La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, y a falta de testigos, declara contra nosotros. MICHEL DE MONTAIGNE.
Este artículo fue publicado originalmente el día 12 de agosto de 2025 en el blog de Gogoan-por una memoria digna, asociación que defiende una memoria digna como derecho de las víctimas y de la sociedad vasca en general. Una memoria que deslegitime la violencia y que sea pedagógica para prevenir situaciones como las vividas en Euskal Herria los últimos 50 años.
Para evitar despistarnos con debates de tiempos pasados, diremos que, al menos en la última década, la situación de los presos de ETA se ajusta y respeta el marco legal vigente. No porque lo diga yo, claro está, sino porque así lo corroboran las resoluciones judiciales recaídas cuando una (Fiscalía) u otra parte (las defensas de los internos) han acudido a la vía judicial al entender que se vulneraba en algún extremo la legislación vigente.
En unas ocasiones, los tribunales han rechazado las peticiones planteadas y, en otras, las han aceptado, pero el resultado final solo se puede entender como una confirmación o restauración de la legalidad. El frecuente recurso a los tribunales europeos no ha modificado, sino al contrario, en lo sustancial esta valoración.
Una consecuencia de esta afirmación es que carece de fundamento una reivindicación de respeto de los derechos de las personas pertenecientes en su día a ETA que cumplen actualmente condena por delitos de terrorismo. Al menos, de fundamento jurídico.
Sí parece que pueda tener sentido lo que más probablemente constituya la auténtica pretensión de quienes aprovechan las aglomeraciones festivas del estío para hacer oír su voz con el eslogan “ETXERA”, que no es otra que modificar la actual legislación penitenciaria, para conseguir un trato similar al de los presos llamados comunes.
Reivindicar derechos cuando, en realidad, se defienden objetivos de política legislativa, tal vez no sea una triquiñuela (cada uno que piense lo que quiera), pero sí induce a la confusión. Mucha gente de buena fe no tolera una vulneración de derechos. Negar a las personas presas lo que por ley les corresponde no es aceptable para cualquier defensor de los derechos humanos. Pero si se respeta la ley, el marco constitucional y el de derechos humanos a nivel internacional, tal vez no se sienta impulsado a suscribir ninguna reivindicación tendente a modificar una norma con el único objetivo real de que sujetos que han cometido graves delitos terroristas regresen antes a CASA.
A esta consideración debe añadirse otra no menor. Valorando como legítima – faltaría más – la pretensión de modificar la normativa penitenciaria para suavizar los requisitos de acceso al tercer grado y la libertad condicional, evitando con ello las interpretaciones excesivamente rigoristas de la fiscalía de la Audiencia Nacional y de la propia sala, su síntesis en la expresión ETXERA contiene una connotación especialmente significativa.
La eliminación de la excepcionalidad en la normativa penitenciaria aplicable a las personas de ETA que cumplen condena puede ser un objetivo de justicia material que se concentra en la aplicación equitativa de la ley, en el acto de su aplicación en sí mismo.
Sin embargo, en la formulación que, como hemos señalado, sintetiza esta reivindicación, “ETXERA”, hay un indudable y entrañable aroma de cariño, dulzura, calor, paz… Una referencia de enorme simbolismo, la casa. Son connotaciones que exceden el ámbito de la estricta búsqueda de una opción justa en la aplicación de una ley, para desplazarla a sus consecuencias, aquellas que visualizan mejor el objetivo político perseguido. Es la recompensa merecida, el reconocimiento, el tributo.
No seré yo quien juzgue estas legítimas motivaciones si se mueven en el terreno de lo personal o, al menos, de lo privado. Pero, resultando tan evidentes, no puede sorprender a nadie que haya una parte de la ciudadanía de este país (lástima que, como siempre, tan minoritaria) que eleve su enérgica protesta cuando se traslada al ámbito público.
El error – y esto lo comparto con SARE – es acudir a ese concepto tan escurridizo de la humillación de las víctimas. Pues no. Es comprensible que a las víctimas les pueda doler y molestar, pero esto no va de asuntos privados y esferas particulares, sino de ética pública y de defensa de un concepto de valores de ciudadanía. Sencillamente es éticamente intolerable (ojalá lo fuera también políticamente) que continúen las exhibiciones de apoyo, enaltecimiento, condescendencia y comprensión hacia quienes, habiendo provocado tanto dolor y sufrimiento a la sociedad y habiendo perturbado en tal grado la convivencia de este país, no han mostrado hasta la fecha el más mínimo signo de contrición.
Porque también a la ética pública (además de a la legislación penitenciaria) corresponde dar un trato diferente, mejor, a la persona delincuente que ha sido capaz de realizar un recorrido de reflexión personal autocrítica, asumiendo su responsabilidad en el daño ocasionado y reconocido como injusto.
Y, honestamente, no hay ni un gramo de intencionalidad política en estas líneas.
Cuando el grupo de jóvenes integrantes de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) apostó, a finales de los años sesenta por el uso de la violencia en el País Vasco, para luchar contra la dictadura del General Franco y defender un proyecto político independentista y socialista, difícilmente podían imaginar de qué manera su decisión iba a condicionar el futuro del país que decían defender.
ETA encontró en la lucha armada el factor determinante para dotar de relevancia y eficacia a una lucha política que apenas inquietaba al férreo sistema policial del régimen de Franco, cómodamente instalado en la represión de cualquier disidencia.
Y en eso, acertaron. En un contexto de dictadura que se prolongaba en el tiempo, sin visos de cambios relevantes y, por tanto, con ausencia de libertades, las acciones de ETA fueron recibidas con simpatía, cuando no júbilo, por parte de amplios sectores sociales y políticos del antifranquismo.
En ambientes de izquierda y antifascista de las grandes urbes españolas y en una buena parte de la sociedad vasca, animada por sectores tanto nacionalistas como progresistas, se aplaudía la audacia de aquellos jóvenes y, sobre todo, el efecto de inquietud, incomodidad y preocupación que alteraron la calma de los últimos años del régimen.
El asesinato del almirante Carrero Blanco, jefe del Gobierno y previsible sucesor del Caudillo, constituyó un punto álgido de ese movimiento de simpatía hacia ETA. Muchos vieron más cerca el fin de la dictadura, más allá de la inminencia de la muerte del dictador.
Basta recordar las romerías y verbenas de Euskadi en la segunda mitad de los años setenta y el simbolismo de los jerseys, txapelas o pañuelos lanzados al aire en el momento en que así lo indicaba la conocida tonadilla del “Voló, voló, Carrero voló”, imitando el efecto de la potente bomba que acabó con la vida del almirante el 20 de diciembre de 1973, en pleno centro de Madrid.
Acabar con la dictadura y conseguir la libertad era un objetivo largamente ansiado por amplios sectores de la izquierda española y, desde luego, por la vasca. Ello generó un efecto sordina que amortiguó o, incluso anuló, las reticencias morales que los efectos de la violencia provocaban, en términos de pérdida de vidas humanas. El fin justificaba los medios.
Con la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la implantación de los pilares de una democracia formal al uso en occidente, la inmensa mayoría de los partidos políticos vascos aceptaron, de mejor o peor grdo, el nuevo régimen democrático y se dispusieron a participar de lleno en él. No así Herri Batasuna, el brazo político de ETA. La organización armada entendió que había motivos para continuar con la lucha armada y así lo hizo. De hecho, intensificó su actividad hasta extremos desconocidos hasta entonces.
