho de otra manera, empieza a parecer un preocupante reflejo de la actitud desentendida de una gran parte de la sociedad vasca que ya presentó síntomas similares cuando la violencia campaba entre nosotros.

O, tal vez, algunos ya intuyen que las imágenes que puede devolver el espejo de la memoria no son incómodas solo para quienes practicaron o justificaron la violencia. También para los silentes.

Y entonces, me acuerdo de la lluvia de Vichy sobre Euskadi de la que hablaba Ana Rosa Gómez Moral en un, nunca mejor dicho, memorable artículo, hace ya seis años.

 

10.11.2020

 

 

 

Un ejercicio curioso.

La semana pasada se debatió en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, una Proposición No de Ley sobre memoria histórica y democrática, presentada por Unidas Podemos. Vaya por delante que tanto el momento elegido como su contenido me parecieron muy desafortunados.

El momento, porque estamos en vísperas del gran debate sobre memoria democrática que se suscitará en el parlamento, con ocasión del trámite del Proyecto de Ley impulsado por el Gobierno y carecía de sentido plantear una propuesta en la que se insta a éste a promover iniciativas directamente relacionadas precisamente con el contenido del texto legal. Parece razonable reservar fuerzas y argumentos para el momento clave y no perder energías en fuegos de artificio de carácter meramente simbólico. Aparte de la incongruencia que supone solicitar algo que ya se está promoviendo desde el propio gobierno, tratándose de uno de los grupos políticos que forman parte del mismo. No parece lógico hacer usar una PNL cuando se tiene el BOE.

Y el contenido, porque se tomó como hecho justificativo de la propuesta la situación creada en torno al memorial del cementerio de La Almudena, en Madrid, en reconocimiento a las personas allí fusiladas entre abril de 1939 y febrero de 1944, proponiendo que el Gobierno de España tome la iniciativa para erigir otro memorial en el mismo cementerio. Tal pretensión supone abandonar el conjunto escultórico promovido por el Gobierno municipal de Ahora Madrid, con Manuela Carmena al frente del mismo y Mauricio Valiente, de su Oficina de Derechos Humanos y Memoria.

Y lo cierto es que el actual gobierno municipal del PP y Ciudadanos no ha destruido el citado memorial, sino que lo resignificó. Eso quiere decir que tiene vuelta atrás y creo que no debemos renunciar a un proyecto muy querido por los familiares de las víctimas. Muchos no deseamos otro; queremos ése, con su sentido y su significado original y lo seguiremos reivindicando.

Pero el motivo de estas líneas no tiene que ver directamente con el objeto de la propuesta planteada.

Ocurrió que, escuchando con interés el debate de la Comisión Constitucional, me llamaron la atención dos intervenciones en particular. No por novedosas pues, casi todos los alegatos de los representantes políticos fueron previsibles, a tenor de las ya conocidas posiciones que mantienen en relación al objeto de la iniciativa, sino porque me sugirieron un experimento muy estimulante, que les propongo a ustedes ahora.

Les dejo el vídeo de ambas intervenciones y les pido que los escuchen con atención, pero atendiendo a la sugerencia que les hago.

1.- Cada vez que la portavoz de Bildu hable de Franco y el franquismo, sustitúyanlo mentalmente por ETA y el movimiento de apoyo a dicha organización.

2.- Y cuando escuchen a la representante del PP hablar de su rechazo de la memoria y sus facultades para generar división e ir contra la reconciliación, piensen que lo está haciendo respecto de la memoria de ETA y las víctimas provocadas por su terrorismo.

Luego, saquen sus propias conclusiones.

La mía es que ojalá realizaran los propios intervinientes el ejercicio propuesto. ¿Quién sabe? A lo mejor la reflexión suscitada traía algo bueno para esta sociedad.

28.9.20

Turingia como ejemplo

Texto cuya lectura ha sido emitida el día 20 de febrero en el espacio radiofónico “La ventana de la memoria”, de la cadena SER en Euskadi.

 

La formación de gobierno en el lander alemán de Turingia, tras las elecciones de hace unas semanas, levantó un considerable revuelo, al resultar elegido el candidato liberal con los votos del conservador CDU y el partido de extrema derecha AfD.  Tanto el partido de Merkel como los socialistas exigieron la repetición de las elecciones, al descartar la formación de un gobierno y de mayorías políticas con los votos de la ultraderechista Alternativa para Alemania.

Hace unos meses, escribió Ignacio Martínez de Pisón un magnífico artículo en La Vanguardia a cuenta de la publicación del libro, “Los amnésicos”, de Geraldine Schwarz, en el cual se hace un repaso a cómo distintos países europeos encararon su traumático pasado colectivo.

Decía Martínez de Pisón que “Igual que De Gaulle en Francia, Adenauer impuso en la Alemania Occidental una política del olvido, y también en ese país pasaron varias décadas antes de que la sociedad se atreviera a encarar su pasado colectivo. Es lo que Schwarz llama “hacer su trabajo de memoria”. Aunque con retraso, la RFA lo hizo, y acabó construyendo una de las democracias más sólidas del continente. En cambio, la otra Alemania, la RDA, siempre negó su pasado nazi y la consecuencia, tras la reunificación, ha sido el surgimiento de una potente y peligrosa ultraderecha.”

Recientemente, Angela Merkel pronunció un discurso en Auschwitz en el que, refiriéndose a las atrocidades nazis, afirmaba que “Es importante nombrar claramente a los responsables, nosotros, los alemanes… Y esa es una responsabilidad que no termina, que no es negociable y que es indisociable de nuestra identidad nacional”.

En efecto, nuestra identidad es indisociable de nuestra memoria. Y una memoria democrática conforma identidad democrática. Alemania se convirtió en el modelo de un buen “trabajo de memoria”, con una aceptación honesta y crítica de su pasado que permitió el desarrollo de actitudes democráticas y tolerantes, construyendo una sociedad civil y una democracia excepcionalmente sólidas. Turingia ha sido su última demostración.

