Stolpersteine

Parece increíble, pero todavía mucha gente entre nosotros desconoce que varios miles de españoles, de republicanos españoles exiliados tras el final de la Guerra Civil, fueron deportados desde Francia a campos de concentración nazis, especialmente el de Mauthausen. Casi diez mil, de los cuáles murieron prácticamente el 60%.

El proyecto “Stolpersteine”, puesto en marcha por el escultor aleman Gunter Demnig hace ya 27 años, consiste en una pequeño bloque de cemento cubierto en una de sus caras por una fina lámina de latón donde graba artesanalmente el nombre de una víctima del horror de esos campos. Se coloca en suelo público, cerca del último domicilio conocido de la víctima.

El proyecto se ha extendido por toda Europa, convirtiéndose, como decía Alicia Torija, en el micromonumento más grande el mundo. Ahora llega a Madrid y hemos podido contar con la presencia del escultor alemán, en un acto cargado de emotividad por la presencia de numerosos familiares de deportados, reconfortados con y por la iniciativa.

Qué importante es recordar a las víctimas de las injusticias…Qué importante es preservar la memoria. que conforma también nuestra identidad.

 

 

25.4.19

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Una coherencia necesaria

Publicado en “Eldiarionorte.es”, el 30 de diciembre de 2016.

En Euskadi ha habido violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, generadas en un contexto de intensa violencia de motivación política, especialmente protagonizada por ETA y sostenida a lo largo de varias décadas.

Por otra parte, en el conjunto de España, tras el final de la guerra civil y con la instauración del férreo régimen dictatorial militar del general Franco, se llevó a cabo una política sistemática de represión política, con vulneraciones graves de los derechos humanos, también en un periodo temporal que se prolongó varias décadas.

Evidenciamos así que hay, al menos, un elemento común en ambos supuestos: la existencia de violaciones graves de derechos humanos.

Conforme a la doctrina internacional de estos derechos, recogida en tratados internacionales suscritos por España y que, por ello, resultan de aplicación como legislación interna, las víctimas de estas vulneraciones ostentan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La legislación sobre víctimas del terrorismo en España, a través de la ley 29/2011, vino a recoger esta idea al afirmar su exposición de motivos lo siguiente:

“Esta Ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo de la víctima, vinculando sus derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democráticas y señalando correlativamente obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensación de quienes han sufrido el terrorismo.”

Su artículo 2º incorpora la idea al texto normativo así:

“Artículo 2. Valores y finalidad. 1. Esta Ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.”

Con mayor atrevimiento, la legislación vasca sobre víctimas del terrorismo ya había abordado, tres años antes, en su ley 4/2008, el mismo planteamiento, tanto en su exposición de motivos como en su texto articulado.

En efecto, memoria, dignidad, justicia y verdad, son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente Ley buscando en última instancia la reparación integral de la víctima.

(…) se han tomado como fuente de inspiración documentos internacionales, de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea, sobre la protección de las víctimas ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

En el caso vasco (…) podemos hablar, por tanto, de la existencia de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, tanto las cometidas por el terrorismo de ETA como las protagonizadas en el pasado por los grupos de extrema derecha y el propio GAL. En este sentido, no se trata de llevar a cabo una transposición al Derecho interno de normas de carácter internacional, sino tan solo de reconocer la conexión interpretativa y doctrinal de las disposiciones recogidas fundamentalmente en el mencionado título II del texto legal. Una de las consecuencias claras y evidentes de esta inspiración se refleja en la definición de derechos de las víctimas. No es baladí que la presente ley trate a las víctimas del terrorismo como sujetos de derechos, aunque el contenido de estos sea esencialmente programático. Y así se enuncia precisamente el mencionado título II. Acogiendo las referencias de los instrumentos internacionales en la materia, afirmamos que los derechos de las víctimas que se originan ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos reposan sobre tres pilares básicos, a saber: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación”.

