Política penitenciaria

ETXERA ¿Respeto a los derechos o reivindicaciones políticas?

Txema Urkijo Deja un comentario

Este artículo fue publicado originalmente el día 12 de agosto de 2025 en el blog de Gogoan-por una memoria digna, asociación que defiende una memoria digna como derecho de las víctimas y de la sociedad vasca en general. Una memoria que deslegitime la violencia y que sea pedagógica para prevenir situaciones como las vividas en Euskal Herria los últimos 50 años.

Para evitar despistarnos con debates de tiempos pasados, diremos que, al menos en la última década, la situación de los presos de ETA se ajusta y respeta el marco legal vigente. No porque lo diga yo, claro está, sino porque así lo corroboran las resoluciones judiciales recaídas cuando una (Fiscalía) u otra parte (las defensas de los internos) han acudido a la vía judicial al entender que se vulneraba en algún extremo la legislación vigente.

En unas ocasiones, los tribunales han rechazado las peticiones planteadas y, en otras, las han aceptado, pero el resultado final solo se puede entender como una confirmación o restauración de la legalidad. El frecuente recurso a los tribunales europeos no ha modificado, sino al contrario, en lo sustancial esta valoración.

Una consecuencia de esta afirmación es que carece de fundamento una reivindicación de respeto de los derechos de las personas pertenecientes en su día a ETA que cumplen actualmente condena por delitos de terrorismo. Al menos, de fundamento jurídico.

Sí parece que pueda tener sentido lo que más probablemente constituya la auténtica pretensión de quienes aprovechan las aglomeraciones festivas del estío para hacer oír su voz con el eslogan “ETXERA”, que no es otra que modificar la actual legislación penitenciaria, para conseguir un trato similar al de los presos llamados comunes.

Reivindicar derechos cuando, en realidad, se defienden objetivos de política legislativa, tal vez no sea una triquiñuela (cada uno que piense lo que quiera), pero sí induce a la confusión. Mucha gente de buena fe no tolera una vulneración de derechos. Negar a las personas presas lo que por ley les corresponde no es aceptable para cualquier defensor de los derechos humanos. Pero si se respeta la ley, el marco constitucional y el de derechos humanos a nivel internacional, tal vez no se sienta impulsado a suscribir ninguna reivindicación tendente a modificar una norma con el único objetivo real de que sujetos que han cometido graves delitos terroristas regresen antes a CASA.

A esta consideración debe añadirse otra no menor. Valorando como legítima – faltaría más – la pretensión de modificar la normativa penitenciaria para suavizar los requisitos de acceso al tercer grado y la libertad condicional, evitando con ello las interpretaciones excesivamente rigoristas de la fiscalía de la Audiencia Nacional y de la propia sala, su síntesis en la expresión ETXERA contiene una connotación especialmente significativa.

La eliminación de la excepcionalidad en la normativa penitenciaria aplicable a las personas de ETA que cumplen condena puede ser un objetivo de justicia material que se concentra en la aplicación equitativa de la ley, en el acto de su aplicación en sí mismo.

Sin embargo, en la formulación que, como hemos señalado, sintetiza esta reivindicación, “ETXERA”, hay un indudable y entrañable aroma de cariño, dulzura, calor, paz… Una referencia de enorme simbolismo, la casa. Son connotaciones que exceden el ámbito de la estricta búsqueda de una opción justa en la aplicación de una ley, para desplazarla a sus consecuencias, aquellas que visualizan mejor el objetivo político perseguido. Es la recompensa merecida, el reconocimiento, el tributo.

No seré yo quien juzgue estas legítimas motivaciones si se mueven en el terreno de lo personal o, al menos, de lo privado. Pero, resultando tan evidentes, no puede sorprender a nadie que haya una parte de la ciudadanía de este país (lástima que, como siempre, tan minoritaria) que eleve su enérgica protesta cuando se traslada al ámbito público.