Martínez de Pisón planteaba una interrogante, al hilo de la irrupción reciente de Vox: “¿Hemos hecho en España el trabajo de memoria que nos correspondía o más bien hemos preferido buscar cobijo en la amnesia?”. Yo respondo que faltan políticas de memoria y que nuestra identidad democrática es mejorable. Y añado, que este planteamiento es trasladable a Euskadi, donde también tenemos pendiente trabajo de memoria con el que asentar una identidad colectiva democrática que no olvide jamás el horror totalitario de ETA y la memoria de sus víctimas.

 

20.2.20

La coherencia moral en cuestiones de memoria.

Desde que el 22 de abril de 2007 se celebrara en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el I Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, organizado por el Gobierno Vasco, las instituciones vascas fueron sumándose progresivamente al proceso de reconocimiento social y político debido a las víctimas del terrorismo en Euskadi. En los años siguientes, numerosos ayuntamientos fueron sumándose a la conformación del denominado “mapa de la memoria”, consistente en pequeños espacios o símbolos físicos que recordaban la injusticia de los atentados terroristas en las personas de sus víctimas mortales, habidos en cada municipio. Placas, esculturas, cuadros, árboles, nombres de calles…Todo quedó recogido en una publicación que fue distribuida entre los asistentes al III Acto Institucional de Reconocimiento y Homenaje que el propio Gobierno Vasco celebró el 29 de noviembre de 2009, esta vez en Vitoria-Gasteiz y con Patxi López de Lehendakari. En el preámbulo de la mencionada publicación escribía Maixabel Lasa, Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo:

Las ciudades y los pueblos vascos van convenciéndose de que recordar el pasado es condición imprescindible para construir un futuro en paz y libertad. Cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio ofrecido por estos desde ser conocido y reconocido por las nuevas generaciones como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que no están entre nosotros”.

Apenas unos meses más tarde, desde el Gobierno Vasco algunos entendimos que teníamos el mapa de la memoria como concepto espacial, pero nos faltaba el temporal y así surgió la idea del Día de la Memoria. Una fecha en la que convergieran todos los recuerdos de las víctimas y – siguiendo a Reyes Mate – abriéramos “los expedientes que la historia y el derecho daban por definitivamente cerrados, porque la memoria no se arruga ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia. Lo importante era reconocer la actualidad de la injusticia cometida.

La elección de la fecha concreta vino determinada, en cierto modo, por el azar, al designar un día libre de la marca trágica de víctimas mortales por terrorismo: el 10 de noviembre.

Este año la fecha ha sido ocupada por la cita electoral, por lo que su celebración se ha trasladado a otros días posteriores. El Partido Popular del País Vasco, que mantiene diferencias con el resto de partidos, por defender la exclusividad de este día para el recuerdo a las víctimas del terrorismo y no a otras víctimas de violaciones de derechos humanos (polémica en la que no entro ahora para no desviar la atención del objetivo de este artículo) llevó ayer, día 11, su acto al mismo lugar donde viene celebrando esta fecha desde hace ya unos años: El memorial a las víctimas del terrorismo que el gran escultor vasco, Agustín Ibarrola, erigió en Vitoria-Gasteiz, en el año 2003.

Esta foto, es de ayer mismo, 11 de noviembre de 2019 y ha sido publicada en el diario “El Correo”.

Fue un acto de memoria a las víctimas del terrorismo, a TODAS las víctimas del terrorismo. El memorial consiste en una pequeña colina sobre la que se hallan colocadas unas losetas, cada una de las cuáles tiene inscrito el nombre de una víctima, salpicadas por el dibujo del anagrama que el escultor creó para el colectivo de víctimas del País Vasco.

Sin duda alguna, Agustín Ibarrola, al igual que los colectivos y asociaciones de víctimas del terrorismo, era plenamente consciente del valor de la individualización del recuerdo. La personalización y nominalización de las víctimas constituye un elemento esencial de la finalidad reparadora del memorial, al tiempo que brinda a cada familia la posibilidad de contar con un espacio pequeño, pero propio, en el ejercicio de memoria al que tienen derecho.

Pues bien, la inclusión de todas las víctimas del terrorismo en este memorial hace que en el mismo haya nombres como Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez, asesinados por ETA, al lado de otros como José María Etxaniz Maiztegi, Sabino Etxaide Ibarguren o Rafael Goikoetxea Errazkin, asesinados por el GAL y a quienes el gobierno de España no les concedió la indemnización complementaria que establecía la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011 por su presunta pertenencia a ETA. Hay más, son solo un ejemplo.

También aparece el nombre de Melitón Manzanas, guardia civil asesinado por ETA, cuya condición de torturador era bien conocida en la época. Curiosamente comparte espacio memorial con José Luis López de Lacalle, también víctima de ETA y víctima, a su vez, en vida, de las torturas del propio Melitón Manzanas, como recuerda Mª Paz Artolazabal en la conversación que mantiene con Maixabel Lasa en el impagable documental “Zubiak”, de Jon Sistiaga.

En definitiva, tenemos un memorial con los nombres de las víctimas, donde no se ha purgado a nadie por haber sido victimario en vida. Ni presuntos torturadores, ni presuntos terroristas han sido censurados, porque ha prevalecido su condición de víctimas, al haber sido injustamente asesinados todos ellos.

El Partido Popular del País Vasco no tiene problemas éticos para reconocer el memorial de Ibarrola como la mejor referencia para celebrar en él el Día de la Memoria en Euskadi. Nadie promueve escándalos porque convivan los nombres que he citado anteriormente. Nadie cuestiona su condición de víctimas y, por tanto, el derecho a la memoria de sus familiares y del conjunto de la sociedad. Todas unidas por la injusticia de su asesinato, que es precisamente lo que les confiere la condición de víctimas. Por cierto, administrativamente reconocidas la mayoría (presuntos miembros de ETA incluidos) por el gobierno del Partido Popular con Aznar de Presidente, al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999.

