En Extremadura nadie reivindica el derecho de autodeterminación ni el llamado derecho a decidir. Lógico, nadie plantea separarse del resto de España y no parece muy razonable pretender una consulta para ratificar que quiere seguir como está. Los referéndum los plantean quienes quieren cambiar su actual estatus. O sea, en Cataluña, los independentistas, que plantean un referéndum para conseguir la independencia. Su objetivo no es votar, como pretenden vender algunos; su objetivo es la independencia de España. Votar, sí, pero como medio o herramienta para conseguir el fin pretendido.

Hay otros, sin embargo, que conciben el derecho a decidir y el referéndum como un objetivo en sí mismo, en tanto en cuanto, creen que habría de permitir resolver (mejor diríamos gestionar, pero eso es otro problema) el conflicto político planteado en Cataluña por el déficit de apoyo social al actual marco jurídico político. Para éstos, el objetivo sí es votar. Porque creen que solo así, se puede avanzar democráticamente en la gestión/solución del problema.

Estos últimos hace tiempo que comprobaron que el camino emprendido por el Govern y los dirigentes sociales del procés no iba a servir para mejorar la situación o resolver el problema. La unilateralidad, la falta de mayorías sociales suficientes, la ausencia de garantías en todo el proceso, la clandestinidad obligada del mismo, que repercute directamente en los mínimos democráticos exigibles, etc. conferían al referéndum del 1 de octubre un marchamo de ineficacia inadmisible. Intuyeron que ese camino no llevaba a nada bueno y no lo apoyaron, a pesar de que, insisto, defiendan el derecho a decidir y la necesidad de un referéndum, pero con otras condiciones y bajo otros parámetros.

Los primeros, sin embargo, los partidarios de la independencia a cualquier precio, siguieron adelante con su iniciativa, probablemente conscientes (al menos, sus dirigentes) de que no la conseguirán en este envite, pero sabedores de que habrán dado una gran paso hacia ella de cara a un futuro mediato.

En éstas, empieza moverse el Gobierno del PP, con don Tancredo Rajoy a la cabeza. Un gobierno y un partido que en siete años no han considerado como tal lo que constituye un grave problema político: el hecho de que un 48% de los catalanes quiera irse de España y constituir un estado independiente. Un gobierno que ha dejado pudrir el problema con su obstinada cerrazón al diálogo y su tendencia a declinar las responsabilidades que le corresponden en la gestión propia del gobierno de todos los españoles. Su movimiento ha sido aferrarse a la Ley y azuzar a jueces, fiscales y policías, para garantizar su cumplimiento. Con brocha bien gorda, estirando las costuras del estado de derecho hasta que crujan sin pudor. Con una parte de la constitución por bandera (su artículo 2, la unidad de España) y menospreciando otra bien importante (el artículo 10 y siguientes, de los derechos y libertades fundamentales). Toma porra o Maza, lo que sea.

Esta actitud del gobierno ha provocado una reacción en amplios sectores sociales de toda España en contra del ataque a las libertades. Ha conseguido unir a una importante mayoría contra esa política retrógrada y, lo que es peor, ha conseguido que se diluyan incluso las responsabilidades que, en la generación de todo este lío tienen los propios dirigentes del procés y el Govern catalán.

Y es aquí donde, a mi juicio, se comete un importante error estratégico. Sumarse a las movilizaciones contra la política de Rajoy y el Gobierno central, asumiendo lemas del tipo “No es independencia, es democracia”, parece razonable, puesto que es imprescindible la movilización contra esa visión cicatera de los derechos y libertades e incluso contra la torpeza política a la hora de encarar el problema que supone la convocatoria del referéndum de este domingo. Pero no podemos dejar de lado que existe el riesgo de que estas movilizaciones supongan, de facto, una legitimación de la iniciativa del 1-O.

Es imprescindible distinguir y diferenciar con nitidez que una cosa es protestar contra la política de Rajoy, y otra, bien distinta, amparar la promovida por Puigdemont y sus socios. Las exageraciones que estamos viendo en la represión del referéndum del domingo no blanquean ni disuelven los errores de bulto existentes en la iniciativa del Gobierno de la Generalitat y los dirigentes independentistas.

El referéndum del 1 de octubre es el referéndum de los independentistas. No será nunca el referéndum de quienes creen (creemos) que el paso por las urnas en una consulta debe contribuir a solucionar o gestionar democráticamente el problema de Cataluña. Y que nadie dude de que toda la movilización de estos días, especialmente la del domingo, será utilizada por los dirigentes del procés en beneficio propio y en defensa de sus intereses.

No aclarar esto antes del 1-O hace muy complicado explicarlo después, cuando alguien crea que es el momento de dar un paso más y llevar a cabo una declaración unilateral de independencia u otra maniobra similar.

Equidistancia lo llaman algunos. Y tienen razón. No es la misma exactamente entre una y otra, pero hay distancia respecto a ambas partes.

30.9.17