La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, y a falta de testigos, declara contra nosotros. MICHEL DE MONTAIGNE.
Ayer compareció en el Congreso de los Diputados, ante la comisión de investigación de la Dana, el recién dimitido presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. Durante la comparecencia fue interrogado por representantes de los grupos políticos del Congreso, con situaciones de alta tensión cuando correspondía el turno a los partidos de izquierda.
En relación a ello, y tras leer, primero, y ver, después, algunos fragmentos de la comparecencia, apunté en mis redes sociales una crítica a las formas empleadas por Rufián, representante de ERC, extensiva a varios diputados más que incurrieron en una agresividad desmedida y, sobre todo, en insultos hacia el compareciente.
Concretamente, en facebook escribí lo siguiente:
«Lo de Mazón no tiene calificativos. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Responsabilidad política máxima y ya veremos si penal también. Pero la intervención de Rufián en el Congreso es inaceptable. De ninguna manera un diputado puede caer en los insultos y la agresividad exhibida hoy por el diputado de ERC, otras veces tan sutil e irónico. Una cosa es vehemencia y otra pérdida total de las formas. Y, por lo que veo, otros diputados más de la oposición han incurrido en parecidos excesos.»
La reacción no se hizo esperar y, en breve, se llenó aquello de comentarios, mayormente críticos con mi posicionamiento, que, debo reconocer, me sorprendió un poco. Cierto que todos ellos en buen tono y manera, lo cual fue muy de agradecer. Por ello, me vi obligado a incorporar alguna matización complementaria a mi mensaje inicial, empezando por afirmar que uno espera de un diputado que sea capaz de prescindir de los insultos sin reducir un ápice el nivel de contundencia de su mensaje. Y Rufián es un buen ejemplo de ello, por su manejo y dominio de la ironía. No sé dónde está escrito que para ser contundente en la crítica haya que insultar y tampoco entiendo que se justifique lo que está mal en base a que el otro haya cometido un mal mayor.
Entendí perfectamente la discrepancia, sí, pero me quedó un regusto triste, al comprobar que mi valoración negativa respecto a las formas empleadas ayer por Rufián y otros diputados en el Congreso, con insultos y malas formas, fue interpretada como una atemperación de las críticas a Mazón, cuyos méritos para hacerse acreedor de insultos e improperios son, sin lugar a dudas, más que sobrados. Mi desacuerdo con las manifestaciones de Rufián y el resto de diputados radica en que no se profirieron en el salón de su casa, en la tasca o en la calle, sino en un espacio, el Congreso de los Diputados, que debería ser modelo de diálogo y respeto, aunque la deriva de la política, nos haya llevado a convertirlo en un improductivo espacio de zafiedad e intolerancia. Y eso, aunque lamentablemente sea habitual, no me parecerá nunca aceptable. Por mucho que pueda responder a una táctica deliberada para conseguir que la comparecencia de Mazón de ayer fuera especialmente recordada y tuviera una resonancia fuera de lo normal, como objetivo político, lo siento: así, no.
El día 18 del mes pasado, el Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
Este Proyecto de Ley fue presentado a la cámara por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 22 de marzo de este mismo año.
A partir de ahí, se inició el trámite parlamentario establecido, que pasa por su remisión a la Comisión correspondiente – Justicia, en este caso – y la designación de los miembros de la ponencia para el trabajo con las enmiendas y elaboración de la propuesta de dictamen.
Presentadas las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios que quisieron hacerlo, el Boletín Oficial de las Cortes del día 26 de junio publicó el listado definitivo. Entre ellas, la numerada con el 5, cuya autoría correspondía a SUMAR, de este tenor literal:
“Texto que se propone: Al artículo único. Se adiciona un nuevo apartado trece por el que se suprime y deroga la Disposición Adicional única de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, apartado que tendrá la siguiente redacción: «Se deroga la Disposición Adicional única de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.»
La mencionada Disposición Adicional Única cuya derogación se propone dice así:
“En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010«
Esta disposición fue añadida por el PP de Mariano Rajoy precisamente para impedir que las personas condenadas antes de agosto de 2010 – ETA anunció el cese definitivo de la violencia en octubre de 2011 – pudieran beneficiarse de un cómputo de penas más favorable.
Más importante fue aún la enmienda 4, que proponía devolver el art. 14 de esta LO 7/2014 a su redacción original en el Proyecto de Ley Orgánica de 2014 que luego se convirtió en la LO 7/2014. En dicho artículo no se excluía la aplicación del principio de equivalencia de las condenas europeas con las nacionales a los casos de acumulación de penas impuestas en distintas sentencias por distintos delitos.
Dice la justificación de la enmienda que esta “elimina las limitaciones para mejorar la efectividad de la Decisión Marco 2008/675/JAI introducidas por la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, para la fase de ejecución de la condena”, “Se recupera así el criterio del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado en sus informes preceptivos elaborados en la tramitación del Anteproyecto de Ley” y “se pretende hacer compatible la norma de transposición de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo con los principios de unidad, primacía y eficacia que caracterizan al derecho de la Unión Europea, homogeneizando la aplicación del principio de equivalencia de efectos, y con el objetivo de alcanzar los fines establecidos por el Derecho originario: crear un espacio de libertad, seguridad y justicia.”
La tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley se llevó a cabo, como puede comprobarse, con luz y taquígrafos. Vamos, que no fue «a ciegas». Todos los grupos parlamentarios, sus diputados, los 125 asesores del PP y Vox, las asociaciones y cualquier persona interesada, tuvieron información puntual y detallada de las enmiendas presentadas al texto, incluida la que hemos destacado anteriormente, a través de la publicación de estos textos en la web del Congreso y en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El 12 de septiembre, el mismo Boletín Oficial publicó el Informe aprobado por la Ponencia, que propone a la Comisión, por mayoría, la aceptación de todas las enmiendas presentadas exceptuando tres, entre las que no se encontraba la ya comentada anteriormente. Es decir, la Ponencia dictaminó a favor de las enmiendas de SUMAR que suponían la derogación de la Disposición Adicional Única de la Ley Orgánica 7/201 y la vuelta a la redacción original del artículo 14.
Posteriormente, como hemos dicho, el Pleno del Congreso aprobó el 18 de septiembre, por unanimidad (por tanto, con los votos de la derecha y la extrema derecha), el texto del Proyecto de Ley y, consecuentemente, la reforma de la Ley Orgánica 7/2014, en los términos indicados.
Por último, pasó al Senado, donde tampoco ninguno de los senadores, ni sus asesores, fueron conscientes del cambio y no presentaron ni veto ni enmienda alguna, abocando al Proyecto de Ley a viajar directo desde el Senado al BOE.
Esta reforma supone, como ya hemos dicho, la posibilidad de computar el tiempo cumplido en otro país de la UE en las liquidaciones de condena de cualquier persona presa en España, lo cual obviamente incluye también el tiempo de prisión en Francia u otro país de la UE en los condenados por terrorismo. En las codenas impuestas en países de fuera de la UE en general nunca ha habido problema.
