El derecho a la verdad y la prescripción de los delitos

Acaba de hacerse pública la noticia de la absolución de Javier García Gaztelu, alias Txapote, por parte de la Audiencia Nacional, al haber prescrito los delitos cometidos en un antiguo atentado contra el edificio del Gobierno civil de Gipuzkoa, en San Sebastián, perpetrado en 1995 y en el que, por fortuna, no hubo víctimas.

La reacción más común ante esta noticia es la indignación. Algo comprensible, pues se pretende el castigo para el culpable de delitos graves y al ciudadano normal le cuesta aceptar y entender que ello no sea posible por la aplicación de una institución, la prescripción, que impide el citado castigo por el mero transcurso del tiempo. Mucho más si se piensa en la posibilidad de que tal circunstancia pudiera haberse evitado con una actuación más diligente por parte de algún servicio del Estado.

Sin embargo, a mí me interesa otro aspecto de la noticia. Estamos ante un supuesto en el que la prescripción solo ha desplegado su eficacia jurídica en el momento de dictarse la sentencia, con el valor que le atribuye nuestro ordenamiento procesal penal, que no es otro que el de constituir una causa de extinción de la responsabilidad criminal.

Se produce con ello, una evidente diferencia en relación a la aplicación que de esta institución realizan habitualmente los juzgados de instrucción, en particular los de la Audiencia Nacional y en casos de delitos que han supuesto graves violaciones de derechos humanos. Todos conocemos el lamento de numerosas víctimas que ven archivadas sus causas, por la aplicación de la figura de la prescripción, cuando se encuentran en la fase de instrucción. Esto supone que se cierra la posibilidad de realizar cualquier tipo de actividad de investigación policial y judicial y, por tanto, de que, en el futuro, pudiera llegarse – quién sabe – a reunir todos los elementos necesarios para la celebración de un juicio oral.

El caso ahora conocido del atentado de Txapote y otros contra el Gobierno Civil de Gipuzkoa, demuestra que es posible realizar toda la investigación precisa, en cualquier momento, independientemente del paso del tiempo, hasta que sea factible la celebración de un juicio, por concurrir los elementos suficientes y necesarios para ello, a resultas del cual se dicte una sentencia que declare probados unos hechos considerados como delito y de los cuáles exista un autor, aunque a continuación, se declare la extinción de su responsabilidad criminal, en virtud de la eficacia jurídica de la prescripción. Esto y no otra cosa es lo que ha hecho la Audiencia Nacional con este caso. No se precisan reformas legales para proceder de esta manera.

Esta tesis (una determinada manera de proceder por parte de los jueces, en relación a la figura de la prescripción) no supone una solución global al problema de los atentados terroristas sin esclarecer (que los hay y muchos, tanto de ETA, como del GAL y de otros grupos de extrema derecha), porque ello dependerá, claro está, del éxito en las investigaciones policiales que pudieran llevarse a cabo, con las enormes dificultades que entraña el hecho de que haya transcurrido tanto tiempo desde la comisión de los delitos. Y no quedará satisfecho el derecho a la Justicia. Pero, al menos, se abre una vía cierta para poder avanzar, en algunos casos, en la materialización del derecho a la verdad que ostentan las víctimas de vulneraciones graves de derechos humanos. Y eso no es poco. Especialmente para éstas.

Claro que, un conocido juez instructor ya intentó algo parecido, con otro tipo de delitos que también constituían graves violaciones de derechos humanos, y ya sabemos cómo terminó.

1.6.17

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A vueltas con el arrepentimiento y la política penitenciaria

“Sentir haber hecho o dejado de hacer cierta cosa, bien por no encontrarla conveniente después de hecha, bien por ser una mala acción, o por el daño causado”. Esta es la primera entrada que el diccionario de uso del español, María Moliner, recoge para el vocablo “arrepentirse”.

La semana pasada, el colectivo de presos de ETA que siguen fieles a la organización, agrupados bajo las siglas EPPK, emitía un comunicado en el que, entre otros recados, venía a afirmar que “no se arrepentirán”, añadiendo que “estamos agradecidos porque hemos tenido la oportunidad de poner nuestro granito de arena en el camino de la libertad de Euskal Herria. Y ahí seguiremos: dispuestos para lo que sea”.