En el pasado mes de julio, el gobierno municipal de Madrid, del Partido Popular, con su alcalde Martínez Almeida al frente y el apoyo de Ciudadanos, su socio de gobierno, tomó la decisión de paralizar la construcción del memorial en recuerdo de las casi tres mil personas que fueron fusiladas por la dictadura militar de Franco en las tapias del cementerio de la Almudena, entre abril de 1939 y febrero de 1944. Todas ellas, a consecuencia de consejos de guerra celebrados sin las más elementales garantías procesales, como es unánimemente reconocido por historiadores y juristas.

Ahora han decidido continuar las obras, pero pervirtiendo por completo el sentido del memorial proyectado. Por un lado, eliminando los nombres de las víctimas que iban grabados en placas de granito que recubren los muros del conjunto artístico. Y, por otro destinándolo no al recuerdo de las personas allí fusiladas por la dictadura, como estaba previsto, sino al de todas las víctimas de la violencia política habida en Madrid entre 1936 y 1944.

En su día, sectores de la derecha política madrileña, en complicidad con algunos medios de comunicación afines, provocaron la polémica sobre la que el PP justifica ahora su decisión. No están dispuestos a que figuren en el memorial los nombres de trescientos presuntos “chequistas”. Rechazan como víctimas a quien, presuntamente, fueron victimarios en vida.

El Partido Popular acepta el reconocimiento como víctimas y defiende la memoria de aquellas personas que fueron injustamente asesinadas, más allá de su eventual condición de presuntos autores de execrables delitos en vida, si se trata de víctimas del terrorismo, pero no cuando se trata de víctimas de la dictadura militar franquista. Esta actitud apunta a hipocresía moral.

Emplazo a mis amigos del PP vasco a que ilustren a sus correligionarios madrileños respecto de este tipo de cuestiones morales, en beneficio de la vergüenza y la decencia y para que no se cometa la tropelía de privar a los familiares de las personas fusiladas por la dictadura franquista en el cementerio de la Almudena – pero también al conjunto de la sociedad madrileña – de un espacio de memoria digno, similar a los que se promueven merecidamente para otras víctimas de otras violaciones de derechos humanos (terrorismo), con el mismo derecho.

Coherencia moral obliga. Caso de seguir con los planes anunciados, el gobierno municipal de Madrid del Partido Popular y Ciudadanos cometerá una lamentable y penosa injusticia con las víctimas de la dictadura militar de Franco que fueron asesinadas en el cementerio de la Almudena, las cuales sufrirán una nueva victimización, a añadir a los ochenta años de olvido y abandono.

Porque recordar el pasado es condición imprescindible para construir un futuro en paz y libertadY porque cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio ofrecido por estos desde ser conocido y reconocido por las nuevas generaciones como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que no están entre nosotros.

PS: Advertencia para quienes van permanentemente con la balanza contrapesando víctimas de uno y otro bando, porque no son capaces (o no quieren) hablar de unas sin las otras: Cuanto afirmo en este artículo es aplicable a cualquier tipo de víctimas de violaciones de derechos humanos. En lo tocante a DDHH, no hay color político que justifique su vulneración.

12.11.19

Señorías: ¿Viva la muerte?

Avenida de la Inteligencia. Hay que reconocer que suena bien. El 13 de julio de 2016, el Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, aprobó un informe con la primera parte del plan de revisión del callejero de la capital, que incluía el cambio de los nombres de 27 calles. Una de ellas, la calle general Millán Astray. Se proponía en su lugar “Avenida de la Inteligencia”.

Aquéllo parecía una suerte de justicia poética en relación al conocido incidente protagonizado por el citado Millán Astray y don Miguel de Unamuno, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, en el que el militar profirió aquel grito tan suyo de ¡Viva la muerte!, seguido de ¡Muera la inteligencia! El referido informe del Comisionado así lo justificaba, sin disimular con sutilezas: “Es propuesta de este Comisionado que quede en la palabra ‘inteligencia’ recuerdo de aquel suceso resuelto con arrojo por quien fue protagonista de uno de los hechos cívicos más ejemplares de que se guarda memoria en la historia reciente de España“.

Sin embargo, meses después, cuando el Comisionado elevó su propuesta definitiva de revisión del callejero, hizo desaparecer el sugerente “Avenida de la Inteligencia”, sustituyéndolo por el también meritorio de “Maestra Justa Freire”. La parte positiva del cambio fue el reconocimiento a la trayectoria de la discípula de Ángel Llorca y, con él – y algunos más -, al trabajo que tantas maestras y maestros realizaron poniendo en práctica las directrices pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza en la escuela pública durante el primer tercio del siglo XX. Su entrada en el callejero madrileño fue un soplo de aire fresco en el mismo. Bien está que quedara así, aunque se perdiera ese punto de osadía que suponía contraponer el valor de la inteligencia a aquellos otros que encarnaba un personaje como Millán Astray.

Sobre el personaje, Paul Preston escribió en Las tres Españas del 36 (Barcelona, 1998) lo siguiente: “José Millán Astray fue, quizá, la persona que más influencia ejerció en la formación moral e ideológica de Francisco Franco. (…) En él (Tercio de Extranjeros) institucionalizó y evangelizó los valores brutales y embrutecedores con que Franco libró y ganó la Guerra Civil española. Contribuyó al auge de la fama de Franco nombrándole su segundo jefe y comandante de campo de una fuerza pronto celebrada por su eficacia y su valentía. (…) Durante la Guerra Civil creó y divulgó incansablemente la imagen de Franco como salvador invencible. Más concretamente, su participación fue de vital importancia en las maquinaciones de la última semana de septiembre, mediante las cuáles Franco ascendió al puesto de jefe del Estado”.

Hay que recordar que Millán Astray fue el impulsor del Tercio de Extranjeros, más conocido como Legión Española, cuerpo militar creado en enero de 1920 y del que fue su primer jefe. Dos años antes, para conseguir convencer a los políticos de la conveniencia de esta iniciativa, el militar empleaba un argumento tan persuasivo como éste: “Si son españoles los que se alistan en el cuerpo que ha de constituirse, lo harán con gusto; si son extranjeros los que acuden, servirán doblemente, ya que se dispone de un soldado y se ahorra un español”. Una vez creado el cuerpo, nombró a su amigo Francisco Franco como segundo jefe del mismo.