El error – y esto lo comparto con SARE – es acudir a ese concepto tan escurridizo de la humillación de las víctimas. Pues no. Es comprensible que a las víctimas les pueda doler y molestar, pero esto no va de asuntos privados y esferas particulares, sino de ética pública y de defensa de un concepto de valores de ciudadanía. Sencillamente es éticamente intolerable (ojalá lo fuera también políticamente) que continúen las exhibiciones de apoyo, enaltecimiento, condescendencia y comprensión hacia quienes, habiendo provocado tanto dolor y sufrimiento a la sociedad y habiendo perturbado en tal grado la convivencia de este país, no han mostrado hasta la fecha el más mínimo signo de contrición.

Porque también a la ética pública (además de a la legislación penitenciaria) corresponde dar un trato diferente, mejor, a la persona delincuente que ha sido capaz de realizar un recorrido de reflexión personal autocrítica, asumiendo su responsabilidad en el daño ocasionado y reconocido como injusto.

Y, honestamente, no hay ni un gramo de intencionalidad política en estas líneas.

13.8.25

Llaves restaurativas, llaves de convivencia

Txema Urkijo Deja un comentario

Este sábado, 13 de enero, hay convocada una manifestación en Bilbao, bajo el lema «Konponbiderako giltzak-Llaves para la resolución». Además, los organizadores han elaborado un manifiesto y han creado una página web donde se recogen adhesiones al mismo tanto individuales como colectivas. Cabe pensar que todos ellos acudirán el sábado a Bilbao a exteriorizar con su presencia el apoyo a las tesis del manifiesto.

Envuelto en el manto de la convivencia, una adecuada contextualización permite entrever la reivindicación fundamental de una manifestación que ya es tradición en estas fechas posnavideñas. Este año se habla de giltzak. No en su función de cerrar sino para abrir. Y más en concreto, «abrir las puertas de la solución y la convivencia de par en par. Y para ello, tenemos que coger en la mano las llaves que abran la puerta del camino a casa de los presos y presas».

Esencialmente, denuncian la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional, en la aplicación de los requisitos exigidos para la concesión del tercer grado penitenciario, que constituye un régimen de semilibertad. Aunque, realmente, denuncian la excepcionalidad de la propia ley que establece esos requisitos única y exclusivamente para los condenados por delitos de terrorismo. Según la misma, el tercer grado está sujeto a «una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito», por parte del condenado. Es decir, arrepentimiento.

Desde el respeto a la convocatoria «Konponbiderako giltzak-Llaves para la resolución», yo quiero traer hoy a colación y compartir aquí esta reflexión de una persona que estuvo en ETA, que participó en asesinatos y que cumplió su condena. Creo que tiene más sentido que nunca.

«La asunción de mi responsabilidad» por Luis Carrasco

8.1.24

Ética, reinserción y justicia restaurativa

Txema Urkijo Deja un comentario

Este artículo fue publicado en «ElDiarioNorte.es» el día 4 de enero de 2023, suscrito por Edurne Albizu, Sergio Campo, Maite Leanizbarrutia, Peio Salaburu, Sabin Zubiri y Txema Urkijo.

Una vez más las diferentes organizaciones a favor de los presos de ETA convocan su manifestación anual. No se se trata de una movilización más: basta con tirar de hemeroteca hasta encontrar referencias a convocatorias con ciertas similitudes ya desde el año 1986 y puede que incluso antes. Una movilización prácticamente anual y de estas características, en la que la Izquierda Abertzale se vuelca al completo, tiene claramente una dimensión estratégica que va más allá de la manifestación en sí misma. 

Los presos de ETA han representado históricamente la figura de héroes-mártires en la Izquierda Abertzale y este tipo de convocatorias, más allá de lo que tienen de ritual, representan un importante elemento aglutinante de carácter emocional para el conjunto de su espacio. Es una herramienta cuidada y medida al milímetro, donde hay poco lugar para la improvisación y cada paso, palabra o símbolo empleados responden a una finalidad consciente. 

Pero todo esto no siempre ha sido tan evidente y diferentes agentes políticos y sociales ajenos a la Izquierda Abertzale han ido adhiriéndose y descolgándose de esta convocatoria, al tiempo que iban dándose cuenta de lo que su apoyo significaba. Los hechos siempre son definitorios: la incomodidad por la puesta en escena de una manifestación tan ritual así como la imposibilidad de mover una sola coma en lo sustancial del contenido. Lo aprendió rápidamente Gesto por la Paz en el año de la tregua de 1999, que la apoyó inicialmente y se descolgó de inmediato. O el PNV, que se retiró de forma definitiva de la misma en 2012. Y también una parte de la izquierda (Euskadiko Ezkerra, IU, Podemos…) o sindicatos como CCOO, que han ido oscilando en su posicionamiento. 