Si en la década que va desde su primer asesinato, el 7 de junio de 1968 al guardia civil José Pardines, hasta finales de diciembre de 1978, ETA asesinó a 139 personas, en los tres años siguientes, los primeros de la recién estrenada democracia fueron 203.
Esta decisión implicó, ya en aquel momento, la reacción de algunos sectores del progresismo vasco y español, que valoraron el grave error que suponía la decisión de ETA y mostraron públicamente su oposición a sus acciones.
La primera mitad de la década de los ochenta se caracterizó por una actividad frenética de la organización terrorista, con un asesinato cada tres días, prácticamente. Una época calificada como “los años de plomo”, en la que la actividad de ETA se solapaba con los últimos estertores del terrorismo de extrema derecha y el surgimiento de la guerra sucia con el terrorismo de estado de los GAL.
Una parte de la sociedad vasca seguía apoyando las acciones y la estrategia de ETA. El clima social era proclive a la organización. Estaban los miembros de los comandos, pero también los colaboradores, los informadores, los que daban cobijo, los que apoyaban las manifestaciones, los cargos electos, los activistas en los centros de trabajo, en los colegios, en las universidades y en cualquier otro espacio de convivencia social. Una tupida red como sostén de la lucha armada.
El clima vivido no permitía fácilmente la disidencia. Mucho menos la resistencia. Cabía el apoyo directo o indirecto a la violencia y luego el miedo, la indiferencia, la cobardía, el silencio.
En el ámbito político sí había muestras de oposición a la violencia. Se organizaron las primeras manifestaciones en la calle, siendo la primera de todas ellas una convocada por el Partido Comunista de Euskadi, en junio de 1978. Vinieron después otras, algunas de ellas convocadas desde las instituciones, con respuestas importantes de participación. Era evidente que también había en Euskadi mucha gente que rechazaba la violencia, aunque solo se atreviera a demostrarlo en el anonimato de una manifestación multitudinaria.
En ese contexto, comienzan a surgir pequeños movimientos aislados de protesta ciudadana. Iniciativas dispersas e inconexas, nacidas desde el ámbito religioso, educativo o simplemente social, que trasladan al ámbito público el rechazo frontal a esa violencia que impregnaba el País Vasco.
Estas iniciativas funcionaron como semillas, que germinaron en un acto de protesta perfectamente definido y con vocación de permanencia en el tiempo, cada vez que se producía una muerte como consecuencia de la violencia política. Fue el gesto por la paz, una concentración silenciosa de 15 minutos detrás de una pancarta con un lema sencillo, comprensible, muy básico y asumible desde el punto de vista ético. Nació en el colegio Escolapios de Bilbao. En noviembre de 1985 llevaron a cabo el primer “gesto por la paz”.
Seguidamente fueron surgiendo nuevos grupos en centros educativos, pueblos y barrios de Bizkaia, grupos que asumieron la misma filosofía y metodología de protesta, haciendo suyo el “gesto por la paz”. Poco a poco fueron contactando y estableciendo complicidades organizativas, llegando a la creación de la Coordinadora Gesto por la Paz, que tras fusionarse con otros grupos que surgieron en Gipuzkoa, acabó siendo, en 1989, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria.
Esta organización pacifista extendió sus grupos a lo largo y ancho de la geografía de Euskadi y Navarra. Siempre con la misma filosofía: concentraciones silenciosas en entornos próximos a la ciudadanía, al día siguiente de producirse una muerte como consecuencia de la violencia política. No hacía falta convocatorias. La gente ya sabía que eran siempre a la misma hora y en el mismo lugar. La organización era sencilla: bastaba que un par de personas llevaran la pancarta, siempre la misma, y la extendieran en el momento de empezar los 15 minutos de silencio. La gente se congregaba detrás espontáneamente y permanecía en silencio, hasta que, cumplido el plazo establecido, los portadores de la pancarta la plegaban y la gente se dispersaba, siempre con la esperanza de que aquella fuera la última vez.
Presidida por el silencio, el único mensaje de la concentración era el texto de la pancarta. “¿Por qué no la paz?” O simplemente “Queremos la Paz”. El silencio era el mejor cauce de expresión para transmitir algo tan elemental como el rechazo al ejercicio de la violencia como medio para defender un proyecto político.
Además, el silencio era el espacio en el que podían reconocerse y confluir personas con ideologías diferentes. Izquierdas y derechas, conservadores y progresistas, nacionalistas vascos o españolistas. El denominador común, lo que unía a todos tras la pancarta era justamente ese silencio que pedía paz y rechazaba la violencia. La protesta era eminentemente ética y prepartidista.
Otra característica del gesto por la paz fue la dosis de osadía que suponía abandonar el anonimato. No se trataba de convocar a la gente a una gran manifestación o concentración, sino de acercar a la ciudadanía la posibilidad de expresar su protesta contra la violencia. El gesto por la paz era un cauce público de expresión ciudadana deliberadamente próximo a las posibilidades de la gente.
Se creaban grupos en cada barrio y en cada pueblo. Cerca del ciudadano. No una concentración con mucha gente sino muchas concentraciones en muchos lugares, aunque fuera con pocas personas cada una. El objetivo era empapar de paz esas mismas calles donde campaba a sus ancas el apoyo y la justificación de la violencia o, simplemente, el miedo y la indiferencia. Romper ese monopolio.
Cierto es que implicaba una cierta dosis de valentía porque no estaba exento de riesgo la significación personal que suponía colocarse detrás de la pancarta ante tus vecinos, en un contexto donde todo el mundo se conoce, y en un clima social tan dominado por los violentos.
Otro elemento identificativo fundamental del gesto por la paz era que se realizaba siempre que se produjera una muerte como consecuencia de la violencia política. Esto incluía también, por supuesto, a la ejercida por otros grupos como el GAL, pero también las muertes accidentales sufridas por los propios terroristas cuando, por ejemplo, les explotaba la bomba que iban a colocar.
Esta circunstancia no siempre fue entendida por algunos sectores, pero Gesto por la Paz lo tuvo claro desde el principio y lo defendió con contundencia siempre: la protesta seguía teniendo sentido, porque esas muertes se producían también como consecuencia de la decisión de utilizar la violencia para defender ideas políticas y porque, en definitiva, se defendía el derecho a la vida frente a la sinrazón de la violencia.
La consolidación de la organización del movimiento pacifista coincidió en el tiempo con el Pacto de Ajuria Enea, firmado en el año 1988, un gran acuerdo entre todos los partidos políticos del arco parlamentario, a excepción de Herri Batasuna, el brazo político de ETA, como ya hemos señalado anteriormente.
Lo sustancial de este acuerdo fue la nitidez con que se trazó una línea divisoria entre quienes habían apostado por el sistema democrático y quienes no lo hacían, continuando con su apoyo a la estrategia político-militar y, por tanto, a la violencia. Se reivindicaba la exclusividad de los acuerdos políticos para los partidos y las instituciones democráticas y la defensa del diálogo como única herramienta para gestionar y resolver conflictos políticos.
El Pacto de Ajuria Enea constituyó un paraguas político que facilitó el desarrollo del movimiento pacifista. Sus postulados eran coincidentes en su dimensión ética y su desarrollo fue sinérgico.