El gran escritor Arturo Barea, que sirvió en el Ejército marroquí en los años veinte del siglo pasado, relató en su extraordinaria novela La forja de un rebelde (Londres, 1940-1945) cómo Millán Astray “rugía, sollozaba y gritaba; escupía a la cara de estos hombres toda su miseria, su vergüenza, su suciedad, sus crímenes, y luego los arrastraba, en una furia fanática, hacia la caballerosidad, a renunciar a toda esperanza salvo la de una muerte que borrara las manchas de su cobardía con el esplendor del heroísmo”.

El mismo Barea, en otra de sus obras, La lucha por el alma española (Londres, 1941), cuenta que cuando atacaba el Tercio “no reconocía límites a su venganza. Cuando abandonaba un pueblo, no quedaba más que incendios y los cadáveres de hombres, mujeres y niños. Así, fui testigo ocular de la destrucción total de los pueblos del Beni Arós en la primavera de 1921. Cuando se asesinaba a un legionario en una marcha solitaria por el campo, se degollaban a todos los hombres de los pueblos vecinos, a no ser que se presentara el asesino”.

Llegado el 18 de julio de 1936 y enterado Millán Astray de la sublevación militar, que le pilla en Argentina, cogió un barco de inmediato y se puso a disposición de su gran amigo Franco. Apenas bajó al muelle en Cádiz, pronunció un discurso en el que reconoció haber regresado a España tras oír el grito “¡A mí la Legión!”, como recogieron los diarios de la época (ABC entre ellos). Acompañó a Franco en Sevilla el 15 de agosto, junto a Queipo de Llano, en el acto de adopción de la bandera monárquica, frente a la tricolor de la República.

En los meses siguientes, por encargo del mismo Franco, desarrolló una frenética actividad propagandística, aprovechando su encendida retórica y su histrionismo. Como recuerda Guillermo Cabanellas (Cuatro generales. Planeta. Barcelona, 1977), solía destacar siempre la importancia vital de la Legión y ponía fin a sus arengas con un ¡Viva la muerte!

En su obra anteriormente citada, Preston subraya la influencia que Millán Astray tuvo en el proceso de designación de Franco como comandante en jefe de las fuerzas militares sublevadas primero y jefe de Estado después. “Cuando después de la primera reunión de los generales, celebrada el 21 de septiembre cerca de Salamanca, resultó claro que el alto mando dudaba, Millán se creyó en el deber de hacer entender cuánto se necesitaba a Franco, el deber tanto de generar como de expresar la presión popular. Personificó, sobre todo, la resolución de la Legión, con la que estaba irrevocablemente vinculado, de que a Franco lo nombraran jefe único”.

Sobre el ya citado incidente en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, durante el acto de la celebración del día de la Raza, con el ínclito don Miguel de Unamuno, no me extenderé, pues se han vertido ríos de tinta y, aún hoy, algunos mantienen dudas respecto a la veracidad de la versión más extendida de cuanto allí aconteció. Baste decir que, tal vez, a no mucho tardar, esta controversia sea vista con nuevas y definitivas luces.

Lo cierto es que, en el año 1969, el Ayuntamiento de Madrid debió descubrir que los generales Saliquet y Millán Astray, figuras señeras de la autodenominada cruzada nacional, carecían de honores y reconocimientos suficientes y acordes a sus méritos. Para subsanar este déficit, entendieron los munícipes franquistas que debían ser honradas con el nombre de una calle en la capital del Estado. Así se indicaba expresamente en el escrito en el que se solicitaba dicha designación:

Veo como se van poniendo a las calles nombres de personas que se han distinguido por algo, escritores como últimamente Menéndez Pidal, González Ruano, pero (mucho menos) generales, unos más distinguidos que otros, etc. Es raro que Millán Astray no tenga su nombre en alguna de ellas y el general Saliquet, primero que entró en esta capital al liberarse por su ejército del centro.

Y así se tramitó el correspondiente expediente municipal.

En el Pleno del 30 de junio de aquel año de 1969, se aprobó finalmente el otorgamiento de los nombres de las calles al general Saliquet y al general Millán Astray.

Y así ha sido hasta que el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de 4 de mayo de 2017 aprobó el Plan de revisión del callejero de la ciudad propuesto por el Comisionado de Memoria Histórica, que suponía la retirada del nombre de la calle general Millán Astray por la de calle Maestra Justa Freire.

Algunos admiradores y seguidores de la figura del militar que apoyó de manera tan efusiva y entusiasta a Franco en los primeros meses de la Guerra Civil, en las importantes tareas de comunicación propaganda, promotor principal del grito ¡Viva la muerte! y autor del exabrupto ¡Muera la inteligencia!, han ejercido su legítimo derecho de acudir a los tribunales de justicia para intentar revocar el referido acuerdo municipal y devolver al general Millán Astray el honor de formar parte del nomenclátor madrileño.

Esta iniciativa ha pretendido ofrecer una imagen beatífica del general, minimizando hasta la irrelevancia más absoluta su apoyo a la causa de la sublevación militar y al propio Franco y su participación en las tareas propagandísticas. Además, se refugian en el argumento de que el otorgamiento del nombre a la calle data de mediados de los años veinte y, por tanto, su justificación tiene que ver con los méritos militares de Millán Astray anteriores a los hechos en que se basa la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Como hemos señalado anteriormente y puede comprobarse en el expediente municipal que obra en el Archivo de la Villa de Madrid, la aprobación del nombre de la calle general Millán Astray se lleva a cabo en 1969. Los defensores del militar intentar confundir con la alusión a una pequeña plaza que ciertamente existía con el nombre del militar desde mediados de los años veinte, situada en diferente lugar. De hecho, era tan “insignificante” que el Ayuntamiento decidió suprimirla para conceder al general una calle de similar importancia a la que tenían otros generales franquistas en la zona (Fanjul, Romero Basart, etc.), adoptando tal acuerdo de supresión en el mismo expediente tramitado en 1969.

