La intervención del Ayuntamiento de Madrid en la reforma del monumento a las víctimas del 11 M en Atocha.

Este artículo fue escrito el día 1 de junio de 2019 y ha sido publicado en la revista 11Magina, de la Asocación 11 M Afectados de Terrorismo en el mes de julio de 2019.

Hacer memoria a las víctimas es afirmar una injusticia hecha a la víctima que está vigente y que no se puede pasar por alto. Por eso, el filósofo Reyes Mate vincula las ideas de Justicia y Memoria, al afirmar que la memoria es una forma de hacer Justicia, ya que ésta exige reparar a la víctima en lo reparable y hacer memoria de lo irreparable.

Nadie va a reparar el daño cometido a la víctima, pero la memoria puede rescatarle de la indiferencia y decirnos que se cometió una injusticia y que ésta sigue vigente. Esta forma modesta, pero persistente de justicia no es impunidad, aunque entiende la justicia no tanto como castigo al culpable cuanto, como se ha dicho, como memoria de lo irreparable.

En el ejercicio de este derecho a la memoria que corresponde no solo a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad, cobran singular importancia los memoriales, como espacios físicos en los que se materializa este acto de justicia. Espacios en los que se hace imprescindible la nominalización de cada una de las víctimas, como expresión de la necesidad de recuperar su individualidad y revertir la cosificación que la acción terrorista impone sobre ellas, al convertirlas en meros objetivos militares de carácter instrumental. Por eso, los memoriales han de contar con un espacio central destinado a los nombres de las víctimas.

Esta premisa fue asumida por los creadores del monumento a las víctimas de los atentados del terrorismo yihadista del 11 de marzo en Madrid, en Atocha, disponiendo no solo que figuraran los nombres de todas y cada una de las víctimas sino que se incorporaran también numerosos mensajes de solidaridad expresados por la ciudadanía en los días posteriores a los atentados.

El monumento constaba de una piel exterior exclusivamente de vidrio, sin ningún otro material estructural, donde se apoyaba levemente una membrana interior de un novedoso material denominado ETFE, similar a la silicona en lámina, en la que figuraban los mencionados mensajes de condolencia hacia las víctimas impresos en ella. Esta membrana, se mantenía erguida mediante un sistema de presurización de una sala visitable en la estación de cercanías de Atocha, lo que hacía imprescindible unas puertas esclusas, que también soportaban sobrepresión y que funcionalmente tenían que ser utilizadas mediante alternancia, nunca a la vez, ya que esto provocaba descompresión  de la sala y el desplome de la membrana interna.

Con el paso del tiempo, la membrana interior comenzó a presentar pequeñas roturas por varias partes, lo que hacía que su geometría  no se mantuviera según los límites proyectados y tuviera contacto con los focos, deteriorándose los dos sistemas: la lámina soporte de los mensajes de condolencia  y la iluminación.

Las esclusas de acceso a la sala, sometidas a sobrepresión, se estropeaban habitualmente, lo que forzó a contar con personal de mantenimiento para ayudar a abrir las puertas al público visitante, generándose en su conjunto un gasto energético y de personal insostenible.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Intervención en Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural, encargó en 2016 la redacción de un proyecto para paliar tanto el deterioro de la membrana como el desmesurado nivel de gasto energético de mantenimiento que soportaba el monumento, sometida a la sobrepresión de tres máquinas que debían estar funcionando 24 horas para mantenerla erguida, y que hacía que los gastos de mantenimiento fueran de 60.000 euros anuales, aproximadamente.

El proyecto debía dar solución al deterioro por obsolescencia de los materiales; especialmente  de la membrana interior de ETFE, soporte de los mensajes de condolencia y del sistema de  presurización de la sala. Se vio que era imprescindible replantear la situación para conseguir la funcionalidad del ámbito y la mejora energética y sostenibilidad del monumento. La solución propuesta consistía en la implantación de un nuevo sistema de cuelgue estructural de la membrana que la hacía autoportante, eliminándose la presurización de la sala.

En resumen, el proyecto implicaba el desarrollo de los 160 metros cuadrados de membrana que forman un paraboloide cilíndrico, compuesto por láminas de EFTE soldadas, transparentes y con impresión digital de texto, con los siguientes trabajos:

  • Ingeniería textil. Estudio de forma y patronaje de la membrana de EFTE
  • Diseño y redistribución de los mensajes.
  • Desmontaje de los focos de luz de la membrana.
  • Cálculo y diseño de los tensores de acero.
  • Cálculo del aro superior de soporte
  • Desmontaje de la membrana actual
  • Confección de la nueva membrana y termosoldado
  • Transporte, montaje y ajustes de tensado en obra.
  • Trabajos complementarios imprescindibles para la instalación.
  • Nuevo sistema de iluminación con tecnología LED

La membrana auto-portante lleva una nueva lámina de ETTE que recogerá los mensajes de condolencia.

A lo largo del año 2017, se solicitaron a los proyectistas una serie de pruebas de envejecimiento a situaciones extremas de la lámina y otras, para tener resultados objetivos. El resultado fue la confirmación de su viabilidad.

Durante el año 2018, y una vez recibido el proyecto definitivo, en el mes de febrero, desde el Ayuntamiento se procedió a presentarlo a las asociaciones de víctimas vinculadas a los atentados del 11-M, a fin contar no solo con su conocimiento sino también con su conformidad, como así resultó ser.

Con posterioridad, se inició la tramitación del expediente de contratación de la obra, al tiempo que se conseguía su financiación a  través de la aprobación por parte del Ayuntamiento de una Inversión Financieramente Sostenible, por un importe de 350.000 euros.

Conviene subrayar que cuando se erigió el monumento a las víctimas del 11-M de Atocha, se suscribió un Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, ADIF y RENFE, para repartir las tareas de mantenimiento del mismo, repartiéndose las cargas de la siguiente forma: el 50% para el Ayuntamiento, el 25% para ADIF y el otro 25% para RENFE. Pero dicho Convenio no contemplaba las obras de reparación, por el que, el Ayuntamiento se vio obligado a tramitar un nuevo convenio que fue firmado el 12 de diciembre de 2018, a fin de posibilitar la ejecución de obras en un monumento que es propiedad de tres administraciones. Los gastos tanto del proyecto como de la ejecución serán asumidos en la misma proporción acordada en su momento. El nuevo proyecto no pudo ser licitado hasta no ver concluida la firma del nuevo convenio, siendo ésta la razón fundamental del retraso de la operación.

Finalmente se adjudicó en el mes de mayo pasado, previéndose su ejecución para el segundo semestre del presente año 2019. Confiamos plenamente en que la solución ofrecida y ya en marcha, ponga fin a los numerosos problemas con los que se ha encontrado un monumento que es – y debe seguir siendo – referencia memorial esencial del episodio más grave de terrorismo vivido por la ciudad de Madrid.

Marisol Mena Rubio (Directora General de Intervención en Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid).

Txema Urkijo Azkarate (Responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid).

 

Anuncios

Breve memoria de un esfuerzo institucional

Este texto forma parte de la publicación “Memorias del terrorismo en España”. Es mi aportación al libro coordinado y editado por Raúl López Romo, en Ediciones Catarata, este mismo mes de septiembre de 2018.

Corría el año 2003 en Euskadi. La crispación política y la polarización social que habían tenido su punto álgido en las elecciones de mayo de 2001, apenas habían remitido algo. El parlamento vasco aprobó una proposición no de ley sobre víctimas del terrorismo que se convirtió en auténtica hoja de ruta para quienes apostábamos por una política pública de víctimas diferente a lo que se había hecho hasta ese momento.

Uno de los puntos de aquella resolución, emplazaba al propio parlamento vasco a celebrar un pleno monográfico sobre la problemática de las víctimas del terrorismo y su situación. Cómo estarían las cosas, que el cumplimiento de esa parte del acuerdo, no pudo ser una realidad hasta octubre de 2007. Solo en ese momento, otra legislatura, se llevó, por fin, a cabo aquel pleno, el día 5 de octubre.

Ese mismo año, en el mes de abril, el Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo que dirigía Maixabel Lasa, organizó el primer acto institucional de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo, con una idea clave: reconocer y saldar la deuda moral histórica que el conjunto de la sociedad vasca y sus instituciones, públicas y privadas, tenía con las víctimas de ETA, por tantos años de abandono, indiferencia y ausencia de compasión y solidaridad. El mensaje era el discurso del perdón, expresado por el Lehendakari Ibarretxe, en nombre de toda la ciudadanía vasca.

Desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, ya habíamos previsto que, una vez saldada esa deuda, a través de un acto solemne como el organizado, más la continuidad y el impulso de políticas de apoyo que con posterioridad se concretarían en la Ley de 2008, tocaba abrir la mirilla del dolor y el sufrimiento injusto a otras víctimas, cuya realidad nos resultaba conocida tan solo en parte y sobre la que apreciábamos también el manto del olvido y del no reconocimiento de derechos.

Es por ello que, de cara al Pleno de octubre de 2007, sugerimos a los grupos políticos que apoyaban al gobierno, que impulsaran una resolución por la cual se instaba al ejecutivo, a través de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, a la realización de un estudio sobre las víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, de extrema derecha y el GAL. Este era el grupo de víctimas sobre el que queríamos poner en ese momento nuestra atención estratégica, en orden a igualar reconocimientos y tratamientos en las políticas públicas de víctimas desde el Gobierno Vasco. Y así fue cómo el parlamento vasco, en aquel pleno monográfico, aprobó, entre otras, una resolución con el referido mandato a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo.

Este trabajo fue desarrollado por la Dirección entre los meses de noviembre de 2007 y junio de 2008. Durante ese tiempo, Maixabel Lasa, Jaime Arrese y yo mismo realizamos una labor de investigación que nos llevó, incluso, hasta los archivos de la Audiencia Nacional, donde nos encontramos con la impagable colaboración del Fiscal Delegado para Víctimas del Terrorismo, Fernando Burgos, quien nos abrió puertas y nos permitió examinar expedientes que, lamentablemente, en gran medida, no nos proporcionaron gran información, aunque sí alguna perla que luego pudimos recoger en el informe de manera literal.

En paralelo, el contacto con los familiares y afectados se convirtió en el gran reto. Con Maixabel de punta de lanza, no siempre la recepción y la acogida fueron amables, aunque hay que reseñar que, quien aceptó entrevistarse con nosotros, lo hizo desde una actitud ejemplar. Incluso nos llevamos alguna sorpresa porque pudimos detectar situaciones legales que eran susceptibles de notable mejora como derechos no reclamados, etc. En definitiva, se produjo un importante acercamiento a un mundo con el que, hasta ese momento, sí había habido un contacto inicial por parte de la Dirección con algunas personas, pero no de manera exhaustiva y sistematizada, como se hizo en aquel momento.

Como anécdota, Maixabel y yo siempre recordamos una entrevista con la hija de un asesinado por el Batallón Vasco Español, que no conocía de nada a la viuda de Juan Mari Jauregui. Estábamos en un bar y llevábamos de charla algo más de una hora cuando le preguntamos si ella sería capaz de verse con una víctima de ETA cara a cara (ya llevábamos un par de años liados con lo de Glencree). Ella se puso seria y aseguró rotunda que de ninguna manera, que le resultaría imposible; a lo que yo le comenté que llevaba más de una hora hablando con una de ellas. Su reacción fue de cierta vergüenza, casi pidió disculpas, pero se dio cuenta de inmediato de que el supuesto que le habíamos propuesto no era realmente tan traumático, si se plantea y se vive adecuadamente.

Cabe señalar también que ciertos sectores de la izquierda abertzale no debían ver con buenos ojos esta aproximación institucional a un mundo que ellos habían considerado siempre propio. Algo parecido a que nos hubiéramos atrevido a predicar a su parroquia. Probablemente este sentimiento es el que estaba detrás de algunas negativas a recibirnos que tuvimos en aquel momento y, un paso más allá, siempre tuvimos la sospecha de que a Maixabel acabaron por ponerle escolta, después de aparecer en un comunicado de ETA, después de este movimientos de aproximación y buena relación con no pocas víctimas de su mundo ideológico.

Lo cierto es que, meses después, en junio de 2008, la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo presentó en el parlamento vasco el Informe requerido.

Creo que es importante subrayar algunas de las características del mismo;  algunas de sus conclusiones que ya entonces quedaron reflejadas en el mismo. Especialmente porque creo que siguen de actualidad a la hora de abordar los derechos de las víctimas del terrorismo y de violaciones de derechos humanos, en general.

El valor fundamental del informe fue el de constituir un instrumento de trabajo para lograr una mejor y más completa respuesta de las administraciones públicas a todas las víctimas del terrorismo, sin exclusiones. Un supuesto que ilustra este comentario sería el de los casos de personas que solicitaron el reconocimiento de su condición de víctima del terrorismo al Ministerio del Interior, derivada de acciones reivindicadas por el GAL y les fue denegada, siendo así que había motivos más que suficientes para entender que esta denegación se justificó en defectos formales que no cuestionaban el fondo de su condición de víctimas.

Es preciso calificar este informe cuando se elaboró como una obra en absoluto definitiva y, por ello, susceptible de ser completada mediante un trabajo que, desde aquel mismo momento comprometió a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo de cara al futuro.

El ámbito temporal del informe partió de la constatación de que, vigente el sistema dictatorial de Franco, las actuaciones violentas de naturaleza política tuvieron algún tipo de cobertura pseudolegal, lo cual las excluía de la definición adoptada. El primer caso analizado databa del año 1.975.

En cuanto a los datos, cabe señalar que el informe abordó el estudio de 74 actos terroristas cometidos por distintos grupos criminales que emplearon distintas denominaciones en las reivindicaciones de sus atentados (Batallón Vasco Español, Triple A, Grupos Anti ETA, GAE, etc.), así como por otros que no fueron reivindicados tras ser perpetrados por grupos incontrolados.

En estos 74 actos terroristas fueron asesinadas 66 personas y heridas de distinta consideración otras 63. Hubo así mismo un secuestro. El GAL asesinó a 24 e hirió a 27 más. El Batallón Vasco Español cometió 18 asesinatos y causó heridas a otras 18. La Triple A cuenta, por su parte, con 8 asesinatos en su haber, por otros 6 del GAE, como los grupos más relevantes en su acción criminal.

En 44 de los 74 caso analizados, bien los heridos supervivientes o bien, en su caso, los familiares directos de las personas asesinadas, presentaron ante el Ministerio del Interior la solicitud de reconocimiento de su condición de víctimas del terrorismo, con aplicación de los derechos legales correspondientes; básicamente el de la percepción de las indemnizaciones fijadas en la referida norma. En 35 casos la respuesta de la Administración del Estado fue estimatoria, mientras que en los otros 9 les fue denegado el reconocimiento de la condición de víctimas del terrorismo por diversos motivos. Las personas afectadas por otros 30 de los atentados analizados no formularon ningún tipo de solicitud al Ministerio del Interior.

El grado de conocimiento sobre la autoría concreta de los atentados terroristas analizados en el informe era manifiestamente insuficiente en orden a la satisfacción del derecho que corresponde a las víctimas tanto a conocer la verdad como a la aplicación de la justicia sobre los hechos acaecidos. Igualmente, la escasa y deficiente investigación policial llevada a cabo en una parte muy importante de estas acciones violentas impidió el esclarecimiento de un dato de especial relevancia en esta cuestión, como era el grado de complicidad, colaboración o inhibición que pudo existir por parte de determinadas instancias policiales con dichos actos criminales.

No hay que olvidar que una nota común de este tipo de actuaciones violentas fue la vinculación, en mayor o menor grado, pero vinculación o conexión en todo caso, con estructuras policiales del estado. En ocasiones se produjo una participación directa de miembros de sus cuerpos de seguridad (acreditada en resoluciones judiciales firmes); en otros casos hubo grados de colaboración o actuaciones de protección, cobertura o tolerancia; y siempre, notable desinterés o dejación de obligaciones profesionales a la hora de realizar una  investigación suficiente para permitir la intervención de los Tribunales de Justicia.

Estas deficiencias son lamentables no solo por el valor en sí que habría tenido tal información, de haberse obtenido, en orden a los ya mencionados derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, sino de manera singular, por las implicaciones de naturaleza política que pudieron existir y que hubieran puesto sobre la mesa una perspectiva novedosa con indudable repercusión en el discurso del reconocimiento social y especialmente político que también se merecían estas víctimas.

En este sentido conviene resaltar que entonces acudimos a una opinión tan autorizada y poco sospechosa de sembrar dudas infundadas en relación al Estado o sus fuerzas de seguridad como es la de los propios tribunales de justicia españoles y, en particular, la  manifestada en la sentencia 24/99 de 4 de junio de 1999 dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Nacional en relación al asesinato de Christophe Matxikote y Catherine Brion, sucedido en Bidarrai, el día 17 de febrero de 1986 y en la que se considera al GAL como banda armada.