No obstante, es innegable que sus participaciones, puntuales o intermitentes, han contribuido involuntariamente a dar relevancia social y, sobre todo, a legitimarla como una convocatoria pro-Derechos Humanos. Sin lugar a dudas el elemento que ha pesado históricamente para decantar estas posiciones de grupos tan heterogéneos desde un punto de vista sociopolítico ha sido una causa justa como es el acercamiento y el trato humanitario para las personas presas.

Hoy, el hecho cierto es que más del 90% de las personas presas están ya en centros de Euskadi y Navarra y el resto en las provincias limítrofes (Cantabria, Burgos, La Rioja…). O en Lannemezan, centro próximo a Iparralde. Asimismo, el trato humanitario a los presos que tenía su máximo exponente en los que estaban gravemente enfermos, según indican diferentes fuentes, también está en avanzado grado de resolución. Los avances para poner fin a esta política penitenciaria de excepcionalidad se han logrado, en buena medida porque eran consecuencia de consensos transversales. 

Ambas cuestiones, acercamiento y trato humanitario, no solo han sido las que han permitido aglutinar a diferentes partidos, sindicatos y personalidades de la sociedad vasca, sino que han sustituido en las convocatorias de los últimos 15 años a la reclamación de la amnistía que realizaba con anterioridad la Izquierda Abertzale. Sin embargo, este año, la agenda pro-presos es otra y no tan desconectada de la primitiva a tenor del nuevo lema “etxera”, en realidad una petición de amnistía no tan encubierta: se solicita el paso a tercer grado penitenciario de todos los presos (solo es preciso volver a la prisión para dormir). 

En el año 2011, cuando ETA depuso las armas, había más de 700 miembros de la banda en prisión. 10 años después son en torno a 180 las personas que permanecen privadas de libertad. De ellas casi ninguna está ya en primer grado y no pocos están ya accediendo al tercer grado. Esta progresión de grado por razones diferentes a la humanitarias (artículo 72 de la LOGP) requiere –y nos parece que es lo adecuado– que el preso de forma individual demuestre que ha abandonado la violencia –habitualmente a través de una declaración escrita– y una petición de disculpas sinceras o perdón a las víctimas de su delito. Es decir, que emprenda un camino de reinserción social o justicia restaurativa. 

Hoy la justicia restaurativa también forma parte de los más básicos consensos de la sociedad vasca para abordar desde la justicia y la ética no solo la reinserción de los presos y presas, sino también la restauración de una convivencia con memoria. Y este consenso no se puede malograr. Que se haya alcanzado se lo debemos en buena medida a la difusión de experiencias reales puestas en marcha hace una década, a través de películas como Maixabel u obras de teatro como La mirada del otro y, por supuesto, al trabajo de colectivos pacifistas y de Derechos Humanos y a no pocas víctimas y victimarios que participaron en la Vía Nanclares. 

No es posible trabajar por los presos y su derecho a la reinserción desde un enfoque sincero de Derechos Humanos sin mencionar ni una sola vez la ética en relación con sus delitos y las víctimas

Esa Izquierda Abertzale que hasta hace poco consideraba literalmente una traición la reinserción y la justicia restaurativa –de hecho, eliminó a los participantes en la Vía Nanclares de los listados del colectivo de presos de ETA (EPPK), Etxerat o Sare, y se empeñó en marginarlos en sus respectivos pueblos–, hoy abrazan formalmente este enfoque, pero distorsionando a conveniencia su contenido. Esto debe encender todas las alertas tratándose de una materia tan sensible y crítica para nuestra recién estrenada y precaria convivencia. Aquí, la exigencia y diligencia en el control de instituciones, partidos y agentes sociales debe ser máxima, porque no imaginamos nada más lesivo, revictimizador ni destructivo socialmente que una disculpa o arrepentimiento no sinceros. El desarme y la disolución podían admitir diferentes grados de juego en el lenguaje. El perdón a las víctimas y a la sociedad vasca en su conjunto nunca. 