Pues bien, ayer mismo, 7 de octubre, nada menos que 21 días después, alguien (estaría bien despejar esta identidad) reparó en las consecuencias de la actuación legislativa descrita, lo cual fue publicado por El Confidencial. A buen seguro, se llevaría las manos a la cabeza al percatarse del error cometido por los partidos de derecha, que fueron los promotores justamente de los retoques de la norma en el Senado en septiembre de 2014, en la redacción original proyectada por el Gobierno de Rajoy. Tal vez, compartiera su desazón con otras personas y, a lo mejor, se preguntaron qué hacer. Algunos medios de comunicación próximos al pensamiento conservador ofrecieron su respuesta.
La orquestación de una campaña que parecía tener el objetivo de librar al PP – o mitigar, cuando menos – de la vergüenza provocada por su grave negligencia parlamentaria, desplazando el reproche máximo hacia el Gobierno, a base de imputarle el empleo de argucias y añagazas parlamentarias para ¿engañar? al resto de partidos.
Es llamativo el empeño de todos ellos en atribuir al Gobierno una voluntad torticera y de engaño en esta “maniobra”, a juzgar por los términos empleados: “Moncloa cuela”, “Reforma legal que ha colado el Gobierno”, “La Cámara Baja la aprobó a ciegas”, “El Gobierno cuela de rondón la reforma penal”, “El Gobierno cuela por la puerta de atrás” …
Además, soslayando que el principio de equivalencia se aplica en toda la UE a cualquier persona, como si esta fuera una triquiñuela destinada sólo a 44 presos de ETA.
Sin embargo, la realidad es tozuda y, como se desprende con claridad de los hechos relatados, evidencia lo absurdo de esta imputación, al menos en lo que se refiere al engaño o la ocultación, que solo habrían sido posibles contando con un nivel de negligencia de la oposición absolutamente inimaginable. ¿Cómo pensar que una enmienda tan clara y transparente como la ya citada, podía pasar desapercibida para los parlamentarios del PP y VOX presentes en la Comisión de Justicia o incluso posteriormente en el Pleno, así como a toda su pléyade de asesores?
Sin ir más lejos, la AVT se pronunció sobre el asunto en estos términos: «¿De verdad nadie se ha dado cuenta de que la modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, afectaba también a los etarras? ¿No hay nadie al volante en este país?»
La propia AVT había advertido hace años que este cambio legal se estaba fraguando. El PNV ya había presentado una propuesta en este sentido que decayó. Igualmente, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presentó una Proposición que estuvo en fase de Toma en consideración desde el 31 de mayo de 2021, pero fue retirada el 30 de marzo de 2022.
La mencionada asociación de víctimas del terrorismo presentó el 4 de febrero de 2022 un dossier sobre el posible cómputo de las condenas francesas a personas presas por delitos de terrorismo de ETA (https://avt.org/es/n/2298/la-avt-pbesenta-su-dossieb-sobbe-el-posible-cmputo-de-las-condenas-fbancesas-a-etabbas). Según la AVT eran unas 48 personas encarceladas en España las que podrían lograr que el tiempo de prisión cumplido en Francia sirviera para el cumplimiento del máximo de cumplimiento efectivo conforme a la legislación española; además se podrían sumar seis o siete que aún estaban cumpliendo sus penas en Francia. La AVT incluso organizó una manifestación para oponerse a esta posible reforma legal.
Resulta incomprensible que nadie, ni fuera ni dentro del Congreso y del Senado se diera cuenta de que esta modificación legal estaba en marcha.
Por si fuera poco, muy «clandestino» no debía ser el asunto, cuando el mismo día 16 de septiembre algunos diarios jurídicos digitales, como es el caso de La Ley, publicaron la noticia de la reforma, comentando ya en ese momento los efectos mencionados.
Conclusión: es difícil ocultar la clamorosa negligencia de los parlamentarios de la derecha en este asunto. Ni siquiera con imputaciones tan ampliamente coreadas en algunos medios como desproporcionadas y, en buena parte, injustificadas al Gobierno y su maldad intrínseca.
Es difícil soslayar en este asunto la responsabilidad de los medios que ayer salieron en tromba titulando el supuesto “engaño” del Gobierno y desdibujando la negligencia del PP.
Sería injusto poner fin a estos comentarios sin aludir al fondo del asunto. Y tengo que empezar dejando muy claro el profundo malestar que me produce el hecho de que la reforma legal aprobada beneficie a personajes de la catadura moral de Txapote y otros, que me parecen auténticos miserables.
Pero, a renglón seguido, afirmo mi conformidad absoluta con el contenido de la reforma.
Hace ya unos años que la Unión Europa consideró que era razonable, conveniente y de justicia asumir el principio en virtud del cual todo Estado miembro ha de atribuir a una condena pronunciada en otro Estado miembro efectos equivalentes a los atribuidos a las condenas dictadas por sus órganos jurisdiccionales nacionales.
En España, este principio fue asumido de forma ampliamente mayoritaria y aplicado por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, pero el PP incorporó una excepción durante la tramitación en el Senado de su propio proyecto de ley, para excluir su aplicación a los presos de ETA (con el efecto de excluirla para cualquier otro por cualquier delito, por ejemplo el caso de Fórum Filatélico en Portugal al excluir su aplicación a los presos de ETA).
¿Qué razón justificaba dicha excepción? Única y exclusivamente retrasar la excarcelación de los presos de ETA más allá de lo que las leyes españolas y europeas establecían. Ni hubo, ni hay, rubor en admitir que esa fue la única razón, entre otras cosas, porque es un objetivo que podría compartir la inmensa mayoría de la sociedad española, ajena a consideraciones legales y a supuestas exigencias de un estado de derecho. Defenderlo no solo no tenía coste político, sino que recibía aplauso generalizado.
Pero lo cierto es que no hay argumento que justifique la excepción mencionada. Supone que se tenga en cuenta una condena impuesta en Huelva, pero no una impuesta en Viena, por ejemplo, en contra de lo que prevé la normativa europea. Supone que, en Francia, por ejemplo, sí se tenga en cuenta una condena impuesta en España, pero en España no se tenga en cuenta la condena francesa, lo cual, por cierto, estaba generando cierto malestar.
La reforma aprobada el mes pasado deja sin efecto una disposición que nació solo para evitar que beneficiara a los etarras y eso, aunque me joda – que me jode – no me parece bien en un Estado de Derecho que debe regir su comportamiento atendiendo al principio de interdicción de la arbitrariedad.
Además, con la reforma se reconoce en su integridad el principio de equivalencia de las resoluciones judiciales de los Estados Miembros de la Unión Europea, respondiendo con ello mejor a los principios de humanidad de las penas, proporcionalidad y resocialización, como ocurre en el resto de la Unión Europea.