Uno de los fragmentos de dicha resolución judicial resulta especialmente elocuente y revelador.

Fue el Ministerio del Interior el organismo desde el que finalmente se pudo atajar, en colaboración con el Ministerio del Interior francés, la lucha ilícita contra ETA. Si eso fue así, significaría que ambos departamentos tenían información sobre personas involucradas y que solo a partir de un momento dado lograron neutralizar. Ello conduce a la convicción de que existen responsabilidades de diversa naturaleza que estarían aún por deducir”.  

Aquel informe tuvo continuidad con otras iniciativas que, desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, pusimos en marcha para atender esta ampliación objetiva de la política de víctimas. El intento de reconocer su protagonismo en el siguiente acto institucional de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo, celebrado en el Kursaal donostiarra en mayo de 2008, el impulso a la iniciativa Glencree, la inclusión de este colectivo entre las víctimas educadoras, etc.

Lamentablemente, posteriores actuaciones del Gobierno central no sintonizaron con este planteamiento. Muy criticable fue, en este sentido, la modificación unilateral de la Ley de Víctimas de 2011, en la cual se facultaba al propio Gobierno para denegar las indemnizaciones que correspondían a todas las víctimas del terrorismo, en los casos en los que los afectados o los solicitantes tuvieran algún tipo de relación con organización terrorista, realizando una interpretación extensiva de este extremo, en la práctica, a cualquier tipo de organización del ámbito de la izquierda abertzale.

Aún queda camino por recorrer en el tratamiento igualitario de todas las víctimas del terrorismo. Con demasiada frecuencia, los mismos discursos políticos olvidan la diversidad de los terrorismos sufridos en nuestro país. Y, en no pocas ocasiones, este olvido se convierte en omisión deliberada, en favor de un discurso concreto que busca una determinada hegemonía política en el mundo de las víctimas.

Por eso hoy recuerdo con cariño y emoción aquellos esfuerzos que realizamos, con mejor o peor fortuna, desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, por sentar las bases de un tratamiento igualitario de todas las víctimas del terrorismo.

13.9.18

 

Ecos de la función

Acabó la función y, como correspondía, cayó el telón. Las luces se apagaron y quedó el lugar solitario, flotando en el aire la trascendencia artificial buscada y perseguida con ahínco por la compañía promotora. Los actores regresaron a sus hogares y tanto los protagonistas de primer plano como aquellos que contaron con un distinguido papel en la sombra, realizaron sus interesadas críticas sobre lo acontecido. Aún colean los ecos de la función.

En realidad, la obra ya comenzó con unos previos, días antes del señalado en el programa. En ellos, diversos protagonistas de relevancia media advertían sobre el peligro proveniente de la actitud que pudieran adoptar los gobiernos español y francés. No fuera a ser que apareciera la guardia civil antes de tiempo, confiscara el atrezzo y se llevara detenidos a un par de figurantes. Incluso hubo llamamientos solemnes a ambas instancias gubernamentales para que se comportaran con “altura de miras”. Se supone que tal cosa debía ser “dejar hacer” y no estorbar. Los actores que protagonizaron estos prolegómenos estuvieron en su sitio, sólidos, cumpliendo el papel asignado. Cierto sector del público, incluso, participó activamente, conteniendo el aliento ante esa peligrosa advertencia y especulando sobre lo que serían capaces de hacer o no hacer tan arteros “enemigos de la paz”. La incertidumbre contribuyó a incrementar la expectación – bien lo sabían los autores del guion – y de eso se trataba. Al fin y al cabo, era solemnidad añadida.

Me cuentan que, el dia D, la obra presentó dos escenarios muy diferenciados. Al parecer, mientras en el estrado principal se desarrollaba la parte noble de la función, con formalidades cuidadas y medidas, el patio de butacas se convertía en un alboroto de gritos perfectamente reconocibles como propios de una familia política concreta, reflejando con ello el escaso pluralismo de quienes pasaron por taquilla para ver el directo.

Acabada la parte central del espectáculo, resulta curioso observar la escasa trascendencia informativa alcanzada por lo que constituye el elemento más relevante de la “cacharrería” (como denomina un gran amigo mío al asunto) del día 8 de abril: el consentimiento del gobierno español respecto a la operación realizada y la aceptación de su resultado. De hecho, es lo que permite afirmar/oficializar que se ha producido el desarme de ETA, lo cual no es moco de pavo.

Singular ha sido también el comportamiento posterior de otros protagonistas muy destacados de la obra, no en el papel de actores de escena, sino en el de productores y, en buena medida, guionistas. El PNV y el gobierno vasco han mantenido un perfil deliberadamente bajo. Una vez garantizado el éxito de la función, se retiraron con discreción a sus cuarteles, dejando en el aire un par de esbozos críticos muy bien trabajados y calculados.

Todas y cada una de las víctimas son hoy sujetos y partícipes principales de este logro democrático de la sociedad, sus instituciones, la política y de los derechos humanos”. Soberbia e inmaculada la declaración institucional leída por el Lehendakari, colocando a las víctimas en el centro de un escenario del que habían estado completamente ausentes hasta ese momento.

Por su parte, el Presidente del PNV nos deleitó con esta perla : “Para mí fue más importante lo del metro (la inauguración de la línea 3 de Bilbao) que lo del desarme”.

Para quitarse el sombrero ante el libretista de la función, a la hora de escribir los papeles de estos personajes. Es realmente meritorio emplear el cinismo para proyectar esa imagen pulcra e institucional que han buscado. Porque cinismo es relativizar ahora en público aquello que ha constituido objetivo esencial de los líderes nacionalistas vascos en los últimos meses y de cuyo resultado tienen motivos para estar más que satisfechos.

Curioso, en definitiva, cómo dos de los tres grandes protagonistas de la obra han asumido – y ejecutado – su papel más importante entre bambalinas, para pasar después al disimulo y la mirada como distraída hacia delante. No solo el gobierno vasco. Bien poco relevante ha dicho el gobierno español al respecto. Incluso, como han denunciado algunos sindicatos de TVE, hubo instrucciones expresas de “esconder” la noticia de la función del 8 de abril en el fondo oscuro de los telediarios. Mejor que los españoles no se fijen mucho en lo que hacemos, no sea que se den cuenta de que aparecemos en los créditos de la obra como coproductores.

Pero que nadie se despiste. Entre dimes y diretes de los demás sobre si el desarme ha sido completo o no, la izquierda abertzale, tercer actor principal de la obra, está a otra cosa, a lo suyo: el relato.

A pocos se les escapaba que la importancia y la relevancia de “lo de la cacharrería”, no venía de las armas entregadas, por mucho que se hable de su eventual utilidad para investigar crímenes sin esclarecer, sino del simbolismo de la representación teatral a efectos de la narrativa defendida. Generosa y unilateral aportación a la paz versus derrota. El éxito de los guionistas es, en este punto, más que dudoso, a juzgar por el resultado del aplausómetro.

Pero no creo que tal cuestión – que caduca en apenas unos días, cuando deje de hablarse de la representación – preocupe en exceso a la izquierda abertzale, consciente de que el campo en el que se libra una buena parte de la batalla real por la hegemonía del relato es otro: el campo de las víctimas y el espacio público.

En los últimos diez años, el Partido Popular ha demostrado que los espacios ocupados en el ágora pública por las víctimas del terrorismo, de un lado, y las víctimas de la dictadura franquista, por otro, cumplen – si se maneja el asunto con habilidad – la ley de la impenetrabilidad. Por momentos, llega a parecer que no hay en el discurso público sobre las víctimas, otras que las del terrorismo (fundamentalmente de ETA), contribuyendo así al ostracismo de las víctimas del franquismo.

Bildu es buen conocedor del valor del espacio público y de la importancia de su ocupación. No digo que no haya convicción en ello, pero resulta llamativo el impulso que esta formación política ha dado, en los últimos tiempos, a su política en favor de la memoria histórica y muy especialmente, de los derechos de las víctimas del franquismo. A buen entendedor.

Hay víctimas que incomodan a algunos porque colocan un espejo enfrente que les devuelve imágenes poco agradables. Cada quién debe saber de qué víctimas se le llenan la boca y pensar en el espejo que le colocan aquéllas otras que omite.

Y esto tiene que ver con el relato más que la función.

17.4.17

Una coherencia necesaria

Publicado en “Eldiarionorte.es”, el 30 de diciembre de 2016.