A día de hoy, son los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quienes tienen en su mano la decisión sobre el futuro nombre de la calle: retomar los valores que encarna el fundador de la Legión (declarando que su nombre no constituye exaltación de la sublevación militar ni de la Guerra Civil) o respetar la decisión municipal, respaldando la modernización de los valores recogidos en el nomenclátor de la capital, llevada a cabo por el Ayuntamiento en la legislatura anterior y expresados, en este caso, por la Maestra Justa Freire y todo lo que ella representó.

Parece mentira, pero así estamos.

 

15.9.19

La intervención del Ayuntamiento de Madrid en la reforma del monumento a las víctimas del 11 M en Atocha.

Este artículo fue escrito el día 1 de junio de 2019 y ha sido publicado en la revista 11Magina, de la Asocación 11 M Afectados de Terrorismo en el mes de julio de 2019.

Hacer memoria a las víctimas es afirmar una injusticia hecha a la víctima que está vigente y que no se puede pasar por alto. Por eso, el filósofo Reyes Mate vincula las ideas de Justicia y Memoria, al afirmar que la memoria es una forma de hacer Justicia, ya que ésta exige reparar a la víctima en lo reparable y hacer memoria de lo irreparable.

Nadie va a reparar el daño cometido a la víctima, pero la memoria puede rescatarle de la indiferencia y decirnos que se cometió una injusticia y que ésta sigue vigente. Esta forma modesta, pero persistente de justicia no es impunidad, aunque entiende la justicia no tanto como castigo al culpable cuanto, como se ha dicho, como memoria de lo irreparable.

En el ejercicio de este derecho a la memoria que corresponde no solo a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad, cobran singular importancia los memoriales, como espacios físicos en los que se materializa este acto de justicia. Espacios en los que se hace imprescindible la nominalización de cada una de las víctimas, como expresión de la necesidad de recuperar su individualidad y revertir la cosificación que la acción terrorista impone sobre ellas, al convertirlas en meros objetivos militares de carácter instrumental. Por eso, los memoriales han de contar con un espacio central destinado a los nombres de las víctimas.

Esta premisa fue asumida por los creadores del monumento a las víctimas de los atentados del terrorismo yihadista del 11 de marzo en Madrid, en Atocha, disponiendo no solo que figuraran los nombres de todas y cada una de las víctimas sino que se incorporaran también numerosos mensajes de solidaridad expresados por la ciudadanía en los días posteriores a los atentados.

El monumento constaba de una piel exterior exclusivamente de vidrio, sin ningún otro material estructural, donde se apoyaba levemente una membrana interior de un novedoso material denominado ETFE, similar a la silicona en lámina, en la que figuraban los mencionados mensajes de condolencia hacia las víctimas impresos en ella. Esta membrana, se mantenía erguida mediante un sistema de presurización de una sala visitable en la estación de cercanías de Atocha, lo que hacía imprescindible unas puertas esclusas, que también soportaban sobrepresión y que funcionalmente tenían que ser utilizadas mediante alternancia, nunca a la vez, ya que esto provocaba descompresión  de la sala y el desplome de la membrana interna.

Con el paso del tiempo, la membrana interior comenzó a presentar pequeñas roturas por varias partes, lo que hacía que su geometría  no se mantuviera según los límites proyectados y tuviera contacto con los focos, deteriorándose los dos sistemas: la lámina soporte de los mensajes de condolencia  y la iluminación.

Las esclusas de acceso a la sala, sometidas a sobrepresión, se estropeaban habitualmente, lo que forzó a contar con personal de mantenimiento para ayudar a abrir las puertas al público visitante, generándose en su conjunto un gasto energético y de personal insostenible.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Intervención en Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural, encargó en 2016 la redacción de un proyecto para paliar tanto el deterioro de la membrana como el desmesurado nivel de gasto energético de mantenimiento que soportaba el monumento, sometida a la sobrepresión de tres máquinas que debían estar funcionando 24 horas para mantenerla erguida, y que hacía que los gastos de mantenimiento fueran de 60.000 euros anuales, aproximadamente.

El proyecto debía dar solución al deterioro por obsolescencia de los materiales; especialmente  de la membrana interior de ETFE, soporte de los mensajes de condolencia y del sistema de  presurización de la sala. Se vio que era imprescindible replantear la situación para conseguir la funcionalidad del ámbito y la mejora energética y sostenibilidad del monumento. La solución propuesta consistía en la implantación de un nuevo sistema de cuelgue estructural de la membrana que la hacía autoportante, eliminándose la presurización de la sala.

En resumen, el proyecto implicaba el desarrollo de los 160 metros cuadrados de membrana que forman un paraboloide cilíndrico, compuesto por láminas de EFTE soldadas, transparentes y con impresión digital de texto, con los siguientes trabajos:

  • Ingeniería textil. Estudio de forma y patronaje de la membrana de EFTE
  • Diseño y redistribución de los mensajes.
  • Desmontaje de los focos de luz de la membrana.
  • Cálculo y diseño de los tensores de acero.
  • Cálculo del aro superior de soporte
  • Desmontaje de la membrana actual
  • Confección de la nueva membrana y termosoldado
  • Transporte, montaje y ajustes de tensado en obra.
  • Trabajos complementarios imprescindibles para la instalación.
  • Nuevo sistema de iluminación con tecnología LED

La membrana auto-portante lleva una nueva lámina de ETTE que recogerá los mensajes de condolencia.

A lo largo del año 2017, se solicitaron a los proyectistas una serie de pruebas de envejecimiento a situaciones extremas de la lámina y otras, para tener resultados objetivos. El resultado fue la confirmación de su viabilidad.