EPPKlogoZabala

Parece que los redactores del comunicado conocían sobradamente el significado del término arrepentimiento, dado que, tras anunciar su falta de contrición actual y futura, pasan a reafirmar la bondad y conveniencia de sus actos, demostrando con ello su total rechazo y oposición a cualquier atisbo de reflexión autocrítica respecto al uso de la violencia como medio para conseguir su proyecto político. (“Se nos pide que nos arrepintamos, sabiendo que no nos vamos a arrepentir”).

Cabe preguntarse qué significación y alcance tienen estas afirmaciones, procediendo de quienes proceden. En primer lugar, tratándose de personas que están cumpliendo penas privativas de libertad y sujetas, por tanto, a la legislación penitenciaria, no es difícil pronosticar una muy complicada evolución en procesos de auténtica reinserción. Por muy individualizadas que puedan llegar a ser sus conductas, si todas tienen en común la ratificación de la validez del asesinato y la percepción de que sus actos criminales constituyeron una “oportunidad para poner un granito de arena en la liberación de Euskal Herria”, pudiera ser no tengan precisamente un reflejo positivo en el tratamiento penitenciario.

Y ello porque dicha valoración tiene una suerte de caducidad: en tanto que la organización ha decretado el cese definitivo de su actividad, ya no es adecuada la estrategia de la violencia y hay una apuesta exclusiva por las vías políticas y pacíficas. Es decir, EN ESTE MOMENTO no resulta adecuada la estrategia de la violencia, y así es valorado, pero claro que lo fue en el pasado. (“No nos arrepentiremos”). La pregunta es: ¿Volvería a ser adecuada la apuesta por la violencia si cambiaran las circunstancias en el futuro?. También cabe preguntarse: ¿Quién y cómo valoraría esos eventuales cambios de coyuntura que podrían justificar el retorno a la violencia? Todo apunta a que sería la propia organización ETA, a la que siguen perteneciendo los miembros del EPPK. (“Ahí seguiremos, dispuestos para lo que sea”). Doy por supuesta la constante invariable de la vigencia de la democracia; todo lo mejorable que se quiera, pero democracia.

Tratándose de delitos de terrorismo, en los cuáles lo característico es atentar contra derechos fundamentales de terceras personas, supeditados a un móvil de naturaleza política que es considerado bien superior, el objetivo de la reinserción solo puede girar en torno a la renuncia de los medios empleados para conseguir esos fines. El objetivo del tratamiento penitenciario solo puede ser llevar al interno a la convicción de que los medios violentos no son válidos ni aceptables para defender ideas políticas; la renuncia a los medios, que no a las ideas.

Incorporar un elemento coyuntural en este proceso puede implicar su falseamiento. Una renuncia a los medios violentos marcada por su carácter estratégico puede resultar de dudosa consistencia para su ponderación a efectos de reinserción. Téngase en cuenta que no estamos en el presente ante un silencio brumoso que permita albergar la duda respecto a las convicciones íntimas de los internos del EPPK. Los miembros del colectivo han decidido pronunciarse comprometiendo su voluntad futura, con el riesgo que conlleva, al disminuir el grado de incertidumbre respecto a la valoración que realizan sobre los actos criminales que les han conducido a prisión. En definitiva, la radical aversión a un arrepentimiento genuino manifestada por los miembros del EPPK podría, tal vez, dificultar la determinación de un pronóstico favorable a efectos de su reinserción.

Lo que resulta evidente es que no parece que el comunicado aludido al comienzo de esta reflexión, vaya a contribuir positivamente a ninguna “solución” al problema de los presos que implique prontas excarcelaciones. En tal sentido, no puedo sino reiterar una obviedad legal: la reinserción es un derecho de la persona privada de libertad, no un deber. La obligación incumbe a la administración penitenciaria, que debería velar por poner todos los medios necesarios en orden a posibilitar que el interno ejerza, en su caso,  el derecho reconocido.