En Euskadi ha habido violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, generadas en un contexto de intensa violencia de motivación política, especialmente protagonizada por ETA y sostenida a lo largo de varias décadas.

Por otra parte, en el conjunto de España, tras el final de la guerra civil y con la instauración del férreo régimen dictatorial militar del general Franco, se llevó a cabo una política sistemática de represión política, con vulneraciones graves de los derechos humanos, también en un periodo temporal que se prolongó varias décadas.

Evidenciamos así que hay, al menos, un elemento común en ambos supuestos: la existencia de violaciones graves de derechos humanos.

Conforme a la doctrina internacional de estos derechos, recogida en tratados internacionales suscritos por España y que, por ello, resultan de aplicación como legislación interna, las víctimas de estas vulneraciones ostentan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La legislación sobre víctimas del terrorismo en España, a través de la ley 29/2011, vino a recoger esta idea al afirmar su exposición de motivos lo siguiente:

“Esta Ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo de la víctima, vinculando sus derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democráticas y señalando correlativamente obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensación de quienes han sufrido el terrorismo.”

Su artículo 2º incorpora la idea al texto normativo así:

“Artículo 2. Valores y finalidad. 1. Esta Ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.”

Con mayor atrevimiento, la legislación vasca sobre víctimas del terrorismo ya había abordado, tres años antes, en su ley 4/2008, el mismo planteamiento, tanto en su exposición de motivos como en su texto articulado.

En efecto, memoria, dignidad, justicia y verdad, son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente Ley buscando en última instancia la reparación integral de la víctima.

(…) se han tomado como fuente de inspiración documentos internacionales, de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea, sobre la protección de las víctimas ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

En el caso vasco (…) podemos hablar, por tanto, de la existencia de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, tanto las cometidas por el terrorismo de ETA como las protagonizadas en el pasado por los grupos de extrema derecha y el propio GAL. En este sentido, no se trata de llevar a cabo una transposición al Derecho interno de normas de carácter internacional, sino tan solo de reconocer la conexión interpretativa y doctrinal de las disposiciones recogidas fundamentalmente en el mencionado título II del texto legal. Una de las consecuencias claras y evidentes de esta inspiración se refleja en la definición de derechos de las víctimas. No es baladí que la presente ley trate a las víctimas del terrorismo como sujetos de derechos, aunque el contenido de estos sea esencialmente programático. Y así se enuncia precisamente el mencionado título II. Acogiendo las referencias de los instrumentos internacionales en la materia, afirmamos que los derechos de las víctimas que se originan ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos reposan sobre tres pilares básicos, a saber: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación”.

Las administraciones públicas han tenido y tienen referencias legislativas ciertas y precisas para desarrollar sus políticas sobre víctimas del terrorismo, en las cuáles han destacado especialmente las iniciativas de reparación material y reparación moral.

La pregunta que cabe hacerse en este momento, transcurridos cinco años desde el final del terrorismo de ETA y cuarenta después del final de la dictadura es ¿Por qué las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista no tienen una legislación equiparable a la de las víctimas del terrorismo en cuanto al reconocimiento de sus derechos, si todas ellas lo son de vulneraciones graves de derechos humanos?

Los esfuerzos bienintencionados de la ley 52/2007, conocida como ley de memoria histórica, no han permitido alcanzar el nivel de protección de derechos de las víctimas de la dictadura franquista que luego se plasmaría en las legislaciones sobre víctimas del terrorismo.

Por otro lado, en los últimos años, al amparo de la legislación citada anteriormente, se impulsan numerosas iniciativas públicas de memoria en favor de las víctimas del terrorismo. Hay sectores políticos que se significan especialmente (con razones que comparto) en la defensa y promoción de estas iniciativas. Sin embargo, cuesta aceptar la incongruencia que supone la actitud no solo renuente sino obstativa que estos mismos sectores políticos adoptan cuando se trata de abordar iniciativas de memoria en favor de las víctimas de la dictadura franquista. Una incongruencia que recuerda a la de aquéllos que, en Euskadi, se afanan en dirigir su mirada solo al futuro, mostrando serias reticencias a revisar un pasado que no les deja en muy buen lugar, al tiempo que enarbolan sin pudor la bandera de una memoria histórica algo más remota.

Es imprescindible e inaplazable una revisión de la legislación sobre memoria histórica en España que reconozca los derechos de las víctimas del franquismo a la verdad, la justicia y la reparación, aún con las limitaciones recogidas en la legislación sobre víctimas del terrorismo. Igualmente se impone una reflexión en el ámbito político, presidida por la necesidad de congruencia. Hemos de impulsar políticas de memoria donde las tensiones y polémicas no provengan de las sombras generadas por una insuficiente deslegitimación de la dictadura o del terrorismo, objetivos irrenunciables de cualquier política pública de memoria.

18.12.16

El necesario reconocimiento de todas las víctimas.

El 30 de junio de 2009, la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, comparecía ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, para presentar las líneas básicas de su actuación en la legislatura que entonces se iniciaba, bajo el mandato del Lehendakari Patix López con gobierno del PSE. En dicha comparecencia y entre otras muchas cuestiones, Maixabel Lasa,  planteó una reflexión sobre lo que ella consideraba que constituía, en aquel momento, un problema pendiente de un abordaje inaplazable. Dijo literalmente lo siguiente:

untitled

Hoy estamos en condiciones de abrir otra etapa caracterizada por un nuevo contexto sociopolítico y por una voluntad que pretendemos sea incluyente en la política de víctimas que vayamos a desarrollar.

(…) Pero, igualmente, sabemos y constatamos la existencia de otros casos de victimización derivados de otras vulneraciones de derechos humanos producidas en el contexto de la situación de violencia que ha aquejado a la sociedad vasca. Frente a esta realidad incuestionable, tenemos dos opciones. Pasar página como si no hubieran existido o como si fueran una anomalía meteorológica pasajera o abordar esta cuestión desde el rigor, caso por caso, uno por uno. De forma exhaustiva. Acordando un método y un procedimiento de trabajo.

Nosotros no creemos en la teoría del conflicto político como causa justificante del crimen organizado y mucho menos en la ficción de dos violencias simétricas enfrentadas entre sí. Pensamos que tanto la una como la otra forman parte del relato perverso del verdugo que pretende legitimar su coartada criminal a la luz de una lectura retrospectiva y fraudulenta de la historia. Pues bien, en ese relato el sufrimiento es instrumental, es un mal menor con el que traficar. Más que la memoria o la atención o la asistencia al sufrimiento existente, a los terroristas les interesa, infinitamente más, el férreo control ideológico y social sobre “sus” víctimas.

A nuestro juicio, sin embargo, el desarrollo de la idea de la deslegitimación de la violencia terrorista requiere, para ser creíble y completa, una respuesta de los poderes públicos a todas las situaciones de victimización injusta provocadas en el marco del contexto violento vivido en Euskadi en las últimas décadas. Una respuesta que no equipare lo que no es equiparable, que prevea tratamientos diferenciados, no miméticos. Cierto. Pero que responda a parámetros de justicia, de la que son acreedoras todas aquellas personas que sufrieron un mal que no se merecían. Acrecentar la legitimidad del Estado a través de la revisión crítica de sus actuaciones es una singular contribución a la deslegitimación de una violencia terrorista que hunde una parte importante de sus razones, precisamente, en la alegación de los errores cometidos por el Estado.

Alguno dirá que esta reflexión no toca o que es inoportuna en estos momentos. Por una u otra circunstancia, siempre será inoportuna. Se trata, sin duda, de material muy inflamable que no se puede controlar con más combustible. Por ello, para afrontar esta cuestión son indispensables dos condiciones básicas: la responsabilidad y el consenso. A falta de cualquiera de ellas, el empeño naufraga y pierde su sentido.

Tenemos una legislatura por delante para hincarle el diente a un asunto complejo y complicado de gestionar. Les invito que lo hagamos sin prisa, pero sin pausa. No sería de recibo que al cabo de estos cuatro años nos encontráramos en la misma situación. Es algo que no nos podemos permitir como sociedad que pretenda suturar, algún día, heridas que aun condicionan nuestra convivencia.

Pues bien, aquel guante lanzado por la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo fue recogido por quien correspondía y, aceptado el reto, el gobierno fue capaz de tejer las complicidades y acuerdos necesarios con la mayoría de los grupos parlamentarios, para poner en marcha un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas aludidas por Maixabel en su intervención.