Durante el año 2018, y una vez recibido el proyecto definitivo, en el mes de febrero, desde el Ayuntamiento se procedió a presentarlo a las asociaciones de víctimas vinculadas a los atentados del 11-M, a fin contar no solo con su conocimiento sino también con su conformidad, como así resultó ser.

Con posterioridad, se inició la tramitación del expediente de contratación de la obra, al tiempo que se conseguía su financiación a  través de la aprobación por parte del Ayuntamiento de una Inversión Financieramente Sostenible, por un importe de 350.000 euros.

Conviene subrayar que cuando se erigió el monumento a las víctimas del 11-M de Atocha, se suscribió un Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, ADIF y RENFE, para repartir las tareas de mantenimiento del mismo, repartiéndose las cargas de la siguiente forma: el 50% para el Ayuntamiento, el 25% para ADIF y el otro 25% para RENFE. Pero dicho Convenio no contemplaba las obras de reparación, por el que, el Ayuntamiento se vio obligado a tramitar un nuevo convenio que fue firmado el 12 de diciembre de 2018, a fin de posibilitar la ejecución de obras en un monumento que es propiedad de tres administraciones. Los gastos tanto del proyecto como de la ejecución serán asumidos en la misma proporción acordada en su momento. El nuevo proyecto no pudo ser licitado hasta no ver concluida la firma del nuevo convenio, siendo ésta la razón fundamental del retraso de la operación.

Finalmente se adjudicó en el mes de mayo pasado, previéndose su ejecución para el segundo semestre del presente año 2019. Confiamos plenamente en que la solución ofrecida y ya en marcha, ponga fin a los numerosos problemas con los que se ha encontrado un monumento que es – y debe seguir siendo – referencia memorial esencial del episodio más grave de terrorismo vivido por la ciudad de Madrid.

Marisol Mena Rubio (Directora General de Intervención en Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid).

Txema Urkijo Azkarate (Responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid).

 

Stolpersteine

Parece increíble, pero todavía mucha gente entre nosotros desconoce que varios miles de españoles, de republicanos españoles exiliados tras el final de la Guerra Civil, fueron deportados desde Francia a campos de concentración nazis, especialmente el de Mauthausen. Casi diez mil, de los cuáles murieron prácticamente el 60%.

El proyecto “Stolpersteine”, puesto en marcha por el escultor aleman Gunter Demnig hace ya 27 años, consiste en una pequeño bloque de cemento cubierto en una de sus caras por una fina lámina de latón donde graba artesanalmente el nombre de una víctima del horror de esos campos. Se coloca en suelo público, cerca del último domicilio conocido de la víctima.

El proyecto se ha extendido por toda Europa, convirtiéndose, como decía Alicia Torija, en el micromonumento más grande el mundo. Ahora llega a Madrid y hemos podido contar con la presencia del escultor alemán, en un acto cargado de emotividad por la presencia de numerosos familiares de deportados, reconfortados con y por la iniciativa.

Qué importante es recordar a las víctimas de las injusticias…Qué importante es preservar la memoria. que conforma también nuestra identidad.

 

 

25.4.19

Las tribulaciones del Capitán Haya y el Juez.

Nuestro sistema de justicia se caracteriza por su estructura jerárquica y piramidal, lo cual supone que las resoluciones que dicta un juez pueden ser revisadas y, en su caso, corregidas, por una instancia superior. Con ello se pretende evitar posibles errores en la aplicación de las leyes y garantizar la unificación de los criterios interpretativos de las mismas.

Teniendo muy presente esta premisa, asisto con normalidad, desde hace unos meses, al goteo de sentencias sobre el cambio de denominación de algunas calles de Madrid, en aplicación de la Ley conocida como de Memoria Histórica. Consciente de que lo determinante de la partida se juega en la segunda instancia, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva todos los recursos interpuestos contra las sentencias recaídas en la primera.

En respuesta a las impugnaciones presentadas contra el acuerdo municipal que cambió los nombres de 52 calles, algunos jueces han dado la razón al Ayuntamiento, mientras que otros han considerado que su actuación no se ajustaba a derecho. Cada juez es un mundo y todos son mundos distintos- El mismo planteamiento puede dar a lugar a respuestas diferentes. Moneda corriente en los tribunales de justicia. Ya vendrán los superiores que determinarán el modo correcto de aplicar e interpretar la ley. Hasta aquí, todo entra dentro de lo normal.

El motivo de estas líneas tiene que ver con una de estas sentencias: la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid hace unos días, en un procedimiento relacionado con el cambio de nombre de la calle Capitán Haya.

Ya apuntaba maneras el asunto cuando un destacado medio nacional de prensa escrita recogió este titular en relación al caso:

Un juez anula el cambio «caprichoso» de Carmena de la calle del Capitán Haya”.

Aparentemente nada llama la atención. Podría haber sido uno más de los varios casos perdidos por el Ayuntamiento en lo tocante a los nombres de las calles. Pero leyendo la sentencia – que el medio no publica en su integridad – se descubre que el titular no se corresponde con la realidad.

El fallo de la resolución judicial obliga al Ayuntamiento a retrotraer el expediente de modificación de las calles, en lo que hace referencia exclusivamente a Capitán Haya, al momento en que la familia de este militar interpuso un recurso extraordinario de revisión, que debió ser “admitido” (y no lo fue), para que se admita, tramite y resuelva.

Nada más hace la sentencia porque nada más puede hacer, dado que el objeto del recurso no era el acuerdo del cambio de nombre de la calle, sino la inadmisión, por parte del Ayuntamiento, del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la familia porque se le pasó el plazo para interponer el recurso ordinario.

Lamentablemente, la progresiva pérdida de rigor y credibilidad de algunas prácticas periodísticas, hace que ya no sorprenda el uso de la falsedad y la manipulación como un agente más de propaganda en la disputa política. Falsedad que luego se difunde con profusión y entusiasmo por muchos de quienes abanderan y defienden la causa a la que la mentira sirve.

Pero llama más la atención alguna consideración que el titular del citado Juzgado realiza en su resolución.