El asunto se enmaraña por la inveterada renuncia a la dimensión pedagógica de la política. Sería profundamente lamentable que esta reforma legal, que tanto revuelo ha causado, fuera fruto del chalaneo político y no de decisiones políticas valientes respecto a las que conviene una necesaria pedagogía.
Cuando uno está convencido de la bondad de lo que hace, debe explicarlo con vehemencia, buscando convencer o, cuando menos, encontrar comprensión. Ser proactivos en la justificación de los actos propios evita las especulaciones y las sospechas, al tiempo que transmite profundidad y firmeza en las convicciones, algo muy necesario en la política de hoy en día. Y eso va por el Gobierno, sobre todo.
Agradezco expresamente el impagable asesoramiento jurídico de Txabi Etxebarria, una de las personas que, por su trabajo profesional, mejor conoce los aspectos jurídicos de este asunto.
Salvo que provengan del extranjero, los denominados “enemigos de España” también son España. Salvo que no sean los enemigos de España sino los enemigos de “su” España.
Nada hay más recurrente en los nacionalismos que identificar al país con su propio concepto de nación. Por supuesto, excluyente. La nación es lo que ellos definen como tal y los que no encajan en esta definición pasan a ser enemigos de la nación. Y siempre hay alguien dispensando los certificados correspondientes. En Euskadi lo hemos conocido muy bien porque aquí abundaban y abundan los «enemigos de Euskadi».
Así pues, se pongan como se pongan, el resultado electoral de este domingo no es sino el fiel reflejo de la voluntad de los españoles, de todas las Españas posibles e imaginadas, que gusta más cuando se acomoda a las preferencias ideológicas de uno y menos cuanto más se aleja de ellas, claro. Y sí, hay extrema derecha, independentistas, comunistas y otras hierbas. Hasta mentirosos de diverso cuño. Así es España, qué le vamos a hacer.
La obligación de la política es lidiar con esa voluntad, por fragmentada que se presente. Dialogar, negociar y pactar entre diferentes es el auténtico arte de la democracia. Gobernar con la mayoría absoluta de Felipe en el 82 sería tan sencillo como utópico hoy en día.
Constatar la dificultad de la empresa, es necesario. Lamentarse por ello, inútil y poco pedagógico, pues refleja la añoranza de la uniformidad. Necesitamos políticos capaces de escrutar hasta lo más recóndito en las voluntades de los demás, y definir espacios compartidos para concitar amplios acuerdos sobre ellos. Todo lo demás son paparruchas.
Este artículo ha sido publicado hoy, 1 de febrero de 2020, en El Diario Vasco.
Escribo desde la tristeza y el desánimo, a cuenta del expediente disciplinario notificado a mi querida Maixabel por burofax, por haber mostrado públicamente su “apoyo a Más País” en la última campaña electoral. Fui yo quien recabó ese apoyo, aunque no fuera expresamente al partido sino a su candidato, y me siento culpable. Esa invitación ha traído como consecuencia la pérdida de su condición de afiliada al PSOE, que, sin duda, supone para ella la pena de haber puesto fin a muchos años de militancia, muchos de ellos compartida con Juanmari. Pero, sobre todo, le ha provocado la humillación de un procedimiento sancionador, notificado con la frialdad de un burofax, después del servicio que Maixabel ha prestado a nuestra comunidad durante once largos, duros y fructíferos años.
Creo en la sinceridad de cuantos dirigentes y militantes socialistas han lamentado verse en esta tesitura, apurando el trago con desagrado e incomodidad. Pero también creo honestamente que la trayectoria vital y política de Maixabel Lasa no se merecía la actitud fría y legalista con la que ha sido acogida la denuncia en su partido. Cabían otras opciones menos lesivas para todos los intereses en juego y lamento que no se hayan explorado.
Es curioso que Maixabel Lasa haya sido expedientada por aparecer junto a un candidato de otro partido, en una circunscripción que no era la suya, manifestando su apoyo personal a este candidato, con quien compartió experiencias, emociones, disgustos y satisfacciones, en años de trabajo en el Gobierno Vasco, junto con Jaime Arrese también. Una amistad profunda, trenzada en ese tiempo, de reconocimiento y admiración mutua, que quiso exteriorizar en un acto puntual y excepcional, en el que ni siquiera llegó a mencionar el nombre del partido por el que se presentaba ese candidato.
Y es curioso porque durante años Maixabel colaboró con un gobierno dirigido por un partido político diferente del suyo, en tiempos en los que las divergencias entre ambos, PNV y PSOE, eran profundas y constantes, con enconados enfrentamientos cuya superación no resultó después tarea sencilla. En todo ese tiempo, Maixabel trabajó bajo la dirección política del gran adversario político del Partido Socialista. Es muy probable que los estatutos fueran entonces los mismos que ahora. Sí, ya sé que hubiera sido incomprensible, más bien inconcebible, que el PSOE hubiera arremetido entonces contra la Directora de Atención a Víctimas del Terrorismo. Solo me pregunto ¿Era inevitable hacerlo así ahora?
Dice Eneko Andueza, Secretario General de Gipuzkoa del PSE, que “sintiéndolo mucho ante una denuncia, no cabe más que actuar”. Y tiene razón. Para eso están las normas. Añade que el PSOE ha valorado la denuncia y que, con los estatutos en la mano, “es una expulsión como la copa de un pino”. Y probablemente tenga razón de nuevo. Solo que esa constatación, que a Andueza le permite estar a bien con su conciencia, pues ha hecho lo “legalmente” correcto, a mí me alarma porque denota, una vez más, el estrecho margen que los partidos ofrecen al ciudadano como sujeto político. Aunque ciertamente, en ocasiones, aparece una llamativa laxitud en la aplicación de las normas. Y no es el caprichoso azar el que determina cuándo toca firmeza y cuándo flexibilidad, sino un ponderado análisis de las repercusiones políticas de una u otra decisión. Pongamos aquí el caso de Rosa Díez, pero también podemos hacerlo, sin remontarnos tanto en el tiempo, con algunos ilustres prebostes del partido socialista inquietos por las actuaciones de su actual presidente.
Pero dicho eso, vuelvo a lo que de sustancial tiene este penoso asunto y es que pone de manifiesto las deficiencias en los usos y el funcionamiento de los partidos políticos hoy en día. Malas prácticas que olvidan a las personas y desatienden los necesarios cuidados de quienes se acercan a la participación en el juego político. Y que, sobre todo, dejan escaso margen de libertad a los sujetos que forman parte de la organización. El famoso axioma que sacralizó Alfonso Guerra, “El que se mueve no sale en la foto”, cercena el espacio y la capacidad del militante. Los partidos se convierten en cuadros disciplinados ahítos de mansedumbre y huérfanos de capacidad crítica o de valentía para expresarla. El interés del partido se convierte en el centro de la actividad política, muchas veces alejado de los intereses generales. Cualquier gesto contrario a ese interés, puede acarrear el peso de la disciplina; de unos estatutos, que, sin duda, previenen y garantizan el estatus de la organización.