2.- LA DOCTRINA DE GESTO POR LA PAZ
Con el transcurrir de los años, la Coordinadora Gesto por la Paz no solo creció en organización, proliferando grupos en pueblos y barrios, sino que también desarrolló un proceso de maduración ideológica, elaborando doctrina a base de posicionamientos sobre cuestiones diversas relacionadas con la violencia, sus causas y consecuencias.
Temprana fue su vinculación con los derechos humanos. Tomar como referencia el conjunto de valores universales que subyacen a las declaraciones y pactos internacionales fue una decisión automática, casi de inercia. La defensa del derecho a la vida por encima de cualquier otra consideración era la base del posicionamiento ético del gesto.
También enraizados en la doctrina de los derechos humanos hubo otros pronunciamientos. Por ejemplo, el rechazo y la denuncia de las prácticas policiales contrarias a dichas normas universales. No podemos olvidar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de los primeros años de la democracia eran las mismas que las del franquismo, sin que se produjera en su seno la transición que sí experimentó el sistema de libertades políticas.
Gesto por la Paz se significó públicamente en contra de las torturas practicadas en el contexto de la lucha contraterrorista ya en sus primeros años de organización, exigiendo la investigación en los casos en que había indicios o evidencias. También reclamó modificaciones legislativas que permitieran una mayor protección de los derechos de las personas detenidas y el final de legislaciones excepcionales que favorecían la existencia de espacios de inmunidad. Por último, se denunciaron públicamente algunos casos concretos de malos tratos y torturas en los que las evidencias eran muy sólidas.
El objetivo era sencillo: la lucha contraterrorista debía ajustarse a parámetros de legalidad democrática y de respeto a los derechos humanos, en todos los órdenes. Esta máxima condujo también a la organización pacifista a analizar y valorar la política penitenciaria seguida por el Gobierno de España con respecto a los miembros de ETA que cumplían condena de privación de libertad. Dicha política se caracterizó, desde 1987, por la dispersión y el alejamiento de los presos de ETA de sus lugares de domicilio, en el País Vasco.
El proceso de reflexión abierto en Gesto por la Paz sobre este asunto arrojó una relevante aportación al debate público, al distinguir con rotundidad entre el alejamiento y la dispersión. Gesto por la Paz no rechazó esta última, pero sí la primera. Separar a los presos de la organización que cumplían condena, distribuyéndolos en distintos centros penitenciarios y en distintos módulos, no conculcaba ningún derecho humano ni principio humanitario. Alejar a una persona que cumple condena a centenares de kilómetros de su lugar de residencia carecía de justificación alguna y constituía un castigo añadido a sus familiares, carentes de culpa alguna, que habían de recorrer largas distancias para poder visitar a los presos allegados.
Este posicionamiento público se tradujo en actos públicos de carácter reivindicativo, además de la actividad de difusión a través de los medios de comunicación.
Otra de las cuestiones que constituyeron una notable aportación teórica de Gesto por la Paz al debate público en Euskadi, fue su análisis de la relación entre la situación de violencia que padecía la sociedad vasca y el conflicto político subyacente. La teoría de los dos conflictos.
Desde el comienzo de su apuesta por la lucha armada, ETA y el conjunto de organizaciones sociales y políticas que conformó su entorno justificaron el uso de la violencia a partir de la existencia de un conflicto político cuya resolución era condición necesaria e indispensable para el final de la violencia. La lucha armada existía como una consecuencia necesaria de la no resolución de ese conflicto político. Una relación causal inevitable e indisoluble.
Definido el conflicto político como la negación por parte de España del ejercicio del derecho de autodeterminación para el País Vasco, solo el reconocimiento y la materialización de este derecho podía poner fin al uso de las armas.
Pues bien, a mediados de los años noventa, Gesto por la Paz desarrolló una reflexión teórica que refutaba de raíz este planteamiento, poniendo al descubierto su carácter tramposo.
Aceptando la existencia de un conflicto político, aunque pudiera ser definido en otros términos, y como pueden existir otros muchos conflictos de diversa naturaleza en nuestra sociedad, su vinculación con el uso de la violencia solo era considerada como necesaria e inevitable por quienes voluntariamente habían apostado por la estrategia violenta.
Para Gesto por la Paz era imprescindible abordar el problema de la violencia al margen de la cuestión de la soberanía. Afirmaba que no había relación necesaria, para la mayoría de la población vasca, entre violencia y soberanía. Y ello era así porque se podía mantener una lectura política de la realidad en clave de conflicto de soberanía rechazando taxativamente la violencia y ello tanto antes, como durante y tras la violencia.
Por tanto, rechazaba resolver el problema de la violencia antes de resolver el problema de la soberanía, así como resolver el problema de la violencia para así resolver el problema de la soberanía y, mucho más, resolver el problema de la soberanía antes de o para resolver el problema de la violencia.
Sostuvo Gesto por la Paz que la violencia de ETA no era un síntoma o consecuencia de ningún problema político (salvo en un sentido de explicación histórica: ETA vincula su nacimiento a un problema político), sino un problema en sí misma. El problema político derivado de la reivindicación de un modelo de relaciones con el Estado distinto del actual, debía resolverse por cauces y procedimientos estrictamente políticos.
En definitiva, la decisión de tomar las armas fue plenamente libre y voluntaria. Ningún conflicto político obligaba a hacerlo.
Gesto por la Paz defendió con tenacidad esta idea, apostando por la pedagogía social para desmontar el argumentario que alimentaba la justificación de los terroristas y quienes les apoyaban. Esta reflexión tuvo un importante calado en el debate político, al hacer suyo el análisis una buena parte de los partidos democráticos.
El aspecto educativo reclamó también la atención de la organización pacifista. Parecía claro que incidir en las nuevas generaciones, para inculcar el rechazo a la violencia y la apuesta radical por los derechos humanos, el diálogo y la tolerancia era una prioridad. Educar para la Paz fue un apartado de la actividad de Gesto que generó semilla. Una semilla que, años después, se concretaría en un programa impulsado por el propio Gobierno Vasco, de presencia de víctimas del terrorismo en las aulas de centros de enseñanza media, para ejemplificar ante los jóvenes y adolescentes, el valor del diálogo, el respeto y la tolerancia, a partir del sufrimiento creado por la violencia, transmitido por quienes la sufrieron de forma directa.
En otro orden de cosas, el cambio de estrategia adoptado por ETA en la segunda mitad de los años noventa, asumiendo lo que se denominó la doctrina de la socialización del sufrimiento, supuso la ampliación del abanico de posibles objetivos para los atentados. Así, políticos, periodistas o jueces, pasaron a vivir amenazados por la violencia. El sistema democrático en Euskadi pasó unos años sometido a durísimas tensiones.
Gesto por la Paz reaccionó a esta situación acuñando el término “violencia de persecución”, en alusión a lo que constituía una auténtica persecución ideológica. Bajo el eslogan “Si te amenazan, nos agreden”, lanzó una campaña de solidaridad con los colectivos de personas amenazadas que se veían obligadas a llevar escolta en su vida cotidiana, así como de denuncia de esta anómala situación en un país democrático. Falta de libertad, baja calidad democrática.