Las administraciones públicas han tenido y tienen referencias legislativas ciertas y precisas para desarrollar sus políticas sobre víctimas del terrorismo, en las cuáles han destacado especialmente las iniciativas de reparación material y reparación moral.

La pregunta que cabe hacerse en este momento, transcurridos cinco años desde el final del terrorismo de ETA y cuarenta después del final de la dictadura es ¿Por qué las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista no tienen una legislación equiparable a la de las víctimas del terrorismo en cuanto al reconocimiento de sus derechos, si todas ellas lo son de vulneraciones graves de derechos humanos?

Los esfuerzos bienintencionados de la ley 52/2007, conocida como ley de memoria histórica, no han permitido alcanzar el nivel de protección de derechos de las víctimas de la dictadura franquista que luego se plasmaría en las legislaciones sobre víctimas del terrorismo.

Por otro lado, en los últimos años, al amparo de la legislación citada anteriormente, se impulsan numerosas iniciativas públicas de memoria en favor de las víctimas del terrorismo. Hay sectores políticos que se significan especialmente (con razones que comparto) en la defensa y promoción de estas iniciativas. Sin embargo, cuesta aceptar la incongruencia que supone la actitud no solo renuente sino obstativa que estos mismos sectores políticos adoptan cuando se trata de abordar iniciativas de memoria en favor de las víctimas de la dictadura franquista. Una incongruencia que recuerda a la de aquéllos que, en Euskadi, se afanan en dirigir su mirada solo al futuro, mostrando serias reticencias a revisar un pasado que no les deja en muy buen lugar, al tiempo que enarbolan sin pudor la bandera de una memoria histórica algo más remota.

Es imprescindible e inaplazable una revisión de la legislación sobre memoria histórica en España que reconozca los derechos de las víctimas del franquismo a la verdad, la justicia y la reparación, aún con las limitaciones recogidas en la legislación sobre víctimas del terrorismo. Igualmente se impone una reflexión en el ámbito político, presidida por la necesidad de congruencia. Hemos de impulsar políticas de memoria donde las tensiones y polémicas no provengan de las sombras generadas por una insuficiente deslegitimación de la dictadura o del terrorismo, objetivos irrenunciables de cualquier política pública de memoria.

18.12.16

¡No me toques los símbolos! A cuenta del General Millán Astray.

Ya lo he dicho en más de una ocasión. Nunca dejaré de sorprenderme con el potencial movilizador que tienen los símbolos. Creo que lo comenté cuando hablé aquí mismo de la tarea del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid y de la repercusión de su labor cuando se trata de abordar el tan polémico asunto de la revisión del callejero, en aplicación de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica. Pues bien, llevamos unas semanas a vueltas con una de las propuestas que el citado Comisionado planteó en el mes de julio: la retirada de la calle al General Millán Astray y la denominación de la misma como Avenida de la Inteligencia.

Varias Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios presentaron ante el Ayuntamiento de Madrid un escrito en el que mostraban su desacuerdo con la propuesta y las razones en las que basaban dicha oposición. La Presidenta del Comisionado, Paquita Sauquillo y yo mismo, mantuvimos una reunión con ellos en la que pudieron además, trasladarnos de viva voz sus argumentaciones. Esta misma semana, el Comisionado se ha reunido y ha resuelto las alegaciones presentadas por las Hermandades y, mediante escrito debidamente motivado, presentado y explicado también de viva voz en reunión posterior con sus representantes, rechazó su petición, junto a las razones de la misma.

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Suscitada la polémica, aunque de tono menor, creo de interés dar a conocer aquí la posición mantenida al respecto por el Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, en lo tocante a la justificación de la propuesta de retirar la calle al General Millán Astray, de manera que reproduzco lo sustancial del escrito entregado a los alegantes.

En primer lugar, el Comisionado quiere dejar muy claro que la decisión adoptada en su propuesta nada tiene que ver con la Legión ni con la fundación de dicha unidad del ejército.

