La reunión de alcaldes del 4 de septiembre. Anexo obligado.

Celebrado ya, en Bilbao, el acto convocado por el Lehendakari del Gobierno Vasco, reuniendo a 114 alcaldes de nuestra Comunidad Autónoma, me parece oportuno realizar algunas consideraciones sobre lo allí visto y escuchado.

a) Lo menos importante (pero no irrelevante).

Se pudo constatar, una vez más, la obsesión de los responsables del área de Paz y Convivencia del gobierno vasco por obviar y suprimir cualquier referencia al trabajo realizado en ese ámbito por gobiernos anteriores. Al abandono del símbolo de la memoria, la flor “siempreviva”, se une la utilización de un nuevo término, retratos municipales de la memoria, para obviar el mucho más asentado “Mapa de la Memoria”, siendo así que su significado esencial es el mismo. La pretensión de ruptura con lo anterior se reitera con la presentación del proyecto como si fuera algo novedoso, cuando es sabido que viene a ser continuación e impulso del proceso de reconocimiento individualizado a todas las víctimas, precisamente en la localidad donde fueron asesinadas, que iniciaron gobiernos anteriores, bajo la idea ya expresada del Mapa de la Memoria. La novedad, ahora, reside en la incorporación, como destinatarios del reconocimiento, de las víctimas de abusos policiales con resultado de muerte.

La inclusión en los listado entregados a los alcaldes de los nombres de las víctimas de la violencia policial ilegítima se efectúa de manera un tanto precipitada, debido a la ausencia de un procedimiento de reconocimiento oficial, que permita la verificación de cada caso, obteniendo un resultado indubitado, en previsión de problemas y polémicas innecesarias. Es poco presentable, por su escaso rigor, manejar con el carácter que se pretende, listas donde se incluyan casos “confusos” que hay que investigar. Lo razonable sería priorizar el proceso de reconocimiento de estas víctimas, ya iniciado por el gobierno anterior, y estar a su resultado para incorporarlo después a los listados correspondientes, actuando así con el rigor que el tema requiere.

El encuentro no fue concebido como un acto en el cual pudieran producirse avances en acuerdos entre partidos políticos respecto a las cuestiones de reconocimiento a las víctimas o, en general, sobre la paz y la convivencia. Ni se diseñó con ese objetivo, ni se trabajó para conseguir tal fin. El problema es que se vendió con tanta alharaca que llegó a parecer mucho más de lo que pretendía. ¡Ay, los vendedores de humo!  Era evidente que el objetivo era tan sencillo – pero tan importante – como publicitar la voluntad del gobierno de completar el proceso de reconocimiento a todas las víctimas de la violencia con intencionalidad política, habidas en nuestra tierra, implicando a las entidades locales y desde la imprescindible individualización de las mismas. Un problema de comunicación, del gobierno hacia los partidos y hacia la propia opinión pública.

b) Lo importante (lo que realmente debe contar).

El acto puso de manifiesto la implicación personal del Lehendakari en el proceso mencionado, destacando la rotundidad con que alentó a los regidores presentes a que respondieran a su emplazamiento: todos tenemos que ser capaces de reconocer la injusticia de todas las violencias que generaron este sufrimiento, en clara alusión a la izquierda abertzale, respecto a la violencia de ETA.

La participación activa de Urkullu debería servir para que funcione no solo la persuasión ética, sino también la disciplina partidista y, al menos, sus huestes respondan de manera efectiva a la interpelación, extendiéndose la creación de espacios de memoria en los lugares donde aún no se han creado y celebrando actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas de esas localidades.

La fuerza de la imagen del centenar largo de alcaldes de Euskadi detrás del Lehendakari es alentadora, en ese sentido. No creo que el efecto vaya a ser inmediato y dudo que se perciba de manera notable de cara al próximo 10 de noviembre, pero lo importante no es un día, sino la fortaleza del proceso, la convicción con que cada quien aborde la tarea. Lo esencial es la extensión de la concienciación y la sensibilización respecto a la necesidad del reconocimiento pretendido, en el marco de una política pública de memoria que sea crítica con cualquier práctica vulneradora de derechos humanos y que contribuya a deslegitimar la violencia terrorista. Y, en este aspecto, el acto constituyó un notable avance.

Por lo demás, sigo pensando que, más allá del simbolismo que pueda tener, será más importante el discurso público, el desarrollo claro y rotundo de las ideas, que la teatralidad o la imagen de cada acto concreto, a la hora de asumir, por un lado, la igualdad en derechos de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y de subrayar, por otro y, sobre todo, las diferencias entre las violencias que las generaron y su virtualidad para negar la teoría del conflicto y la justificación de alguna de ellas.

5.6.15

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Un comentario en “La reunión de alcaldes del 4 de septiembre. Anexo obligado.

  1. Añado este comentario después de conocer la noticia de la detención de cuatro jóvenes, por la comisión de un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, al considerarlos organizadores de un acto de homenaje a la miembro de ETA muerta por la policía en el año 1987, Lucía Urigoitia.

    La inclusión de Lucía Urigoitia en los “retratos municipales de memoria” evidencia el error de esta iniciativa del gobierno vasco, señalado en mi post, al no esperar a finalizar el proceso de reconocimiento oficial de las víctimas de la policía, después de un proceso de verificación que despeje el mayor número de dudas posible, aclare circunstancias y permita establecer conclusiones más pacíficas y con que generen menos polémica.

    No se trata de cuestionar ahora si Urigoitia merece ser considerada víctima o no, sino de subrayar que su caso merece ser debidamente analizado, con rigor, al modo en que lo ha venido haciendo la Comisión de Valoración que trabaja en el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales del período 1960-1978.

    En definitiva, primero la clarificación de hechos y la determinación de la verdad y luego la aplicación al caso concreto de la memoria y su inclusión en los listado correspondientes.

    Y no la precipitación en que incurrió la Secretaría General de Paz y Convivencia, que sacrificó el rigor en aras del equilibrio político.

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