El Partido Popular y el Partido Socialista atravesaron momentos dramáticos pues el asesinato de sus representantes convertía la militancia pública en dichos partidos en un acto poco menos que heroico. Era evidente la inferioridad de condiciones para defender sus proyectos políticos en Euskadi, especialmente en pueblos pequeños. Desde el 23 de enero de 1995, fecha del asesinato de Gregorio Ordóñez, portavoz del Partido Popular del País Vasco y candidato a la alcaldía de San Sebastián, ETA acabó con la vida de 15 políticos vascos, muchos de ellos meros concejales de pueblo.
Gesto por la Paz era un movimiento pacifista, pero plenamente consciente de que no hay paz sin libertad, un binomio inseparable e imprescindible para la convivencia de una sociedad.
Por último, pero en lugar preminente para Gesto por la Paz, están las víctimas del terrorismo; de todos los terrorismos.
Hasta la segunda mitad de los años noventa, las víctimas del terrorismo vivieron completamente invisibilizadas. Apenas significaban nada para el conjunto de la sociedad, tanto vasca como española. Y lo que es peor, tampoco para las instituciones, que carecieron de políticas de apoyo a las personas que habían padecido la violencia bien directamente, sobreviviendo, o bien indirectamente con la pérdida de un ser querido.
Solo a finales de siglo, como consecuencia de diversos factores, entre los cuáles hay que destacar el dramático secuestro y asesinato del joven concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, las víctimas comenzaron poco a poco a ocupar un lugar más central en el espacio público. Se aprobaron las primeras legislaciones de apoyo y solidaridad reales hacia ellas y su papel evolucionó hacia su consideración como auténticos sujetos titulares de derechos.
Gesto por la Paz no fue ajena a esta evolución. Puede decirse que también llegó tarde a la consideración de las personas que habían sufrido la violencia. Eso sí, cuando lo hizo, empleó la contundencia moral que le caracterizaba y pronto asumió que el testimonio de estas personas era un factor esencial para la sensibilización y concienciación social frente a la violencia, así como en el avance hacia la deslegitimación del terrorismo.
Nuevamente la organización actuó como cauce facilitador y amplificador de las voces de las víctimas del terrorismo, empeñado en acercar a la ciudadanía vasca la realidad de su padecimiento, como vacuna contra la violencia. Al mismo tiempo, expresión de su solidaridad con ellas, sufridoras directas de un mal que tenía como destinatario último justamente el conjunto de la sociedad.
3.- EL FINAL DE LA VIOLENCIA, EL FINAL DE GESTO POR LA PAZ.
Por fin, el 20 de octubre de 2011, ETA declaró el cese definitivo de su actividad violenta. La denominada “batalla del relato”, que ya existía durante la vida activa de la organización terrorista, abrió un nuevo capítulo, dedicado en esta ocasión, a las causas de este desistimiento de ETA.
Parece difícilmente cuestionable que la eficacia policial de los últimos años fue determinante en el debilitamiento de la capacidad operativa de la banda. Igualmente, decisivas fueron la cooperación internacional y la acción judicial.
Especialmente relevante fue la pérdida de apoyo social, bastión esencial de ETA durante toda su existencia. Y como complemento de esta disminución de apoyos, el rechazo directo, rotundo y claro de la mayoría de la sociedad vasca. El pueblo al que ETA decía defender.
Pero ese rechazó, como se ha explicado aquí, no fue siempre tan evidente. En el resultado final, algo aportó el trabajo de una organización como Gesto por la Paz. Por eso, el final de la violencia fue sentido, en parte, como algo propio, por sus miembros, que el 11 de febrero del año siguiente, 2012, organizaron su última manifestación, bajo el eslogan “Lortu dugu (lo hemos conseguido). El futuro es nuestro”.
Finalmente, el 1 de junio de 2013, Gesto por la Paz cumplió su deseo más largamente anhelado: celebró su acto de disolución. Aquel día, se dio lectura a este manifiesto:
Hoy, decimos adiós a una de las experiencias que más estimamos de nuestras vidas. Este es el día que más deseamos desde el principio y, sin embargo, cuando ha llegado, sentimos que algo importante se desgaja de nuestros corazones.
Creemos, sinceramente, que, como ciudadanos de a pie, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para hacer frente al fenómeno de la violencia y a sus indeseables efectos. El prisma de los derechos humanos y los principios democráticos ha sido nuestra única herramienta, la que nos ha permitido construir una voz propia llena de luz, sensibilidad y matices. Desde la infinita solidaridad con las víctimas, que encarnan el ataque que iba dirigido contra todos nosotros, hasta la exigencia para que el estado de Derecho fuera escrupuloso en su respuesta ante el terror, Gesto por la Paz siempre ha desarrollado actitudes y pensamientos que pudieran servir para compartir los mínimos éticos de la convivencia. Y, aunque, tal vez, aún, resulte inaccesible para quienes lo ven todo desde el cálculo partidista, esa voz forma parte, ya, de los significados más luminosos que cimentarán el futuro de nuestra sociedad.
Poder decir adiós con este esplendor en la conciencia constituye la parte jubilosa de nuestra celebración. Pero, a lo largo de los 28 años en que desarrollamos toda esa tarea, casi sin darnos cuenta, también hemos ido creando lazos entre nosotros que son los que, hoy, nos entristece deshacer. Muy a menudo se nos ha presupuesto valentía y coraje y, paradójicamente, es, en este momento final, cuando más los vamos a necesitar. Ni la costumbre y ni la nostalgia nos van a impedir que, una vez más, hagamos lo que creemos más justo y sincero. Hoy, consiste en irnos como vinimos. Nos disolvemos en la sociedad siendo ciudadanos absolutamente anónimos, absolutamente plurales y absolutamente libres.
Estos son nuestros últimos minutos y, por una vez, vamos a permitirnos el capricho de dejar de lado el pudor. Nunca hemos expresado públicamente nuestro orgullo por pertenecer a Gesto por la Paz. No teníamos ni tiempo ni las condiciones para poder manifestarlo, pero hoy es el día… …
HOY ES EL DÍA de proclamarlo ante todo el mundo. Nos sentimos dichosos de haber podido formar parte de ese grupo de gente que supo levantarse de la postración ética que sufría nuestra sociedad para emprender el camino hacia el horizonte de la dignidad humana. Queremos agradecer a todas las personas que se sumaron a alguna de nuestras convocatorias su apoyo y su compañía. Gracias a ellas, la iniciativa de Gesto por la Paz no se quedó en el sueño de unos locos y pudo convertirse en el clamor mayoritario de quienes queríamos vivir en paz y libertad, incluso aunque nuestros proyectos políticos tuvieran diferencias antagónicas.
Hoy, al despedirnos, regresaremos a nuestras casas de una forma diferente. Pero, ya desde ese mismo instante, la memoria estará susurrándonos al oído nuestra experiencia en Gesto por la Paz. Y ese susurro es el que quedará vivo más allá de nosotros mismos, como parte de todos los futuros que busquen el progreso en la convivencia humana. Muchas gracias y hasta siempre.
Yo fui una de las personas que participó activamente en Gesto por la Paz desde el año 1988, cuando colaboré en la creación del grupo de mi pueblo, Llodio.