En este sentido, el Comisionado manifiesta su más profundo respeto hacia el cuerpo de la Legión, al tiempo que un reconocimiento sincero de la labor que viene desarrollando en los últimos tiempos, en diversos lugares del mundo, como partícipes de misiones de paz y cooperación en las que participa activamente el gobierno de España.

Tan es así, que este organismo no habría tenido inconveniente alguno en aceptar el estudio de una propuesta para denominar una calle como “Calle de la Legión”, si no fuera porque ya existe una con el nombre de calle del Tercio, en el Distrito de Carabanchel. Como dice Luis Miguel Aparisi en su estudio Toponimia Madrileña (página 1118), la denominación de esta calle constituye un “homenaje a la Legión Española y su Tercio de Voluntarios, fundado por Millán Astray, del que fue primer lugarteniente el comandante Francisco Franco Bahamonde”.

En segundo término, quiere aclarar el Comisionado que la propuesta de retirar la calle al General Millán Astray no se fundamenta en un juicio de valor sobre la biografía completa del citado militar. No se niegan por parte del Comisionado aquellos aspectos dignos de alabanza y aplauso que presenta la trayectoria vital de Millán Astray. Incluso no hay empacho en reconocerlos. Claro que nadie niega la tarea social que llevó a cabo en los últimos años de su vida. Pero ése no es el quid de la cuestión. Y sospechamos que tampoco fueron estos los motivos determinantes que influyeron en los mandatarios municipales madrileños cuando le concedieron el nombre de la calle en la ciudad de Madrid.

Lo que se valora fundamentalmente en la figura de Millán Astray, a efectos de entender aplicable el artículo 15 de la Ley 52/2007, es su condición de Jefe de Prensa y Propaganda del bando sublevado primero y del régimen de dictadura militar implantado tras el final de la guerra civil, después. Entre los cometidos que, en el ejercicio de tal responsabilidad, llevó a cabo, estuvo la creación de Radio Nacional de España.

Es sabida la trascendencia que la radio tuvo como medio de comunicación en el transcurso de la contienda bélica, por su importantísimo potencial propagandístico. La Guerra Civil Española también se disputaba en el terreno de las ondas. La comunicación jugaba un papel fundamental y, en ese contexto, Franco decidió fundar Radio Nacional de España en enero de 1937 y desde entonces tendrá un papel dominante en la maquinaria propagandística franquista. Y colocó al frente de dicha empresa a su leal amigo, el General Millán Astray.

A modo de ejemplo del citado valor y del papel que jugó en la contienda, viene a cuento traer a colación la manera en que el bando nacional pretendió tergiversar la autoría del bombardeo de Guernica, apenas escasos días después del luctuoso acontecimiento, utilizando para ello, las ondas de Radio Nacional de España, con el conocido comunicado “Mentiras, mentiras, mentiras”.

La responsabilidad del general Millán Astray en la maquinaria propagandística durante la propia guerra no es menor, como queda dicho. Y qué duda cabe de que, si bien es cierto que no tuvo una participación directa en acciones bélicas, sí la tuvo y muy activa en el importante frente de la propaganda, que no deja de ser otra manera de participar en la contienda.

El artículo 15 de la Ley 52/2007 dice literalmente:

“Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Pues bien, a los efectos de la aplicación de este artículo, las acciones referidas de la vida de Millán Astray son subsumibles en el concepto de exaltación de la guerra civil y de la dictadura franquista, a juicio de este Comisionado.

Entiende este organismo que el General Millán Astray participó de forma notoria y singular en estructuras políticas que fueron relevantes para el sostenimiento del sistema dictatorial implantado por Franco durante y después de la guerra.

En un plano menor, pero con significación también en la tarea desarrollada por el Comisionado, cabe señalar que el General Millán Astray fue uno de los grandes valedores del General Franco, en su ascenso al liderazgo único de la sublevación militar, con las consecuencias posteriores, en términos de jefatura única del estado.