Casi siete años después, este sábado 21 de febrero, el Kursaal de Donosti fue testigo del último hito habido hasta la fecha en este proceso. En el mismo participó José Antonio Pérez Pérez, historiador y miembro de la Comisión de Valoración responsable, con su trabajo, del resultado final. En su muro de Facebook ha colgado el amigo Josean unas líneas cuya reproducción me parece obligada, para el buen entendimiento de la trascendencia y relevancia de todo este asunto.

El pasado sábado participamos en un acto de reconocimiento a las víctimas de los terribles abusos policiales cometidos entre 1960 y 1978 en el País Vasco. El acto supuso la culminación del decreto promulgado en julio de 2012 por el gobierno del Lehendakari Patxi López.

Han sido tres años y medio de intenso trabajo donde hemos estudiado 240 solicitudes presentadas por otras tantas personas. Tras el análisis de todos estos casos, la búsqueda de documentación y las entrevistas realizadas se ha reconocido su condición de víctimas a 187 personas. Se trata de hombres y mujeres (algunos de ellos eran apenas unos niños entonces) que vivieron unos hechos dramáticos. Algunos fueron tiroteados en controles de carretera por miembros de las Fuerzas del Orden Público sin ningún motivo, en medio de un contexto marcado por la violencia política y el terrorismo. En otros casos resultaron heridos o muertos en manifestaciones laborales o en todas aquellas movilizaciones que exigían la amnistía de los últimos presos políticos del franquismo. Victimas en manifestaciones que protestaban contra las emanaciones de gas de las empresas próximas, como ocurrió en Erandio en octubre de 1969, víctimas como las del 3 de marzo de 1976, donde resultaron muertos cinco trabajadores y más de cien heridos, muchos de ellos de bala, víctimas que presenciaban una manifestación desde su ventana y fueron tiroteadas, víctimas que perdieron ojos, brazos, víctimas sobre las que también cayó la sombra de una duda y que en muchos casos fueron tachadas de terroristas, víctimas, a pesar de todo, que nunca perdieron la dignidad. También hemos reconocido a un importante grupo de personas que sufrieron torturas en cuarteles y comisarías, especialmente crueles durante los duros estados de excepción que se vivieron en aquella época. La mayor parte de todos estos casos quedaron impunes.

Como tuve oportunidad de expresar el sábado, en un acto que contó con la presencia del Lehendakari Urkullu, ni la dura conflictividad laboral de aquellos años ni la aparición de ETA y sus terribles acciones terroristas justifican la tremenda violencia que desplegó la policía. Sus abusos fueron intolerables. Del mismo modo, esta durísima represión tampoco puede servir en ningún caso para justificar el terrorismo de ETA.

Han sido unos años intensos de duro trabajo. Gracias a todos los miembros de la Comisión de abusos policiales: a Inés Ibáñez de Maeztu y a Monika Hernando, las dos directoras de DDHH del Gobierno Vasco en las últimas legislaturas, a Carlos Beristain, a Álvaro Gil-Robles, a Manuela Carmena, a Txema Urkijo, a Sabino Ormazábal, a Aintzane Ezenarro, a José, a Marian (sin tu ayuda nada de esto hubiera sido posible) y a todo el equipo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Hace unos pocos meses lo expresé con claridad ante algunas importantes personalidades del actual Gobierno central y ante numerosas víctimas del terrorismo: la labor realizada en el marco del decreto de reconocimiento de abusos policiales no constituye un ataque al Estado de Derecho ni el reconocimiento de ningún terrorista. Todo lo contrario, reconocer a todas estas víctimas fortalece y engrandece al Estado de Derecho.

14559747652147

No puedo estar más de acuerdo con todas y cada una de las palabras de la cita, al tiempo que valoro la enorme trascendencia de cuanto se menciona, en el proceso de reconstrucción de relaciones sociales en una Euskadi dolorida por tantos años de violencia y terror. Y no puedo dejar de sentirme orgulloso por haber tenido la oportunidad y el privilegio de colaborar modestamente con el impulso de la iniciativa, primero, y parcialmente en su desarrollo, después.

Como en otro momento desarrollaré con más extensión y profundidad, este proceso supone además la constatación de que es factible suplir desde la iniciativa de una Comunidad Autónoma, la inacción del Estado en asuntos que son de su responsabilidad, sin que ello vaya en detrimento de la satisfacción obtenida por el cumplimiento de los objetivos perseguidos en lo tocante a reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. En definitiva, parte de una política pública de memoria.

22.2.16

Aún colea el GAL en los Tribunales

Hace unos días se conocía una noticia que a mí personalmente me produjo una gran satisfacción: la Audiencia Nacional procedía a la reapertura de la causa por el asesinato de Juan Carlos García Goena, gracias al tenaz e incansable esfuerzo de su viuda, Laura Martín, firmemente empeñada en obtener la Justicia que corresponde a toda víctima de una vulneración grave de los derechos humanos.

http://www.elespanol.com/espana/20160121/96240440_0.html

Al mismo tiempo, la televisión pública vasca, ETB, emitía un documental sobre el atentado contra el Bar Aldana, de la localidad vizcaína de Alonsotegui, ocurrido hace ahora 36 años, en el que murieron cuatro personas y fueron heridas muchas más, a consecuencia de la explosión de un potente artefacto colocado por un grupo autodenominado GAE (Grupos Armados Españoles).

La coincidencia en el tiempo de ambas noticias me ha traído a la cabeza el informe que la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco elaboró en el año 2008, bajo el título “Informe sobre víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, de extrema derecha y GAL” y me parece oportuno revisar la situación de este colectivo específico de víctimas del terrorismo.

Es por ello que, amparándome en consideraciones ya recogidas en mi aportación al libro ““CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO”, coordinado por Antonio Duplá y Javier Villanueva y publicado por GAKOA Liburuak, en 2009, llevo a cabo un somero repaso a las deficiencias y carencias que aún presenta el colectivo mencionado, sin otro ánimo que constatar dicha realidad y permitir los análisis comparativos que puedan considerarse convenientes.

En primer lugar, precisaré que el colectivo analizado comprende a las víctimas ocasionadas por un terrorismo que, pese a ser difuso, desorganizado y desigual en sus formas de actuación, presenta algún elemento común. Me limitaré a destacar ahora dos que me parecen relevantes.

El primero son los destinatarios de los actos violentos. Habitualmente eran personas vinculadas al mundo nacionalista (en no pocas ocasiones con eso bastaba) y, dentro de él, también de manera específica, al de los refugiados en Francia y gentes que pudieran pertenecer a ETA. Y el segundo, los autores, entre los que citaremos grupos que se presentaban bajo denominaciones y siglas diversas, como Batallón Vasco Español (BVE), Triple A, Grupos Anti Eta (GAE), ATE o el más significativo y sanguinario de todos ellos, Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Todos ellos pasaron por tener, en mayor o menor medida, conexión con los aparatos policiales – y en algunos casos políticos – del Estado, lo cual tuvo algunas consecuencias importantes, de las cuales destacaré la que hace referencia a la impunidad.

El informe antes citado del Gobierno Vasco, analiza como primer caso el asesinato de Iñaki Etxabe Orobengoa, el día 5 de octubre de 1976. Este informe recoge 74 actos terroristas cometidos por distintos grupos criminales, bajo las siglas y denominaciones que hemos mencionado anteriormente, así como algunos otros que no fueron identificados ni reivindicados y que se atribuyeron a grupos de “incontrolados”. En estos 74 actos fueron asesinadas 65 personas y heridas de distinta consideración otras 64. Hubo así mismo un secuestro. El último caso que recoge el informe es el atentado ocurrido en el Hotel Alcalá, de Madrid, el 20 de noviembre de 1989, en el que resultó asesinado el diputado de Herri Batasuna en el Parlamento español, Josu Muguruza Guarrotxena y herido el abogado Iñaki Esnaola Etxeberri.

La distribución de los actos objeto de reseña y sus resultados por años es la siguiente:

  AÑO             ATENTADOS                        MUERTOS                               HERIDOS
1975                      2                                        2                                             –
1976                      2                                        1                                             1
1977                      2                                        1                                             2
1978                      4                                        3                                             2
1979                      8                                        5                                             5
1980                    16                                      22                                           21
1981                      3                                        1                                             2
1982                      1                                        1                                             –
1983                      4                                        4                                             –
1984                    11                                        9                                             9
1985                    15                                       11                                          15
1986                      3                                         2                                            6
1987                      1                                         1                                            –
1988                      –                                          –                                             –
1989                      2                                         2                                            1

Llama la atención a simple vista en esta distribución cronológica la intensidad de la actividad terrorista de estos grupos en dos momentos concretos, correspondiendo con circunstancias específicas en cada uno de ellos.