No debemos recelar de los partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política, tal y como recoge el artículo 6º de nuestra Constitución. Pero es aconsejable abominar de la deriva que los mismos han tenido hacia esas organizaciones cada vez más alejadas del espíritu que impregna el inciso final del mencionado precepto constitucional, ése que exige una estructura interna y un funcionamiento democráticos.
Por desgracia, no se trata de un problema exclusivo de los “viejos” partidos. Hemos asistido atónitos al desperdicio de la oportunidad que constituía crear nuevas organizaciones con espíritu presuntamente renovador, tanto a un lado como al otro del espectro ideológico. Han acabado siendo alumnos aventajados que recrean sin pudor la ausencia de una democracia interna real y desprecian el imprescindible margen de libertad individual con espíritu crítico que ennoblece el quehacer político también en un partido.
Sinceramente, creo que solo merece la pena participar en una organización política que respete estos parámetros de democracia real, transparencia, participación y que no solo tolere, sino que fomente, la libertad individual, el debate y el espíritu crítico.
En aquella comparecencia conjunta que le ha costado el expediente, Maixabel manifestó que lamentaba, siendo guipuzcoana, no poder votar mi candidatura, teniendo en cuenta, según ella, “su capacidad de llegar a acuerdos, de dialogar, de hablar con diferentes» que, «es lo que falta entre los políticos«. Ahora soy yo quien lamenta haber causado este desdichado incidente, del que, al menos, estamos obligados a extraer algún aprendizaje para el futuro.
Soy uno de los firmantes de este manifiesto que propugna una reforma constitucional para definir un sistema federal como estructura territorial idónea para el Estado español y como el marco más adecuado para el encaje del autogobierno vasco en el mismo.
Lo reproduzco aquí, en la convicción del gran interés que tiene para cuantos se preocupan por las cuestiones territoriales e identitarias en nuestro país, con Euskadi y, en este momento, especialmente Cataluña, como especiales focos de atención.
1. Quienes firmamos este manifiesto queremos apoyar la reforma federal del Estado como expresión de nuestra defensa del autogobierno vasco, de nuestro compromiso con una España más equitativa y solidaria y con una Europa social y políticamente más cohesionada.
2. Proponemos la construcción colectiva de una alternativa federal como la mejor forma de articular el poder político en esos tres ámbitos. El proyecto federal es, por encima de todo, una profunda expresión de los ideales democráticos, su mejor realización, especialmente en sociedades en las que conviven identidades y sentimientos de pertenencia diversos. Es garantía de paz política porque pretende la libertad que armoniza de forma respetuosa lo propio y lo ajeno, lo singular y lo colectivo; paz que se pone en riesgo cuando se opta por exacerbar los sentimientos patrióticos.
3. La salud y robustez de nuestra democracia resulta indisociable de la existencia de una sólida estructura de autogobiernos territoriales. Y a la inversa, sin que pueda imaginarse una sin otra. Por ello, consideramos graves tanto la pretensión de una creciente centralización del Estado como los intentos de ruptura del mismo porque ponen en riesgo la estabilidad democrática.
4. El proyecto federal requiere ser alimentado permanentemente por una ‘cultura’ federal. Exige la asunción de un sentimiento compartido de responsabilidad; que cada persona se sienta responsable de los intereses de las demás y del conjunto de la sociedad. El espíritu federal requiere reconocer lo que tenemos en común y querer preservarlo, defender la voluntad de estar juntos, porque así estamos y estaremos mejor. Este es también el espíritu de la integración europea. Hemos avanzado mucho en la construcción de esa ‘cultura’ federal, pero es mucho, todavía, lo que nos queda por recorrer en una tarea colectiva.
5. Propugnamos un autogobierno amplio y profundo, fundamentado en la lealtad recíproca. Que se asiente sobre la equidad en la relación entre los distintos territorios y en la equilibrada articulación del conjunto del sistema. Que tenga como fundamento la solidaridad y cuyo complemento sea la responsabilidad en la gestión de los recursos que cada comunidad recibe.
6. El Estatuto de Autonomía, en el marco de la Constitución de 1978, dota al País Vasco de un autogobierno que, por primera vez, merece tal calificativo. Esta Constitución ha establecido un sistema de autonomías territoriales sólido y duradero, asimilable al de los países federales de más larga tradición en el mundo democrático, lo que demuestra la importancia de la actual experiencia de autogobierno.
7. Todo sistema político necesita ajustes periódicos. El reconocimiento del enorme logro histórico que supone el actual autogobierno no puede hacernos ignorar los problemas en su funcionamiento. La importancia de lo logrado hasta ahora no debe ser motivo de autosatisfacción paralizante. Por ello, consideramos indispensable la reforma constitucional. Hay que afrontar los problemas y tratar de darles la mejor solución. Negarse a ello pondrá en riesgo la estabilidad y la salud del sistema en su conjunto.
8. En su configuración actual, la Constitución no puede garantizar el funcionamiento adecuado del sistema autonómico porque carece de los elementos necesarios para su buen gobierno (estructura y método eficaz de relaciones intergubernamentales, adecuada delimitación de las competencias respectivas o principios claros y efectivos para la distribución de recursos financieros, entre otros). Elementos que en las federaciones más sólidas se han demostrado esenciales para garantizar la estabilidad y la paz política.
9. Por otra parte, la Constitución contiene elementos extraños a los sistemas federales que resultan contraproducentes y fuente de importantes problemas. Muy destacadamente, la ambigüedad en la distribución de competencias en los estatutos de autonomía –que provoca, entre otros, el interminable conflicto sobre las transferencias- y la reserva al Estado de la determinación de “lo básico” como columna vertebral de la distribución del poder, que deja en sus manos la determinación en cada momento de hasta dónde llega su capacidad de intervención. El resultado es un nivel de conflictividad sin parangón en ningún otro sistema federal, provocando fuertes tensiones políticas y propiciando la descalificación del sistema por quienes alientan la ruptura.
10. Para que sea exitosa, la reforma debe aprender de las mejores experiencias. No es una cuestión nominal. Lo que importa no es cómo se defina el sistema de autonomías territoriales o cómo lo llamemos, sino su fundamento político, las técnicas que incorpore y las experiencias en que se inspire. El mejor referente lo constituyen los países federales políticamente cercanos, como Alemania, Suiza, Canadá o Austria. Cada uno con sus peculiaridades garantizan la estabilidad, combinando adecuadamente integración (shared rule) y reconocimiento de la diversidad (self-rule).
11. Pero cada país tiene sus peculiaridades, su propia idiosincrasia, a las que la Constitución debe dar adecuada respuesta. En nuestro caso, es ineludible el reconocimiento de peculiaridades y especificidades, de ‘asimetrías’, que también tienen acogida en sistemas federales clásicos. Sistema federal no es sinónimo de uniformidad absoluta. Pero las singularidades deben tener sólido fundamento y no pueden afectar a la coherencia del conjunto del sistema ni a la equidad en el trato a las distintas comunidades que lo integran, porque, de lo contrario, se convierten en fuente de inestabilidad.