Pero la cuestión penitenciaria tiene otros motivos de actualidad más allá del comunicado del EPPK comentado.

Transcurridos cuatro años de absoluto inmovilismo en este área por parte del gobierno del PP, coincidentes con el tiempo sin actividad terrorista de ETA, se extiende, en el conjunto de la sociedad vasca, la convicción de que es el momento de cambios. Ya no se pueden interpretar estos cambios como cesiones o como material de intercambio en negociaciones inconfesables. Existe así una predisposición a que se adopten algunas medidas que modifiquen, al menos, las aristas más indigestas de la actual política penitenciaria, entre las cuales destaca sobremanera el alejamiento generalizado de los presos.

Quiero dejar claro que no me parece en absoluto descabellado que el Estado, en el desarrollo de su tarea de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de sus ciudadanos, adopte determinadas medidas en el ámbito de la política penitenciaria que puedan contribuir al cumplimiento de dicho objetivo. En el caso concreto de delitos cometidos por personas que pertenecen a organizaciones cuya finalidad es justamente la de delinquir, parece más que razonable una intervención que, salvaguardando los derechos individuales de sus miembros, impida o dificulte la continuidad o el favorecimiento de la actividad delictiva a cargo de la organización a la que pertenecen dichas personas presas. Eso puede traducirse en lo que todo el mundo conoce como dispersión, medida contra la que, en el caso de los presos de ETA, nunca he estado – ni estoy – por considerarla perfectamente legal y legítima, en el ámbito competencial penitenciario.

Ocurre, sin embargo, que cuando se adoptó este criterio de distribución de los presos de ETA en distintos centros penitenciarios, se coló por la banda un efecto colateral inconfesable: el alejamiento. Al socaire de separar a los miembros de la organización, fueron alejados de sus lugares de residencia y de sus familiares, a quienes se les impuso el duro trance de tener que recorrer largas distancias para poder ejercer su derecho de visita y comunicación con los internos. Con ello se provocó un injustificado sufrimiento que se prolonga de manera increíble hasta la actualidad. Un castigo adicional carente de toda justificación. Para separar no hay porqué alejar. Las infraestructuras penitenciarias españolas permiten sobradamente cumplir el primer objetivo sin caer en el castigo que implica el segundo.

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Es esta una reivindicación antigua, una exigencia ya reiterada en innumerables ocasiones (Para muestra dejo dos propias; bien distantes en el tiempo, como puede comprobarse). Es una demanda cuya desatención ha provocado graves consecuencias en términos de sufrimiento al entorno de las personas privadas de libertad pertenecientes a ETA. Una realidad que no se puede obviar y que hay que reconocer.

http://www.gesto.org/archivos/201403/1c.-19941215-el-correo-rp-acercamiento.pdf?1

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20081212/politica/oficina-victimas-respalda-acercamiento-20081212.html

Se impone pues que los nuevos responsables del gobierno central – cuando quiera que éste se constituya – aborden con urgencia esta cuestión y pongan fin al alejamiento de los presos.

Pero volviendo al comunicado del EPPK de la semana pasada, para ir más allá de su alcance estrictamente jurídico y analizar, siquiera someramente, su significación política, veremos que la perspectiva tampoco es muy halagüeña.

Acto de presentación de las conclusiones del debate interno de EPPK. En la imagen, una de las secuencias del video que se ha proyectado durante el acto.

Llama la atención, en primer lugar, la deliberada y reiterativa vinculación que en el comunicado se establece entre arrepentimiento y delación (“no se arrepentirá ni denunciará a su miembros”), en un intento claro y evidente de superponer ambos hasta identificarlos y confundirlos, evitando así la consideración aislada de un arrepentimiento que no conlleve en modo alguno esa delación “traidora” respecto a los compañeros que, tan mala prensa tiene en ese mundo.