Por un lado los años 1979 y 1980, coincidentes con la mayor presencia del terrorismo de ETA, que alcanza niveles de mortalidad nunca conocidos hasta ese momento y no repetidos después. Podría interpretarse la intervención de estos grupos en clave de “respuesta” a la acción de ETA.

El número de atentados se reduce, sin embargo, drásticamente en el año 1981, siendo así que, tras el asesinato de Francisco Javier Ansa Zinkunegi, cometido el día 3 de marzo de 1981, fueron detenidos Ladislao Zabala Solchaga e Ignacio Iturbide Alcain, quienes ingresaron en prisión y fueron condenados por nueve asesinatos. Ambos personajes fueron protagonistas destacados del autodenominado Batallón Vasco Español, que después de la detención de sus dos miembros citados no volvió a aparecer ni a reivindicar ningún atentado, excepción hecha de unos disparos que hirieron en París a Xavier Aguirre Unamuno el 23 de abril de 1981, si bien numerosas fuentes atribuyen la autoría de esta acción al conocido mercenario Jean Pierre Cherid.

La retirada de la circulación de Iturbide y Zabala tuvo sin duda una notable influencia en el número de acciones terroristas del signo de las estudiadas y explica, a buen seguro, el descenso en el número de atentados habido a partir de aquel momento y hasta el siguiente pico, que se produce en los años 1984 y 1985 y que corresponde a los años de intensa actividad de los Grupos Antiterroristas de Liberación.

Poco hay que explicar en cuanto a la actuación del GAL. Constituyeron el epílogo de la actividad terrorista proveniente de las cloacas del Estado. Su objetivo fundamental quiso estar centrado en miembros de ETA, pero fue notoria la frecuencia de sus errores en relación con la identidad de las personas elegidas como destinatarias de sus criminales intenciones.

Amedo y Domínguez

El cese de la actividad del GAL supuso la práctica desaparición de este tipo de violencia terrorista, con alguna excepción como fue el caso de un cartero de Rentería, José Antonio Cardosa Morales, fallecido el 20 de septiembre de 1989, cuando le explotó una carta bomba dirigida a un militante de HB de dicha localidad, así como el atentado ya citado del Hotel Alcalá de Madrid en el mismo año 1989.

El GAL asesinó a 24 personas e hirió a 27. El Batallón Vasco Español cometió 18 asesinatos y causó heridas a otras 18 personas. La Triple A cuenta, por su parte, con ocho asesinatos en su haber, por otros seis del GAE, como los grupos más relevantes en su acción criminal.

Repasados los fríos datos, conviene analizar los derechos de las víctimas y el grado de materialización de los mismos.

El derecho a la verdad es un aspecto esencial para aliviar su sufrimiento. Supone el derecho a tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron y constituyeron la causa de su victimización, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas de las violaciones que se perpetraron y su motivación.

No es preciso profundizar demasiado en la revisión de nuestro pasado reciente para constatar que las actuaciones de los grupos terroristas de extrema derecha, grupos de incontrolados y del propio GAL, conforman un conjunto de episodios con un escasísimo nivel de conocimiento en todos los aspectos que resultan relevantes para la satisfacción del derecho a la verdad.

Una nota común de este tipo de actuaciones violentas es la vinculación, en mayor o menor grado, pero vinculación o conexión en todo caso, con estructuras policiales del estado. En ocasiones se produjo una participación directa de miembros de sus cuerpos de seguridad (acreditada en resoluciones judiciales firmes); en otros casos hubo grados de colaboración o actuaciones de protección, cobertura o tolerancia; y siempre, notable desinterés o dejación de obligaciones profesionales a la hora de realizar una investigación suficiente para permitir la intervención de los Tribunales de Justicia.

En este sentido, son numerosos los testimonios de familiares de asesinados por grupos como el Batallón Vasco Español y similares, a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, que relatan la manera en que se impedía o dificultaba la realización de actos simples de investigación que permitiera el esclarecimiento de los hechos acontecidos.

En segundo lugar, y en lógica consecuencia con lo anterior, el espejo de la actuación judicial refleja la realidad de las cosas con crudeza y nos muestra el alto nivel de impunidad existente para este tipo de terrorismo. Hablamos, por tanto, del derecho a la Justicia.

En España, fundamentalmente a través de la Audiencia Nacional, se han incoado y tramitado hasta donde ha sido posible a tenor de la información obrante en las diligencias, fruto de las investigaciones policiales, un total de 33 causas judiciales, de las cuales tan solo 17 han culminado con sentencia firme. En 16 de éstas ha habido un pronunciamiento condenatorio, con establecimiento de penas privativas de libertad cuyo cumplimiento, de una forma u otra (ésta es otra cuestión relevante), se ha materializado. Compárense estas cifras con el total de actos violentos con víctimas habido.

Cierto es que en los datos ofrecidos no se incluyen los correspondientes a la actuación de la Justicia francesa, en tanto en cuanto un número importante de estos actos terroristas fueron cometidos en suelo francés y, por tanto, bajo jurisdicción del país vecino. Pero ello no invalida en modo alguno la valoración realizada: de las cifras ofrecidas en cuanto al número de procedimientos judiciales habidos en España, así como del correspondiente a las sentencias condenatorias, solo se puede afirmar la existencia de un alto nivel de impunidad global.

Por otro lado, es preciso afirmar que la escasa y deficiente investigación policial llevada a cabo en una parte muy importante de estas acciones violentas impidió – e impide – el esclarecimiento de un dato de especial relevancia en esta cuestión, cual es el grado exacto de autoría, complicidad, colaboración o inhibición que pudo existir por parte de determinadas instancias policiales con dichos actos criminales y al que ya hemos aludido.

Y ello no solo por el valor en sí que tiene tal información en orden al establecimiento de las correspondientes responsabilidades penales, sino de manera singular, por las implicaciones de naturaleza política que pudieron existir y que pondrían sobre la mesa una perspectiva novedosa con indudable repercusión en el discurso del reconocimiento social y especialmente político que también se merecen estas víctimas.

En este sentido conviene traer a colación una opinión tan autorizada y poco sospechosa de sembrar dudas infundadas en relación al Estado o sus fuerzas de seguridad como es la de los propios tribunales de justicia españoles y, en particular, la manifestada en la sentencia 24/99 de 4 de junio de 1999 dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Nacional en relación al asesinato de Christophe Matxikote y Catherine Brion, sucedido en Bidarrai (Francia), el día 17 de febrero de 1986 y en la que se considera al GAL como banda armada.

audiencia-nacional-p

Uno de los fragmentos de dicha resolución judicial reza como sigue: “Fue el Ministerio del Interior el organismo desde el que finalmente se pudo atajar, en colaboración con el Ministerio del Interior francés, la lucha ilícita contra ETA. Si eso fue así, significaría que ambos departamentos tenían información sobre personas involucradas y que solo a partir de un momento dado lograron neutralizar. Ello conduce a la convicción de que existen responsabilidades de diversa naturaleza que estarían aún por deducir”.

Por último, el derecho a la reparación, analizado ahora solo en su dimensión material, obliga a dejar constancia de la lamentable actuación del gobierno del PP a la hora de aplicar la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.

Al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999, las personas afectadas, bien heridos supervivientes o bien familiares directos de las personas asesinadas, en 44 de los 74 actos terroristas cometidos por los grupos de extrema derecha, incontrolados y el GAL, solicitaron el reconocimiento de su condición de víctimas del terrorismo, con aplicación de los derechos legales correspondientes; básicamente el de la percepción de las indemnizaciones fijadas en la referida norma. En 35 casos la respuesta de la Administración del Estado fue estimatoria, mientras que en los otros nueve les fue denegado el reconocimiento de la condición de víctimas del terrorismo por diversos motivos. En definitiva, las víctimas de 39 atentados quedaron sin amparo, por una causa u otra.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley en 2011, se presentaron numerosas solicitudes por parte de este grupo de víctimas, unas para el reconocimiento ex-novo de su condición de tales y otras para solicitar el complemento de indemnización que les correspondía, pues ya habían sido previamente reconocidas como víctimas con la Ley del 99. Ante esta realidad, el Ministerio del Interior reaccionó modificando la Ley 29/2011, con los votos exclusivamente del grupo político que sustentaba el gobierno, y a través de una norma legal completamente ajena a la materia de víctimas. Tal modificación tenía como único objetivo el de impedir que familiares de personas que, habiendo sido víctimas de un acto terrorista, pudieran haber pertenecido a una organización que practicara la violencia, percibieran dinero alguno por parte del Estado.