12. La reforma de los elementos esenciales del autogobierno territorial, la resolución de sus más importantes problemas de forma eficaz, exige la reforma de la Constitución. Es una condición previa y necesaria para una más idónea configuración del autogobierno del País Vasco, garantizando, al tiempo, la estabilidad del sistema político español en su conjunto, la salud democrática y el reconocimiento de nuestra personalidad. Pretender hacerlo a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, al margen o en lugar de aquella, es una vía de corto recorrido que malgastaría infructuosamente energías políticas y generaría frustración en la sociedad vasca.
13. Quienes firmamos este manifiesto no queremos que la sociedad vasca se vea embarcada en procesos y objetivos inviables abocados al fracaso, ni malgastar inútilmente nuestras energías en salidas que generan su fractura interna, polarizándonos en dos partes enfrentadas de forma irreconciliable y situándonos políticamente al borde del abismo. A nuestro juicio, las propuestas de ruptura no son –no pueden ser- la mejor vía de defensa de los intereses de la sociedad vasca.
14. Una reforma constitucional en este sentido federal y la consiguiente reforma del autogobierno en línea con lo expresado anteriormente contarían con un importante respaldo de la sociedad vasca, según confirman todas las prospecciones sociológicas que periódicamente se realizan en nuestro país. Por el contrario, las alternativas de confrontación o ruptura son las que obtienen un respaldo considerablemente más débil. La estructura federal es el espacio más favorable para el encuentro de quienes integramos la sociedad vasca –sea cual sea nuestro sentimiento nacional de pertenencia- en la tarea de construir juntos el futuro de nuestro país.
15. Nuestro planteamiento se complementa con la idea de una Europa crecientemente federal. Ganamos más compartiendo más. Las dificultades en el desarrollo del proceso de integración europea hacen más imperioso su impulso. Sin él no será sostenible el tipo de sociedad que ha caracterizado a Europa en los últimos setenta años. El objetivo de una Europa federal exige asumir los procesos de integración de los estados que ya se han realizado en la historia, para mejorarlos y no para destruirlos. Es en esa Europa crecientemente federal en la que la España federal encontrará mayor coherencia y mejor desarrollo.
Antes de ayer estuve de cañas por el barrio y en un bar me topé con un chaval majete que, sin más, se unió a mí. Debimos de caernos bien, porque, sin mayores preámbulos, nos liamos a hablar. Resultó ser, según me dijo, sobrino de Pedro Arriola. Sí, el que está a la verita de Mariano. Y resultó también que, a la cuarta caña, se le fue aflojando la lengua. “¿Que si me interesa lo que está pasando en Cataluña? Claro, mucho”. Y fue ahí cuando empezó a irse de la mojarra.
Me fue contando que Mariano ha tenido y tiene un plan, por supuesto; que bueno es su tío para eso; que no vaya a pensar que improvisa, que lo de Berlanga que dicen es solo cine. Y siguió con que el presi siempre ha tenido claro que, en algún momento, tendría que negociar con los indepes, pero que para eso, es un maestro él; que la regla de oro de toda negociación es sentarse a la mesa en la mejor posición previa; o sea, en posición de fuerza y no de debilidad. Que todo lo que ha hecho, hace y hará, está encaminado a ese fin y que, por eso, no movió ficha en los meses previos al 1-O para dialogar o negociar; que la cosa pintaba chunga para él, porque Puigdemont y su tropa estaban muy fuertes y él no las tenía todas consigo ni en su propia casa, ni con los partidos que, teóricamente, deberían apoyarle. En fin, que eso explica por qué esperó a que se acercara la fecha clave.
Como la quinta birra le continuaba inspirando, me informó de que, poco antes del día D, Mariano inició sus movimientos (aparte de lo del Tribunal Constitucional y la Fiscalía, claro). Que para entenderlo bien, repare en estos tres hitos: a) Primero suelta el presi aquello de “no me obliguen a hacer lo que no quiero hacer”, lo cual todo el mundo interpreta como lo que es, es decir, una amenaza. b) Después sacamos a la poli el día del referéndum para dar unas cuantas hostias a la gente corriente y moliente, que es la que apoya y sustenta el movimiento independentista, claro, para que vean cómo las gastamos y, sobre todo – y aquí está la clave del asunto – cómo podemos llegar a gastarlas si llegara el caso. Que mucha gente pensó que lo que quería el gobierno era impedir que la gente votara, ja. Eso nos importaba un carajo. Lo importante eran la leña, el clima de intimidación y el vértigo. Y c) rematamos poniendo al Rey a gesticular con la mano, en modo porra de autoridad, de manera que todo el mundo entiende a la perfección lo que hay – y lo que va a haber – si alguien no lo remedia. Que, por cierto, lo del Rey serviría también para quitar de la cabeza al socialista este cualquier tentación de embarcarse en aventuras extrañas con esa bazofia de comunistas, trotskistas e independentistas de todo pelaje.
Trago va, trago viene, el amigo continuó: Que si después de todo eso, la gente no tiene canguelo es para hacérselo mirar. Y que ha salido todo bastante bien, porque seguirán siendo tanto o más indepes y estando incluso más cabreados con nosotros, pero tienen ya inoculado el virus del miedo. Que si las empresas cambian de sede social y se van de Cataluña; que si mucha gente corre a poner los ahorros en oficinas bancarias de territorios fronterizos, que si…Y el miedo se extiende con facilidad. Y el miedo, amigo mío, te hace débil.
Me preguntó si no había visto el cartel de “sopitas” que llevaba grabado Puigdemont en el trocillo de frente que se le ve, el otro día, en su comparecencia televisiva a modo de réplica de la del Rey; que ahora habla de aceptar mediación y tal y cual; que se le ve en el bolsillo la puntita del pañuelo blanco que empieza a querer sacar. Y a Mariano ya solo le queda apretar un poquito más para que el asunto esté al pil-pil y ya pueda abrir la mano y preparar la mesa donde se sentará como un pánzer frente a un mosquito. Que entonces ya vendrá, si es que ha de venir, eso de la magnanimidad del vencedor y lo de no humillar y tal y cual. Pero que, muy probablemente, en esa mesa se pueda ventilar el asunto con poca cosa, o séase, con lo que los catalanes rechazaron hace unos años: el asunto de los dineros de los impuestos y el blindaje de las competencias en materia de cultura y educación. Pero España unida, oye, como dios manda. Y que los indepes volverán a ese porcentaje del 25%, más o menos, que siempre han sido. Y las aguas a su cauce en cosa de dos o tres años.
Terminó diciéndome que la gente cree que Mariano es tonto y está muy equivocada; que es un estratega de primera, con subida de ceja o sin ella.