Siendo el objeto del recurso el que ha quedado señalado anteriormente, no se entiende bien por qué el juzgador dedica una buena parte de su razonamiento a exponer sus peculiares puntos de vista, no solo sobre el cambio del nombre de la calle, sino, sorprendentemente, sobre nuestra Guerra Civil.

Vean:

(…) la decisión de proponer la Concejala Presidenta de esa Junta de Distrito, que esa calle se renombrara, (sin haber sido cuestionada por ninguna instancia ciudadana), bien podría tacharse de completamente subjetiva, y hasta de caprichosa, en tanto que no se sustentaba en documentos ciertos, o críticas ciudadanas reales que avalasen que su participación en acciones de guerra hubieran resultado esenciales para la sublevación, y directamente comandadas por él; con independencia de que como militar de carrera hubiera de optar por uno u otro bando (…)”;

No seré yo quien sostenga que la guerra que sufrió España no fue civil. Es una tesis defendida por algunos, con una finalidad loable (subrayar la singular relevancia de la participación extranjera en la misma, de la mano de los fascistas de Mussolini y los nazis de Hitler), pero a través de un medio equivocado (esa implicación no oculta la participación de cientos de miles de españoles reclutados obligatoriamente tanto por la República como por el gobierno de Franco, que se enfrentaron cruelmente en los campos de batalla. A los que habría que sumar quienes participaron voluntariamente, bien apoyando el golpe o bien defendiendo la legalidad republicana). No rechazo, por tanto, hablar de bandos, cuando se hace referencia a la guerra.

Pero sí en los términos en los que lo hace su señoría. Efectivamente, el juez coloca al bueno del Capitán Haya en una curiosa disyuntiva: al parecer, como militar de carrera se vio obligado a optar por uno u otro bando. Pues mire, no. El 18 de julio de 1936 no había aún guerra alguna en España. Hubo un golpe militar contra la legalidad republicana vigente. Por tanto, la disyuntiva que se les planteaba a los militares de carrera, en aquel momento, no era elegir entre dos bandos enfrentados en una guerra, sino adherirse a la sublevación que pretendía acabar con la legalidad vigente o permanecer fiel y leal a ésta.

El juzgador remata su visión de la historia con esta otra reflexión:

(…) pidiendo el cambio de nombre de la calle por venir atribuido el mismo a una persona que hubiera dado lugar con su conducta personal o profesional a la exaltación de la sublevación militar, o de la Guerra Civil, más allá de cumplir con su obligación de militar de carrera, y mostrar en aquellos momentos, sin duda confusos, su simpatía por el denominado bando nacional,

Vuelve a incurrir en el error de calificar como bando nacional lo que fue, cuando los militares tuvieron que posicionarse, una sublevación, hacia la que el Capitán Haya mostró sus simpatías.

Y luego, tampoco tiene empacho en justificar esta conducta del Capitán Haya al sumarse a dicha sublevación, con la singular excusa de que lo hacía en cumplimiento de su obligación como militar de carrera. En momentos confusos, eso sí.

Olvida que la obligación adquirida por los militares de carrera en sus solemnes juramentos, precisamente debería haberles conducido a mantenerse leales a las leyes y los valores que juraron respetar y defender; esto es, los correspondientes a la legalidad republicana vigente.

Resulta inaudito y preocupante que, en 2019, después de más de 40 años de democracia en España, haya servidores públicos sosteniendo estas visiones de nuestra historia, no en su vida particular, sino en su responsabilidad de administrar justicia.

Sin duda, pretende disimular la parte de la historia del Capitán Haya que no puede suprimir: su participación en determinadas acciones militares a favor del bando sublevado. Con ello, quiere justificar la supuesta insuficiencia de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para fundamentar la aplicación de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, la retirada del nombre de su calle en Madrid.

En este punto, resulta interesante seguir las filigranas del juzgador en su sentencia. Filigranas innecesarias, insisto, pues el objeto del recurso no era valorar si fue correctamente aplicada la Ley al caso del Capitán Haya. Pero vean:

Sí, por el contrario, los aquí recurrentes aportaron con su escrito promoviendo el Recurso Extraordinario de Revisión aquellos otros documentos que consideraron venían a demostrar que su padre, con anterioridad al inicio de la Contienda Civil, había acumulado méritos propios suficientes, que merecieron ser destacados, y que fueron esos méritos los que sirvieron al Ayuntamiento para que, en el año 1954, se pusiera a una calle de Madrid el nombre de “calle del Capitán Haya”.

Y más adelante, añade:

“(…) ante tales carencias se hace difícil vislumbrar que el Capitán Haya hubiera contribuido con su actividad de piloto militar dentro del bando nacional, (y de una manera esencial) a la exaltación de la sublevación militar, o de la Guerra Civil; y de otro, porque los incorporados después por los  recurrentes vendrían a evidenciar todo lo contrario, es decir, que la asignación del nombre de Capitán Haya, a una calle de Madrid, no se debió tanto a motivo alguno de evidente trascendencia relacionado con la sublevación militar del año 1.936, ni con la contienda civil de 1.936 a 1.939, como a méritos adquiridos antes, directamente relacionados con su profesión de aviador o piloto de aeronaves, dada su pericia y destreza en el manejo de esos aparatos.”

Sin embargo, una simple ojeada a los documentos que obran en los expedientes municipales correspondientes, evidencia la falacia de recurrentes y juzgador.

En abril de 1943 se inicia el expediente para modificar el nombre de entonces denominada Plaza de las Peñuelas, por el nuevo de Capitán Haya, “en memoria del glorioso aviador nacional, que tanto socorrió a los héroes del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza y que murió gloriosamente en el frente del Ebro“. Dicha propuesta se complementa con la colocación de una placa de mármol con letras de bronce que se inauguraría el 1 de mayo, fecha en la que se conmemoraba “la hazaña de los héroes del citado Santuario“. La propuesta se planteó continuando con la línea de “incluir en el nomenclátor de las calles de Madrid a las personalidades, organismos y héroes de nuestra cruzada que merecen esta distinción“.