En el fondo, se trata con ello de arrojar una oscura sombra de desprestigio sobre aquellos excompañeros que sí han llevado a efecto reflexiones individuales autocríticas que han desembocado en el cuestionamiento radical del uso de la violencia (Vía Nanclares) deslegitimando con ello la actividad de ETA, al margen de contextualizaciones que solo esconden pretendidas justificaciones. Es tildándolos de traidores al sembrar la sospecha de infundadas denuncias a compañeros, y fomentando su desprestigio de esa manera, como creen poder conseguir frenar el impulso de la tan necesaria autocrítica deslegitimadora de la violencia.

Por otra parte, la negativa del colectivo de presos de ETA al arrepentimiento y a una reflexión crítica del uso de la violencia en el pasado supone un factor más que relevante de presión  para Sortu y el conjunto de la izquierda abertzale, pues se convierte en una boya de posición que delatará la magnitud de las diferencias que puedan darse en su ámbito en el proceso de reconocimiento del daño injusto causado por la violencia de ETA. El momento de la verdad, cuando se ponga en serio sobre el tapete la legitimidad de ETA y su actuación criminal. Cuando diriman preponderancia quienes acepten la naturaleza injusta de la violencia de ETA y quienes sostengan lo encomiable de su trayectoria en el camino de la liberación nacional, esta afirmación actuará como vara de medir distancias. En plena efervescencia por conformar la memoria colectiva de la sociedad vasca en lo que al trauma de la violencia de motivación política se refiere.

Realmente es una difícil papeleta para quienes acaban de comprender la necesidad de desprenderse cuanto antes de ciertos lastres del pasado, si quieren conectar con las nuevas corrientes políticas por las que navega una buena parte de la juventud vasca. Esa es, a mi juicio, una de las significaciones políticas más relevantes de lo manifestado por el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos.

16.2.16

 

Reflexiones de sobremesa: Ibarra, la política penitenciaria y los valores éticos.

Como no soy de siesta, al terminar el café y la lectura del periódico, he trasteado con el mando de la tele, un tanto desganado y, sobre todo, desorientado, para terminar prestando atención al bullicioso debate que el segundo canal de ETB ofrece los días de labor a esta hora de la sobremesa, conducido por Klaudio Landa. Ver a Carlos, mi primo y Delegado del Gobierno, en la pantalla de fondo, ha ayudado a que tome esta decisión, porque tengo muy claro que a algunos en este país les resulta cómodo y barato – e incluso divertido – convertir su figura en diana de sus dardos políticos; la mayoría de las veces, por cierto, simplones, faltones y, especialmente, erróneos o malintencionados, pues se realizan desde la ignorancia o la manipulación de las cuestiones de fondo. Y digo esto con la tranquilidad que me brinda discrepar de muchas de sus opiniones y de no pocas de sus decisiones; siempre con el respeto y consideración que me merece y que debiera merecer a todo aquél que se precie de defender mínimamente la libertad y la democracia.

Al parecer, a petición del Delegado del Gobierno en el País Vasco, un juzgado de lo contencioso ha decretado la suspensión cautelar del txupinazo con el que iban a inaugurarse las fiestas de Ibarra, una pequeña localidad de Gipuzkoa, en atención a que iba a ser lanzado por una asociación que reúne a familiares y amigos de presos de ETA y por ser considerada esta acción como posible enaltecimiento del terrorismo y acto ofensivo hacia sus víctimas. Aquí dejo la noticia, para quien quiera los pormenores:

http://www.eldiario.es/politica/suspende-cautelarmente-txupinazo-Ibarra-celebrado_0_422408087.html

A partir de ahí, los participantes en la tertulia pugnaban por hacer oír sus comentarios al respecto. Una de las cuestiones que me ha llamado la atención era que, para la mayoría, el responsable de semejante atropello era el Delegado del Gobierno y/o la estrategia del PP, a quien supuestamente benefician este tipo de cuestiones allende el Ebro. Nadie parecía reparar en que se trataba de una resolución dictada por un juez, supuestamente en aplicación – errónea o acertada – de algún tipo de legalidad vigente, supongo. También me ha resultado llamativa la facilidad con la que el debate se ha deslizado hacia el enjuiciamiento y valoración de la política penitenciaria sostenida por el gobierno de Rajoy y, en concreto, de la dispersión (aunque en propiedad, no se referían a la dispersión, sino al alejamiento de los presos de ETA), dejando de lado una cuestión nada menor en el caso, cual era la decisión de designar como lanzadora del txupinazo a la referida asociación y la justificación de tal elección. El efecto, buscado o no, era evidente: se vinculaba la censura de la elección del txupinero en Ibarra con el apoyo a la política de alejamiento, mientras que se identificaba la defensa de un acercamiento de los presos y el fin de la legislación de excepción con el apoyo al acto festivo suspendido. Y venga estopa a Carlos, claro.