La locuacidad de mi compañero de barra me dejó perplejo, sin capacidad de reacción en ese momento “¿De quién has dicho que eras sobrino?” Pero desapareció con la misma velocidad con la que se acercó a mí unas jarras antes.
Ayer volví a la ruta de cañas de nuevo. Un día duro de trabajo bien se merecía refrescar un poco el gaznate con esa maravilla de mahou que tan bien tiran en Madrid. El bar me gusta, así que volví al mismo donde el día anterior había hecho mi nueva amistad. Y, ¡oh, cielos!, allí estaba de nuevo. Acompañado, en esta ocasión, de otro tipo con el que parecía mantener una apasionada conversación. Me acerqué, pero no pareció reconocerme. Pegue la oreja un momento. Lo justo para oírle decirle a su nuevo acompañante «¿Qué, te gusta el tenis? Pues ya ves, yo soy primo de Rafa Nadal. Te voy a contar el secreto de Rafa para haber regresado al primer nivel del tenis mundial».
Giré rápido mi cabeza, levanté el vaso que sostenía en mi mano y, de volquete, apuré la media caña que me quedaba. Luego pagué y abandoné el local con cara de perfecto gilipollas.
En Extremadura nadie reivindica el derecho de autodeterminación ni el llamado derecho a decidir. Lógico, nadie plantea separarse del resto de España y no parece muy razonable pretender una consulta para ratificar que quiere seguir como está. Los referéndum los plantean quienes quieren cambiar su actual estatus. O sea, en Cataluña, los independentistas, que plantean un referéndum para conseguir la independencia. Su objetivo no es votar, como pretenden vender algunos; su objetivo es la independencia de España. Votar, sí, pero como medio o herramienta para conseguir el fin pretendido.
Hay otros, sin embargo, que conciben el derecho a decidir y el referéndum como un objetivo en sí mismo, en tanto en cuanto, creen que habría de permitir resolver (mejor diríamos gestionar, pero eso es otro problema) el conflicto político planteado en Cataluña por el déficit de apoyo social al actual marco jurídico político. Para éstos, el objetivo sí es votar. Porque creen que solo así, se puede avanzar democráticamente en la gestión/solución del problema.
Estos últimos hace tiempo que comprobaron que el camino emprendido por el Govern y los dirigentes sociales del procés no iba a servir para mejorar la situación o resolver el problema. La unilateralidad, la falta de mayorías sociales suficientes, la ausencia de garantías en todo el proceso, la clandestinidad obligada del mismo, que repercute directamente en los mínimos democráticos exigibles, etc. conferían al referéndum del 1 de octubre un marchamo de ineficacia inadmisible. Intuyeron que ese camino no llevaba a nada bueno y no lo apoyaron, a pesar de que, insisto, defiendan el derecho a decidir y la necesidad de un referéndum, pero con otras condiciones y bajo otros parámetros.
Los primeros, sin embargo, los partidarios de la independencia a cualquier precio, siguieron adelante con su iniciativa, probablemente conscientes (al menos, sus dirigentes) de que no la conseguirán en este envite, pero sabedores de que habrán dado una gran paso hacia ella de cara a un futuro mediato.
En éstas, empieza moverse el Gobierno del PP, con don Tancredo Rajoy a la cabeza. Un gobierno y un partido que en siete años no han considerado como tal lo que constituye un grave problema político: el hecho de que un 48% de los catalanes quiera irse de España y constituir un estado independiente. Un gobierno que ha dejado pudrir el problema con su obstinada cerrazón al diálogo y su tendencia a declinar las responsabilidades que le corresponden en la gestión propia del gobierno de todos los españoles. Su movimiento ha sido aferrarse a la Ley y azuzar a jueces, fiscales y policías, para garantizar su cumplimiento. Con brocha bien gorda, estirando las costuras del estado de derecho hasta que crujan sin pudor. Con una parte de la constitución por bandera (su artículo 2, la unidad de España) y menospreciando otra bien importante (el artículo 10 y siguientes, de los derechos y libertades fundamentales). Toma porra o Maza, lo que sea.
Esta actitud del gobierno ha provocado una reacción en amplios sectores sociales de toda España en contra del ataque a las libertades. Ha conseguido unir a una importante mayoría contra esa política retrógrada y, lo que es peor, ha conseguido que se diluyan incluso las responsabilidades que, en la generación de todo este lío tienen los propios dirigentes del procés y el Govern catalán.
Y es aquí donde, a mi juicio, se comete un importante error estratégico. Sumarse a las movilizaciones contra la política de Rajoy y el Gobierno central, asumiendo lemas del tipo “No es independencia, es democracia”, parece razonable, puesto que es imprescindible la movilización contra esa visión cicatera de los derechos y libertades e incluso contra la torpeza política a la hora de encarar el problema que supone la convocatoria del referéndum de este domingo. Pero no podemos dejar de lado que existe el riesgo de que estas movilizaciones supongan, de facto, una legitimación de la iniciativa del 1-O.
Es imprescindible distinguir y diferenciar con nitidez que una cosa es protestar contra la política de Rajoy, y otra, bien distinta, amparar la promovida por Puigdemont y sus socios. Las exageraciones que estamos viendo en la represión del referéndum del domingo no blanquean ni disuelven los errores de bulto existentes en la iniciativa del Gobierno de la Generalitat y los dirigentes independentistas.
El referéndum del 1 de octubre es el referéndum de los independentistas. No será nunca el referéndum de quienes creen (creemos) que el paso por las urnas en una consulta debe contribuir a solucionar o gestionar democráticamente el problema de Cataluña. Y que nadie dude de que toda la movilización de estos días, especialmente la del domingo, será utilizada por los dirigentes del procés en beneficio propio y en defensa de sus intereses.
No aclarar esto antes del 1-O hace muy complicado explicarlo después, cuando alguien crea que es el momento de dar un paso más y llevar a cabo una declaración unilateral de independencia u otra maniobra similar.
Equidistancia lo llaman algunos. Y tienen razón. No es la misma exactamente entre una y otra, pero hay distancia respecto a ambas partes.
Hace unas semanas, Aiaraldea, medio de comunicación cuyo ámbito territorial es Laudio y su comarca, me pidió una reflexión sobre el referéndum catalán del 1 de octubre. Como todas las colaboraciones con este medio, la mayor complicación, para mí, consiste en ajustarme a los 1.300 caracteres de que dispongo. Lo de siempre. Expresar una idea en poco espacio. Lo escribí el 11 de septiembre. Probablemente hoy no lo modificaría. Han ocurrido muchas cosas y muy relevantes desde entonces: la torpeza de un gobierno central socavando derechos y libertades fundamentales; el incremento de la crispación social; la ceguera política de unos y otros; la constatación de que no habrá siquiera simulacro de referéndum; el imprevisible impacto en la sociedad catalana de cuanto está sucediendo, en términos de posicionamiento a favor de la independencia, de cara a un futuro más que incierto, con la difícil gestión de la frustración; la imperiosa necesidad de nuevos liderazgos políticos que renueven el viciado aire del asunto Catalunya, etc. Pero todo esto queda, si acaso, para otra ocasión.