Esta es la cuestión central. Cuando nadie apostaba por la reinserción y la justicia restaurativa, nosotras la apoyamos pese a las críticas feroces de unos y otros. Hoy, cuando forma parte de los consensos sociales, alertamos del vaciamiento y la distorsión de su contenido que pretende la Izquierda Abertzale. En este sentido, queremos reivindicar cuatro aspectos clave: tiene que ser individual, nunca colectiva, debe tener sí o sí una dimensión ética, sí hay margen para que una rectificación pública y sincera de la Izquierda Abertzale allane el camino a los procesos individuales de reinserción, pero sin sustituirlos en ningún momento y el cumplimiento debe quedar al margen de cualquier disputa política o arreglo partidario. 

Los dos primeros puntos son simple y llanamente la traslación directa de lo que dicta la legislación penitenciaria, pero también una referencia como Naciones Unidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (reglas 4, 89, 91, 92, 94 y 95). El tercero y cuarto, la constatación de que la revisión crítica del pasado: el reconocimiento del daño causado y la injusticia de esa actuación es el valioso hilo que conecta la política penitenciaria desde una perspectiva de la reinserción con la memoria en términos deslegitimadores y con una convivencia democrática con garantías de no repetición. 

Todas estas cuestiones están ausentes en la convocatoria de la manifestación del 7 de enero y, por extensión, en la agenda pro-presos de la Izquierda Abertzale. Eso es lo preocupante y lo que debería abrir una profunda reflexión política y un sosegado debate social. No es posible trabajar por los presos y su derecho a la reinserción desde un enfoque sincero de Derechos Humanos sin mencionar ni una sola vez la ética en relación con sus delitos y las víctimas.

Porque la claridad de estos mínimos tan elementales que hemos citado no puede adulterarse con ambigüedades discursivas ni con significantes vacíos de contenido. La alerta de los y las firmantes de este artículo no obedece a que veamos en cuestión un pasado que ya es irreparable; si no nuestro futuro en convivencia justa y democrática.

4.1.2023

A vueltas con el arrepentimiento y la política penitenciaria

Txema Urkijo 2 comentarios

«Sentir haber hecho o dejado de hacer cierta cosa, bien por no encontrarla conveniente después de hecha, bien por ser una mala acción, o por el daño causado». Esta es la primera entrada que el diccionario de uso del español, María Moliner, recoge para el vocablo «arrepentirse».

La semana pasada, el colectivo de presos de ETA que siguen fieles a la organización, agrupados bajo las siglas EPPK, emitía un comunicado en el que, entre otros recados, venía a afirmar que «no se arrepentirán», añadiendo que «estamos agradecidos porque hemos tenido la oportunidad de poner nuestro granito de arena en el camino de la libertad de Euskal Herria. Y ahí seguiremos: dispuestos para lo que sea».

EPPKlogoZabala

Parece que los redactores del comunicado conocían sobradamente el significado del término arrepentimiento, dado que, tras anunciar su falta de contrición actual y futura, pasan a reafirmar la bondad y conveniencia de sus actos, demostrando con ello su total rechazo y oposición a cualquier atisbo de reflexión autocrítica respecto al uso de la violencia como medio para conseguir su proyecto político. («Se nos pide que nos arrepintamos, sabiendo que no nos vamos a arrepentir»).

Cabe preguntarse qué significación y alcance tienen estas afirmaciones, procediendo de quienes proceden. En primer lugar, tratándose de personas que están cumpliendo penas privativas de libertad y sujetas, por tanto, a la legislación penitenciaria, no es difícil pronosticar una muy complicada evolución en procesos de auténtica reinserción. Por muy individualizadas que puedan llegar a ser sus conductas, si todas tienen en común la ratificación de la validez del asesinato y la percepción de que sus actos criminales constituyeron una «oportunidad para poner un granito de arena en la liberación de Euskal Herria», pudiera ser no tengan precisamente un reflejo positivo en el tratamiento penitenciario.