Modificada la Ley, su aplicación ha resultado demoledora para el colectivo de víctimas al que me estoy refiriendo, puesto que las resoluciones gubernamentales han sido denegatorias en su inmensa mayoría, amparándose para ello en simples informes policiales que sostenían la vinculación de los fallecidos o heridos no solo con ETA sino con cualquier organización del entorno de la izquierda abertzale. Con ello, se ha obligado a todos ellos a acudir a la vía judicial, a fin de que sean los Tribunales los que restituyan el principio de igualdad y permita la materialización del derecho a la reparación que corresponde a toda víctima de vulneración de derechos humanos, por el hecho de serlo. Parece obvio que la reparación material debe estar vinculada al hecho de la victimización, que es, en sí mismo, injusto, y no a la valoración moral de los actos que en vida pudo desarrollar la víctima.

Omito el apartado de conclusiones, dejando que sea el lector quien lo elabore, apelando a que impere en tal tarea un ánimo constructivo.

Hablamos mucho – y con razón – de los asesinatos de ETA sin esclarecer aún y hablamos, justificadamente también, del proceso pendiente de reconocimiento y reparación de las víctimas de los excesos policiales, pero, con demasiada frecuencia olvidamos la problemática específica de estas víctimas que legalmente lo son del terrorismo, pero cuya voz no es tan escuchada como las de ETA.

Es evidente que el proceso de reconocimiento y reparación de todas las víctimas relacionadas de una forma u otra con la situación de violencia de motivación política que ha vivido Euskadi en las últimas décadas, es un camino largo y tortuoso y aún quedan trechos por delante que exigen esfuerzo, dedicación, convicción y ecuanimidad. La noticia de que aún es posible avanzar en los Tribunales no solo ha de alegrar a Laura Martín, sino a todos quienes deseamos un final, aunque desordenado e imperfecto, lo más justo posible para todas las víctimas.

24.1.16

La reunión de alcaldes del 4 de septiembre. Anexo obligado.

Celebrado ya, en Bilbao, el acto convocado por el Lehendakari del Gobierno Vasco, reuniendo a 114 alcaldes de nuestra Comunidad Autónoma, me parece oportuno realizar algunas consideraciones sobre lo allí visto y escuchado.

a) Lo menos importante (pero no irrelevante).

Se pudo constatar, una vez más, la obsesión de los responsables del área de Paz y Convivencia del gobierno vasco por obviar y suprimir cualquier referencia al trabajo realizado en ese ámbito por gobiernos anteriores. Al abandono del símbolo de la memoria, la flor “siempreviva”, se une la utilización de un nuevo término, retratos municipales de la memoria, para obviar el mucho más asentado “Mapa de la Memoria”, siendo así que su significado esencial es el mismo. La pretensión de ruptura con lo anterior se reitera con la presentación del proyecto como si fuera algo novedoso, cuando es sabido que viene a ser continuación e impulso del proceso de reconocimiento individualizado a todas las víctimas, precisamente en la localidad donde fueron asesinadas, que iniciaron gobiernos anteriores, bajo la idea ya expresada del Mapa de la Memoria. La novedad, ahora, reside en la incorporación, como destinatarios del reconocimiento, de las víctimas de abusos policiales con resultado de muerte.

La inclusión en los listado entregados a los alcaldes de los nombres de las víctimas de la violencia policial ilegítima se efectúa de manera un tanto precipitada, debido a la ausencia de un procedimiento de reconocimiento oficial, que permita la verificación de cada caso, obteniendo un resultado indubitado, en previsión de problemas y polémicas innecesarias. Es poco presentable, por su escaso rigor, manejar con el carácter que se pretende, listas donde se incluyan casos “confusos” que hay que investigar. Lo razonable sería priorizar el proceso de reconocimiento de estas víctimas, ya iniciado por el gobierno anterior, y estar a su resultado para incorporarlo después a los listados correspondientes, actuando así con el rigor que el tema requiere.

El encuentro no fue concebido como un acto en el cual pudieran producirse avances en acuerdos entre partidos políticos respecto a las cuestiones de reconocimiento a las víctimas o, en general, sobre la paz y la convivencia. Ni se diseñó con ese objetivo, ni se trabajó para conseguir tal fin. El problema es que se vendió con tanta alharaca que llegó a parecer mucho más de lo que pretendía. ¡Ay, los vendedores de humo!  Era evidente que el objetivo era tan sencillo – pero tan importante – como publicitar la voluntad del gobierno de completar el proceso de reconocimiento a todas las víctimas de la violencia con intencionalidad política, habidas en nuestra tierra, implicando a las entidades locales y desde la imprescindible individualización de las mismas. Un problema de comunicación, del gobierno hacia los partidos y hacia la propia opinión pública.

b) Lo importante (lo que realmente debe contar).

El acto puso de manifiesto la implicación personal del Lehendakari en el proceso mencionado, destacando la rotundidad con que alentó a los regidores presentes a que respondieran a su emplazamiento: todos tenemos que ser capaces de reconocer la injusticia de todas las violencias que generaron este sufrimiento, en clara alusión a la izquierda abertzale, respecto a la violencia de ETA.

La participación activa de Urkullu debería servir para que funcione no solo la persuasión ética, sino también la disciplina partidista y, al menos, sus huestes respondan de manera efectiva a la interpelación, extendiéndose la creación de espacios de memoria en los lugares donde aún no se han creado y celebrando actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas de esas localidades.

La fuerza de la imagen del centenar largo de alcaldes de Euskadi detrás del Lehendakari es alentadora, en ese sentido. No creo que el efecto vaya a ser inmediato y dudo que se perciba de manera notable de cara al próximo 10 de noviembre, pero lo importante no es un día, sino la fortaleza del proceso, la convicción con que cada quien aborde la tarea. Lo esencial es la extensión de la concienciación y la sensibilización respecto a la necesidad del reconocimiento pretendido, en el marco de una política pública de memoria que sea crítica con cualquier práctica vulneradora de derechos humanos y que contribuya a deslegitimar la violencia terrorista. Y, en este aspecto, el acto constituyó un notable avance.

Por lo demás, sigo pensando que, más allá del simbolismo que pueda tener, será más importante el discurso público, el desarrollo claro y rotundo de las ideas, que la teatralidad o la imagen de cada acto concreto, a la hora de asumir, por un lado, la igualdad en derechos de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y de subrayar, por otro y, sobre todo, las diferencias entre las violencias que las generaron y su virtualidad para negar la teoría del conflicto y la justificación de alguna de ellas.

5.6.15

La reunión de alcaldes del 4 de septiembre y el Mapa de la Memoria

El Lehendakari Urkullu ha convocado el 4 de septiembre, a todos los alcaldes de Euskadi, en la sede del Instituto de la Memoria en Bilbao, al objeto de hacerles partícipes de una invitación expresa para que organicen actos de reconocimiento y homenaje tanto a las víctimas del terrorismo como a las de abusos policiales, el 10 de noviembre, Día de la Memoria en nuestra Comunidad Autónoma, conforme a lo establecido por nuestras instituciones hace ya varios años. Al mismo tiempo, les instará a que creen espacios de memoria dedicados a todas esas personas que han sufrido vulneración del derecho a la vida por violencia de motivación política.

El Lehendakari hará entrega a cada primer edil asistente de una relación de las víctimas habidas en su localidad, para que puedan trabajar sobre esa base, subrayando así la individualización del recuerdo y la repersonalización de quienes perdieron su vida de manera totalmente cruel e injustificada. Con esta iniciativa, se pretende, en definitiva, involucrar a las instituciones locales, más próximas a los ciudadanos, en las políticas públicas de memoria que se pongan en marcha en nuestra Comunidad. Cierto es que la novedad de estos listados viene dada por la inclusión en los mismos de las personas que perdieron la vida a consecuencia de abusos policiales, siendo así que este colectivo aún no ha sido debidamente reconocido con carácter oficial y previa certificación administrativa, que evite cualquier duda al respecto, como ha ocurrido con las víctimas del terrorismo. En tal sentido, es una lástima la paralización producida en esta legislatura en el proceso de reconocimiento de las víctimas de abusos policiales, fruto de una cierta incapacidad negociadora de este gobierno en el área correspondiente.