Y es unos años más tarde, en junio de 1954, cuando el Ayuntamiento aprueba otro cambio en su callejero, por el cual, la Plaza del Capitán Haya recupera su antigua denominación de las Peñuelas, porque al militar se le concede el nombre de una amplia avenida “en una barriada en la que ya aparecen nombres prestigiosos de nuestra Cruzada”.

Sobran comentarios ante la evidencia del grave error en que incurre el juzgador al valorar una documental que, con comprensible parcialidad y capciosidad, habían presentado los familiares recurrentes, pretendiendo eludir la aplicación de la Ley, bajo el argumento de que le fue otorgada la calle al Capitán Haya por su méritos como aviador, previos a la contienda civil.

Sospecho que la ideología ha vencido la batalla al rigor. Provisionalmente, pierde la justicia. Confiemos en que otros jueces determinen con rigor si la decisión del Ayuntamiento fue ajustada a derecho o no y, por tanto, si procede o no el cambio del nombre de la calle Capitán Haya. El Poeta Joan Maragall espera paciente la decisión final.

2.2.19

Una coherencia necesaria

Publicado en “Eldiarionorte.es”, el 30 de diciembre de 2016.

En Euskadi ha habido violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, generadas en un contexto de intensa violencia de motivación política, especialmente protagonizada por ETA y sostenida a lo largo de varias décadas.

Por otra parte, en el conjunto de España, tras el final de la guerra civil y con la instauración del férreo régimen dictatorial militar del general Franco, se llevó a cabo una política sistemática de represión política, con vulneraciones graves de los derechos humanos, también en un periodo temporal que se prolongó varias décadas.

Evidenciamos así que hay, al menos, un elemento común en ambos supuestos: la existencia de violaciones graves de derechos humanos.

Conforme a la doctrina internacional de estos derechos, recogida en tratados internacionales suscritos por España y que, por ello, resultan de aplicación como legislación interna, las víctimas de estas vulneraciones ostentan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La legislación sobre víctimas del terrorismo en España, a través de la ley 29/2011, vino a recoger esta idea al afirmar su exposición de motivos lo siguiente:

“Esta Ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo de la víctima, vinculando sus derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democráticas y señalando correlativamente obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensación de quienes han sufrido el terrorismo.”

Su artículo 2º incorpora la idea al texto normativo así:

“Artículo 2. Valores y finalidad. 1. Esta Ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.”

Con mayor atrevimiento, la legislación vasca sobre víctimas del terrorismo ya había abordado, tres años antes, en su ley 4/2008, el mismo planteamiento, tanto en su exposición de motivos como en su texto articulado.

En efecto, memoria, dignidad, justicia y verdad, son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente Ley buscando en última instancia la reparación integral de la víctima.

(…) se han tomado como fuente de inspiración documentos internacionales, de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea, sobre la protección de las víctimas ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

En el caso vasco (…) podemos hablar, por tanto, de la existencia de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, tanto las cometidas por el terrorismo de ETA como las protagonizadas en el pasado por los grupos de extrema derecha y el propio GAL. En este sentido, no se trata de llevar a cabo una transposición al Derecho interno de normas de carácter internacional, sino tan solo de reconocer la conexión interpretativa y doctrinal de las disposiciones recogidas fundamentalmente en el mencionado título II del texto legal. Una de las consecuencias claras y evidentes de esta inspiración se refleja en la definición de derechos de las víctimas. No es baladí que la presente ley trate a las víctimas del terrorismo como sujetos de derechos, aunque el contenido de estos sea esencialmente programático. Y así se enuncia precisamente el mencionado título II. Acogiendo las referencias de los instrumentos internacionales en la materia, afirmamos que los derechos de las víctimas que se originan ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos reposan sobre tres pilares básicos, a saber: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación”.

Las administraciones públicas han tenido y tienen referencias legislativas ciertas y precisas para desarrollar sus políticas sobre víctimas del terrorismo, en las cuáles han destacado especialmente las iniciativas de reparación material y reparación moral.

La pregunta que cabe hacerse en este momento, transcurridos cinco años desde el final del terrorismo de ETA y cuarenta después del final de la dictadura es ¿Por qué las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista no tienen una legislación equiparable a la de las víctimas del terrorismo en cuanto al reconocimiento de sus derechos, si todas ellas lo son de vulneraciones graves de derechos humanos?

Los esfuerzos bienintencionados de la ley 52/2007, conocida como ley de memoria histórica, no han permitido alcanzar el nivel de protección de derechos de las víctimas de la dictadura franquista que luego se plasmaría en las legislaciones sobre víctimas del terrorismo.

Por otro lado, en los últimos años, al amparo de la legislación citada anteriormente, se impulsan numerosas iniciativas públicas de memoria en favor de las víctimas del terrorismo. Hay sectores políticos que se significan especialmente (con razones que comparto) en la defensa y promoción de estas iniciativas. Sin embargo, cuesta aceptar la incongruencia que supone la actitud no solo renuente sino obstativa que estos mismos sectores políticos adoptan cuando se trata de abordar iniciativas de memoria en favor de las víctimas de la dictadura franquista. Una incongruencia que recuerda a la de aquéllos que, en Euskadi, se afanan en dirigir su mirada solo al futuro, mostrando serias reticencias a revisar un pasado que no les deja en muy buen lugar, al tiempo que enarbolan sin pudor la bandera de una memoria histórica algo más remota.

Es imprescindible e inaplazable una revisión de la legislación sobre memoria histórica en España que reconozca los derechos de las víctimas del franquismo a la verdad, la justicia y la reparación, aún con las limitaciones recogidas en la legislación sobre víctimas del terrorismo. Igualmente se impone una reflexión en el ámbito político, presidida por la necesidad de congruencia. Hemos de impulsar políticas de memoria donde las tensiones y polémicas no provengan de las sombras generadas por una insuficiente deslegitimación de la dictadura o del terrorismo, objetivos irrenunciables de cualquier política pública de memoria.

18.12.16