Así dice el artículo publicado.
En los últimos años, se ha acentuado (promovido) intensamente el sentimiento anti-español en Catalunya y el anti-catalán en España. Se puede hablar sin ambages de desprecio y odio mutuo en amplios sectores de las dos sociedades.
La grave irresponsabilidad de dirigentes del PP y algunos del PSOE, por un lado, y de buena parte del independentismo catalán por otro, ha contribuido decisivamente a traducir estos sentimientos en políticas concretas. Han vendido que querían y ofrecían diálogo cuando aceptaban y alentaban una confrontación que les convenía. Y así hemos llegado hasta hoy.
“Ustedes ponen tricornios y nosotros ponemos urnas”. Este es el nivel del debate político actual. Penoso, demagógico, carente de didáctica y alentador de la crispación y la tensión social por ambas partes, que irán “in crescendo” lamentablemente.
Catalunya es hoy el fracaso de la política y el fracaso de la democracia. Sufre la libertad. Solo queda desear que la campaña previa de estos días y la frustración que provoque el fiasco del referéndum no traiga consigo otras cosas peores. Habiendo dado los vascos motivos más que suficientes para que nos valoren mal en el resto de España, aún consideran mucho peor a los catalanes. Extraña paradoja. La esperanza está en el 2-O.
Publicado en Aiaraldea, Laudio, 24 de septiembre de 2015.
Alguien puede entender de vinos, fútbol, astrofísica o historia del pueblo lapón, sacar su tema e incluso lucirse, porque se le nota que controla. Sin embargo, ¿de qué sabe alguien que entiende de política? Desde el candor de esta duda y confesando mi hastío con las informaciones y declaraciones que, alrededor de la investidura del próximo presidente del Gobierno, nos saturan desde hace meses, quiero plantear 13 píldoras reflexivas sobre el momento que vive la política nacional. A ello voy:
1. Ser el partido más votado en las elecciones, con notable diferencia de escaños sobre el siguiente, confiere al PP y a su líder, Mariano Rajoy, la responsabilidad de intentar conseguir la investidura y una posterior formación de gobierno.
2. El ejercicio de dicha responsabilidad se concreta en la negociación con otros partidos, en orden a alcanzar acuerdos que permitan sumar votos suficientes para conseguir el objetivo perseguido de ser investido Presidente del Gobierno.
3. La dificultad que entraña tal responsabilidad es directamente proporcional al número de escaños que faltan al partido ganador de la mayoría absoluta o, al menos, del número de votos necesario para sacar adelante la investidura. Si el PP hubiera obtenido 174 escaños, tan solo habría tenido que negociar el apoyo de un par de diputados más para garantizarse una plácida votación y posterior formación de gobierno.
4. Cuando la empresa a la que uno se enfrenta es sencilla, la consecución del éxito no requiere gran esfuerzo o sacrificio. En el ejemplo de los 174 diputados, no habría resultado extremadamente laborioso hacerse con el respaldo de ese par de escaños adicionales. Y, sobre todo, a buen seguro, no habrían resultado sacrificados demasiados postulados del programa electoral propio. El precio habría sido barato.
5. Cuando el reto es complicado, solo puede abordarse desde la convicción de que es imprescindible un gran esfuerzo y, muy probablemente un importante sacrificio. Diría que es el caso actual del PP, con 137 escaños. Parecía pues, lógico y razonable, esperar que Mariano Rajoy, consciente de todo ello, se hubiera dispuesto a afrontar un arduo y complicado proceso de negociación.
6. Para afrontar esta negociación, y como consecuencia de lo afirmado, el líder del PP debería tener en consideración dos premisas: la diversidad de partenaires posibles para alcanzar la cifra mágica (opciones diversas, por tanto) y la necesidad de un planteamiento muy dúctil y flexible respecto a su propio programa electoral, pues, en este caso, tiene que “comprar” más y, por tanto, el precio no es barato.
7. El resto de partidos políticos, especialmente PSOE y Podemos —que sí podrían haber ahorrado a Rajoy el trance de intentar siquiera nada— dirán públicamente lo que quieran, pero han demostrado su incapacidad o su total ausencia de voluntad para alcanzar un acuerdo alternativo entre ellos mismos. Por ello, me permito excluirlos de esta reflexión.
8. Defiendo la validez del símil negociación política – compraventa, para este caso. Do ut des. Si Rajoy quiere algo, tiene que dar algo. Él, y solo él, tiene lo que pueden llegar a querer los vendedores que guardan celosos el producto añorado por el PP: el sentido de sus votos en la investidura. Entra en funcionamiento el juego de la oferta y la demanda, que acaba fijando el precio.
9. Cuando alguien quiere comprar, y más si lo hace por necesidad, asume la responsabilidad del proceso a seguir para que la operación llegue a buen puerto. Eso incluye seducir al potencial vendedor, primero para que negocie y luego para alcanzar un acuerdo de compraventa con él (lo de “¡es que no quiere ni sentarse a negociar!” no solo no es de recibo, sino que mueve a la risa y más si hablamos de política).
10. Desconozco si Rajoy y el PP han salido con la bolsa a comprar lo que necesitan (y lo de la bolsa es una metáfora blanca, no se me revolucionen, a pesar de haber motivos sobrados para ello), pero uno tiene la sensación de que, si lo ha hecho en verdad, pretende gastar muy poco o incluso intenta que le regalen el producto que busca.
11. Mariano Rajoy, líder del PP, el llamado a intentar la investidura, el líder del partido más votado, el que botaba la noche electoral celebrando su triunfo, tiene la obligación de dejarse la piel en el intento negociador. Solo podrá eludir su responsabilidad cuando demuestre que los vendedores le piden un precio superior a lo que lleva en su bolsa o un precio que él no está dispuesto a pagar. Y en ambos casos deberá explicar públicamente que no tiene tanto dinero o por qué no quiere pagar el que le piden.
12. PP (137) + Ciudadanos (32) + PNV (5) + Coalición Canaria (1) = 175. Es el centro derecha de la cámara, ¿no? ¿No habrá suficiente “Do” para que haya el necesario “Des” ahí? ¡Ja!
13.- No es fácil olvidar la imagen de un PP soberbio y altanero en su mayoría absoluta de cuatro años pasados, ajeno a contestaciones y protestas sociales y poco amigo de negociaciones y acuerdos políticos que no sentía necesitar y cuya bondad o conveniencia no valoraba en absoluto. No debe ser fácil el cambio de chip.
