La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Memoria Democrática. Una ley abocada a la polémica, en tanto que la derecha se niega en redondo a abordar aquellas partes de nuestra historia que no le convienen o no le interesan (otras sí). Sus políticas de memoria tienen que ver más con el concepto de la nación española que con los de libertad, democracia o derechos humanos y despachan las cuestiones de memoria histórica con el manido reproche “reabre heridas del pasado ya cerradas”.

Sin embargo, la previsibilidad de esta polémica se ha visto alterada por la incorporación al texto legal de una Disposición adicional nueva, que dice lo siguiente:

“El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.”

Esta previsión ha soliviantado aún más a la derecha, que ha incrementado el nivel de sus críticas, sumándose además a las mismas un sector de veteranos socialistas. Todos ellos se han apresurado a interpretar la citada Disposición Adicional en clave de ruptura de los pactos de la transición española, además de vincularla directamente con el discurso etarra, defendido hoy por los que califican de sus sucesores, EH Bildu.

Por mi parte, siempre he defendido la transición española. Cierto que la viví muy joven, pero con lucidez suficiente para apreciar con claridad lo que suponía de conquista de libertad y democracia. Fue una transición modélica, a condición de que este calificativo se entienda, no como sinónimo de perfecta, que obviamente no lo fue, sino como un ejemplo o referente de proceso político de transformación de un régimen dictatorial en una democracia, superando con creces los elementos positivos a las evidentes deficiencias que dicho proceso padeció.

No es preciso detallar las dificultades a las que se enfrentó en sus primeros años el bisoño régimen democrático surgido de la Constitución de 1978, si bien sí es necesario recordar la sangre vertida en ese período no solo por el terrorismo etarra, sino también por la violencia ejercida por grupos de extrema derecha, incontrolados, grupos parapoliciales y la derivada de actuaciones desmedidas e ilegales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y buena parte de esta violencia asentada sobre la impunidad. Tan débil era nuestra recién estrenada democracia que estuvimos a punto de perderla el 23 de febrero de 1981, en un bufido de algunas estructuras franquistas del ejército de entonces.

Con todo, el balance global fue positivo. Se consiguió la implantación de un sistema democrático con libertades, a través de una constitución que amparaba también el respeto a las singularidades territoriales de nuestro país. El recordado eslogan “Libertad, amnistía, estatuto de autonomía” acabó siendo una realidad. Imperfecta, sí, pero realidad.

Con el tiempo, han ido aflorado otros déficits de nuestra transición. Cosas que no se hicieron o se hicieron de manera manifiestamente mejorable. Pero se trata, sobre todo, de asuntos impensables en aquella época o bien de otros que se arrumbaron ante la prioridad de objetivos más importantes en aquel momento.

También el paso del tiempo ha permitido que se den las condiciones adecuadas para subsanar y corregir algunas de esas deficiencias detectadas con posterioridad. La tarea de subsanación de errores contribuye a mejorar nuestro sistema democrático de convivencia y, en este sentido, la ley de Memoria Democrática es claramente un intento en esa dirección, como así lo reconoce explícitamente su exposición de motivos.

Pero volvamos a las acusaciones vertidas contra esta Ley, a consecuencia de la mencionada Disposición Adicional que abre la puerta a investigar violaciones de Derechos Humanos cometidas entre 1978 y 1983.

El artículo 1 del texto legal establece con claridad cuál es el ámbito temporal para el reconocimiento a las víctimas de la represión política y establece claramente que llega hasta la aprobación de la Constitución; es decir, diciembre de 1978. Por tanto, no cabe afirmar, en modo alguno, que la ley extienda su ámbito temporal más allá de esa fecha.

¿Cómo es posible que se esté calificando como blanqueo del discurso etarra la investigación de las violaciones de Derechos Humanos cometidas por grupos parapoliciales, incontrolados y las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, fueran pocas o muchas (nadie prejuzga cuántas) entre 1978 y 1983? De hecho, la iniciativa anunciada sigue los pasos de lo que ya se está haciendo en Euskadi con la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. Algo no solo normalizado sino mayoritariamente bien visto en la sociedad vasca como necesario para profundizar en las imprescindibles garantías de no repetición y en la propia convivencia.

Hace falta ser muy obtuso y/o muy manipulador para vincular la defensa los Derechos Humanos y de las víctimas de sus vulneraciones, con la justificación de los crímenes de ETA. Y eso vale tanto para los políticos que difunden sin rubor esa especie, como para los medios de comunicación que le dan complaciente cobertura. Es insoportable la brocha gorda siempre, pero en estos temas, mucho más.

Resulta difícil admitir que el 7 de diciembre de 1978 nuestros policías, jueces y fiscales, formados teórica y prácticamente en un sistema dictatorial, se levantaran todos demócratas y dispuestos a respetar escrupulosamente los Derechos Humanos de la ciudadanía, también de los detenidos, fueran acusados del delito que fueran. La transición en la práctica de determinados estamentos del Estado no fue coetánea de la transición formal democrática. Policía y jueces necesitaron su propio período. Todos recordamos casos clamorosos. Baste traer a colación la muerte por torturas de Joxe Arregui o el caso Almería, ambos ocurridos en 1981.

Hay quienes sostienen que tanto la mencionada ley vasca como la previsión incorporada a la Ley de Memoria Democrática ponen en cuestión la legitimidad de los tribunales que resuelven sobre asuntos de derechos humanos desde 1978, al situar unas comisiones políticas por encima de los mismos, haciendo creer que estos no cumplieron bien su función. Es un debate posible e interesante, que, por otra parte, ya existió cuando se puso en marcha este proceso en Euskadi.

La investigación de los delitos cometidos entre 1978 y 1983 se enfrentará a su prescripción por lo que servirá, si no para satisfacer el derecho a la Justicia de la víctima, sí para conocer los hechos, si no fueran ya suficientemente conocidos, y para satisfacer, en consecuencia, sus derechos a la Verdad y a la Reparación, a través de su reconocimiento oficial e institucional. De ahí que sea perfectamente válida una comisión administrativa (su composición es importante) porque de sus conclusiones no se derivarán consecuencias penales sino meramente administrativas, aunque, eso sí, de gran valor. La iniciativa aprobada pone el foco en la víctima.

Hoy es necesario dar un paso más en el proceso de refuerzo de nuestra convivencia mediante el cierre de heridas que aún permanecían abiertas, a través de la investigación de estas violaciones de Derechos Humanos. Reconocer que se hicieron cosas mal, que no todo se hizo bien (jueces y policía) nos fortalece como sociedad y como democracia. Se lo debemos a muchas personas que sufrieron un daño injusto. Eso no es discurso etarra. Es discurso democrático, al que es una auténtica lástima que no nos sumemos todos. Es momento de dejar los complejos de lado, de no achantarse y de redoblar los esfuerzos para hacer una necesaria pedagogía en tal sentido en nuestra sociedad.

La apelación injustificada a ETA en el debate político es una falta de respeto hacia sus propias víctimas. Pero su utilización para negar derechos a otras víctimas de violaciones de Derechos Humanos raya en lo inmoral.

20.7.22