Y ello porque dicha valoración tiene una suerte de caducidad: en tanto que la organización ha decretado el cese definitivo de su actividad, ya no es adecuada la estrategia de la violencia y hay una apuesta exclusiva por las vías políticas y pacíficas. Es decir, EN ESTE MOMENTO no resulta adecuada la estrategia de la violencia, y así es valorado, pero claro que lo fue en el pasado. («No nos arrepentiremos»). La pregunta es: ¿Volvería a ser adecuada la apuesta por la violencia si cambiaran las circunstancias en el futuro?. También cabe preguntarse: ¿Quién y cómo valoraría esos eventuales cambios de coyuntura que podrían justificar el retorno a la violencia? Todo apunta a que sería la propia organización ETA, a la que siguen perteneciendo los miembros del EPPK. («Ahí seguiremos, dispuestos para lo que sea»). Doy por supuesta la constante invariable de la vigencia de la democracia; todo lo mejorable que se quiera, pero democracia.

Tratándose de delitos de terrorismo, en los cuáles lo característico es atentar contra derechos fundamentales de terceras personas, supeditados a un móvil de naturaleza política que es considerado bien superior, el objetivo de la reinserción solo puede girar en torno a la renuncia de los medios empleados para conseguir esos fines. El objetivo del tratamiento penitenciario solo puede ser llevar al interno a la convicción de que los medios violentos no son válidos ni aceptables para defender ideas políticas; la renuncia a los medios, que no a las ideas.

Incorporar un elemento coyuntural en este proceso puede implicar su falseamiento. Una renuncia a los medios violentos marcada por su carácter estratégico puede resultar de dudosa consistencia para su ponderación a efectos de reinserción. Téngase en cuenta que no estamos en el presente ante un silencio brumoso que permita albergar la duda respecto a las convicciones íntimas de los internos del EPPK. Los miembros del colectivo han decidido pronunciarse comprometiendo su voluntad futura, con el riesgo que conlleva, al disminuir el grado de incertidumbre respecto a la valoración que realizan sobre los actos criminales que les han conducido a prisión. En definitiva, la radical aversión a un arrepentimiento genuino manifestada por los miembros del EPPK podría, tal vez, dificultar la determinación de un pronóstico favorable a efectos de su reinserción.

Lo que resulta evidente es que no parece que el comunicado aludido al comienzo de esta reflexión, vaya a contribuir positivamente a ninguna «solución» al problema de los presos que implique prontas excarcelaciones. En tal sentido, no puedo sino reiterar una obviedad legal: la reinserción es un derecho de la persona privada de libertad, no un deber. La obligación incumbe a la administración penitenciaria, que debería velar por poner todos los medios necesarios en orden a posibilitar que el interno ejerza, en su caso,  el derecho reconocido.

Pero la cuestión penitenciaria tiene otros motivos de actualidad más allá del comunicado del EPPK comentado.

Transcurridos cuatro años de absoluto inmovilismo en este área por parte del gobierno del PP, coincidentes con el tiempo sin actividad terrorista de ETA, se extiende, en el conjunto de la sociedad vasca, la convicción de que es el momento de cambios. Ya no se pueden interpretar estos cambios como cesiones o como material de intercambio en negociaciones inconfesables. Existe así una predisposición a que se adopten algunas medidas que modifiquen, al menos, las aristas más indigestas de la actual política penitenciaria, entre las cuales destaca sobremanera el alejamiento generalizado de los presos.

Quiero dejar claro que no me parece en absoluto descabellado que el Estado, en el desarrollo de su tarea de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de sus ciudadanos, adopte determinadas medidas en el ámbito de la política penitenciaria que puedan contribuir al cumplimiento de dicho objetivo. En el caso concreto de delitos cometidos por personas que pertenecen a organizaciones cuya finalidad es justamente la de delinquir, parece más que razonable una intervención que, salvaguardando los derechos individuales de sus miembros, impida o dificulte la continuidad o el favorecimiento de la actividad delictiva a cargo de la organización a la que pertenecen dichas personas presas. Eso puede traducirse en lo que todo el mundo conoce como dispersión, medida contra la que, en el caso de los presos de ETA, nunca he estado – ni estoy – por considerarla perfectamente legal y legítima, en el ámbito competencial penitenciario.