Es difícil narrar una experiencia así, plena de emociones y de sentimientos. Para la mayoría de nosotros, no fue solo un camino hacia la paz. También se convirtió en un camino hacia el respeto, la tolerancia, los derechos humanos…Vivimos la militancia como una auténtica escuela de vida. Crecimos en todos los sentidos. Sufrimos, reímos, lloramos, acompañamos, nos indignamos, abrazamos, protestamos, resistimos…
Con el paso de los años, trabajando por una memoria que contribuya a deslegitimar la violencia, un grupo de personas que compartimos activismo en Gesto por la Paz, sentimos la necesidad de dejar nuestro legado en forma algo más tangible y accesible. Quisimos recopilar nuestros pensamientos y nuestras acciones, el obrar y el pensar, en un medio como el audiovisual. Por eso, nos lanzamos, pandemia mediante, a producir un documental sobre Gesto por la Paz. Su título es la síntesis de lo que fuimos. La esencia de nuestra identidad: Un gesto que hizo sonar el silencio.
Este sábado, 13 de enero, hay convocada una manifestación en Bilbao, bajo el lema «Konponbiderako giltzak-Llaves para la resolución». Además, los organizadores han elaborado un manifiesto y han creado una página web donde se recogen adhesiones al mismo tanto individuales como colectivas. Cabe pensar que todos ellos acudirán el sábado a Bilbao a exteriorizar con su presencia el apoyo a las tesis del manifiesto.
Envuelto en el manto de la convivencia, una adecuada contextualización permite entrever la reivindicación fundamental de una manifestación que ya es tradición en estas fechas posnavideñas. Este año se habla de giltzak. No en su función de cerrar sino para abrir. Y más en concreto, «abrir las puertas de la solución y la convivencia de par en par. Y para ello, tenemos que coger en la mano las llaves que abran la puerta del camino a casa de los presos y presas».
Esencialmente, denuncian la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional, en la aplicación de los requisitos exigidos para la concesión del tercer grado penitenciario, que constituye un régimen de semilibertad. Aunque, realmente, denuncian la excepcionalidad de la propia ley que establece esos requisitos única y exclusivamente para los condenados por delitos de terrorismo. Según la misma, el tercer grado está sujeto a «una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito», por parte del condenado. Es decir, arrepentimiento.
Desde el respeto a la convocatoria «Konponbiderako giltzak-Llaves para la resolución», yo quiero traer hoy a colación y compartir aquí esta reflexión de una persona que estuvo en ETA, que participó en asesinatos y que cumplió su condena. Creo que tiene más sentido que nunca.
Este artículo fue publicado en «ElDiarioNorte.es» el día 4 de enero de 2023, suscrito por Edurne Albizu, Sergio Campo, Maite Leanizbarrutia, Peio Salaburu, Sabin Zubiri y Txema Urkijo.
Una vez más las diferentes organizaciones a favor de los presos de ETA convocan su manifestación anual. No se se trata de una movilización más: basta con tirar de hemeroteca hasta encontrar referencias a convocatorias con ciertas similitudes ya desde el año 1986 y puede que incluso antes. Una movilización prácticamente anual y de estas características, en la que la Izquierda Abertzale se vuelca al completo, tiene claramente una dimensión estratégica que va más allá de la manifestación en sí misma.
Los presos de ETA han representado históricamente la figura de héroes-mártires en la Izquierda Abertzale y este tipo de convocatorias, más allá de lo que tienen de ritual, representan un importante elemento aglutinante de carácter emocional para el conjunto de su espacio. Es una herramienta cuidada y medida al milímetro, donde hay poco lugar para la improvisación y cada paso, palabra o símbolo empleados responden a una finalidad consciente.
Pero todo esto no siempre ha sido tan evidente y diferentes agentes políticos y sociales ajenos a la Izquierda Abertzale han ido adhiriéndose y descolgándose de esta convocatoria, al tiempo que iban dándose cuenta de lo que su apoyo significaba. Los hechos siempre son definitorios: la incomodidad por la puesta en escena de una manifestación tan ritual así como la imposibilidad de mover una sola coma en lo sustancial del contenido. Lo aprendió rápidamente Gesto por la Paz en el año de la tregua de 1999, que la apoyó inicialmente y se descolgó de inmediato. O el PNV, que se retiró de forma definitiva de la misma en 2012. Y también una parte de la izquierda (Euskadiko Ezkerra, IU, Podemos…) o sindicatos como CCOO, que han ido oscilando en su posicionamiento.
No obstante, es innegable que sus participaciones, puntuales o intermitentes, han contribuido involuntariamente a dar relevancia social y, sobre todo, a legitimarla como una convocatoria pro-Derechos Humanos. Sin lugar a dudas el elemento que ha pesado históricamente para decantar estas posiciones de grupos tan heterogéneos desde un punto de vista sociopolítico ha sido una causa justa como es el acercamiento y el trato humanitario para las personas presas.
Hoy, el hecho cierto es que más del 90% de las personas presas están ya en centros de Euskadi y Navarra y el resto en las provincias limítrofes (Cantabria, Burgos, La Rioja…). O en Lannemezan, centro próximo a Iparralde. Asimismo, el trato humanitario a los presos que tenía su máximo exponente en los que estaban gravemente enfermos, según indican diferentes fuentes, también está en avanzado grado de resolución. Los avances para poner fin a esta política penitenciaria de excepcionalidad se han logrado, en buena medida porque eran consecuencia de consensos transversales.
Ambas cuestiones, acercamiento y trato humanitario, no solo han sido las que han permitido aglutinar a diferentes partidos, sindicatos y personalidades de la sociedad vasca, sino que han sustituido en las convocatorias de los últimos 15 años a la reclamación de la amnistía que realizaba con anterioridad la Izquierda Abertzale. Sin embargo, este año, la agenda pro-presos es otra y no tan desconectada de la primitiva a tenor del nuevo lema “etxera”, en realidad una petición de amnistía no tan encubierta: se solicita el paso a tercer grado penitenciario de todos los presos (solo es preciso volver a la prisión para dormir).
En el año 2011, cuando ETA depuso las armas, había más de 700 miembros de la banda en prisión. 10 años después son en torno a 180 las personas que permanecen privadas de libertad. De ellas casi ninguna está ya en primer grado y no pocos están ya accediendo al tercer grado. Esta progresión de grado por razones diferentes a la humanitarias (artículo 72 de la LOGP) requiere –y nos parece que es lo adecuado– que el preso de forma individual demuestre que ha abandonado la violencia –habitualmente a través de una declaración escrita– y una petición de disculpas sinceras o perdón a las víctimas de su delito. Es decir, que emprenda un camino de reinserción social o justicia restaurativa.
Hoy la justicia restaurativa también forma parte de los más básicos consensos de la sociedad vasca para abordar desde la justicia y la ética no solo la reinserción de los presos y presas, sino también la restauración de una convivencia con memoria. Y este consenso no se puede malograr. Que se haya alcanzado se lo debemos en buena medida a la difusión de experiencias reales puestas en marcha hace una década, a través de películas como Maixabel u obras de teatro como La mirada del otro y, por supuesto, al trabajo de colectivos pacifistas y de Derechos Humanos y a no pocas víctimas y victimarios que participaron en la Vía Nanclares.