Conclusión: Es difícil aceptar algunos planteamientos del debate acerca de la responsabilidad sobre unas eventuales terceras elecciones. Resulta vergonzoso el intento de desplazar la responsabilidad principal del sainete hacia terceros actores. Perplejidad provocan las apelaciones para ello a un cacareado sentido de Estado, que, según parece, afecta al resto de partidos, que no al PP. Pero, claro, en el fondo todo esto se entremezcla con los intereses ocultos existentes en algunos partidos políticos y las batallas ajenas al interés público que se están dilucidando al socaire de la investidura. Me parece todo una auténtica vergüenza, que califica a aquellos políticos y medios de comunicación que protagonizan y participan en y de tan lamentable espectáculo.
Por favor, que no sigan intentando engañarnos y que cada quien asuma la responsabilidad que realmente le corresponde en este juego democrático. Intenten, siquiera por una vez, estar a la altura de su habitual retórica. De lo contrario, la sociedad española a la que tendrían que representar, continuará pagando su mediocridad y esto es algo que, difícilmente, les podremos perdonar.
Sería curioso el resultado de sumar las horas de tertulias televisivas y radiofónicas que, desde la noche del 20 de diciembre pasado, se han ocupado en aventurar, predecir y pronosticar el futuro del próximo gobierno de España. A lo largo de estos meses, decenas de tertulianos, analistas, periodistas, políticos y expertos de toda índole y adscripción se han devanado los sesos en la tarea de ilustrar y mantener entretenida a la ciudadanía, ejercitando el arte de la hermenéutica, en relación a los movimientos de los partidos políticos partícipes, por activa o por pasiva, en el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo que les permitiera formar gobierno.
En tal sentido, los protagonistas no han escatimado esfuerzos a la hora de suministrar abundante y variopinto material susceptible de interpretación, facilitando con ello las idas y venidas entre variables y opciones posibles que, cual espejismos intermitentes, tan pronto se daban casi por reales y ciertos, como se esfumaban sin motivo, perdiéndose en el limbo de las quimeras.
Llevamos semanas esclavizados por el abuso de la especulación; con nuestra realidad cotidiana colonizada por suposiciones y acertijos. Un gesto, una palabra, una actitud, una mirada casi, de nuestros líderes políticos han sido elementos suficientes para despertar la voracidad de opinadores profesionales y diletantes a la hora de hacer cábalas, en no pocas ocasiones interesadas y/o voluntaristas, acerca de la marcha y el resultado de las negociaciones o de la ausencia de éstas.
Al final, parece que en la ciudadanía ha quedado como poso una sensación, si no de cansancio y saturación (esto lo veremos en el índice de abstención, si es que se repiten definitivamente los comicios), sí de estar ante una situación de extraordinaria complejidad. Como si esto de alcanzar acuerdos importantes entre partidos políticos fuera un asunto que exigiera, unas dosis fuera de lo común de voluntad, esfuerzo e incluso fortuna, con las que abordar una tarea titánica semejante a la cuadratura del círculo.
Sin embargo, no comparto esta visión que da por buena la complejidad del proceso de conformación de un nuevo gobierno. Y apuesto por un planteamiento tan sencillo como comprensible, a riesgo de ser tildado de iluso o simple.
Parto de la premisa según la cual, el PSOE es el único partido que tiene ante sí varias opciones entre las cuáles elegir, en orden a liderar el intento de formar gobierno. Y ello porque el PP solo tiene la opción de alcanzar un acuerdo con el PSOE, con o sin la inclusión de Ciudadanos en el mismo paquete. Es la llamada «gran coalición», suponga ello la participación del PSOE en el gobierno, un pacto que sustente un gobierno monocolor del PP o simplemente la abstención en la investidura. Pero esa opción solo tiene una puerta: la del acuerdo con el Partido Socialista. No hay más.
Por contra, los socialistas tienen dos caminos diferentes a seguir, con una tercera opción añadida: pactar con su derecha, pactar con su izquierda o no hacerlo con ninguna de las dos. A la derecha, Ciudadanos y el Partido Popular; y dan los números. Y a la izquierda, Podemos y otros grupos del ámbito de la izquierda y el nacionalismo periférico; y también salen las cuentas.
Disculpen que no me entretenga en divagaciones sobre matices y aritméticas varias, pero, ¿qué quieren?, yo lo veo así de simple. «Dos escrituras a elegir: Bic naranja, Bic cristal». El PSOE tiene en su mano elegir entre ambas opciones. Una posibilidad que ya tuvo desde la misma noche electoral, al confirmarse los resultados definitivos. Sin embargo, hete aquí que Pedro Sánchez eligió una alternativa diferente, que yo no he contemplado en mi planteamiento, por considerarla un lío imposible, aunque en pura teoría, ciertamente constituyera otra opción. Se marcó como objetivo llegar a un acuerdo a derecha y a izquierda, al mismo tiempo, colocándose él como el fiel de la balanza, imagen centrada y moderada, a modo de escudo protector contra las eventuales críticas que pudieran surgirle por pactar con unos o con otros.
Que a mí me pareciera inviable no significa, claro está, que no lo fuera, pero los hechos han venido a confirmar su condición utópica y lo cierto es que ahora mismo se ha revelado imposible el pacto del PSOE con Ciudadanos y Podemos.
Y en este punto surge inevitable la pregunta: ¿Implica este fracaso que estamos abocados a celebrara unas nuevas elecciones? Pues a mi juicio, no. Es más, creo que, cual flores en primavera, ante los socialistas se abren de nuevo, con más fuerza incluso que antes, las dos opciones señaladas. Constatada la inviabilidad del pacto con derecha e izquierda a la vez, toca elegir: o los unos o los otros.
A buen seguro que este emplazamiento resuena con fuerza en los oídos de los socialistas, porque no es verdad que no haya solución al galimatías en el que nos encontramos y que estemos irremediablemente condenados a pasar de nuevo por las urnas. Ahí están, vírgenes, las dos vías indicadas. Cabe, claro está, que el PSOE no quiera decantarse por ninguna de las dos y que desista de su intento por formar gobierno a partir de alguna de ellas, pero eso, amigos, es también una elección; y esa elección también corresponde a Pedro Sánchez y a su partido.
Lo cruel del resultado electoral del 20-D para el PSOE no fue marcar el nivel mínimo de apoyo electoral obtenido en unas elecciones generales desde el advenimiento de la democracia, sino la diabólica situación en la que los números le colocaron, al ser el único partido que puede y tiene que decidir entre varias opciones y, por tanto, el que mayor responsabilidad tiene en el resultado final de todo el proceso.
Así pues, que haya gran coalición, gobierno de izquierdas o nuevas elecciones, depende, en su mayor y más compleja medida, del Partidos Socialista Obrero Español. De cómo ejerza esta enorme responsabilidad, puede derivarse que salga fortalecido del trance o que avance aún más por ese camino cuyo punto final es la irrelevancia política en la izquierda.
Y todo lo demás, a mayor gloria de una fatigada ciudadanía, no será sino una reiterada y aburrida pirotecnia.
Txema Urkijo 