Cabe recordar que, si bien Millán Astray no estuvo en el mismo momento de la sublevación, por hallarse fuera de España, acudió con la mayor celeridad a sumarse al levantamiento y a ponerse a las órdenes del General Franco, quien, como ha quedado dicho, le asignó las responsabilidades de prensa y propaganda sólo por su condición de general, tal y como lo recuerda en sus memorias quien fue su segundo o mano derecha en esa responsabilidad, el escritor Ernesto Giménez Caballero (“Memorias de un dictador”. 1979).

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En última instancia, y también con rango menor en la motivación de la propuesta realizada, los estudios elaborados sobre el incidente ocurrido en Salamanca el 12 de octubre de 1936, en el que participó don Miguel de Unamuno, y que el Comisionado ha tenido en consideración, apuntan en una dirección distinta a la recogida en el escrito de alegaciones interpuesto. Más bien ratifican la versión más extendida y conocida del mismo. El propio Ernesto Giménez Caballero admite la autoría de Millán Astray respecto al grito “Mueran los intelectuales” (Ibídem, página 88).

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Por último, y al margen ya del fondo de la cuestión, el Comisionado quiere subrayar dos cuestiones:

Por un lado, una afirmación rotunda y contundente respecto a la ausencia absoluta de odio o revanchismo en sus razonamientos y propuestas.

Por otro, el nada baladí recordatorio de que el trabajo del Comisionado se limita a elaborar una propuesta que se elevará al Pleno a finales de año, momento en el cual, cabe suponer que, previo el correspondiente debate, se adoptará el acuerdo pertinente por el Ayuntamiento. No hay acuerdo aún, por tanto, sino solo propuesta.

23.9.16

El Comisionado de Memoria Histórica de Madrid y la modificación del callejero. “Una medida pedagógica”.

A nadie se le escapa la brutal carga simbólica que Madrid tiene en todos los órdenes respecto al conjunto de España. Sin duda, su condición de capital del Estado obra de manera determinante en tal sentido. Todo es más grande, todo es más importante, todo es más trascendente. Y tal vez es esa diferente dimensión de todas las cosas lo que más me ha chocado en los dos meses largos que llevo trabajando allí.

La memoria histórica, incluso a pesar de lo controvertido del propio término, ha sido uno de los asuntos presentes en la política española desde mediados de la primera década del presente siglo, constituyendo uno de los momentos álgidos de esta notoriedad, la aprobación por las Cortes Generales  de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La aplicación de esta Ley, en términos generales, ha sido más bien irregular y ha dejado mucho que desear, con notorios y graves incumplimientos por parte de numerosas administraciones. Entre ellas, se encuentran las de Madrid, tanto su Comunidad como su Ayuntamiento, que se han caracterizado por su renuencia a dar paso alguno en la dirección impuesta por la referida Ley. No es mi intención ahora analizar con minuciosidad este incumplimiento, más allá del significado político de dicha actitud.

Como decía al principio, Madrid es el gran símbolo nacional. Por ello, el muro de contención levantado por el Partido Popular desde la Comunidad y el Ayuntamiento en sus años de gobierno frente a la aplicación de la Ley y frente a las reivindicaciones de los sectores que lo demandaban, gozaba de una significación especial: La resistencia a aceptar plenamente la filosofía que trufa la Ley de 2007, desarrollada en su cuidada exposición de motivos, como postulado político esencial del partido. La realidad es que el PP no ha tenido empacho alguno – al contrario – en levantar la bandera de la oposición a cualquier medida que supusiera cumplimiento legal. Cumplimiento de una Ley vigente, por cierto, puesto que ni con la mayoría absoluta de la que ha gozado en esta última legislatura, se ha avenido a derogarla, al menos de derecho (lo del vaciado del presupuesto supuso una suerte de derogación de facto).