No es posible trabajar por los presos y su derecho a la reinserción desde un enfoque sincero de Derechos Humanos sin mencionar ni una sola vez la ética en relación con sus delitos y las víctimas
Esa Izquierda Abertzale que hasta hace poco consideraba literalmente una traición la reinserción y la justicia restaurativa –de hecho, eliminó a los participantes en la Vía Nanclares de los listados del colectivo de presos de ETA (EPPK), Etxerat o Sare, y se empeñó en marginarlos en sus respectivos pueblos–, hoy abrazan formalmente este enfoque, pero distorsionando a conveniencia su contenido. Esto debe encender todas las alertas tratándose de una materia tan sensible y crítica para nuestra recién estrenada y precaria convivencia. Aquí, la exigencia y diligencia en el control de instituciones, partidos y agentes sociales debe ser máxima, porque no imaginamos nada más lesivo, revictimizador ni destructivo socialmente que una disculpa o arrepentimiento no sinceros. El desarme y la disolución podían admitir diferentes grados de juego en el lenguaje. El perdón a las víctimas y a la sociedad vasca en su conjunto nunca.
Esta es la cuestión central. Cuando nadie apostaba por la reinserción y la justicia restaurativa, nosotras la apoyamos pese a las críticas feroces de unos y otros. Hoy, cuando forma parte de los consensos sociales, alertamos del vaciamiento y la distorsión de su contenido que pretende la Izquierda Abertzale. En este sentido, queremos reivindicar cuatro aspectos clave: tiene que ser individual, nunca colectiva, debe tener sí o sí una dimensión ética, sí hay margen para que una rectificación pública y sincera de la Izquierda Abertzale allane el camino a los procesos individuales de reinserción, pero sin sustituirlos en ningún momento y el cumplimiento debe quedar al margen de cualquier disputa política o arreglo partidario.
Los dos primeros puntos son simple y llanamente la traslación directa de lo que dicta la legislación penitenciaria, pero también una referencia como Naciones Unidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (reglas 4, 89, 91, 92, 94 y 95). El tercero y cuarto, la constatación de que la revisión crítica del pasado: el reconocimiento del daño causado y la injusticia de esa actuación es el valioso hilo que conecta la política penitenciaria desde una perspectiva de la reinserción con la memoria en términos deslegitimadores y con una convivencia democrática con garantías de no repetición.
Todas estas cuestiones están ausentes en la convocatoria de la manifestación del 7 de enero y, por extensión, en la agenda pro-presos de la Izquierda Abertzale. Eso es lo preocupante y lo que debería abrir una profunda reflexión política y un sosegado debate social. No es posible trabajar por los presos y su derecho a la reinserción desde un enfoque sincero de Derechos Humanos sin mencionar ni una sola vez la ética en relación con sus delitos y las víctimas.
Porque la claridad de estos mínimos tan elementales que hemos citado no puede adulterarse con ambigüedades discursivas ni con significantes vacíos de contenido. La alerta de los y las firmantes de este artículo no obedece a que veamos en cuestión un pasado que ya es irreparable; si no nuestro futuro en convivencia justa y democrática.
Este artículo fue publicado en el diario «Público» el día 19 de octubre.
La coincidencia en el tiempo del estreno de la película Maixabel, de Icíar Bollaín y la conmemoración del décimo aniversario de la declaración de cese definitivo de su actividad por parte de ETA, ha vuelto a poner de rabiosa actualidad mediática el «problema vasco», arrumbado a un recóndito rincón en la memoria de los españoles, una vez que se acabaron los muertos y las amenazas.
Y utilizo deliberadamente la expresión «problema vasco» porque comparto plenamente la reflexión de Imanol Zubero en la que afirma que «cuando ETA desapareció, hace diez años, desapareció EL PROBLEMA VASCO (así, con mayúsculas) porque, en realidad, ETA era nuestro problema mayúsculo (…) ETA desapareció y todos los problemas mayúsculos que supuestamente justificaban su existencia se convirtieron en lo que realmente eran y siguen siendo, en problemas políticos con minúsculas, susceptibles de ser abordados como cualquier problema político: reflexionando con inteligencia, diagnosticando con acierto, proponiendo alternativas, convenciendo, acumulando fuerza democrática…«
Así, estos días, todos los medios vuelven sus páginas, sus cámaras y sus micrófonos hacia Euskadi, en busca del balance de esta década, rescatando del ostracismo protagonistas que lo fueron de aquellos tiempos oscuros y dramáticos.
Creo, de entrada, que Maixabel, la película, nos deja el sabor melancólico de lo que pudo haber sido y no fue. Alguien calificó con acierto el programa de encuentros restaurativos entre presos disidentes de ETA críticos con la violencia, y víctimas de esa misma organización, como la «salida ética» al problema de la violencia. Es verdad que fomentar la disidencia ética, política y estratégica en el seno del colectivo de presos pudo haber sido un gran acierto de la Vía Nanclares y Rubalcaba, su mentor, pero la inminencia del final y la promesa de una salida colectiva transmitida desde la organización truncó las posibilidades de encontrar más valientes que dieran un paso al frente en la disidencia.
Las cosas se hicieron finalmente adaptando al caso vasco pautas y modelos clásicos de resolución de conflictos, con visiones esencialmente pragmáticas que priorizaron la consecución del final. Eso sí, sin precios políticos y sin contrapartidas de ningún tipo, se pongan como se pongan algunos. Tan solo se permitió el atrezzo del final, que diluyó para algunos la imagen de una humillante rendición militar.
El 20-O constituyó un símbolo, más que un día especialmente memorable. La consciencia del final de ETA había permeado ya de tal manera al conjunto de la sociedad que el efecto emocional de una noticia tan esperada estaba muy descontado.
Afortunadamente, ya nadie discute que fuera el final. Algo hemos avanzado en estos diez años. Valorar el relato del final de la violencia es interpretar también las causas del proceso, su trayectoria, su eventual justificación y, por supuesto, cómo vaya a explicarse a las generaciones venideras. Por eso, diez años después, volvemos a reproducir la disputa sobre la etiología de aquel final, al igual que lo hicimos cuando el mismo se produjo.
En mi apreciación, fue proceso matizado y complejo en sus causas, donde el resultado final es fruto del conjunto de todas ellas. ETA desistió en su apuesta por la estrategia político-militar. Eso sí, no lo hizo de manera libre y voluntaria, sino condicionada por unas circunstancias que acercaban cada vez más el fracaso del proyecto político que defendía. La misma gente que les apoyó y legitimó durante años, así lo entendió y se lo demandó, configurando el paraguas que necesitaban para anunciar su final y posibilitando el trabajo de atrezzo con el que se vistió el acontecimiento.
Nadie debe dudar de que la efectividad de la acción policial, la colaboración internacional y el marco jurídico diseñado para el juego político fueron claves esenciales para forzar la decisión de ETA. El contexto de desprestigio internacional de la violencia política o religiosa favoreció el proceso. Y, por supuesto, el progresivo y mayoritario rechazo de la propia sociedad vasca a una actividad ética y políticamente intolerable, fue minando el factor de apoyo social, tan importante para una organización que se autocalificaba como vanguardia del pueblo.
¿Qué ha hecho la sociedad vasca en estos últimos diez años? Básicamente acostumbrase con rapidez a vivir tranquila. No desdeñemos el grado de paz y libertad existente ahora en Euskadi, pues no tiene parangón en muchas décadas y eso se ve y se palpa en las calles. Pero tampoco minimicemos la persistencia de discursos que aún justifican la violencia del pasado y no tienen pudor en manifestarlo públicamente ensalzando con júbilo a quienes recobran la libertad sin muestra alguna de contrición.