Pero, por encima de las discrepancias que se han podido suscitar, fundamentalmente en relación a las equiparaciones y al supuesto aliento o pábulo a la teoría del conflicto y, por tanto, a la justificación o legitimación de alguna de las violencias, aplaudo con rotundidad la iniciativa. Es más, quiero reconocer expresamente la implicación personal del propio Urkullu, que será, por otra parte, la que posibilitará que sea real y sólido el impulso pretendido.

En efecto, cualquier política de memoria que se lleve a cabo en Euskadi, ha de pasar por los dos ejes fundamentales que caracterizan la iniciativa del día 4 de septiembre: la necesaria individualización de los reconocimientos y de todas las víctimas y la implicación de los ayuntamientos, a través de la creación de espacios de memoria y organización de actos en el día institucional elegido para ello.

Así lo vimos con claridad meridiana, Maixabel Lasa, Jaime Arrese y yo mismo, cuando, gestionando la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, iniciamos, allá a comienzos de 2007, la tarea de involucrar a los ayuntamientos en el reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo habidas en cada localidad. Más tarde, con el gobierno socialista de Patxi López, esta iniciativa tomó cuerpo en lo que denominamos Mapa de la Memoria, término que, con mayor o menor fortuna, ha venido empleándose hasta la actualidad.

Recuerdo la ardua – e ingrata, en no pocas ocasiones – labor que supuso la visita a múltiples alcaldes de los tres territorios históricos, proponiéndoles un proyecto que, en aquella época, aún resultaba delicado y perturbador para la relativa calma política de muchos municipios vascos. Comprobamos cómo, por encima de afiliaciones partidistas, las respuestas de los distintos alcaldes interpelados, dependía, sobre todo, de su sensibilidad y empatía hacia las víctimas, así como de su compromiso personal con la justicia que entrañaba para ellas su reconocimiento y homenaje en el mismo pueblo donde fueron asesinadas. Me resulta imposible no traer al recuerdo y mencionar la implicación e incluso entusiasmo de alcaldes como Alberto Ruiz de Azua, en Arrigorriaga, Loly de Juan, en Basauri o los difuntos Juan José Ziarrusta e Iñaki Azkuna, en Durango y Bilbao, respectivamente. Otros, como Mikel Cabieces, de Portugalete o en Donosti, Odón Elorza, ya nos llevaban ventaja y habían organizado, por iniciativa propia, actos de reconocimiento y homenaje y creado espacios de memoria en sus respectivas poblaciones.

BilbaoDonostiEibar

El actual asesor de la Secretaría General de Paz y Convivencia, Enrique Ullibarriarana, recordará bien las múltiples llamadas que había que hacer a algunos alcaldes remolones, tras la primera visita, en la que les trasladábamos la propuesta y les animábamos a que se implicaran, ofreciéndoles todo nuestro apoyo y dejándoles el listado con los nombres y contactos de todas las víctimas del terrorismo habidas en su localidad; recordará Enrique cómo se tornaban escurridizos, huidizos y con agendas imposibles, demostrando con su displicencia, la incomodidad que les generaba una actividad perturbadora de la “paz social” del pueblo. Cuando alguien mostraba ya de manera clara su negativa actitud ante la propuesta, acudíamos a las altas esferas del partido correspondiente (PNV y, en menor medida, PSE) para que recibiera las correspondientes instrucciones, aunque tengo que confesar que con escaso éxito, probablemente porque el grado de implicación era, como he mencionado antes, más fruto de la sensibilidad personal que de la disciplina partidista.

A lo largo de 2007, 2008 y 2009 conseguimos ir sumando una buen puñado de municipios a la causa del Mapa de la Memoria, al tiempo que proponíamos la creación del Día de la Memoria y lanzábamos como logo o distintivo singular, la flor “siempreviva”, hoy tristemente relegada al olvido, tal vez porque alguno la identifica en exceso con el gobierno anterior. GOB_VASCO_obsequio_victimas_4

Si bien numéricamente esos ayuntamientos eran minoría, lo cierto es que agrupaban un porcentaje muy mayoritario de población de Euskadi y un importante número de víctimas. Téngase en cuenta que, por razones obvias, no visitamos ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale.

Fue así que, coincidiendo con la celebración del III Acto de Homenaje y Reconocimiento Institucional a las Víctimas del Terrorismo que el Gobierno Vasco organizó en Vitoria-Gasteiz el 29 de noviembre de 2009 (después de los celebrados en Bilbao y Donosti en 2007 y 2008), elaboramos una publicación en la que se recogían imágenes de todos los espacios y lugares de memoria existentes hasta ese momento en Euskadi, promovidos por distintos ayuntamientos. Esta publicación fue entregada a los asistentes a dicho acto.

Maixabel Lasa decía en el preámbulo de esta publicación:

En efecto, las ciudades y los pueblos vascos van convenciéndose de que recordar el pasado es condición imprescindible para construir un futuro en paz y libertad. Cada vez más lugares quieren erigir espacios visibles, que no pasen desapercibidos, en los que se recuerde que vecinos y ciudadanos inocentes de esos pueblos fueron injustamente asesinados y que el testimonio y el sacrificio ofrecido por éstos, debe ser conocido y reconocido por las nuevas generaciones, como el mejor legado y el mejor servicio que pueden prestar los vivos por los que ya no están entre nosotros.

Pero el mapa de la memoria no es solo una guía útil y necesaria para viajar en el tiempo y en el espacio moral. El mapa de la memoria garantiza y preserva, además, un relato del pasado y una versión de la historia desde la visión del inocente. Una visión que denuncia la perversidad y la falsedad del discurso del verdugo y sus excusas. La memoria y su visibilización se convierten, así, en el mejor y más potente antídoto frente a la administración estratégica del olvido y contra las tentaciones del revisionismo histórico.”

No me resisto a la tentación de reproducir un texto incluido en la publicación, por su elocuencia respecto a la intencionalidad de la iniciativa.

El mapa de la memoria que se presenta en este documental es un mapa imperfecto e inacabado. La visibilización de las víctimas del terrorismo es un fenómeno que ha cobrado importancia durante los últimos años. Ese proceso, absolutamente necesario, no ha sido, sin embargo, justo con todas las personas que han sufrido la violencia terrorista. Conocemos a unas víctimas más que a otras. Recordamos más a las recientes que a las pasadas. Unas pocas, muy pocas, tienes calles y esculturas en su memoria. La gran mayoría, anónimas todas ellas, comienzan a ser recordadas ahora, aunque no de modo individual. Por ello, es conveniente e imprescindible destacar este hecho, también, como un acto de justicia y reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo. Porque todas ellas tienen nombres y apellidos y todas ellas tienen el mismo derecho a ocupar un lugar especial y visible en el mapa de la memoria colectiva de nuestro pueblo“.

En aquel acto, se proyectó este magnífico documental elaborado por Susana Iturrioz (Comisaria que fue de la excelente exposición Biltimak, del parlamento vasco, promovida por su entonces presidenta, Izaskun Bilbao), que sirvió, entre otras cosas, para abrir los ojos a mucha gente en relación a lo que se había hecho ya y a lo que se estaba haciendo en Euskadi en favor del reconocimiento de las víctimas del terrorismo y de su memoria. Dejo aquí el video, recomendando vivamente su visualización.

https://youtu.be/x9LC20TGSos

El viernes, día 4 de septiembre de 2015, el Lehendakari Urkullu, con su implicación personal, dará el impulso, espero que definitivo, para cerrar un proceso que se inició hace unos años. Pocos, pero parecen decenios, tan diferente es la situación en la que vivimos ahora respecto a la de entonces. Ojalá todo vaya bien, aunque ello dependerá de la respuesta final de los diferentes alcaldes y, especialmente, de la actitud que adopte Bildu, a quien se le presenta una magnífica oportunidad de seguir avanzando en su proceso de reconocimiento de los afectados por el terrorismo de ETA.

Y ojalá también, quienes sostenemos que todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos tienen los mismo derechos (Verdad, Justicia y Reparación) y que no caben discriminaciones en ese ámbito, podamos seguir defendiendo esta iniciativa, porque de ninguna manera comporte que esta equiparación se haga extensiva a las violencias que generaron los distintos sufrimientos. Todas ellas injustas, pero con legitimaciones sociales bien diferenciadas. La preservación de este tipo de actos respecto a la teoría del conflicto y a la no equiparación de violencias es tarea y responsabilidad de todos y especialmente de quienes elaboran discurso público. Ahí es donde debemos empeñarnos.

Confiemos, pero vigilantes.

3.9.15