Con el nuevo gobierno municipal surgido tras las últimas elecciones y bajo el mandato de la alcaldesa Manuela Carmena, el Ayuntamiento está dando los pasos necesarios para subsanar esa anomalía y, a través de una figura creada hace tres meses, el Comisionado de Memoria Histórica, pretende implementar cuantas medidas resulten convenientes para dar cumplimiento a la Ley y para promover una política pública de Memoria en la ciudad de Madrid. Los primeros pasos ya se han dado y, entre ellos, destaca su primera propuesta en relación a la modificación del callejero de la capital, cuestión mediática y polémica donde las haya, que levanta pasiones y suscita polémicas.

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Publicitada la pasada semana esta primera propuesta elaborada por el Comisionado, de retirada de algunas calles y consiguiente nueva denominación de las mismas, los miembros del citado órgano han querido defender su trabajo a través de un artículo publicado en el periódico El País el día 26 de julio. Por su gran interés, lo reproduzco a continuación:

 

Una medida pedagógica

“Los abajo firmantes hemos sido encargados por el Ayuntamiento de Madrid de revisar el callejero y la simbología existente en lugares públicos con el fin de cumplir el artículo 15 de la Ley 52/2007 (habitualmente conocida como Ley de la Memoria Histórica y referida a la reparación debida a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo), que exige la retirada de todo símbolo público que exalte la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura franquista. Querríamos hoy justificar públicamente nuestra tarea.

Las medidas reparatorias que unas autoridades democráticas deben tomar después de un período de guerra civil o dictadura constituyen un terreno de gran complejidad en términos de filosofía y ética política. Hay que rechazar, desde luego, todo ánimo revanchista. No se trata de enmendar la historia, ni de demostrar que han llegado ahora al poder quienes perdieron la guerra hace ochenta años.

Tampoco nos hemos dejado llevar por la idea, expuesta por el filósofo Georges Santayana, de que los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo.

El recuerdo ayuda, sin duda, a prevenir riesgos futuros. Pero el pasado no se repite de manera mecánica y fatal. La ley de la historia es más bien el cambio, y uno de esos cambios son las transiciones a la democracia. En el caso español, hay muchas razones para creer que acontecimientos trágicos como los iniciados en 1936 no volverán a ocurrir. La sociedad ha cambiado radicalmente, se ha elevado nuestro nivel económico y cultural, hay una democracia estabilizada y han desaparecido aquellas pasiones políticas que llevaron a la gente a la barbarie del exterminio mutuo.

Tampoco nos guía la idea de hacer justicia, en sentido literal del término, es decir, restaurar la situación en el estado en que estuvo antes de que se conculcara el derecho. Esto es raras veces posible, y menos aún cuando ha transcurrido tanto tiempo.

Nadie puede devolver la vida a los que la perdieron, ni la juventud a quienes la pasaron en la cárcel, en el exilio o como miembros de una familia que, además de haber perdido a un ser querido, se vio obligada a vivir en el oprobio y la marginación. Lo único que ahora podemos hacer es rehabilitarles moralmente, pagar la deuda política y simbólica que tenemos con esas víctimas. Hay que proclamar en voz alta y delante de todos que muchos españoles sufrieron un tratamiento inmerecido y que sus familias pueden y deben caminar hoy con la cabeza bien alta. Si alguien debe sentir vergüenza somos los demás, por haber tardado tanto tiempo en rendirles este homenaje.

La razón más profunda que inspira medidas de este tipo fue explicada hace tiempo por Pablo de Greiff, comisionado de la ONU para el caso español, que visitó este país hace tres años y elaboró un informe muy crítico hacia la actitud de las autoridades españolas en este problema. Según él, estas medidas se justifican porque es necesario aumentar la confianza de los ciudadanos entre sí y entre ellos y las instituciones públicas. Las instituciones que toleran que una parte de la ciudadanía cargue con un tratamiento injusto se desprestigian. Quienes gobiernan una sociedad deben dejar patente que se guían por los valores y normas dominantes entre el conjunto de los ciudadanos.