Una buena parte de la sociedad vasca vivió con sentimiento de ajenidad el problema de la violencia y no ha cambiado de actitud a la hora de afrontar la vida sin la organización terrorista. Demasiada indiferencia y demasiada ignorancia sobre lo sucedido, junto al riesgo inequívoco de un exceso de autocomplacencia acerca del papel desempeñado por la propia ciudadanía vasca en la reacción contra la violencia. Algunos abrazan el modelo gaullista de distorsión de la historia: Vichy fueron cuatro gatos; los franceses estaban todos en la resistance. Y, mire, no, que algunos tenemos memoria.
Euskadi se sitúa hoy en una encrucijada. Repetir el camino del olvido, ya recorrido en la transición española respecto a lo que supuso la dictadura de Franco, o apostar decididamente por políticas de memoria, basadas en los Derechos Humanos, que contribuyan a construir una convivencia más justa. Una memoria con sentido pedagógico que afiance en la sociedad el principio irrenunciable de la deslegitimación de la violencia, que afirme el sinsentido de la misma y del sufrimiento injusto por ella generado. Nunca debió suceder.
Forma parte también de esa encrucijada la exigencia de reflexión autocrítica. Una exigencia a quienes protagonizaron la violencia, pero también a quienes la justificaron y jalearon, a quienes vulneraron derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, a quienes permanecieron en silencio e indiferentes ante todo esto…
Con frecuencia, olvidamos que contra ETA no todo lo que se hizo estuvo bien. Que hubo víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos cometidos por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que tienen los mismos derechos que las de ETA. Verdad, Justicia y Reparación. Que el reconocimiento de su condición de tales es aún manifiestamente insuficiente. Y todo esto también forma parte del final de ETA.
No me atrevo a vaticinar cómo será la salida de esta encrucijada. Todo apunta a un futuro de claros y sombras, como casi siempre. Un amigo mío me dijo hace poco que él se conforma con que se desinflame definitivamente el sentimiento épico de la violencia entre quienes la jalearon. A lo mejor incluso eso es demasiado pedir. Mejor me dejo llevar por las palabras que leí este mismo domingo de Ramón Barea: «La imagen de este momento es el ramo de flores rojas con una blanca en el centro que aparece en Maixabel. Representa el futuro que tenemos que construir entre todos«.
En unos días en los que los medios de comunicación se afanan en elaborar programas que recuerdan el décimo aniversario de la declaración de cese definitivo de su actividad por parte de ETA, el programa de RNE «Las mañanas de RNE con Iñigo Alfonso», tuvo la idea de juntarnos a Maixabel y a mí en una entrevista. Muy a gusto con Iñigo y con Rafael Bermejo, en la radio pública. Aquí el resultado para quien tenga interés.
El pasado 14 de octubre, el veterano programa de divulgación de la 2, «La aventura del saber», un auténtico ejemplo de la condición de servicio público de RTVE, dedicó su primera parte a comentar la película de Icíar Bolláin «Maixabel» y, por extensión, el programa de encuentros restaurativos llevado a cabo en el marco de la Vía Nanclares hace ahora diez años. Y para hablar de ello, su director y presentador, Salvador Gómez, contó con un colaborador habitual del programa, el filósofo Reyes Mate y con quien esto escribe. Fue una charla breve pero intensa y, creo, interesante. Dejo el enlace para quien quiera valorarlo. Hasta el minuto 21 aproximadamente.
Este artículo fue publicado en Aiaraldea, Laudio, el 7 de octubre de 2021.
Maixabel es una película basada en hechos reales ocurridos hace no demasiado tiempo y, con mayor o menor precisión, conocidos por muchas de las personas que viven en Euskadi. Por ello, es muy difícil ver la película sin tener presente el recuerdo que cada espectador tiene de aquellos sucesos. Ese elemento subjetivo, ajeno a lo estrictamente cinematográfico, condiciona nuestra opinión sobre lo que vemos en el cine. Así, la valoración que hagamos de la película tendrá que ver más con nuestra predisposición real frente a los sucesos relatados que con sus valores como obra audiovisual.
Mi consejo sería acercarse al cine desprovisto de todo tipo de prejuicios. Aceptar el reto de colocarnos en una posición lo más neutra posible y dejar que el trabajo de Icíar Bollaín penetre en nosotros y fluya haciéndonos sentir y pensar. Pero ya comprendo que eso es pedir peras al olmo en un país construido a base de prejuicios, estigmas y encasillamientos de todotipo.
Maixabel es una película que rezuma verdad, autenticidad y honestidad. Lo es por lo que cuenta (refleja fielmente la realidad, doy fe) y también por cómo lo cuenta, sin más artilugios que la inmensa actuación de un cuarteto magnífico de intérpretes. Todo en la película está dirigido a colocar al espectador ante la experiencia vivida por los personajes de Luis, María y, sobre todo, Ibon y Maixabel. Muy inteligentemente el impecable guion de Isa Campo obvia el sustrato político-institucional que impulsó el programa de encuentros restaurativos, con el fin de evitar elementos que, con toda certeza, habrían distraído la atención de muchos espectadores, sin aportar nada relevante, pues el relato no se resiente ni un ápice sin ellos. Está lo sustancial, lo que tiene que estar.
El film de Iciar Bollaín no permite escapatorias. Obliga a pensar. Interpela al espectador. Lo enfrenta a auténticos dilemas morales frente a los que es imposible inhibirse. Incomoda al incitar a una sibilina comparación personal con los protagonistas. ¿Qué habría hecho yo en su lugar? Y todo ello, referido a la violencia, el terror, el odio, el arrepentimiento, el perdón, el saber escuchar, la convivencia y, lo más importante para la Maixabel de carne y hueso, las segundas oportunidades. En definitiva, de aquello que ha sucedido entre nosotros.
Pero ahora, gracias a la película y a la magia de la sala de un cine, todo ello se nos presenta de manera más sosegada y serena. Emocionante. En condiciones óptimas para la reflexión. Ojalá que provoque resultados positivos para el mejor entendimiento de nuestro país, para nuestra memoria y para nuestra convivencia. Al fin y al cabo, Maixabel, película y persona, es un alegato contra la violencia y el fanatismo, a favor de la tolerancia y la empatía. Elementos imprescindibles para la reconstrucción de las relaciones sociales en Euskadi.
Fue Ana Borderas quien se puso en contacto conmigo para proponerme participar en el programa. Yo conocía «Ochéntame» y me gustaba el formato. Quedamos un día en una cafetería de Madrid y me explicó su idea. El asesinato de Miguel Ángel Blanco era un episodio esencial de la década pero ella quería abordarlo a partir de lo que fue la reacción social contra la violencia en Euskadi desde sus primeros pasos, allá por la segunda mitad de los ochenta. Creía que era una historia poco conocida fuera del País Vasco y quería contarla, además de pensar que merecía la pena hacerlo.
Fue más que suficiente para mí. Imposible decir que no. Frente a quienes creen que la movilización de aquellos días de julio de 1997 fueron fruto exclusivo de la indignación popular, un estallido de rabia, algunos sabíamos que había detrás una trayectoria de concienciación y sensibilización llevada a cabo en pueblos y barrios de Euskadi durante toda una década. Un trabajo silencioso y anónimo. Persistente, tenaz, firme y de una gran convicción. Son precedentes imprescindibles para entender lo que vino después.
