El 3 de octubre de 2024 escribí estas líneas a cuenta de la concesión del tercer grado penitenciario a dos presos de ETA. No recuerdo por qué no las publiqué, pero repaso ahora su contenido y me sigue pareciendo tan actual como necesario, especialmente tras la reciente aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone un régimen de semilibertad, a Txeroki, dirigente de ETA condenado a 377 años de prisión, por parte de los responsables de la administración penitenciaria del Gobierno Vasco, a raíz de la cual, escribí esto en facebook:

El desconocimiento de todo lo relacionado con la evolución penitenciaria personal del personaje me obliga a ser prudente, pero sinceramente, creo que una medida como ésta no solo tiene que estar bien fundamentada jurídicamente sino, también, explicada a la sociedad. No hay obligación legal, pero sí sería muy conveniente ser pedagógico cuando se trata de un caso tan simbólico como el de un exjefe de ETA condenado a 377 años. Los responsable públicos de la decisión deberían hacer el esfuerzo de explicarla.

No era sino una reiteración de lo que ya reclamaba hace meses.

La Consejería de Justicia del Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado a Luis Mariñelarena y  Harriet Iragi, condenados, entre otros crímenes, por los asesinatos de Fernando Buesa y Luis Portero, por ejemplo.

Un buen gobernante no solo debe informar de lo que hace, sino también ha de explicar a la ciudadanía por qué lo hace y para qué lo hace. La renuncia a la pedagogía es uno de los grandes males de la política actual. ¿Acaso no creen nuestros gobernantes en su capacidad para convencer a los ciudadanos? Las opiniones sociales se forman por la concurrencia de múltiples factores. Es una lástima que uno de ellos – de los importantes además – no sea la razón que ofrezcan nuestros gobernantes para explicar sus decisiones y sus actos.

El PSOE ha sido tradicionalmente timorato a la hora de enfrentar su política penitenciaria. El peso del control de la derecha política y mediática ha tenido atenazado y encorsetado su discurso, sin atreverse a explicar lo que ellos entienden que es bueno para el bien común.

En este caso, más allá de si es correcta o no la aplicación de la ley (la última palabra será de la Audiencia Nacional), la Consejera de Justicia del Gobierno Vasco debería dar explicaciones, haciendo pedagogía valiente sobre la orientación de su política penitenciaria, incluyendo la que afecta a los presos por terrorismo.

Eso ayudaría a desmontar la nueva sobreactuación de la derecha que vuelve a utilizar esta concesión de los terceros grados a dos presos terroristas con víctimas archiconocidas, para cargar políticamente contra el Gobierno, en una nueva muestra de lo que ha sido su constante en las últimas décadas: la utilización política del sufrimiento de las víctimas.

Porque tan criticable es conceder un tercer grado cuando no corresponde conforme a la ley, como denegarlo cuando sí corresponde. Y, por fortuna, la decisión final estará, como siempre, en manos de los jueces.

Explíquese. Y, con su información, cualquier crítica tendrá más fundamento.

17.2.26