Ocurre, sin embargo, que cuando se adoptó este criterio de distribución de los presos de ETA en distintos centros penitenciarios, se coló por la banda un efecto colateral inconfesable: el alejamiento. Al socaire de separar a los miembros de la organización, fueron alejados de sus lugares de residencia y de sus familiares, a quienes se les impuso el duro trance de tener que recorrer largas distancias para poder ejercer su derecho de visita y comunicación con los internos. Con ello se provocó un injustificado sufrimiento que se prolonga de manera increíble hasta la actualidad. Un castigo adicional carente de toda justificación. Para separar no hay porqué alejar. Las infraestructuras penitenciarias españolas permiten sobradamente cumplir el primer objetivo sin caer en el castigo que implica el segundo.

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Es esta una reivindicación antigua, una exigencia ya reiterada en innumerables ocasiones (Para muestra dejo dos propias; bien distantes en el tiempo, como puede comprobarse). Es una demanda cuya desatención ha provocado graves consecuencias en términos de sufrimiento al entorno de las personas privadas de libertad pertenecientes a ETA. Una realidad que no se puede obviar y que hay que reconocer.

http://www.gesto.org/archivos/201403/1c.-19941215-el-correo-rp-acercamiento.pdf?1

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20081212/politica/oficina-victimas-respalda-acercamiento-20081212.html

Se impone pues que los nuevos responsables del gobierno central – cuando quiera que éste se constituya – aborden con urgencia esta cuestión y pongan fin al alejamiento de los presos.

Pero volviendo al comunicado del EPPK de la semana pasada, para ir más allá de su alcance estrictamente jurídico y analizar, siquiera someramente, su significación política, veremos que la perspectiva tampoco es muy halagüeña.

Acto de presentación de las conclusiones del debate interno de EPPK. En la imagen, una de las secuencias del video que se ha proyectado durante el acto.

Llama la atención, en primer lugar, la deliberada y reiterativa vinculación que en el comunicado se establece entre arrepentimiento y delación («no se arrepentirá ni denunciará a su miembros»), en un intento claro y evidente de superponer ambos hasta identificarlos y confundirlos, evitando así la consideración aislada de un arrepentimiento que no conlleve en modo alguno esa delación «traidora» respecto a los compañeros que, tan mala prensa tiene en ese mundo.

En el fondo, se trata con ello de arrojar una oscura sombra de desprestigio sobre aquellos excompañeros que sí han llevado a efecto reflexiones individuales autocríticas que han desembocado en el cuestionamiento radical del uso de la violencia (Vía Nanclares) deslegitimando con ello la actividad de ETA, al margen de contextualizaciones que solo esconden pretendidas justificaciones. Es tildándolos de traidores al sembrar la sospecha de infundadas denuncias a compañeros, y fomentando su desprestigio de esa manera, como creen poder conseguir frenar el impulso de la tan necesaria autocrítica deslegitimadora de la violencia.

Por otra parte, la negativa del colectivo de presos de ETA al arrepentimiento y a una reflexión crítica del uso de la violencia en el pasado supone un factor más que relevante de presión  para Sortu y el conjunto de la izquierda abertzale, pues se convierte en una boya de posición que delatará la magnitud de las diferencias que puedan darse en su ámbito en el proceso de reconocimiento del daño injusto causado por la violencia de ETA. El momento de la verdad, cuando se ponga en serio sobre el tapete la legitimidad de ETA y su actuación criminal. Cuando diriman preponderancia quienes acepten la naturaleza injusta de la violencia de ETA y quienes sostengan lo encomiable de su trayectoria en el camino de la liberación nacional, esta afirmación actuará como vara de medir distancias. En plena efervescencia por conformar la memoria colectiva de la sociedad vasca en lo que al trauma de la violencia de motivación política se refiere.

Realmente es una difícil papeleta para quienes acaban de comprender la necesidad de desprenderse cuanto antes de ciertos lastres del pasado, si quieren conectar con las nuevas corrientes políticas por las que navega una buena parte de la juventud vasca. Esa es, a mi juicio, una de las significaciones políticas más relevantes de lo manifestado por el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos.

16.2.16