El resto está en estos 53 minutos de excelente documental. Un trabajo muy cuidado, respetuoso y delicado con las opiniones expresadas por todos los participantes, que fluye a través de un guion sólidamente estructurado. Creo sinceramente que merece la pena verlo. E incluso, volver a verlo.
Imposible contener la emoción, con el recuerdo de aquellos años, de los esfuerzos y sacrificios de tantas personas detrás de las decenas de pancartas que poblaron los rincones de nuestra Euskal Herria. Lo dijo Ana y lo ratifico:. El programa tiene mucho de homenaje a toda esa gente.
Hubo más en la larga entrevista en ese sillón tan peculiar, allá en el mes de julio. Mucho más. Pero entiendo que el relato finalizara ahí. Era ascendente y perdía mucho adentrarse en lo que sucedió con posterioridad. Llegaba el barro, con bastante miseria y no era el caso. Me encanta ese cierre: «…y la plaza no volvió a llenarse». Cada quien sabe lo que ocurrió después y es otra historia.
Quiero dar de nuevo las gracias a Ana, al Grupo Ganga y al programa Novéntame por este regalo con forma de memoria. No me canso de repetirlo cuando tengo ocasión. La memoria es identidad y no solo ayuda a entender el pasado sino que, sobre todo, nos proyecta sobre el futuro. Hay valores sobre los que seguir construyendo convivencia y ciudadanía. Y muchos de ellos estaban detrás de esas pancartas.
Hoy se cumplen 20 años del episodio. Hago memoria; ese ejercicio de reconstrucción del pasado en la actualidad que me ayuda a reflexionar sobre el presente y también sobre el futuro. La imagen de la fotografía me sigue interpelando hoy en día. Me ayuda en la reflexión y en el proceso de construcción permanente de mi identidad y de mis convicciones. Tiene mucha fuerza, muchísima fuerza.
Ir en medio. Mitad ligazón de los dos bloques, mitad denuncia por su desunión. Fue probablemente la decisión más dolorosa de cuantas adoptamos en Gesto por la Paz de Euskal Herria. En absoluto deseada. Sentimos el peso de lo que consideramos en aquel momento un imperativo ético e incluso político. También, con la tranquilidad de conciencia que proporcionaba el haber llevado a cabo todas las gestiones e iniciativas a nuestro alcance para evitar el desgarro de la desunión.
Recuerdo el penoso papel jugado por quien entonces ya era Secretario General de Presidencia, Jesús Peña, interlocutor de Lehendakaritza con nosotros en las gestiones realizadas para intentar reconducir el desencuentro político existente en relación a la convocatoria de la manifestación de protesta por los asesinatos de Fernando Buesa y Jorge Díez. Falto de sensibilidad y sobrado de intransigencia. Actitud impropia del cargo y de la representación que ostentaba. No me lo contaron. Me tocó a mí hablar con él por teléfono.
También tengo muy viva la sensación de nerviosismo que se apoderó de nosotros en los instantes iniciales de la manifestación, cuando encontramos dificultades para acceder al recorrido y elegir la ubicación deseada, «en el medio». Muy reconfortante en aquel momento la compañía de un auténtico referente en Euskadi en cuestiones de paz y política, como era José Luis Zubizarreta. El alivio que sintió al conocer nuestra iniciativa – condición de comodidad imprescindible para su presencia en la manifestación, como él mismo reconoció – fue, al mismo tiempo, un verdadero espaldarazo moral para nosotros.
Después fueron más las personas que nos confesaron su agradecimiento por haberles brindado la posibilidad de evitar la incomodidad de la división existente, pudiendo mantener su compromiso con la protesta pública por los asesinatos. Asistían entre incrédulos e indignados al paso de la parte de manifestación que confundió su objetivo, con gritos de apoyo al Lehendakari, en lugar de hacerlo condenando los asesinatos, contra ETA o, como siempre, con el simbólico silencio de protesta. Y al llegar nuestro pequeño grupo, lo engrosaban decididos y aliviados.
Lo ocurrido aquel día, al igual que los anteriores, desde el mismo momento del atentado, no constituyó una gran sorpresa. Sin ir más lejos, Joseba Egibar ya nos había anunciado un par de años antes, en privado, tras el estallido del denominado “espíritu de Ermua”, que ellos no volverían a compartir la calle con el PP para manifestarse contra la violencia. Ya lo mencioné aquí.
Con este triste episodio iniciamos esa etapa negra de división social ante la violencia, de duplicidad de concentraciones, a espaldas unos de otros, tras los asesinatos de ETA que protagonizó el trágico comienzo de siglo en Euskadi. Supuso, claro, la travesía del desierto para un movimiento como Gesto por la Paz, con vocación nítidamente integradora (el silencio como expresión máxima de la síntesis que nos unía frente a la violencia). La condena al ostracismo a quien incomodaba por su vocación de puente.
La herida sangró durante mucho tiempo. Y la de nuestro gesto en aquella manifestación, también lo suyo. Algunos no llegaron a entenderlo y se alejaron de nosotros, probablemente abrazando otros movimientos cívicos que existían en aquel momento. Durante un tiempo, fueron numerosas las explicaciones que tuvimos que ofrecer sobre decisión tomada. El principal escollo, lo que más nos dolió, fue no estar con los familiares de los asesinados. Antepusimos nuestra responsabilidad y la convicción de que hacíamos lo correcto, a la compañía y la solidaridad incondicional con los familiares de Fernando y de Jorge. Por imperativo de nuestra conciencia individual y por un irrenunciable objetivo de pedagogía social.
Era inaceptable una vuelta atrás en la posición de unidad que había mostrado ya con reiteración la inmensa mayoría de la sociedad vasca opuesta a la violencia terrorista. No podíamos asistir impasibles a la dilución del objetivo más preciado del Pacto de Ajuria Enea, largamente perseguido y tortuosamente alcanzado. Aparecía de nuevo la línea de división y separación entre nosotros. Un paso atrás del que solo podían obtener beneficio quienes apostaban por la continuidad del terror. Ya lo he dicho: no fue una decisión fácil ni exenta de dolor.
Con todo, y pese a su dureza, creo que ninguno de quienes participamos entonces en ella, hemos dudado jamás del acierto de nuestra elección, a pesar del escaso éxito de nuestro llamamiento. En unas fechas dramáticas y difíciles como pocas, fuimos capaces de mantener con fuerza nuestras convicciones y nuestra responsabilidad, por encima de las circunstancias del momento. Como dijo Lourdes Pérez en su crónica del Diario Vasco de hace unos días, «En medio, el silencio atronador de Gesto por la Paz tratando de que el país no se rompiera definitivamente». Una decisión serena y meditada.
Hoy, cuando demandamos reflexión autocrítica para pasar página sanando heridas del pasado, algunos deberían sentirse interpelados por su conducta en aquellos días. El espejo de la memoria les devolverá imágenes poco amables. Primaron orgullos personales e intereses partidistas, en un momento en que la prioridad máxima solo podía ser la condena sin paliativos del crimen y la solidaridad con las víctimas del mismo. Y la sociedad vasca ganaría si esa autocrítica se hiciera con la misma publicidad con la que cometieron sus errores.
Txema Urkijo 