No se trata, pues, de establecer una versión canónica del pasado que fije los méritos y responsabilidades de cada uno en conflictos internos muy complejos y las deudas derivadas de tales actuaciones. Tampoco de adentrarnos en pantanosos debates sobre la personalidad colectiva ni de hacer proyecciones de culpas y méritos pretéritos sobre grupos sociales del presente. Se trata de resolver un problema de los ciudadanos españoles actuales. Se trata de fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra moral cívica.

A partir de estas consideraciones, nuestro grupo ha trabajado sobre una treintena de calles cuya nomenclatura había sido cuestionada por Juntas de Distrito, asociaciones de vecinos o de memoria histórica o ciudadanos particulares. Y hemos acordado una primera propuesta sobre los casos más llamativos: principalmente, personajes que participaron de manera destacada en la rebelión militar de 1936 u ostentaron altos cargos del régimen represivo establecido en 1939.

Aunque otorgar nuevas denominaciones a esas vías públicas no era exactamente nuestra función (pues esto implica una voluntad política y debe corresponder por tanto a los órganos representativos de la ciudadanía madrileña), nos hemos atrevido también a lanzar, como sugerencias, una serie de propuestas alternativas. Con ello tratamos de facilitar la adecuación del callejero de esta ciudad a los valores cívicos y democráticos que corresponden al Madrid del siglo XXI. En este espíritu, hemos pensado que se debía homenajear a mujeres ilustres, a instituciones pedagógicas o personajes del mundo de la cultura que contribuyeron a engrandecer nuestro patrimonio inmaterial en tiempos difíciles y a políticos destacados por haber adoptado posiciones conciliatorias.

De los 27 nombres que proponemos, un tercio son meras reposiciones de denominaciones anteriores a 1939, o referencias geográficas políticamente neutras. Casi otros tantos se refieren a literatos o títulos literarios de relieve. Y el resto se reparten entre ideales abstractos (Inteligencia, Memoria, Concordia), personajes políticos (un comunista, un socialista y un anarquista, conocidos los tres por su espíritu apaciguador), mujeres (una falangista / feminista y una fiscal de violencia de género), militares (un republicano de 1936 y un liberal progresista del XIX) y asociaciones pedagógicas como la Institución Libre de Enseñanza.

El conjunto nos parece equilibrado. Hay, desde luego, lagunas, como la de los científicos, menos abundantes de lo deseable en la historia de este país, pero que por esa misma razón deben ser exaltados y celebrados con mayor fuerza. Habrá una segunda propuesta donde se intentará compensar esta y otras carencias.

La función de una medida de este tipo debe ser, sobre todo, pedagógica. No en sentido estricto, pues no queremos dar una lección de historia, ni mucho menos imponer una determinada versión del pasado. Pero sí en el de restaurar y fortalecer esa confianza entre los conciudadanos que una guerra civil rompe; la confianza de ellos entre sí y la de todos en unas instituciones que por ser democráticas debemos sentir como nuestras.

Unas instituciones que han de encarnar la justicia y han de reconocer y proclamar, en nombre de la comunidad, que entre 1939 y 1975 se cometieron actos y se vivieron situaciones de violencia que afectaron de manera injusta a muchos de nuestros conciudadanos. La democracia debe reconocerlo para disfrutar así de la confianza de todos. Sólo cuando se restablezca esa confianza se podrán considerar cerradas las heridas y extinguidas las deudas y responsabilidades.

Firmado: La Presidenta del Comisionado, Paquita Sauquillo, el vicepresidente, José Álvarez Junco y el resto de sus vocales: Teresa Arenillas, Octavio Ruiz Manjón, Andrés Trapiello, Santos Uría y Amelia Valcárcel.”

 

26.7.16