Bien, pues ha sido justamente esta cuestión, unida a otra que mencionaré después, lo que me ha movido a escribir estas líneas. Nunca he apoyado el alejamiento de ningún preso; ni condenado por delitos de terrorismo o similares, ni condenado por delitos comunes. Razones humanitarias, recogidas como principios orientadores en la propia legislación penitenciaria española, justifican sobradamente esta posición. Siempre he sido crítico con tal medida. Pero comparto plenamente la censura de la decisión del ayuntamiento de Ibarra de atribuir el “reconocimiento” que supone lanzar el cohete inaugural de las fiestas locales, a un colectivo cuya significación pública conocida es la de ser familiares o amigos de personas condenadas por delitos de terrorismo, siendo precisamente esta relevante circunstancia la que explica y justifica su designación como txupineros. Me lo expliquen como me lo expliquen, donde sí hay vinculación directa es entre el reconocimiento público implícito en la designación municipal y la circunstancia relevante que caracteriza al designado, lo cual equivale a reconocer “honoríficamente” de manera indirecta a personas que han vulnerado derechos humanos y que, dicho sea de paso, no parece que hayan realizado manifestación autocrítica alguna al respecto.

Por tanto, reiterando mi posición contraria a un alejamiento de presos desprovisto de razones que lo justifiquen, contrario a los principios de la propia legislación penitenciaria, que penaliza injustamente a las familias de los privados de libertad, contrario a los vientos favorecedores de la convivencia que deben soplar en Euskadi y que considero políticamente torpe y muy poco inteligente, me alegra que los honores de lanzamiento de un txupinazo festivo recaigan en personas y colectivos que generen un reconocimiento social extenso, no ajeno a valores éticos universales, pues de ética pública – y no solo de ofensas a las personas privadas que, en definitiva, eso son las víctimas – hablamos en este caso.

Lamento profundamente que este tipo de cuestiones sean abordadas desde el partidismo político y estén impregnadas de razones meramente coyunturales o de postureo, pues precisamente, tratándose de ética pública, deberían estar por encima de las legítimas diferencias que los partidos puedan sostener en sus disputas cotidianas.

Bien, lo cierto es que todo esto ha coincidido hoy con la lectura de una entrada en un blog que he leído y que me ha parecido modélica. Patxi Mendiburu, a quien cito y reproduzco sin autorización, realiza un fantástico ejercicio de “desolvido”, como él dice, a través del recuerdo de otro no menos fantástico episodio sucedido hace ya muchos años, pero que atañe precisamente al padre y a la familia de una persona vinculada a la organización ETA. Este es el enlace a la entrada del citado blog:

http://patximendiburu.blogspot.com.es/2015/08/el-padre-de-bakartxo-las-familias-y-2.HTML

No creo que nadie espere razonablemente oír de una asociación de familiares de presos de ETA una condena rotunda y contundente de las acciones cometidas por esta organización, pero tengo para mí que entre ese extremo y la inhibición que exhiben cuando son requeridas para cuestionar de alguna manera la violencia ejercida por ETA, tiene que haber un punto intermedio, razonable, sensato, que contribuya a fortalecer su credibilidad ante la propia sociedad. Por ejemplo, algo que invite a despejar las dudas respecto al apoyo o la justificación que dichas asociaciones puedan brindar o haber brindado al ejercicio de la violencia etarra. Tal vez, de esa manera, algunas de sus reivindicaciones adquirirían un carácter más ecuménico, imprescindible para tener más relevancia y mayor influencia política.

Pero creo que todo esto no cabe en el debate de la ETB, evidentemente.

21.8.15